Costa Rica: el eslabón más débil de la cadena centroamericana
El 10 de septiembre del 2018, los sindicatos del sector público agrupados en la “unidad Sindical”, convocaron a una huelga indefinida contra el paquete fiscal. Después de una serie de maniobras dentro de la Asamblea Legislativa, el gobierno de Alvarado logró imponer parcialmente el paquete de medidas fiscales y de austeridad conocida como Combo Fiscal. A pesar de los 93 días de huelga heroica, el movimiento sindical fue obligado a retroceder, mordiendo el polvo de la derrota.
Los éxitos parciales del gobierno de Alvarado al imponer al ajuste, no solucionaron la crisis fiscal ni bajaron el abultado endeudamiento.
A finales de junio y comienzos de julio del 2019, se produjo un primer estallido social en Costa Rica. Teniendo como contexto la huelga de educadores y de estudiantes de secundario, sindicatos y organizaciones populares iniciaron una serie de bloqueos de carreteras y calles, demandando la moratoria del cobro del IVA que acababa de ser aprobado, y una serie de demandas particulares. El poderoso movimiento sindical-popular fue derrotado en la mesa de negociaciones, un sector de la burocracia sindical se prestó al juego. Ese año, los sindicatos del magisterio (APSE, ANDE y SEC) traicionaron a sus bases, negociando el derecho de huelga, aceptando solo 21 días de huelga en educación. A pesar de ello, el año 2019 fue de muchas protestas contra las políticas de ajuste del gobierno de Alvarado.
Esta situación de constante deterioro de las finanzas públicas, explotó a inicios del 2020 con la pandemia de coronavirus, traduciendo en un descalabro de la frágil economía y en la necesidad de nuevos endeudamientos para sostener los gastos mínimos del Estado de Costa Rica. El destape de la crisis muestra cifras alarmantes, por primera vez en la historia el desempleo supera el 20%. La pobreza crece por todos lados. La industria manufacturera está en crisis, y no levanta cabeza.
Todos los sectores sociales están alterados, bajo shock. La pauperización creciente de las masas costarricenses está reflejando un nuevo fenómeno: el crecimiento de partidos de derecha. Este fenómeno de polarización política, por fuera de los partidos tradicionales, ya se había manifestado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2018, cuando Alvarado ganó con el 61% de los votos, contra el 40% del fundamentalista evangélico Partido de Restauración Nacional (PRN). La abstención fue del 35%.
El reciente anuncio de un acuerdo entre el gobierno de Carlos Alvarado y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para oxigenar las deterioradas finanzas de Costa Rica, encendió los ánimos entre la población.
En las recientes protestas de finales de septiembre e inicios de octubre del 2020, surgió el Movimiento de Rescate Nacional (MRN), liderado por José Miguel Corrales, exdiputado y exmiembro del Partido Liberación Nacional (PLN) y Celimo Guido, otro exdiputado y exmiembro del fenecido partido Fuerza Democrática (FD), antecesor del actual Frente Amplio (FA) que ha jugado un triste papel en la lucha popular al convertirse en el principal agente conciliador del gobierno de Alvarado dentro de las luchas populares. El FA es ahora el furgón de cola de las políticas del gobierno de Alvarado.
Mientras los sectores populares se rebelan y, ante el vacío de dirección, colocan como al frente a los viejos políticos que se reciclan al calor de la lucha, un sector de la clase media se horroriza con los bloqueos, refuerza su apoyo al gobierno de Alvarado e implora que la lucha se mantenga dentro de la agotada democracia costarricense.
A diferencia de las protestas del año 2019, donde todavía se apreciaba la conducción de los sindicatos del sector público, en esta ocasión el MRN ha tenido desde sus orígenes una conducción política que refleja más a los desesperados sectores populares que a los trabajadores organizados.
Debido a la derrota de los sindicatos del sector público en el año 2018, este sector ha dejado de ser la vanguardia en las luchas contra los planes de ajuste. Su lugar lo ocupan ahora direcciones que son más proclives a traicionar y a negociar, como ocurrió recientemente con Jose Miguel Corrales, quien llego a acuerdos con el gobierno de Alvarado y llamó a la desmovilización. Aunque Celimo Guido se mantiene firme todavía, alertamos sobre el rol de direcciones políticas que no necesariamente son progresivas.
La crisis del capitalismo en Costa Rica está produciendo profundos cambios sociales que, contradictoriamente, debilitan a los sindicatos. Para recuperar la conducción de las luchas populares, las corrientes clasistas y la izquierda debemos impulsar una lucha interna para liberar a los sindicatos de las actuales burocracias que, al igual que Jose Miguel Corrales y otros más, son propensas a negociaciones secretas con los gobiernos de turno. Además, se debe plantear propuestas concretas para encontrar una salida contra la crisis y rechazar tajantemente los acuerdos con el FMI que humillan al país. Si no lo hacemos pronto, tendremos un crecimiento de la derecha que explotará el vacío de dirección y la trágica política entreguista del “progresista” gobierno de Carlos Alvarado.