Por Abelardo Maturana

La recién concluida Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, celebrada en la Ciudad de Guatemala por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con la participación de 51 delegaciones de varios países y organismos internacionales, entre los que sobresalen Estados Unidos, Colombia, México, Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Sistema de Naciones Unidas y los países centroamericanos, significa para nuestros pueblos más de lo mismo, es decir más endeudamiento y más medidas represivas frente a una problemática, el crimen organizado, que tiene sus raíces en la crisis estructural del capitalismo.

Diferencias pese a tener una misma estrategia

El objetivo de tal cumbre era lanzar una estrategia de seguridad regional para combatir el crimen organizado. Se le dio énfasis al tráfico de droga y la violencia relacionada a este negocio. Consideramos que esto es parte de la estrategia represiva del imperialismo estadounidense para el continente, pues pese a las recriminaciones entre los países del sur y del norte, no se aleja de tal situación.

Los gobiernos centroamericanos buscaban conseguir de parte de los organismos multilaterales y de Estados Unidos y Unión Europea, seis mil millones de dólares para financiar tal estrategia, preferentemente en donaciones en efectivo, pero se consiguieron solamente dos mil millones de dólares, el 80 % en préstamos, en su mayoría de parte del BM y el BID. No se negociaron las tasas de interés ni el tiempo a pagar y no se firmó ningún documento de compromiso.

En la conferencia de la OEA celebrada en San Salvador hace un poco más de quince días, Centroamérica esperaba que los gobiernos imperialistas financiaran tal estrategia, pero al no conseguirse eso, estos gobiernos tuvieron que decir que el objetivo no era ese sino el apoyo político a los distintos proyectos que se buscan realizar.

Los gobiernos del Sur por medio de los presidentes de Guatemala, Álvaro Colom y de México, Fernando Calderón, fueron enérgicos al exigirle al norte imperialista corresponsabilidad en el combate al crimen, pues en el caso de las drogas, la mayoría se consumen en esta región del mundo. 85 % de la cocaína se consume en Estados Unidos, la mayoría de las armas que usan estas empresas criminales vienen de ese país, aunque buena parte es equipo que fue usado en la guerra civil, y que se comercializan gracias a la corrupción de los ejércitos del área. Por lo tanto pidieron medidas más contundentes para frenar tal situación.

Por su parte la secretaria de estado de EE.UU. Hillary Clinton, se justificó diciendo que las agencias federales de tal país combaten fuertemente el comercio ilegal de armas y de químicos, materia prima para la cocaína. Pero mientras estas mercancías sean legales tal comercio siempre existirá. De igual forma mencionó las campañas de salud pública para prevenir el consumo de drogas; pese a esas declaraciones hasta la fecha no se sabe de ninguna red criminal desbaratada dentro de ese país y las ventas brutas de cocaína en EE. UU., ascienden a 35 mil millones de dólares (El Periódico, 23/6/11) Otra situación que ninguno de los ponentes que asistieron mencionó fue el tema del lavado de dinero en bancos sobre todo gringos producto del negocio de la droga, no teniendo información clara de cuánta es la cantidad que lava el capital financiero, ni qué medidas toman las autoridades de ese país con respecto a esto.

La secretaria de Estado y el representante de la UE, a su vez, cuestionaron la poca capacidad fiscal de las naciones centroamericanas para invertir en seguridad, prevención del crimen, justicia y políticas sociales; postura apoyada por los representantes de los organismos financieros internacionales, Naciones Unidas tal como la CICIG, A raíz de eso, salió la propuesta de un impuesto regional que grave las actividades económicas de los burguesías centroamericanas, algo que fue respondido por el presidente del gremio empresarial guatemalteco Roberto Dardón, en representación de sus pares de la región con una total negativa.

Esa diferencia entre los representantes del imperialismo y las burguesías regionales, pese a no ser fundamental, pone en evidencia por un lado, la falta de financiamiento provocada por la crisis mundial que afecta a las naciones del primer mundo. Pero por el otro el atraso de las burguesías del área que con esa postura mantienen su corta visión de no invertir en su entorno. Los gobiernos centroamericanos quedan en calidad de intermediarios entre ambas partes y en algunos casos como en El Salvador gravan las ganancias empresariales pese a la oposición de la burguesía de ese país para usarlo en seguridad. En otros casos como mencionó el presidente Calderón de México, que pide más corresponsabilidad a EE.UU., dice que tal situación nos convierte en víctimas de una guerra que no iniciamos y por lo tanto se necesita una responsabilidad compartida.

¿En qué consiste todo esto?

El BID menciona que los costos económicos de la violencia en la región superan los seis mil millones de dólares, correspondiendo al 8 % del PIB regional (Prensa Libre, 21/6/11). El presidente Colom mencionó que “la región invierte cuatro mil millones de Quetzales y de cuatro a seis de cada diez homicidios están relacionados con el narco (La Hora, 22/6/11).

La estrategia consiste en cuatro ejes que desarrollarán 22 proyectos, estos serán: combate al delito, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción en seguridad penitenciaria y fortalecimiento institucional.

El primer rubro que será el que más apoyo financiero y técnico tendrá, pone en evidencia el peso que se dará a la represión al crimen, pues se busca crear una unidad de análisis y calidad de información de inteligencia a nivel regional, dotar de equipos tecnológicos para la seguridad fronteriza, intercambio de información para el combate al narco, buscando disminuir el tráfico de armas, lavado de activos, tráfico de drogas, personas y otros. Para eso Colombia apoyará tal centro regional de inteligencia e Israel capacitará en técnicas de control tecnológico a los ejércitos del área, es decir se tendrá el apoyo de dos gobiernos caracterizados por hacer uso del terrorismo de estado.

El siguiente rubro prevención de la violencia, consiste en desarrollar programas que mejoren el nivel de protección, rehabilitación, reinserción, fortalecimiento de programas de protección a la víctima y testigos, prevención de la violencia a nivel local, educación y capacitación laboral, donde el BID prestara dinero. Lo que se busca es prevenir la delincuencia en especial la atención a la violencia juvenil, de género, y la provocada por armas, drogas y pandillas.

Sobre seguridad penitenciaria, se busca modernizar la infraestructura carcelaria de los países de la región y crear sistemas penitenciarios acordes a los modelos y obligaciones de las Naciones Unidas. El objetivo será la reinserción socio-laboral y formación educativa de los presos.

El último rubro, buscará la profesionalización de los cuerpos de seguridad, crear programas regionales de agentes encargados de persecución criminal y sistemas de alerta temprana para la atención de tal fenómeno. Recordemos que en El Salvador existe una escuela de formación de policiales y fiscales patrocinada por Estados Unidos que responde a su lógica de control geopolítico de la región, la cual de seguro tendrá un papel preponderante en este plan.

Pese a ponerle algún énfasis en la prevención del delito, en la realización de programas educación y capacitación laboral y de alguna mejora en los programas de erradicación de la pobreza, la lógica siempre es la represión al crimen. Según un estudio recién publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el gasto de los gobiernos en seguridad aumentó en un 60 %, en cuatro mil millones de dólares en el último año (La Hora, 23/6/11).

La misma repuesta: militarización

Consideramos que los puntos neurálgicos para el combate al crimen organizado, sobre todo el tráfico de drogas va relacionado más que a medias represivas, como militarizar las sociedades o servicios obligatorios ya sea militar o social que afecta a la juventud, en políticas redistributivas del ingreso, no sólo en programas sociales focalizados. Necesitamos una mayor contribución fiscal de los que más ganancias tienen, pero que lo gravado se dirija a tales políticas redistributivas, mayores salarios, exoneración a impuestos y congelamiento a precios de la canasta básica, universalización de los servicios públicos y mayor capacitación laboral para la juventud.

En el plano inmediato, es necesario detener la importación, comercialización y tenencia de armas, la legalización de todas las drogas con regulación estatal y la inversión en campañas de prevención de éstas y atención a los adictos. De igual forma seguir profesionalizando a los cuerpos de policía pero en una lógica de prevención del delito con énfasis en acciones reguladas por derechos humanos, aunque siempre se requerirá de acciones penales y policiales para detener las acciones criminales. Pero todas estas políticas no las pueden hacer las burguesías ni el imperialismo, es necesario que a nivel regional y en los centros imperiales, los pueblos tomemos el poder para detener esta vorágine de violencia que afecta sobre todo a la juventud.