Por Ricardo Patzán

Paulatinamente, el gobierno de Bernardo Arévalo ha empezado a presentar ante el sistema de justicia denuncias por casos de corrupción ocurridos en la anterior administración de Alejandro Giammattei.

La denuncia más reciente es por un caso sensible ocurrido en lo más álgido de la pandemia del Covid-19. Se trata del oscuro negocio por el cual fueron compradas millones de dosis de la vacuna Sputnik V a una empresa rusa. En 2021 fue firmado el contrato con la empresa Human Vaccine, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). La injustificada confidencialidad del contrato, el ingreso a cuentagotas de las vacunas y otras irregularidades de inmediato generaron serias dudas sobre si dicho contrato era lesivo para el Estado guatemalteco, y sospechas de malos manejos cayeron inmediatamente sobre el exmandatario Giammattei y su mano derecha y pareja, Miguel Martínez.

El 4 de abril recién pasado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y la Comisión Contra la Corrupción, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, presentaron ante la Gestión Penal del Organismo Judicial, una denuncia contra la exministra de salud, Amelia Flores, por la comisión de posibles delitos al firmar el contrato de compra de las vacunas Sputnik V. La acusación es por el posible involucramiento en Abuso de Autoridad, Incumplimiento de Deberes y Peculado o Malversación de Fondos.

El contrato con Human Vaccine LLC, fue por la compra de 8 millones de dosis de vacunas, por la cual se pagaron Q 614.5 millones, correspondientes al 50% de la cantidad negociada. El contrato fue mantenido bajo condición de confidencialidad, supuestamente a petición de la empresa, y las críticas a las condiciones del contrato incrementaron ante la entrega sumamente pausada de las vacunas; se recibieron 20 lotes, el último de los cuales ingresó el 30 de diciembre de 2021.

En conferencia de prensa, el gobierno, representado por el procurador general de la nación Julio Saavedra y el ministro de salud Óscar Cordón, señaló 11 puntos que motivaron la presentación de la denuncia contra la negociación de las vacunas. Entre ellos está que el contrato se firmó con una empresa que no se dedica a la producción de vacunas, y no está claro quién firmó por dicha empresa; no se negociaron condiciones de entrega favorables para el país, siendo aceptadas todas las condiciones de la negociación sin comparar otras opciones de mercado; fue ilegal negociar el pago de regalías para Human Vaccine; en caso de incumplimiento de parte de la empresa, el Estado guatemalteco tenía derecho a una indemnización de solo Q 100 mil; según el decreto 1-2021, las compras relativas a insumos por la pandemia debían ser hechas directamente al fabricante, sin intermediarios; la confidencialidad del contrato no está justificada.

En términos generales, indicó Saavedra, la ilegalidad de la contratación radica en que no se cumplió con las condiciones y aspectos que estipula la Ley Para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas Contra el Coronavirus Covid-19, Decreto 1-2021, aprobado por el Congreso de la República (La Hora 04/04/2024).

El principal problema con esta denuncia es que solo implica a la exministra de salud Amelia Flores, a pesar de que las gestiones en Rusia fueron obra del exministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolo, y con la autorización del expresidente Giammattei; en el contrato figura la firma de Flores, nada más. Según Saavedra, le corresponderá al Ministerio Público investigar quiénes más están involucrados en la negociación del contrato, y ya sabemos de parte de quién están el MP y su jefa Porras.

En una entrevista, la exministra Flores aseguró que antes de la firma del contrato de las Sputnik V, había sostenido conversaciones con fabricantes estadounidenses, habiendo llegado a avances importantes. Sin embargo, en enero de 2021 fue citada al despacho de Giammattei, donde el expresidente y el excanciller le informaron que ya tenían conversaciones con Rusia sobre la vacuna; durante la negociación del contrato ninguna de las instituciones del Estado puso objeciones y todas le indicaron que todo estaba bien y debía firmar (La Hora 05/04/2024).

Uno de los argumentos utilizados por Cordón es que se obligó al Estado a comprar una vacuna que no estaba certificada por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este no es un argumento válido o central. Evidentemente, que la OMS no certificó las vacunas de Rusia y China contra el covid (las vacunas de India fueron certificadas hasta el 2021 y por “Emergencia”) porque defendía los intereses de los grandes laboratorios y compañías farmacéuticas de Estados Unidos y Europa, que peleaban por tragarse solo ellos el multimillonario negocio del mercado de las vacunas. Lo que se debe investigar son los sobornos y coimas recibidos por el circulo corrupto de Giammattei.

Es obvio que Giammattei y sus secuaces organizaron las cosas para que solamente Flores resultara implicada. Corresponderá a la exministra, en su momento, denunciar a quienes la orillaron a firmar el lesivo contrato. Al pueblo trabajador organizado le corresponderá presionar al gobierno y a MP para que todos los implicados en esta criminal confabulación reciban su merecido castigo.