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Fuente: Común Noticias, Martes 25 de Marzo de 2008

 

El 29 de marzo se conmemoran 25 años del asesinato del sindicalista Dagoberto Padilla. Salió junto a varios compañeros en el carro del SITRACOAGS con rumbo a la ciudad de El Progreso, Yoro, pero por su generosidad les dio “jalón” a dos ex-militares, que eran guardias de la empresa, al llegar a la Aldea El Bálsamo los guardias se bajaron y dispararon contra todos, asesinando a Dagoberto Padilla, Alcides Mejía, Ángel Alvarado e Israel Ulloa; y Jacobo Núñez, Eulogio Figueroa y Pedro Chavarría sobrevivieron a la represión.

Dagoberto fue un sindicalista combativo, con una conducta intachable, un gran dirigente de firmes ideas revolucionarias. Siempre estuvo al servicio de la gente, fue el impulsor de la lucha por el primer instituto oficial en El Progreso, celebrador de la palabra de Dios en la iglesia Católica y le encantaba tocar guitarra.

Nació el 15 de noviembre de 1949 en el Municipio de Tela, Atlántida. Hasta sus tres años creció en la comunidad Ramal del Tigre, junto a su madre Ana Carminda Padilla y a su padrastro Carlos Cartagena. La primaria la estudió en Jacaleapa, El Paraíso, porque se fue a vivir con sus abuelos.

A sus 16 años se trasladó al Municipio de Santa Rita, Yoro, a la casa de su madre. Aquí aprendió las actividades de la agricultura. A los 20 años hizo familia con la joven Conmemoración Guevara y tuvieron tres hijos y una hija: Franklin, Élvin, Ólman y Sandy.

Empezó a trabajar como tractorista en la finca 18 de la Compańķa Agrķcola y Ganadera de Sula (CAGSA). En 1970 se incorpora al sindicato de la misma (SITRACOAGS), del cual fue fiscal y luego presidente.

Se graduó de Perito Mercantil en el Instituto El Progreso en 1979 y estudió dos años en el Centro Universitario Regional del Norte la licenciatura en Derecho, con el fin de ser el abogado de los obreros y campesinos.

Como parte de la formación sindical viajó a Perú y Venezuela. Era un hombre que leía bastante, estudioso del derecho laboral y del marxismo. En 1979 impulsó la lucha por crear el primer instituto oficial de El Progreso, el Perla del Ulúa, con el apoyo de las organizaciones populares. Era militante de la Unión Revolucionaria del Pueblo (URP) de la cual fue presidente en El Progreso.

En 1981 fue perseguido y apresado por la Dirección Nacional de Investigación (DNI). La empresa CAGSA lo acusaba de comunista, de viajar a Cuba y conspirar contra el Estado.

En diciembre de 1982 a Dagoberto lo reeligen presidente del Sindicato y dirigió hasta el final la negociación de un nuevo contrato colectivo. Finalmente sobre el cuádruple crimen, se condenó como autores intelectuales: Moisés Orellana Reyes, Jefe de vigilancia de la CAGSA, y Alfredo Villeda Enríquez quien proporcionó la escopeta; y como autores materiales los soldados Marco Antonio Molina Martínez y Fausto García Rivera, quienes señalaron que la patronal ofreció 28 mil lempiras para que se consumara el crimen.

Estando en el presidio de El Progreso, Marco Antonio Molina y Fausto García Rivera, se fugaron del presidio, llevándose consigo 30 reos más, pero luego fue recapturado en Siguatepeque Marco Antonio Molina, y recluido nuevamente en el presidio de El Progreso, de donde se fugó por segunda vez llevándose consigo 12 reos más.

Posteriormente, el Juez Juan Angel Rivera Tabora dictó prisión preventiva para el Capitán Orellana, ya que meses atrás había sufrido un derrame cerebral y su salud supuestamente estaba desmejorando.

 

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El día 28 de marzo, las llamadas “fuerzas combinadas” del ejército y la policía nacional civil, irrumpieron en 10 aldeas de San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala. Con lujo de fuerza, mil policías y mil soldados realizaron allanamientos y buscaron capturar a 12 campesinos acusados por la empresa Cementos Progreso de la familia Novella.

 

Los vecinos de San Juan realizaron un proceso de consultas comunitarias sobre la explotación de los recursos naturales. El proceso dio como resultado un “NO” rotundo hacia la empresa cementera que pretende instalar una planta en la montaña de San Juan, la que causaría una contaminación del aire y las fuentes del agua del municipio.

 

A pesar de que uno de los buscados, Juan Antonio Sabán Turuy, se presentó voluntariamente para dar declaraciones ante el Juzgado, se ordenó su “detención preventiva”, bajo la acusación de incendio de maquinaria de la empresa CONASA Caminos y Transporte.

 

Ante esta situación, Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina manifiesta:

 

“Estamos viviendo una persecución política a ciudadanos que se oponen a la instalación de las grandes empresas como las cementeras, las hidroeléctricas, y megaproyectos que causan daño al agua, el aire y la Madre Tierra de la que dependemos todos y todas.

La incursión masiva del ejército y la policía en las aldeas de San Juan Sacatepéquez, pasa por encima de la voluntad expresada por la mayoría de pobladores en la consulta comunitaria y constituye una escalada en la represión contra los movimientos locales que defienden la conservación de los recursos naturales de su región; al tiempo que agudiza la conflictividad agraria, pese a los llamados que hemos hecho de no criminalizar las demandas sociales y crear condiciones para la solución a éstas problemáticas.

 

Hacemos responsables a las instituciones de gobierno por cualquier acto violento que se cometa en contra de los vecinos de San Juan.”

 

¡Alto a la persecución y criminalización del movimiento indígena y campesino!

¡Por la soberanía de los pueblos y la defensa del territorio!

 

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–

MIEMBRO DE WAQIB’ KEJ, CNOC, CLOC Y LA VIA CAMPESINA

 

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