Los objetivos de Trump al aplicar sanciones
contra la Policía Nacional de Nicaragua
Las recientes sanciones económicas adoptada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra la Policía Nacional de Nicaragua, acusada de crímenes de lesa humanidad y por violaciones a los derechos humanos, han causado un golpe demoledor contra la dictadura Ortega-Murillo.
Los bancos norteamericanos controlan el sistema financiero mundial y una sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos, origina una cadena se sanciones que se convierte prácticamente en un bloqueo para cualquier entidad financiera o comercial, en cualquier parte del mundo, que realice transacciones con la Policía Nacional de Nicaragua.
Atrás ha quedado los continuos elogios de funcionarios de Estados Unidos en los foros regionales, alabando el rol de la policía nicaragüense en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Cuando un gobierno criminal, como es el caso de la dictadura Ortega-Murillo, recibe un golpe que le ocasiona problemas financieros a su aparato represivo, no podemos menos que alegrarnos. No obstante, necesitamos escudriñar el contexto en el que se producen estas sanciones.
Cuando se produjeron las masacres y el aplastamiento militar de los tranques, en el periodo abril-julio del 2018, se produjeron condenas y sanciones verbales de la comunidad internacional, incluido, por supuesto, Estados Unidos. Pero las condenas sobre “crímenes de lesa humanidad” no pararon las masacres, por que eran simples declaraciones verbales.
En ese momento, cualquier sanción contra la Policía Nacional de Nicaragua, hubiera revitalizado la lucha democrática, pero el objetivo de la comunidad internacional era evitar un triunfo revolucionario, como el de 1979, pero esta vez contra el FSLN. Lo que querían era forzar a la dictadura Ortega-Murillo a iniciar la apertura que condujera finalmente a elecciones.
Todo indica que en 2018 y 2019 hubo negociaciones secretas entre Estados Unidos y la dictadura Ortega-Murillo, en el sentido de que se estabilizase la situación política para convocar a elecciones conforme la Constitución, es decir, hasta 2021, dándole tiempo a la dictadura para que realice los cambios de manera gradual.
En pocas palabras, le dieron dos años de tiempo a Ortega-Murillo para que iniciara las reformas al régimen dictatorial, pero estos no han cumplido la parte que les corresponde. La brutal represión se mantiene en las calles, hay mas de 70 prisioneros políticos en las mazmorras y la lista aumenta al pasar de los días. Las feministas fueron atacadas cuando realizaban una actividad bajo techo el pasado 8 de Marzo. Nicaragua vive bajo un ambiente de terror contrarrevolucionario.
En este contexto, en los últimos años, las sanciones de la administración Trump han venido aumentando, primero leves sanciones a individuos cercanos al circulo familiar Ortega-Murillo y de altos funcionarios vinculados a los órganos de inteligencia y de aparatos de represión, hasta llegar recientemente a la Policía Nacional como institución.
Antes de la masacre de abril del 2018, la Policía Nacional se había convertido en un pequeño ejército de ocupación interna, controlado directamente por la familia Ortega-Murillo, y ha sido, junto a los paramilitares, la punta de lanza contra el levantamiento popular.
Al aplastar militarmente la insurrección cívica desarmada, la dictadura Ortega-Murillo se envalentonó, y lejos de impulsar los cambios esperados, esta actuando como si nada hubiera pasado, preparando y aceitando su maquinaria electoral para destrozar a una oposición que ha sido incapaz de levantar un consecuente discurso democrático que aglutine nuevamente a las masas en las calles, y que levanta las banderas de la “unidad” como tabla de salvación.
Las presiones y sanciones de la administración Trump no buscan el derrocamiento o desmantelamiento del régimen dictatorial opresor, sino su reforma gradual, y constituyen un recordatorio al matrimonio Ortega-Murillo de que el compás de espera que les dieron hace dos años ya se está acabando.
El Congreso de Estados Unidos, reflejando un acuerdo bipartidista, está impulsando otra ley para acrecentar las presiones contra la dictadura, para obligarla a hacer las reformas necesaria que permitan elecciones libres. El inconveniente de este tipo de sanciones, bajo la brutal represión interna en Nicaragua, es que tiene un efecto desmovilizador porque Estados Unidos aparece como el guardián de la democracia, el que va a resolver los problemas apretando un botón. ¡Nada más falso!
Esa es la perspectiva inmediata. Los socialistas centroamericanos llamamos a la vanguardia estudiantil y popular, ahora replegados, a unificar criterios para levantar nuestra propia alternativa política independiente de la dictadura y de los empresarios que la amamantaron.