Por Hugo Cedeño

El gobierno social demócrata de 1982 dio a conocer por primera vez esa cosa tan dañina como era la reforma fiscal, fruto del acuerdo con el FMI. En abril de 1984 hubo un levantamiento popular que fue masacrado por el gobierno de Jorge Blanco. Se impuso la impunidad de los asesinos. Algunos están en el gobierno actual. Ahora son multi millonarios.

Recientemente, Luiis Abinader, el multimillonario presidente dominicano, pensó que por haber logrado la reelección, (hace dos meses), tener la mayoría en el congreso y  asesores alcahuetes , podía imponer su paquetazo fiscal, ( lo propuso en octubre 7). No necesitamos explicar en qué consisten estas medidas porque no hay país del continente que no las conozca. Sobre todo por sus mortales efectos. Es decir, hacer los de abajo más jodidos para beneficio de los que están arriba. Como dice el merengue dominicano "los que gustan agarrar los mango bajitos". 

Pero resultó que el pueblo dominicano no tiene nada de pendejo. Sabe por experiencia, que por más palabritas chévere que usen los economistas del régimen, con eso de reformas fiscales no puede estar de acuerdo, porque las anteriores fueron bastantes perjudiciales.  Lo cierto es que todos los sectores de clases comenzaron a manifestar su oposición. La clase media saco sus cacerolas viejas y salió a tocarlas con cucharas y tenedores. Algunos músicos tocaron timbales, güiras tamboras y otros improvisaron canciones a ritmo de merengues en  altoparlantes. Los choferes con bocinas y el  "abajo el paquetazo" se adueñó del ambiente nacional, (esto empezó el mismo día del anuncio).

La reacción de Abinader fue nombrar comisiones, llamando al diálogo, mientras los congresistas hicieron "vista pública" sobre el proyecto de Ley. Se anotaron para hablar más de un centenar. Todos se opusieron.  "Les salió el tiro por la culata". Fuera del congreso cientos de jóvenes de todos los estratos sociales se manifestaron.  La banda de consejeros del mandatario se dio cuenta que "una cosa piensa el burro (Abinader) y otra quien lo apareja (el pueblo en lucha)".

Este 19 de octubre, tras varios día de  movilizaciones constantes, el presidente, habló a la nación,  no para seguir justificando su plan, sino retirando del congreso su proyecto de reforma fiscal. Inmediatamente, el pueblo colmo las calles, celebrando el anuncio, no como un acto de buena fe del señor Abinader, sino como una victoria, fruto de su movilización, unidad y resistencia.

Quienes valoramos ese éxito lo medimos tomando como método de análisis la lucha de clases. Es decir, el paquetazo, unificó una diversidad de sectores nacionales  alrededor de "fuera la reforma fiscal", sin reuniones previas , ni firmas entre direcciones, pero con el método de las movilizaciones y protestas. Es decir, con el que reivindicamos los marxistas revolucionarios. Con los reformistas y hasta la derecha podemos coincidir, esto es natural, en una o varias consignas, pero su método es el diálogo y la concertación. Si las masas imponen el camino de la lucha eso sectores o rompen con ellas o se integran a regañadientes.

Creo que parte de esta situación se pudo hacer dado en la derrota al gobierno y su odiado partido PRM.  Ya las aguas revueltas volvieron a su caudal, algunos agradecen al presidente el retiro y lo felicitan, como los empresarios, la cúpulas religiosas, los propios congresistas de su partido, los partidos de derecha , periodistas sobreados (por los sobres de dinero que reciben"  y funcionarios bienpagaos, pero el pueblo sigue cantando "victoria", "lo derrotamos", fortaleciendo la idea de que desde las calles puede debilitar al gobierno hasta quitarlo del medio si sigue jodiendo.

Un largo camino queda a los revolucionarios(as) dominicanos(as) seguir la lucha por superar la orfandad de direcciones socialistas que marchen junto al proletariado y demás oprimidos y explotados hasta derrotar  al imperio burgués e imponer un régimen donde sean los oprimidos quienes dirijan.

Por Hugo Cedeño

La élite socioeconómica y política de nuestra nación lanza un estado de alarma porque en el polo turístico de Punta Cana y Cap Cana, sobre todo, en la comunidad de Veron, «la mayoría de parturientas que acuden a los hospitales públicos «son de nacionalidad haitiana».

Lo que estos señores callan es que un alto porcentaje del proletariado de la zona está integrado por obreros y obreras de esa nacionalidad. Sin los cuales la «industria sin chimeneas» no generaría las tantas riquezas que exhibe.

Por Ley y obligación moral, si la tuvieran, debería ser responsabilidad del empresariado y las autoridades del país, garantizar un régimen sanitario eficiente y de calidad a todos y todas sus empleados, empleadas y ciudadanos, sin importar su nacionalidad o status migratorio.

No es una limosna lo que la clase obrera solicita.

Es un derecho que costó siglos de luchas y muchos sacrificios a la clase trabajadora y pueblos del mundo, que ahora algunos dinosaurios explotadores y politiquillos lumpenizados, quieren desconocer para extraer más plusvalía a quienes venden su fuerza de trabajo.

Todo el mundo sabe que tanto los trabajadores y trabajadoras de nacionalidad haitiana que laboran en RD, tienen familia, hacen el amor y viene un embarazo.

Sabemos que es una población joven sin acceso a informaciones sobre sexualidad, porque ni eso reciben en sus comunidades, y bajo amenaza de que el aborto está penalizado con cárcel y para colmo etiquetadas de haitianas negras y pobres, deciden correr el riego de traer al mundo su criatura.

Como madres al fin,  tienen que ir a un hospital público a buscar  servicios médicos para que su embarazo salga bien y su prole sana y saludable. ¿Dónde más pueden acudir? ¿A un centro médico privado?

No asisten pensando que su presencia va a crear el revuelo que publican los medios de comunicación sino confiando que serán atendidas como debe ser. Como manda el derecho a la salud que todo ser humano debería tener.

Me cuentan (soy higueyano) que el personal médico y paramédico asume su responsabilidad como profesional, sin discriminar a las pacientes y que el barrio donde viven las parturientas, aunque pobres, hacinados y sin servicios, se unen en solidaridad con la futura madre y su criatura, para recibirlos canastilla en mano.

Entonces, no solo por lo que pueda aportar la comunidad de obreros y obreras de nacionalidad haitiana que viven en RD, (que son miles de millones) por lo que deberían recibir servicios médicos y otros beneficios sociales, sino, porque al igual que el resto del proletariado que vende su fuerza de trabajo, tienen derecho y no deberían ser discriminados.

Origen de la riqueza dominicana

Es más, el origen de la riqueza burguesa en dominicana, es decir, la industria azucarera, tuvo como mano de obra principal los miles de ciudadanos haitianos que traían de su país a cortar caña de azúcar. Eso hacían los ricos de ambas partes de la isla en común acuerdo con sus respectivos gobiernos.

De manera que esas mal intencionadas «informaciones» sobre el supuesto «sacrificio financiero y humano» del gobierno de Abinader para con la población haitiana, lo que refleja es un odio terrible hacia ese sector del proletariado.

El mismo está incentivado desde la cúpula del poder económico, político y social, para dividir la clase obrera y evitar que se unifique y luchar por sus intereses de clases.

Esto lo digo, bajo el entendido de que la clase obrera, la que vende su fuerza de trabajo, es una sola, no importa su raza, color, religión y sexo.

Como revolucionario socialista, defiendo al proletariado contra las injusticias que a cada minuto cometen en su contra los capitalistas nativos, extranjeros y los que administran el gobierno, el régimen burgués y los voceros que se les arrastran para recibir, como sector parasitario, migajas del pastel que cae de la mesa donde se reparte la riqueza nacional creada por él

Caryslia Rodríguez, Presidenta del TSJ, lee la sentencia confirmado el triunfo de Nicolas Maduro

Por Nasser Echeverría

La crisis política en Venezuela continúa a la deriva, sin poder visualizar en el horizonte una posible salida inmediata. Estados Unidos y sus aliados, junto a la Unión Europea (UE) han redoblado las presiones diplomáticas para que Maduro presente las actas electorales.

La exigencia central: presentación de actas

El 14 de agosto, un “panel de expertos” de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó un informe sobre las elecciones del 28 de julio: “(…) "El anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano (…) El panel de expertos de la ONU entrega al CNE su informe preliminar de las elecciones en Venezuela (…)”

Dos días después, el 16 de agosto, durante la toma de posesión de Luis Abinader, reelecto presidente de República Dominicana, representantes de 12 países de América Latina, más Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, emitieron una declaración en la que solicitaron “(…) la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024”.

En esta Declaración, agregaron una nueva exigencia: la supervisión o auditoria de una entidad internacional. Y concluyeron con un moderado llamado: “El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela.”

La crisis de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no pudo votar el pasado 31 de julio una resolución de condena contra el proceso electoral del 28 de julio en Venezuela, obligo a los países aliados de Estados Unidos, emitir una declaración aprovechando la reunión en Republica Dominicana

La propuesta de un gobierno de coalición y convocar a nuevas elecciones

La propuesta conciliadora de México, Colombia y Brasil, del pasado 1 de agosto, en sentido de que “las controversias relativas al proceso electoral deben resolverse por medios institucionales”, es decir, sin presiones e injerencias externas, sufrió un resquebrajamiento.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Luis Ignacio Da Silva, presidente de Brasil,  propusieron de manera separada y con algunos matices diferentes, pero al mismo tiempo, la realización de nuevas elecciones.

Lula declaró en una entrevista radial: “A Maduro todavía le quedan seis meses de mandato. Es el presidente independientemente de las elecciones. Si tiene sentido común, podría convocar al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar nuevas elecciones, crear un comité electoral y permitir que observadores de todo el mundo realicen un seguimiento” (France 24, 15/08/2024)

Por su parte, Petro fue más allá, al escribir en su cuenta de X, lo siguiente: “De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo.

La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva. Levantamiento todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres”. (X, 15/08/2024)

La propuesta de Petro fue mucho más concreta: conformar un gobierno de coalición, como lo fue el que instauró el Frente Nacional en Colombia en 1957, producto del pacto bipartidista entre Alberto Lleras, representante del Partido Liberal, y Laureano Gómez, por el Partido Conservador, para poner fin a la violencia armada. El resultado fue la alternancia en el poder de ambos partidos entre 1957 y 1974.

La propuesta de conformar un gobierno de coalición y convocar a unas nuevas elecciones fue un retroceso en relación a la propuesta inicial, y también fue un reconocimiento implícito que la oposición burguesa tenia razón.

Como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se sumó a la propuesta, por la tradicional política internacional de México de no inmiscuirse en los asuntos internos de cada país, y de respeto a su soberanía nacional. No obstante, AMLO no ha reconocido el resultado de las elecciones, y en relación a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró lo siguiente: “Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y, al mismo tiempo, recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha de la resolución, entonces vamos a esperar".

La sentencia del TSJ

Ante la denuncia de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), de que su candidato Edmundo Gonzalez habría ganado las elecciones, y ante el desconocimiento de la proclamación de Nicolas Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, este interpuso un recurso de amparo ante la Sala Electoral del TSJ, para que convalidara la proclamación hecha por el Consejo Nacional de Elecciones (CNE).

Después de realizar diversas diligencias, citando a comparecer a Edmundo Gonzalez y solicitando que presente sus actas, el TSJ finalmente emitió su sentencia:

"los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación y mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización”.

Esta Sala “convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio, emitido por el Consejo Nacional Electoral, donde resulto electo el ciudadano Nicolas Maduro Moros, como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031”

La Sala Electoral ordenó al CNE publicar los resultados definitivos en la Gaceta Electoral, antes de los 30 días como lo dicta la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

La misma reacción ante la sentencia del TSJ

El 23 de agosto del Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una breve declaración, en la que afirma que “este fallo carece de toda credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos el 28 de julio.

Las actas de escrutinio disponibles públicamente y verificadas de manera independiente, demuestran que los votantes venezolanos eligieron a Edmundo González como su futuro líder. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Ahora es el momento para que los partidos venezolanos comiencen discusiones sobre una transición respetuosa y pacífica de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano”.

Ese mismo día, Estados Unidos y sus 10 aliados en América Latina (Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) emitieron una declaración conjunta, en la que recordaron “la falta de independencia e imparcialidad” del TSJ y el CNE de Venezuela, refirmando que “(…) solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela.”

Casi al mismo tiempo, Luis Almagro, secretario general de la agonizante Organización de Estados Americanos (OEA), emitió un comunicado de prensa en el que reiteraba que “el CNE proclamó a Maduro de manera apresurada, con base en un boletín parcial emitido de forma oral, con números que evidenciaban imposibilidades matemáticas y sin presentar los resultados desagregados que, conforme con la ley, debe tabular mesa por mesa.

Al día de hoy, el CNE continúa sin publicar resultados desglosados, como sí lo ha hecho la oposición con base en actas oficiales emitidas por las propias máquinas de votación el día de la elección. Dichas actas contienen todos los dispositivos de seguridad que las acreditan como auténticas y han sido sometidas a la verificación de la opinión pública y al análisis imparcial de expertos nacionales e internacionales (…)”

Al día siguiente, 24 de agosto, con el mismo guión, la Unión Europea (UE) emitió un comunicado rechazando la sentencia del TSJ, “(…)  cabe recordar que el CNE es el órgano legal y constitucionalmente responsable de la publicación transparente y detallada de los resultados electorales oficiales.

Solo se aceptarán y reconocerán resultados completos y verificables de forma independiente para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

La Unión Europea sigue instando al CNE a que publique y verifique de forma independiente las actas oficiales de votación (“actas”) de todos los colegios electorales (…)”

Como se puede observar, todos los imperialistas coinciden en dos puntos: presentación de actas electorales y que sean “verificadas” de manera independiente.

Un extraño acontecimiento: la PUD no impugnó los resultados

Mientras los grandes medios de comunicación reproducen noticias escandalosas sobre la crisis en Venezuela, casi nadie habla de un extraño hecho: la oposición burguesa agrupada en la PUD denunció un fraude electoral, pero no realizó ningún tipo de impugnación legal ante el CNE, ni usó ninguno de los recursos y procedimientos establecidos en la legislación venezolana.

Se limitó a afirmar que había ganado las elecciones y publicó la supuesta copia de sus actas en un sitio web.

En cualquier caso, tendría que sostener su verdad blandiendo las copias originales de las actas en su poder ante el CNE y demás organismos de justicia. En sentido contrario, se limitó a exigir que el CNE debe presentar las actas electorales.

Con el tema de las actas electorales hay un juego, como el gato y el ratón. Porque en cualquier momento el CNE puede presentar las actas electorales, que no fueron impugnadas. La sentencia de la Sala Electoral del TSJ ordenó al CNE publicar los resultados, y según la legislación venezolana debe hacerse en un espacio máximo de 30 días después de finalizado el escrutinio.

Adelantándose a lo que va a ocurrir en los próximos días, tanto Estados Unidos y sus títeres latinoamericanos, como la Unión Europea, ya no solo exigen la presentación de las actas, sino que estas sean “verificadas por una auditoria imparcial e independiente”.

En pocas palabras, no bastara que el CNE presente las actas electorales, sino que quien decidiría en última instancia la validez de las mismas, sería la “entidad internacional” encargada de hacer la “auditoria imparcial e independiente”. No obstante, los hechos parecen haberse consumado, y el chavismo se aferrará al poder y defenderá a capa y espada un nuevo periodo presidencial de Nicolas Maduro,

La formación del Frente Democrático Popular (FREDEPO)

No todos los vientos soplan hacia la derecha. El 12 de agosto, un grupo de organizaciones políticas de izquierda, movimiento sociales y organizaciones sindicales, anunciaron la creación del Frente Democrático Popular (FREDEPO), un reagrupamiento que tomó distancia del gobierno de Maduro, cuestionó la resolución apresurada y poco clara del CNE de proclamar ganador a Maduro,  pero al mismo tiempo se opuso vigorosamente a la intervención imperialista sobre los asuntos internos de Venezuela.

El FDP está conformado por el Partido Comunista de Venezuela, Voces Antiimperialistas, el Movimiento Popular Alternativo, El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, la Plataforma “Otra Campaña”,  el partido “Centrados en la Gente”, el  partido Patria Para Todos (PPT), el partido Alternativa Popular Revolucionaria (APR), el Bloque Histórico Popular y el colectivo “En Común”, entre las organizaciones más importantes.

En términos generales, el FREDEPO reúne a sectores de izquierda del chavismo, o antiguos aliados del chavismo, pero que no confluyen con la oposición burguesa.

La declaración del FDP sobre el resultado de las elecciones

Partiendo de la defensa de los objetivos de la revolución bolivariana, expresaron sus “dudas legitimas sobre los resultados oficialmente anunciados”.

A reglón seguido, “el FREDEPO exigió al CNE que cumpla con sus obligaciones legales y publique de inmediato los resultados desagregados mesa por mesa, y que en vista de los días transcurridos, proceda a abrir las cajas electorales para que puedan ser auditadas por la ciudadanía y las organizaciones políticas participantes; y se cuente voto a voto para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular. De esta exigencia depende en estos momentos la paz de la República”.

En relación al recurso de amparo impulsado por Nicolas Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alertaron” sobre el riesgo de que la judicialización del proceso electoral apunte a reducir la responsabilidad del Poder Electoral y rechazamos tajantemente la posibilidad de que el TSJ realice una proclamación sin que se cumplan las auditorías, se abran todas las cajas, se publiquen los datos mesas por mesa y las actas; todo lo cual corresponde al Poder Electoral (…)”

El FREDEPO se opuso a la represión contra las manifestaciones populares, aunque fuesen dirigidas por la oposición burguesa. “Es evidente que la indignación que generó en los sectores populares el anuncio oficial de resultados de la elección presidencial no va a desaparecer por la represión, sino que por el contrario, esta nueva forma de violencia sobre los manifestantes, atizará la ira y deslegitimará aún más al sistema de justicia penal y al Estado en general (…)”

En consecuencia, el FREDEPO exigió “(…) al Ejecutivo Nacional y al Ministerio Público que se abstengan de seguir reprimiendo al pueblo, ya sea a través de las armas o de acusaciones infundadas. Es con diálogo, justicia y respeto a la verdad y a los derechos de las mayorías, que podremos superar en paz esta crisis”.

La propuesta de dialogo del FREDEPO es un poco inocente, pero diferente al que proponen Maria Corina Machado y Edmundo Gonzalez, ya que para estos cualquier dialogo y negociación debe ser sobre la base de reconocer la victoria electoral de la oposición, con el objetivo de iniciar una transición de gobierno.

Quizás, la posición más importante, de principios antiimperialistas, fue que el FREDEPO cuestionó “firmemente la injerencia extranjera sobre los asuntos internos de Venezuela (…) Es el pueblo venezolano, en ejercicio pleno de su soberanía, quien debe definir su destino colectivo”.

Debate y polarización dentro de la izquierda latinoamericana

El ascenso del chavismo al poder en 1999, generó mucho entusiasmo en América Latina. De igual manera, el descenso y crisis del chavismo, han provocado debates y rupturas dentro de la izquierda.

La crisis generada por los resultados electorales oficiales del CNE, que permitirían a Nicolas Maduro mantenerse en el poder hasta el año 2031, ha vuelto a abrir viejas heridas dentro de la izquierda. Hay una polarización extrema: por un lado, quienes defienden incondicionalmente al gobierno de Nicolas Maduro, por considerar que es víctima de una agresión sistemática del imperialismo norteamericano, y por el otro lado, quienes consideran que el chavismo esta instaurando una dictadura en Venezuela, que reprime a los trabajadores y el pueblo.

Ambas posiciones cometen el error metodológico de reflejar solamente un aspecto de la realidad. La agresión imperialista es mas que evidente, se siente todos los días en las penurias económicas que vive el pueblo de Venezuela. De igual forma, es una realidad que el régimen bonapartista sui generis que instauró Hugo Chávez, ha evolucionado, por el peso de la crisis económica y el bloqueo imperialista, a un régimen abiertamente bonapartista, que resiste a la agresión imperialista, no apoyándose en la movilización de masas, como lo hacia Chávez, sino en el aparato burocrático militar del Estado. En esta rápida evolución, el régimen adopta formas dictatoriales, reprime sin piedad a los sindicatos que luchan contra la crisis y a los movimientos populares reivindicativos, pero todavía no es una clásica dictadura militar porque existen partidos políticos y cierto juego político, aunque cada vez más estrecho. Prueba de ello, fueron las últimas elecciones del 28 de julio donde la oposición burguesa agrupada en la PUD, logró competir y crear un movimiento de masas a pesar de los castigos e inhibiciones impuestas por el chavismo.

Quienes cierran filas con el gobierno de Nicolas Maduro, argumentan que lo mas importante es defender la “soberanía nacional” y la industria petrolera ante la agresión imperialista, obviando que, aun bajo las duras sanciones, Maduro ha llegado a algunos acuerdos con la administración Biden para permitir que Chebrón extraiga petróleo y gas de Venezuela. A nivel interno, el chavismo no ha combatido el neoliberalismo sino que ha aplicado planes de ajuste, al mejor estilo capitalista, que deterioran el ya maltrecho nivel de vida de las masas populares.

Otro sector de la izquierda, lucha por defender la “soberanía popular”, defiende las elecciones y las libertades democráticas que han sido cercenadas por el gobierno de Maduro, y claman por el retorno a la democracia burguesa. No lo dicen abiertamente, pero prefieren un triunfo de la PUD, creyendo que la liquidación del chavismo traería la terminación de la agresión imperialista, una nueva bonanza petrolera y amplias libertades democráticas para todos. Es una ilusión vana, porque un gobierno de derecha transformaría a Venezuela nuevamente en una semi colonia del imperialismo norteamericano, se apropiaría del petróleo y sus recursos naturales, con fatales consecuencias.

¿Puede funcionar la democracia bajo agresión imperialista?

Uno de los principales errores de Hugo Chávez en el plano económico fue no modificar la base productiva del país. Nadando en petrodólares, no fomentó la industrialización ni la autosuficiencia alimentaria, sino que se limitó a comprar todos los productos necesarios en el extranjero, creando una “boliburguesia” compradora.

En la época de la bonanza petrolera, Chávez ganó limpiamente todas las elecciones. Incluso, la primera elección de Nicolas Maduro en 2013, aunque cuestionada, fue limpia. El modelo político de esta primera fase de bonanza petrolera y ascenso del chavismo, fue mantener la democracia burguesa con amplia participación de todas las fuerzas políticas.

En el período de declive del chavismo, además del descenso de los precios del petróleo, las administraciones Obama, Trump y Biden, implementaron una política de sanciones que en la práctica es un salvaje bloqueo económico y financiero de Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela. Al reducir la principal fuente de divisas, los problemas económicos generaron un descontento social, una reducción de la base electoral del chavismo y, obviamente, un fortalecimiento de la oposición burguesa.

Mientras se desmoronaban las bases económicas de la democracia burguesa venezolana, el gobierno de Maduro intentó mantener el mismo sistema político, plural y abierto, pero se vio obligado a imponer restricciones ante el aprovechamiento de las coyunturas por parte de la oposición burguesa.

En su intento de recuperar el control sobre Venezuela, el país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, Estados Unidos se ha cuidado de no caer en aventuras militares. No hay una agresión militar contra Venezuela, pero las consecuencias de las sanciones y del bloqueo imperialista, son similares a los resultados de una invasión militar: crisis económica, hiperinflación, desempleo, migración masiva, colapso de la industria petrolera, etc. El colmo ha sido que Venezuela, siendo un país petrolero, tiene que importar y racionar la gasolina.

El colapso de la economía refuerza las tendencias naturales hacia una dictadura, en esas condiciones de crisis y caos social, la democracia burguesa no puede funcionar.

El problema central es que el chavismo no ha querido fundar una nueva democracia, basada en la satisfacción de las necesidades materiales de sus habitantes, y en el respeto a los derechos y libertades políticas de quienes se oponen a la agresión imperialista. En una democracia de este tipo, no tendrían cabida los agentes directos del imperialismo norteamericano, que apoyan las políticas de sanciones y bloqueo económico y financiero, para cosechar réditos políticos.

La esperanza de construir un polo revolucionario

La constitución del FREDEPO es una luz al final del túnel. Refleja el intento de los sectores de izquierda por recomponerse, romper el maniqueísmo entre antimperialismo y democracia.

Bajo ninguna circunstancia podemos avalar la marcada tendencia dictatorial bajo el gobierno de Maduro, y muy al contrario debemos ser los campeones en la defensa de las libertades democráticas de los trabajadores y sectores populares.

Urge la recomposición de la izquierda en Venezuela, es la única manera de liberar a Venezuela de la actual agresión imperialista

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición burguesa

Por Nassar Echeverria

Después del controversial resultado de las elecciones del pasado 28 de Julio, Venezuela parece estar al borde de la guerra civil. Lo que ocurra en Venezuela tendrá repercusiones directas  en nuestros países, por eso debemos estudiar los orígenes de esta nueva crisis, las fuerzas políticas que se están enfrentando, y plantearnos posibles soluciones revolucionarias.

Repasando un poco

Después de intensas negociaciones secretas con Estados Unidos, y la firma de los Acuerdos de  Qatar, que posibilitó la liberación de Alex Saab,  y posteriormente la firma del Acuerdo de Barbados en Octubre del 2023, se abrió un proceso de estira y afloja entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Nicolas Maduro. En algún momento parecían normalizarse las relaciones con Estados Unidos y en otros momentos prevaleció la confrontación.

En Febrero del 2024, cuando todavía no estaba claro la participación de la oposición burguesa en las elecciones del 28 de julio del 2024, concluimos que “(…) Por más que quiera normalizar las relaciones con Estados Unidos, el gobierno de Maduro no puede hacer concesiones significativas, porque ello conllevaría a la pérdida del poder. La democracia funciona cuando existen condiciones materiales mínimas para el juego político. Esas condiciones no existen en Venezuela, un país destruido por el bloqueo imperialista y las políticas neoliberales que ha aplicado Maduro, en donde el descontento aumenta junto con el hambre y la miseria.

Sin lugar a dudas, Maduro maniobrará para atraer a un sector de la PUD a las elecciones presidenciales de este año, que se realizaran bajo las condiciones impuestas por la dictadura. Ya convocó a todos los partidos a un Dialogo Nacional para discutir el calendario electoral. Es probable que la PUD termine fraccionándose, y un sector decida participar en las elecciones presidenciales a cualquier costo” (El Socialista No 389).

Combinando presiones y concesiones, y contra todo pronóstico, Maduro logró atraer al proceso electoral al conjunto de la oposición burguesa agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Adelanto de las elecciones presidenciales

Las elecciones presidenciales, como las de diputados, se realizan cada 5 años, pero no siempre han coincidido en la misma fecha.  Como un mecanismo para diferir los resultados de una posible votación adversa, en 2018 el chavismo adelantó las elecciones presidenciales, pero asumió en 2019. En 2020 se realizó la última elección legislativa.

A finales del 2024 o comienzos del 2025 tendrían que coincidir las elecciones presidenciales y las legislativas, un combo realmente explosivo. La posibilidad de que Donald Trump gané las elecciones en noviembre del 2024 en Estados Unidos, fue un factor internacional que incidió en el adelanto de las elecciones.

Por esta razón, por medio de una decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavismo volvió a adelantar las elecciones para el 28 de julio del 2024, aunque el periodo presidencial iniciaría en 2025.

La PUD acepta las duras condiciones electorales

La PUD logró mantenerse unida como coalición electoral, aceptó las duras condiciones impuestas por Maduro, que incluyó la inhibición de Maria Corina Machado (MCM) como candidata. La PUD se metió de lleno al proceso electoral, porque calculó que había llegado el momento de la venganza: olfateó el enorme descontento social contra el gobierno de Maduro. De la nada emergió la insípida candidatura presidencial de Edmundo Gonzalez Urrutia, aunque siempre escoltado y vigilado por MCM. Los cálculos eran que el descontento social se impondría de todas formas en las urnas. Atrás quedaron 12 años de política abstencionista de la oposición burguesa.

Los acontecimientos anteriores y posteriores a la votación del 28 de julio del 2024, confirman nuestro análisis sobre la crisis terminal de la democracia burguesa en Venezuela, la imposibilidad de mantener un juego político bajo una espantosa crisis económica y el permanente asedio del imperialismo norteamericano. El resultado es una fase de mayor endurecimiento del régimen bonapartista impuesto por Nicolas Maduro después de la muerte de Chávez en 2013.

Una campaña electoral relativamente tranquila

Al inicio de la campaña había un moderado optimismo en la cúpula chavista, quienes calculaban que una coyuntural y relativa mejoría económica se reflejaría en los resultados electorales. Pero las masivas concentraciones de la PUD indicaban lo contrario.

Unos días antes de las votaciones, Maduro tensionó la cuerda al declarar que “(..) El destino de Venezuela, en el siglo XXI, depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo” (EFE, 24/07/2024)

Obviamente, Maduro necesitaba asustar a sus bases y también a la oposición burguesa, tratando de incidir en los resultados electorales.

En términos generales, la oposición burguesa de la PUD gozó de todas las garantías. El mismo candidato Edmundo Gonzalez reconoció algunos pequeños incidentes, pero “(…)  yo no he visto en la campaña a los llamados colectivos (fuerzas de choque de escuadrones civiles chavistas) en ninguna parte”. (El País, 26/07/2024).

No hubo ataques físicos contra las movilizaciones opositoras, aunque algunos de sus dirigentes fueron perseguidos o encarcelados, otros tuvieron que asilarse en la embajada de Argentina. La PUD resistió los golpes bajos, porque estaba absolutamente segura que ganarían las elecciones, por eso Edmundo Gonzalez declaró “(…) la magnitud de nuestra victoria va a abrir una realidad política que obligará al Gobierno a negociar”. (El País, 26/07/2024)

Aquí vale la pena detenerse un poco. La PUD estaba muy clara que, independientemente de quien ganara las elecciones, los resultados del proceso electoral servirían para forzar una negociación con el gobierno de Maduro. Esta fue su estrategia central al aceptar las duras condiciones impuestas por Maduro.

Controversiales resultados electorales

El 28 de julio, antes de la medianoche, el CNE, controlado por el chavismo, con el 80% de las actas escrutadas, proclamó como ganador a Nicolás Maduro con un 51.20% de los votos, frente a Edmundo González (44.2%).

Sin dar lugar a reclamos o impugnaciones, en un procedimiento ultraexpress, que denotaba cierta preocupación y nerviosismo del chavismo, argumentando que los resultados marcaban una tendencia, el CNE le otorgó a Maduro las credenciales de candidato ganador. En esta elección, la participación ciudadana se elevó al 60% en relación al 46% del año 2018.

La PUD hizo su propio conteo de votos con base a las actas de sus fiscales o testigos, y los resultados eran al revés: Edmundo González Urrutia habría obtenido el 67% de los votos (7.119.768), frente al 30% (3.225.819) de Nicolás Maduro.

La exigencia mundial de presentación de las actas

La proclamación oficial de Maduro como presidente por tercera ocasión, enardeció los ánimos en Venezuela y en el extranjero. En conferencia de prensa, MCM proclamó a Edmundo Gonzalez como nuevo presidente de Venezuela e insistió en que tienen las actas para probarlo. Al día siguiente se produjeron manifestaciones masivas de protesta, encabezadas por MCM y Edmundo Gonzalez. La calma se transformó en tempestad.

John Kirby, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, declaró en tomo amenazante que: “Tenemos serias preocupaciones de que este resultado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano (…) es absolutamente fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de forma inmediata la información con la oposición y los observadores independientes, y que las autoridades electorales publiquen las actas completas y detalladas de los votos. Aguantaremos nuestro pronunciamiento hasta que eso ocurra. Nosotros y el resto de la comunidad internacional estamos observando y responderemos en consecuencia” (EFE 29/07/2024)

Esta no fue una declaración oficial del gobierno de Estados Unidos, sino de uno de sus funcionarios, pero encerraba una clara amenaza.

El Centro Carter, que participó como observador internacional, retiró apresuradamente a sus 17 funcionarios de Venezuela, y ya en el extranjero declararon que “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática.

El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales.

El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”. (30/07/2024)

El G-7, que agrupa a las potencias imperialistas de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Japón emitió un comunicado en el que llamaban “(…) a las autoridades competentes a que publiquen resultados electorales detallados con total transparencia y le pedimos a los encargados (del proceso) electoral que compartan de forma inmediata toda la información con la oposición y los observadores independientes". (X, 31/07/2024)

Es interesante observar que todas las exigencias de Estados Unidos y sus aliados se centran en la necesidad de presentar las actas de votación, y no denuncian un “fraude electoral”.

La impotencia de la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA), ese ministerio de colonias de Estados Unidos, pasó a la carga. A pesar que Venezuela no pertenece a la OEA, el Consejo Permanente de la OEA se reunió de emergencia el pasado 31 de julio, pero no logró los 18 votos necesarios para emitir una condena contra el gobierno de Maduro. Un total de 17 miembros votaron a favor de una resolución de condena, 11 se abstuvieron y cinco estuvieron ausentes. Entre las abstenciones, hubo tres países claves: México, Colombia y Brasil.

Como Luis Almagro, secretario general de la OEA, no logró los votos necesarios para una condena, volvió al ataque planteando que la OEA solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI), de la cual Venezuela forma parte, una orden de aprehensión contra Nicolas Maduro. Según Almagro, “(…) Maduro prometió un baño de sangre, y ahora lo está haciendo. (…) Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional. Es hora de la justicia. Nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos”. (X, 31/07/2024)

Maduro denuncia un nuevo intento de golpe de Estado

Mientras el ambiente político al interior de Venezuela se pone al rojo vivo, y la policía reprime las manifestaciones de la oposición burguesa, MCM y Edmundo Gonzalez pasaron a la clandestinidad, para no ser capturados y procesados.

Maduro denunció un nuevo intento de golpe de Estado: “(…) ellos deberían presentarse ante la Fiscalía y dar la cara en vez de huir y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales … esa gente tiene que estar detrás de las rejas. Y tiene que haber justicia en Venezuela. No puede haber un nuevo Leopoldo López, un nuevo Guaidó” (El Mundo, 01/08/2024)

La represión contra los lideres de la oposición burguesa, el allanamiento de los locales partidarios, la persecución contra los activistas, ha provocado una disminución temporal de las movilizaciones de protestas contra la reelección de Maduro. Pero el ambiente político sigue siendo explosivo.

La propuesta conciliadora de Gustavo Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia, al inicio de la crisis desatada por la proclamación de Maduro como ganador, declaró: "Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional (…) Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones.  (…) Le solicito al gobierno de los EEUU, suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos ". (X, 31/07/2024)

Esta propuesta de publicar los resultados, repite las exigencias de Estados Unidos y sus aliados, pero encierra otra propuesta clave: iniciar un dialogo o negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición burguesa.

Al día siguiente, Petro volvió a insistir: “No es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos”. (Los Ángeles Times, 01/08/2024)

Propuesta de México, Colombia y Brasil

En un escueto comunicado conjunto, los tres países claves de América Latina, que se abstuvieron en la OEA y se negaron a condenar al gobierno de Maduro, declararon que “(..) las controversias relativas al proceso electoral deben resolverse por medios institucionales. El principio fundamental de la soberanía popular debe respetarse mediante una verificación imparcial de los resultados (…) Reiteramos nuestra disposición a apoyar los esfuerzos de diálogo y la búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano” (La Jornada, 01/08/2024)

Este comunicado superó la propuesta conciliadora de Petro se establecer un dialogo o negociación política. En pocas palabras, los tres gobiernos dijeron que son las instituciones del Estado de Venezuela, es decir, el poder electoral del CNE y el poder judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los que deben resolver la crisis. El problema es que estas instituciones están controladas absolutamente por el chavismo.

El reconocimiento a Edmundo Gonzalez

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado, con fecha 1 de agosto, con un lenguaje muy cuidadoso, reconoció el triunfo de Edmundo Gonzalez, pero sin reconocerlo todavía como gobierno paralelo al de Maduro.

“Considerando las evidencias abrumadoras, resulta claro para Estados Unidos y, por sobre todo, para el pueblo venezolano que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela. (…) Ahora es momento de que las partes venezolanas comiencen a dialogar sobre una transición pacífica y respetuosa en consonancia con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano”.

Casi al mismo tiempo, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Panamá han reconocido el triunfo electoral de Edmundo Gonzalez. Perú fue el primero en hacerlo, y esto produjo la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Perú.

Con ello crecen las posibilidades de creación de una segunda aventura, como la de Juan Guaidó en 2019, la reedición de un fenómeno cuyo fracaso es conocido, pero en un contexto diferente.

La maniobra “institucional” de Maduro

Maduro, para justificar la represión, no se cansa de denunciar que las protestas forman parte de “(…) un golpe de Estado dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica y la internacional fascista, la derecha fascista con Elon Musk, [Javier] Milei y todo ese pelambre de extremistas del fascismo y el extremismo salvaje del mundo (…) Pretenden montar a Venezuela una versión depauperada de Guaidó, una película en su segunda parte, Guaidó, parte dos (…), han utilizado la campaña electoral para tratar de armar una nueva fuerza", (Sputnik, 02/08/2024)

Pero, ni tonto ni perezoso, Maduro ha retomado el consejo de México, Colombia y Brasil, de que la crisis electoral sea resuelta por la vía institucional, como ocurre en casi todos los países. Cuando, por ejemplo, se produjo un empate entre Al Gore y George W Bush, en las elecciones presidenciales del año 2000 en Estados Unidos, correspondió a la Corte Suprema de Justicia decidir quién era el ganador.

Maduro presentó un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que resolviera el problema de la presentación de las actas. Y con aires triunfalistas, Maduro declaró: “(…) que el TSJ se encargue de establecer la verdad, que llame y cite a todos los candidatos, que llame y cite a todos los partidos. Que le pida a todos las actas. Nosotros tenemos todas las actas. Y que le pida al CNE, como poder electoral, el informe definitivo del proceso electoral y sea la Sala Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como máxima instancia republicana de la justicia, quien determine todo. Me sometí a la justicia y le pido a la justicia que establezca la verdad para que en Venezuela haya paz para el país" (El País, 02/08/2024)

Inmediatamente, la Sala Electoral del TSJ ordenó a todos los candidatos presidenciales presentarse el día viernes 2 de agosto, para resolver el caso.

Gerardo Blyde, jefe negociador de la PUD, está claro cuál es la intención del recurso de amparo de Maduro: "Sin cumplirse la fase de totalización en el CNE, el acta de proclamación carece de su requisito fundamental de validez y la hace nula. Se violó el proceso de formación de ese acto por parte del CNE (…) es claro que se pretende que sea el TSJ el que supla la fase no culminada de totalización de actas, sin ninguna competencia constitucional o legal que se lo permita (…) ¿Qué impugnó Maduro? ¿Su propia acta de proclamación? El TSJ no tiene ninguna competencia para suplir la obligación que tenía el CNE de cumplir con la totalización antes de proclamar. ¿Cuál es la controversia que conoce el TSJ y por la que citan a los candidatos? Maduro no tiene legitimidad activa a menos que haya impugnado su propia proclamación" (Infobae, 01/08/2024)

Mientras los tribunales se preparan, todas las presiones internacionales pretenden obligar a Maduro a iniciar una negociación con la oposición burguesa.

Presiones y contrapresiones para negociar

No hay duda que en esta batalla política, los diferentes campos elevan las presiones, para mejorar su posición de fuerzas, es un anhelado y posible diálogo o negociación. Estados Unidos ha llamado a una negociación, lo mismo han hecho, aunque muy discretamente, los representantes de la oposición burguesa.

Mientras se producen marchas y contramarchas, y crece la agitación política, el peligro para ambos bandos es que las masas populares pierdan la paciencia y tomen el control de la situación, por fuera de las cupulas partidarias del chavismo y de la PUD.

Sanciones económicas y exigencias democráticas

La estrategia de Estados Unidos para derrotar al chavismo, ha pasado por diferentes etapas, desde la efímera coexistencia pacífica hasta organizar paros nacionales empresariales y fallido golpe de Estado en 2002. En los últimos años, la estrategia imperialista ha sido asfixiar económicamente a Venezuela por medio de sanciones económicas y bloqueo financiero, provocando el colapso de la industria petrolera, la principal fuente de ingresos. El resultado era previsible: con escasos recursos, se reduciría la base social electoral del chavismo.

Al mismo tiempo que Estados Unidos y sus aliados imponen severas sanciones a Venezuela, que ha provocado que mas de 5 millones de venezolanos salgan del país en busca de la supervivencia económica, enarbolan y agitan la bandera de la democracia.

En condiciones de ruina económica y bajo el acoso imperialista, el régimen bonapartista de Nicolas Maduro ha evolucionado, en determinadas coyunturas, a formas abiertamente dictatoriales, única forma de sostenerse en el poder. Es un círculo vicioso infernal que se cierra paulatinamente.

Es la misma estrategia que impone a Cuba, tras 60 años de bloqueo criminal que tiene arruinada la economía y que somete a la población a incontables sufrimientos. La misma estrategia que Estados Unidos aplicó durante la revolución en Nicaragua (1979-1990), iniciando la guerra civil para después exigir la convocatoria a elecciones en 1990. La única gran diferencia es que en Cuba y en Venezuela no hay guerra civil, pero de continuar las presiones imperialistas sobre Venezuela puede estallar en cualquier momento.

Detrás del aparente interés de Estados Unidos por el “restablecimiento” de la democracia en Venezuela, se esconde el frio interés de volver a controlar el petróleo de Venezuela, el país con las mas grandes reservas de petróleo en el mundo. Por eso han negociado con Maduro, a pesar que le acusan de “narcotraficante”.

El dilema del chavismo

El chavismo fue un fenómeno político que nació y reflejó el descontento de la oficialidad de las fuerzas armadas, por la entrega de los recursos petroleros de Venezuela por parte de los diferentes gobiernos. Posteriormente, Chávez logró crear un gran movimiento de masas en alianza con fuerzas progresistas y de izquierda, hasta ganar las elecciones en 1999, y después crear al Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

El chavismo ha tenido dos fases en su evolución: un periodo de ascenso (1999-2013) que termina con la muerte prematura de Hugo Chávez, y otro periodo de crisis y declive bajo los gobiernos de Nicolas Maduro (2013-2024). En este último periodo, ante la reducción de la base social electoral, cada vez más, el soporte del régimen bonapartista y del gobierno de Maduro, son las fuerzas armadas, verdaderas columnas del poder.

Esta oficialidad nacionalista dentro de las fuerzas armadas defiende, a su manera, los valiosos recursos del petróleo venezolano, pero cada vez tiene menos margen de maniobra, por la destrucción de la base económica del país.

Hasta el momento, el gobierno de Maduro ha sido un fiel representante de los intereses la alta oficialidad nacionalista de las Fuerzas Armadas, pero las continuas crisis electorales degastan a Maduro, sin posibilidades de un recambio que permita la continuidad del chavismo en el poder. No obstante, si continua el deterioro de la base social del chavismo, existe la posibilidad que Maduro sea sustituido en aras de mantener el difícil e inestable statu quo.

¿Un callejón sin salida?

Lo más trágico ha sido que, bajo la agresión imperialista, el gobierno de Maduro, lejos de apoyarse en la movilización de masas como lo hacía Hugo Chávez, ha actuado en sentido contrario: mientras le otorgaba jugosas concesiones a la “boliburguesia” ha impuesto planes de ajuste neoliberales, perseguido y reprimido a los sindicalistas, ha restringido los derechos sindicales y ha pulverizado las conquistas laborales, obligando a estos sectores sociales desencantados, a encontrar un falso alivio en las promesas de la derecha agrupada en la PUD.

La única manera de romper el circulo vicioso y la caída libre del chavismo, es que se produzca un reagrupamiento de las fuerzas de izquierda, que se postule como una nueva alternativa, que defienda a Venezuela contra la agresión imperialista, que defienda los recursos naturales en beneficio de la población, y que combata políticamente a los agentes del imperialismo norteamericano agrupados en la PUD.