Por Olmedo Beluche
El costo del canasta básica de alimentos, en un año, aumentó B/. 14.38, elevándose de B/. 271. 39 a 285.77; de octubre de 2010 a abril de 2011, el precio de la gasolina (95 octanos) se elevó un 35%, pasando de 3.13 a 4.23 por galón, y se vaticina que puede alcanzar hasta los 5 balboas de aquí a fin de año; el director de la ATTT acaba de decretar, ilegalmente, el aumento del transporte público en 21%; a lo cual hay que añadir el aumento de los precios de otros bienes necesarios como la electricidad, por ejemplo. Todo esto implica en concreto la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados y sus familias, es decir, que cada vez pueden comprar menos con sus salarios, con su secuela de pequeñas tragedias que los medios no reportan, desde la “olla volteada” en muchos hogares, a las necesidades que deberán ser postergadas.
Ante todo esto, ¿qué dice el gobierno panameño? Que no puede hacer nada o casi nada, salvo los “subsidios” que ya provee, como los “ 100 a los 70” y la escuálida “beca universal”, el subsidio al diesel y a la electricidad, que totalizan miserables 92 millones, de un presupuesto que supera los B/. 13,000 millones, es decir, 0.7% del presupuesto gubernamental. Claro que, en materia presupuestaria, el asunto depende de definir las “prioridades” y, como es de esperarse en un gobierno empresarial, presidido por un comerciante, antes que la atención a los pobres están los negocios: 1,000 millones para ICA y PYCSA; 300 millones para la Torrre Financiera de Vallarino; 4,000 y más millones en carreteras definidas por el ministro de la Constructora Suárez ; otras 1,000 millones para el “Metro” cuya conveniencia no está clara; sin contar los 5,000 o más millones de la cuestionada ampliación canalera.
En fin, “decisiones”, como dice la canción de Rubén Blades. Cada gobierno decide en materia económica en función de los intereses de clase que representa. Al respecto, el gobierno de Martinelli ha sido toda una escuela política para el pueblo panameño, que cada vez está más convencido de que éste gobierna para los ricos. Así lo expresan desde los usuarios del transporte varados en la 24 de Diciembre hasta los sufridos compradores de la peatonal cuando son entrevistados por los noticieros. Lo que necesitamos es un gobierno que decida en función de la mayoría, o sea, de la clase trabajadora. Que decida, por ejemplo, un aumento general de salarios que equipare el aumento de la inflación (indexación) y congele la canasta básica alimenticia; que le ponga el cascabel a las distribuidoras de combustible, que nacionalice la producción y distribución eléctrica.
Pero cuando alguien propone medidas concretas, como los anteriores, los funcionarios gubernamentales y los voceros del gran capital nos salen con que no se puede porque la economía está dominada por unas fuerzas “ciegas” (oscuras) que son las que deciden y sobre las que supuestamente no tenemos control, como si tratara de genios malignos o dioses perversos. Que el petróleo sube por culpa de Kadafi, o de los chinos, o porque se va a acabar; que “el libre mercado”, etc.
Este tipo de argumentos es lo que Carlos Marx llamaba el “fetichismo de la mercancía” (Lukacs le llamó “reificación”), es decir, convertir a un producto humano, como el dinero (la mercancía universal), en un ídolo que gobierna nuestras vidas, mientras los seres humanos concretos nos volvemos quedamos impotentes ante ese dios que nos oprime (“cosificación”). Marx desenmascaró esa falacia para demostrar que esos fetiches sirven a los intereses específicos de la clase capitalista, y que la humanidad debe y puede aspirar a una economía plenamente controlada por las mayorías.
Las crisis internacionales como la actual sirven para demostrar a beneficio de quién se maneja la economía. Pues el alza del petróleo y la inflación de los precios tienen su explicación central en la política económica norteamericana de propiciar la devaluación del dólar (20% desde 2005) para financiar su enorme déficit público (que se gasta en armamentos), lo cual propicia que los especuladores abandonen esa divisa para invertir (especular) en “comodities” (materias primas como el petróleo y los alimentos, además de metales como el oro). Sin duda, cuando Bush, Obama y la Unión Europea decidieron salvar con subsidios públicos a los bancos y especuladores, y no a los que perdían sus casas, fueron motivados por intereses bien concretos.
En Panamá sucede a pequeña escala lo mismo: la participación en el PIB de todos los salarios del país se redujo en un 11% desde el año 2,000 a esta fecha, mientras que esa diferencia fue a parar a los bolsillos de las ganancias empresariales. Ellos son más ricos y nosotros más pobres. Y seguirá así mientras ellos tengan el gobierno, porque es allí donde se decide el tamaño del pedazo del pastel que le toca a cada quién. Si queremos congelar el precio de la canasta básica, está demostrado, no se puede elegir de presidente a un comerciante, hay construir un instrumento político de la clase trabajadora.
Si bien hay factores internacionales que no se pueden controlar desde un pequeño país como Panamá, y que deberán esperar que los trabajadores de las grandes potencias pongan en jaque a sus capitalistas, también es cierto que aquí se pueden tomar muchas medidas de mitigación frente a la inflación. Pero asumir esas medidas que pongan freno a la avidez de ganancias de unos pocos requiere “voluntad política”, y ella no provendrá de partidos que están controlados por la oligarquía nacional, tanto del oficialismo (CD y Panameñistas) como de la oposición burguesa (PRD y PP). Hay que construir el partido político que exprese los intereses de los oprimidos. Por ello insistimos en la construcción del Partido Alternativa Popular (PAP) como un partido legal-electoral, pese al antidemocrático sistema vigente.
