La lucha contra la corrupción y la prolongación de la pugna interburguesa en Guatemala
En Guatemala, la ilegal destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por parte de la fiscal general Consuelo Porras, ha exacerbado el descontento de la población contra el gobierno presidido por Alejandro Giammattei y las instituciones de justicia del país. Desde hace semanas la rabia popular venía acumulándose por el pésimo manejo de la pandemia y del proceso de vacunación por parte del gobierno, y luego por la imposición del nuevo Estado de Prevención; aunque se había expresado sobre todo a través de las redes sociales y unas limitadas protestas en la Plaza Central de la capital.
Toda clase de organizaciones han rechazado la arbitraria medida que favorece los intereses de los poderes corruptos que buscan impunidad. Grupos campesinos e indígenas, de periodistas, académicos, universidades, de estudiantes, la iglesia católica, onges, partidos de izquierda, centrales sindicales; y también la comunidad internacional, en especial funcionarios del gobierno estadounidense de Joseph Biden. Todos estos grupos han estado haciendo el llamado a la unidad de toda la población contra el sistema corrupto. “…a toda la clase trabajadora, micro, pequeños y medianos empresarios, pueblos originarios, empresarios éticos y honrados, cooperativistas, las iglesias a favor de la justicia social, medios de comunicación democráticos, periodistas, mujeres, estudiantes, partidos políticos de pensamiento progresista y a la juventud…”, como menciona un comunicado del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco del 26 de julio.
Las protestas masivas de finales de noviembre del año pasado tuvieron como telón de fondo las divergencias entre los grupos oligárquicos tradicionales y los nuevos grupos empresariales vinculados a diputados y alcaldes, por la distribución del presupuesto estatal 2021. Esta vez los grandes grupos capitalistas permanecen en silencio, pues forman parte del bloque de intereses que lucra de los fondos públicos, y Sandoval era una presencia molesta para ellos también.
Solo la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham Guatemala) manifestó su rechazo, siguiendo el lineamiento del gobierno gringo; y el Consejo Nacional Empresarial (CNE), que reconoció el trabajo del fiscal Sandoval, rechazó su destitución y manifestó su apoyo al combate contra la corrupción. El CNE es una organización de medianos empresarios fundada a inicios de junio, que se presenta como una alternativa al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que es controlado por los grandes grupos oligárquicos. Este nuevo grupo manifiesta que quiere un capitalismo moderno, dinámico y competitivo, de libre empresa, que acabe con las prebendas y privilegios, sin las actuales prácticas monopólicas y oligopólicas, donde no haya representación empresarial en los espacios de decisión del Estado.
Se perfila ya una amplia lucha democrática. Organizaciones indígenas y campesinas han hecho el llamado a un paro nacional, entendido como bloqueo de las principales carreteras, y cuentan con el respaldo del resto de organizaciones; el lunes 26 se reportaron ya bloqueos en cuatro puntos del país. Invitamos a las centrales sindicales a que convoquen a la huelga en las empresas y dependencias del Estado; sabemos que las represivas leyes laborales complican las declaratorias de huelga, pero, como nos ha explicado un dirigente sindical, los sindicatos tienen el recurso de declararse en asamblea permanente, suspendiendo labores.
Debemos mantener la independencia política de las organizaciones populares con respecto a cualquier grupo empresarial que busque tomar el control de las luchas. Recordemos que cuando se dio el Serranazo en 1993 los empresarios dieron la vuelta a los sindicatos y fuerzas sociales, salvando lo esencial de sus estructuras de poder. La corrupción sólo puede ser frenada con la participación y fiscalización del pueblo, a través de sus organizaciones, en la gestión de los asuntos del Estado. Los mecanismos para que ello sea posible serán decididos por una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y Popular.