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HONDURAS: La Cuarta Urna y la pelea por la Asamblea Nacional Constituyente

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DECLARACION DEL PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)

LA CUARTA URNA Y LA PELEA POR LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN HONDURAS.

1.- De la dictadura militar a la democracia burguesa excluyente

El triunfo de la revolución nicaragüense en 1979 obligó al imperialismo norteamericano y la burguesía hondureña a iniciar una acelerada reforma del régimen político, transformando la última dictadura militar (1978-1982) en una democracia burguesa, con muchas restricciones para los trabajadores, con el objetivo de impedir un estallido revolucionario.

Este proceso de “democratización” promovido por el imperialismo norteamericano desde las alturas, era parte de la estrategia política y militar adoptada por la administración Reagan para frenar y ahogar la revolución Centroamericana: atacar militarmente al gobierno sandinista, y a las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) de Guatemala, al mismo tiempo que reformaba las dictaduras militares en gobierno democráticos, teniendo a Costa Rica como el ejemplo a imitar.

En Honduras, la instauración de la democracia burguesa, bajo el gobierno de Roberto Suazo Córdoba (1982-1986), fue acompañada por una fuerte represión en contra del movimiento sindical y popular, cuya mayor expresión fue el aniquilamiento selectivo de activistas de izquierda, ejecutados por el general Gustavo Álvarez Martínez. Mientras se instauraba esta democracia burguesa semicolonial, también se instalaron las bases militares norteamericanas, que todavía existen, al mismo tiempo que el territorio hondureño fue utilizado como retaguardia ybase de operaciones del ejército de la contra que atacaba a la revolución nicaragüense.

1. 1.- La Constitución de 1982 y la hegemonía del Partido Liberal

La Constitución de 1982 fue impuesta por el imperialismo norteamericano, cuando la izquierda era perseguida, no fue producto de una amplia discusión democrática. Originalmente, el acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Nacional vaticinaba la alternabilidad en el ejercicio del poder.

Este esquema de cogobierno condujo a incluir la cláusula pétrea contenida en el artículo 374 de la Constitución de Honduras, que incluye la prohibición de reformar el período presidencial y la reelecciónpresidencial.

Sin embargo, el nuevo statu quo establecido con la Constitución de 1982 trajo como consecuencia la hegemonía del Partido Liberal. Desde 1982 se han elegido siete presidentes en Honduras, de los cuales cinco provienen del Partido Liberal y solamente dos provienen del Partido Nacional: Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y Ricardo Maduro Joest (2002-2006).

Aunque el Partido Liberal y el Partido Nacional son las columnas del sistema esencialmente bipartidista, antidemocrático y excluyente, instaurado con la Constitución de 1982, la hegemonía del Partido Liberal ha sido motivo de permanentes roces entre sectores de la burguesía.

1. 2.- Reformas y contra reforma electorales

A pesar de ponerse de acuerdo en la estrategia para derrotar a la revolución centroamericana, se produjeron algunas crisis política entre sectores de la burguesía, como la del año 1985, las que abrieron el camino a las reformas electorales de los años 80 y 90, que tenían el claro objetivo de corregir las crisis políticas entre y dentro de los partidos políticos, y de acomodar la “Ley Electoral y de Organizaciones Políticas” a las necesidades específicas del sistema político bipartidista del Partido Liberal y del Partido Nacional.

Los acuerdos de Esquipulas II en 1987 obligaron a la burguesía hondureña a abrir un poco más al régimen político, dándole un mayor espacio a la izquierda. En Honduras, por la represión selectiva contra los activistas más radicales, y por las traiciones del Partido Comunista, la izquierda no adquirió fuerza entre los sindicatos y las masas, y más bien se dispersó en muchos grupos y organizaciones políticas.

Después de una serie de negociaciones secretas, bajo la presidencia de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) el Congreso Nacional aprobó el Decreto No 189-93 por medio del cual se le otorgó la personalidad jurídica al partido Unificación Democrática (UD), la quinta formación política del país.

Las reformas electorales del año 2001 estuvieron destinadas a descompresionar a la sociedad hondureña. Contemplaron la despartidización y tecnificación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la aprobación del Plebiscito y Referéndum como mecanismos de consulta popular, la regulación y financiamiento de las Campañas Electorales, la aceptación de las Alianzas Políticas, modificación de las formas de elección de Diputados y Designados Presidenciales, prohibición al Presidente del Congreso y la Corte Suprema de Justicia para postularse a cargos de elección, entre otros aspectos. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la prohibición al presidente del Congreso nacional de postularse a la Presidencia de la República.

La contra reforma electoral del año 2008 se produjo en el marco del enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y estaban destinadas a cerrar los espacios políticos, para evitar el surgimiento de fuerzas independientes que cuestionaran o pusieran en peligro el sistema bipartidista. También reflejaron loscada vez más fuertes roces entre dos fracciones del gobernante Partido Liberal: una liderada por el Presidente Manuel Zelaya y la otra por Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional. Aunque el presidente Zelaya vetó el proyecto de reformas electorales, al final se impuso la aplanadora liberal-nacionalista dentro del Congreso Nacional.

La nueva Ley Electoral y de Organizaciones Políticas le permite a lasactuales burocracias dirigentes de Partido Liberal y del Partido Nacional, repartirse el 1,5% del presupuesto nacional en concepto de deuda política de las campañas electorales. Quienes promovieron la reforma electoral, omitieron deliberadamente la reglamentación para hacer efectivos los mecanismos de consulta popular, como el plebiscito y referéndum, dificultando la participación de candidaturas independientes, ya sean nacionales, municipales o regionales.

2.- Ascenso de las luchas populares

En los últimos años, Honduras ha experimentado un alza de las luchas populares, lo que ha permitido la creación y consolidación de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) como la conquista política y organizativa más importante de los trabajadores y la izquierda. Entre las luchas más importantes podemos mencionar la toma de Tegucigalpa ocurrida el 26 de agosto del 2003, las jornadas del año 2007 que incluyeron 16 tomas de carreteras en todo el país, hasta culminar con los tres Paros Cívicos Nacionales del año 2008.

2. 1.- Primer Paro Cívico Nacional y el Plan de Lucha de 12 puntos

El 1 de febrero del 2008, reunido en San Pedro Sula, el primer Encuentro Obrero, Campesino y Popular, sentó las bases para la unidad de acción entre el movimiento popular, la Confederación de Trabajadores de Honduras, (CTH), la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras ( CUTH), el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), la Central General de Trabajadores (CGT), la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) y, el Consejo Nacional Campesino (CNC), relanzando a la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) a la palestra nacional.

En dicho Encuentro se aprobó la convocatoria del primer Paro Cívico Nacional a realizarse el 17 de abril de ese mismo año, para exigir el cumplimiento del Plan de Lucha Unitario de 12 puntos, que incluía lo siguiente:

* La derogación de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, aprobada contra la voluntad popular y la puesta en marcha de un proceso de consulta con los sectores sociales, comunitarios y populares del país para formular una nueva Ley General de Aguas, a partir de la propuesta presentada por las organizaciones populares al Congreso Nacional el 1 de julio de 2003.

* Control de precios que detenga las alzas al costo de la vida, no al aumento de los servicios públicos, por un incremento general de salarios, la derogación del salario diferenciado, así como los decretos legislativos 219 y 220 de diciembre de 2003 que contienen el congelamiento de los salarios y la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central que atenta contra la vigencia de los estatutos y la contratación colectiva.

* Respeto a la libre sindicalización, en particular en los pequeños parques industriales, el respeto a la estabilidad laboral y al salario digno.

* La aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones que rompa con el control por parte de los monopolios extranjeros y consolide el control estatal sobre las políticas de telecomunicación. Aprobar y aplicar la Ley de Protección al Consumidor.

* Detener de forma inmediata los desalojos de grupos campesinos y demandar la libertad de los campesinos presos en la lucha por la tierra. Derogación de la Ley de Modernización Agrícola y una respuesta inmediata y satisfactoria a las demandas planteadas por las organizaciones campesinas en relación directa con la aplicación de una Reforma Agraria; así como el esclarecimiento y enjuiciamiento de los asesinos materiales del dirigente campesino Edickson Lemus, asesinado el 24 de mayo de 2005 y otros luchadores populares que continúan en la impunidad.

* Derogación de la contrarreforma electoral en su totalidad y aprobación de una nueva Ley Electoral que garantice plenamente la igualdad de derechos para todas las fuerzas políticas, incluyendo el pleno derecho de organización política para toda la población, así como las candidaturas independientes sin mayores restricciones.

* Educación gratuita en todos los niveles educativos sin exámenes de admisión de ningún tipo, ni mecanismos selectivos excluyentes en las materias y la abolición de los reglamentos internos intimidatorios y autoritarios y respeto al bono estudiantil, extendiendo su beneficio a todos los estudiantes. No a la privatización de la educación. Cese de la represión contra el movimiento estudiantil en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. No a la corrupción en la UNAH y la UPN.

* Salud pública con medicinas y atención oportuna en el sistema hospitalario central y el Instituto Hondureño del Seguridad Social (IHSS), que efectivamente beneficie a los derechohabientes. No a la municipalización, ni privatización de los servicios de salud pública.

* Nacionalización de la importación de combustibles; fortalecimiento de las empresas estatales como la ENEE, SANAA, HONDUTEL, HONDUCOR; derogación de los contratos de SEMEH y las plantas térmicas. Aprobación del contrato de PETROCARIBE y que los beneficios logrados sean canalizados a eliminar el ajuste por combustibles, impulsar un programa de electrificación rural y otros beneficios populares y no a los empresarios de las térmicas.

* No a la privatización del Registro Nacional de las Personas, RNP. Drástica reducción del costo de las remesas que se embolsan las agencias privadas y definir una política pública permanente que legisle y proteja a los migrantes y sus familias en todos los ámbitos de la sociedad en tanto actores fundamentales en la vida económica y social del país.

* Derogación de la actual Ley de Minería y de las concesiones otorgadas sin consulta a las comunidades; suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, mientras no se defina una propuesta de energía renovable y represas que se sostengan sobre la protección del medio ambiente y en el marco de la soberanía del Estado y de las comunidades sobre los recursos naturales y el territorio nacional. Cumplimiento del dictamen 260-2006 en relación a Gases del Caribe.

* Pleno cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Inmediata depuración de la Policía, aplicación de justicia a los altos funcionarios y ex funcionarios públicos y ejecutivos de la empresa privada responsables de malversación de fondos públicos. Derogación de la reforma al artículo 332 del Código Penal, conocida como Ley Antimaras, y el enjuiciamiento de los responsables de las masacres en la granja penal

La CNRP y las centrales obreras aprobaron un programa democrático mínimo, que incluía exigencias específicas al gobierno del presidente Manuel Zelaya, como la derogación de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamientoy la aprobación de una nueva a partir de la propuesta elaborada por el movimiento popular, el aumento de salarios y la derogación del salario diferenciado, pero también incluía puntos de acercamiento con el gobierno, como la aprobación por parte del Congreso Nacional del convenio con PETROCARIBE, que el presidente Manuel Zelaya había firmado el 15 de enero del 2008 junto al presidente Hugo Chávez.

En el plano político, este programa democrático exigía correcta pero marginalmente la aprobación de una nueva Ley Electoral y la necesidad de hacer efectivos “los mecanismos de consulta popular como el referéndum y la Consulta Pública”. En el plano económico, al no incluir en el Plan de Lucha de los 12 puntos, el control de los trabajadores sobre las empresas estatales, se corría el riesgo de que parte del programa democrático fuera desvirtuado por el gobierno de Zelaya, como realmente ocurrió.

Con el Paro Cívico Nacional del 17 de abril, la CNRP enseñó sus músculos poderosos, aunque el programa democrático que enarboló se quedaba corto en relación a la demostración de fuerza del movimiento obrero y popular. Alrededor de 50.000 personas se movilizaron en las ciudades de La Ceiba, Potrerillos, Cortés, Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, El Paraíso, Danlí, Choluteca, La Entrada, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Santa Bárbara, Tocoa, San Pedro Sula, El Progreso y Tela. El presidente Manuel Zelaya inicialmente no quiso dialogar, la respuesta del gobierno fue la represión. Desde la madrugada del 17 de abril, el Ejército y la Policía se apostaron en los puntos importantes de las ciudades donde estaban programadas las tomas y marchas.

Pese a la represión, el primer Paro Cívico Nacional fue un rotundo éxito, y obligó al gobierno de Manuel Zelaya a tomar en cuenta las protestas del movimiento obrero y popular y a redefinir una política en torno a la CNRP.

2. 2- Debilidad del II Paro Cívico Nacional

El día miércoles 14 de Mayo se realizó el Segundo Paro Cívico Nacional de Honduras, convocado por la CNRP, las tres centrales obreras, y la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, el cual coincidió con la lucha de la huelga de hambre de los fiscales contra la corrupción y la impunidad.

El II Paro Cívico Nacional involucró menos gente que la jornada del 17 de abril ycomenzó con la clásica toma de puentes y carreteras en diferentes regiones del país. Al terminar una marcha en Tegucigalpa, los fiscales terminaron su huelga de hambre. Este II Paro Cívico Nacional fue el punto de inflexión del ascenso del movimiento popular, a pesar que la lucha de los fiscales atrajo las simpatías de la clase media urbana.

2. 3.- Fracaso del III Paro Cívico Nacional

El tercer "Paro Cívico Nacional" convocado por la CNRP y las Centrales Obreras, para el 5 de Agosto del 2008, no tuvo la participación popular de la jornada de abril. A diferencias de los dos paros cívicos anteriores en esa ocasión disminuyó la participación obrera y popular.

El coqueteo de Manuel Zelaya con la dirigencia de la CNRP comenzó a influir negativamente sobre el movimiento obrero y popular.El 13 de Agosto, el Presidente Manuel Zelaya se reunió con dirigentes de la CNRP y con los secretarios de las centrales sindicales, solicitándoles el apoyo al proyecto que impulsa su gobierno, prometiendo a cambio, entre otros aspectos,la promesa de que “existen muchas posibilidades de que el Congreso Nacional derogue la actual Ley Marco del Agua Potable y apruebe la nueva legislación”. (Común Noticias 15/8/08). Para desviar el ascenso de las luchas populares, Manuel Zelaya se vistió de revolucionario, y le ofreció al movimiento popular un plato de lentejas: el supuesto apoyo a la ley de Aguas, que todavía no se ha materializado.

La dirigencia de la CNRP y de las centrales obreras cometieron el grave error de mostrarse conciliadores con el gobierno de Manuel Zelaya en los precisos momentos en que debían iniciar la movilización popular para garantizar el éxito del tercer paro cívico nacional.

3.- Manuel Zelaya gira a la “izquierda”

En Enero del 2008, el presidente Manuel Zelaya comenzó a inclinarse suavemente hacia los gobiernos de izquierda latinoamericanos, al firmar un convenio con la compañía venezolana PETROCARIBE, que le permitiría al gobierno de Honduras, agobiado por el alza de los precios del petróleo a nivel internacional, pagar los combustibles con “un período de gracia de dos años y con una tasa de interés del dos por ciento. Esto será siempre y cuando el precio del barril de petróleo se encuentre en 40 dólares por barril o menos. En caso que el precio sobrepase los 40 dólares se financiará a 23 años con dos años de gracia y una tasa de interés anual del uno por ciento”. (La Prensa 28/1/08).

Posteriormente, el presidente Manuel Zelaya anunció su interés de sumarse a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), que promueve el presidente Hugo Chávez. El ALBA nació como una repuesta al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por Estados Unidos. El ALBA es una repuesta de un sector de la burguesía nacionalista latinoamericana, especialmente de Venezuela, que acumuló miles de millones de dólares por el alto precio del petróleo, pero que hasta el momento, a pesar de las reticencias, no rompe los marcos del capitalismo neoliberal.

Con la excepción de Cuba, cuyo Estado tiene una naturaleza diferente al capitalismo, en la totalidad de países del ALBA, sus presidentes responden a los intereses de sectores nacionalistas de la burguesía. Sin embargo, el discurso nacionalista por si mismo no cambia el carácter de clase ni la naturaleza burguesa de esos Estados.

El giro a la izquierda del presidente Manuel Zelaya no tiene motivaciones ideológicas, sino que obedece a necesidades económicas. El presidente Manuel Zelaya declaró que firmó el convenio con PETROCARIBE, por que “me están dando el dinero mensual, no piden estudios ni balances financieros, es dinero rápido, pago la mitad del combustible, la otra mitad va en proyectos de energía, agricultura, carreteras. Honduras no puede hacer una carretera si no consigue un préstamo con el Banco Mundial, me lo dan a cuenta gotas, tardan dos años en trámites, no puedo hacer una hidroeléctrica (…) Cómo vamos a salir adelante si no invertimos, ya no nos van a dar más dinero, la Cuenta del Milenio, 200 millones de dólares en cuatro años, el BID, Banco Mundial, Europa nos da 200 millones de dólares anuales y la inversión extranjera es de unos 500 millones (…) El ALBA es una oportunidad de negocios entre Venezuela y los países socios para poner empresas".(Notimex 24/07/08)

Salvo raras y contadas excepciones, el ingreso de Honduras al ALBA hizo delirar a la mayoría de la izquierda hondureña, pero no le preocupó al gobierno de los Estados Unidos. Andrea Rodríguez, consejera política de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, expresó que Honduras “es libre de firmar cualquier tratado internacional. Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con Honduras que seguirá vigente mientras no entre en conflicto con el compromiso del ALBA”. (Tiempo 20/8/08). Queda claro que el único condicionamiento que ha impuesto los Estados Unidos a Honduras es la vigencia del CAFTA, tratado que no ha sido cuestionado por el gobierno de Manuel Zelaya.

3. 1.- El origen de las pugnas inter burguesas

La burguesía hondureña no es homogénea, está divida en diversas fracciones que a veces luchan ferozmente entre sí. En el último periodo, el Presidente Zelaya ha realizado una astuta maniobra populista, buscando recursos para impulsar su proyecto político, ganando aliados en el movimiento obrero y popular que le ayuden a enfrentarse con el otro sector de la burguesía, representado por Roberto Micheletti, actual presidente del Congreso Nacional, y también por sectores del Partido Nacional.

Este giro a la izquierda del presidente Manuel Zelaya, que ha desconcertado a unos y ha maravillado a otros, obedece a un frío cálculo político. La Constitución de 1982 prohíbe tajantemente la reelección presidencial. El Partido Liberal de Honduras ha sido tradicionalmente el partido de la clase media y de los sectores populares. Aunque el presidente Manuel Zelaya proviene del Partido Liberal, refleja los intereses del sector más plebeyo y marginal de la burguesía de Honduras, ligada al modelo agro exportador.

Contradictoriamente, en el marco de la crisis generalizada del sistema capitalista a nivel mundial, en la medida en que decae la producción industrial y manufacturera, este sector de la burguesía, ligadaal presidente Manuel Zelaya y también a la influyente y temida cúpula militar, está realizando importantes negocios con otros sectores de la burguesía latinoamericana, y de manera particular con los países del ALBA.

La mayor parte de estos negocios se hacen desde el poder, desde el control del aparato del Estado. En ese sentido, la permanencia en el poder es un asunto de vida o muerte para estos sectores emergentes de la burguesía, que luchan desesperadamente por ampliar sus espacios en la derruida estructura económica, en contra de otros sectores de la burguesía. Por esta razón, elproblema de la reelección presidencial adquiere una crucial importancia para el sector que representa actualmente el presidente Manuel Zelaya.

3. 2.- La CNRP se acerca al gobierno

El 25 de agosto del 2008, después de una áspera discusión política en los medios de comunicación, el presidente Manuel Zelaya firmó solemnemente la adhesión de Honduras al ALBA. En ese proceso, la mayor parte de la dirigencia de CNRP apoyó políticamente al gobierno de Manuel Zelaya, por considerarlo “progresista”. En un acto político en la Casa Presidencial, el Presidente Manuel Zelaya declaró que: "Hoy este Gobierno se ha colocado en un centro izquierda y como me dijeron algunos que era peligroso hablar de un centro izquierda, yo le dije: quítele lo de centro si cree que es peligroso". (La Prensa 25/8/08)

Este fue el inicio de un giro político de la CNRP y de un creciente acercamiento con el gobierno del presidente Zelaya. En esa oportunidad, Carlos H. Reyes, dirigente del Bloque Popular expresó: “Nosotros apoyamos al Gobierno en esa decisión y hemos estado invitando a todos los hondureños, a todos los trabajadores que puedan hacerlo y que lleguen a la firma del tratado”. (El Tiempo 26/8/08).

Por su parte, la diputada Doris Gutiérrez del Partido Unificación Democrática (UD) destacó: “el ALBA beneficia a los pueblos y no a las transnacionales y los grandes empresarios como ocurre con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”. (Granma 21/8/08).

3. 3.- Ampliando la base social de su proyecto político

Resulta evidente que la corriente que lidera el presidente Manuel Zelaya, planea una continuidad en el gobierno. Para quebrar el statu quo existente, el presidente Manuel Zelaya ha tenido que apoyarse en la dirigencia del movimiento obrero y popular, o mejor dicho, ha tenido que asustar a sus adversarios con el fantasma de la movilización popular.

En Setiembre del 2008, producto de una huelga de los empleados públicos, el gobierno de Manuel Zelaya elevó, en promedio, de 3.400 lempiras a 5.000 lempiras mensuales el salario en todo el sector público. El 11 de Diciembre del 2008 se instaló la Comisión Tripartita integrada por miembros del gobierno, la empresa privada y el sector laboral. Las negociaciones fracasaron porque los empresarios se oponían a un aumento salarial, no se logró ningún acuerdo y por ley la fijación del salario mínimo quedó entonces en manos del presidente Manuel Zelaya, el cual el 24 de diciembre del año pasado definió los nuevos salarios mínimos, mediante el Decreto No 374-08 que estableció un salario mínimo de 5,500 lempiras (equivalentes a 290 dólares) mensuales para todos los trabajadores del sector urbano y 4,055 lempiras (equivalente a 240 dólares) para los obreros de la zona rural.

Aunque el aumento fue significativo, estudios realizados señalan que el costo de la canasta básica para una familia de cinco miembros alcanza los 6, 400 lempiras, o sea que con el aumento del salario mínimo apenas se puede cubrir un 80% de las necesidades básicas en un país pobre. Sin embargo, este giro populista de Manuel Zelaya provocó el malestar de la burguesía maquilera agrupada en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

La corriente de Manuel Zelaya está creando y ampliando la base social electoral, necesaria para mantenerse o conservar el poder, a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

3. 4. ¿Qué es la Cuarta Urna?

El presidente Manuel Zelaya no esta convocando a un plebiscito o referendo, en donde el pueblo, por medio de un proceso electoral, exprese democráticamente su opinión sobre determinado tema. La encuesta que se realizará el 28 de Junio sobre si se instala o no una cuarta urna en noviembre será realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que, por cierto, no está facultada para realizar consultas que tengan efectos vinculantes.

Para evitar el escollo que representa la mayoría de diputados liberales y nacionalistas dentro del Congreso Nacional, el presidente Manuel Zelaya, inventó la encuesta del 28 de Junio que es una pregunta donde la población debe responder a la pregunta sobre si se instala o no la cuarta urna, pero al final cualquier propuesta de incluir una Cuarta Urna en las próximas elecciones presidenciales de Noviembre, debe ser aprobada por el Congreso Nacional de conformidad con el artículo 5 de la Constitución de 1982, reformado en el año 2004.

En este forcejeo político, el presidente Manuel Zelaya está rompiendo el bloque monolítico de diputados opositores, en la medida en que diputados de Partido Nacional se han distanciado de Roberto Micheletti y han presentado un proyecto de ley para convocar a un plebiscito sobre la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Esta propuesta del Partido Nacional es mucho más directa, concreta y precisa, refleja un cambio en la correlación de fuerzas dentro del Congreso Nacional.

3. 5. Los ataques de la Iglesia yde otros sectores de la burguesía

En esta pelea por derogar la Constitución de 1982 y convocar a una Asamblea Constituyente, los otros sectores de la burguesía hondureña y la Iglesia Católica han atacado furiosamente la iniciativa del presidente Manuel Zelaya quien, defendiéndose de las acusaciones de continuismo,afirma que su propuesta “no prolonga mi mandato ni un minuto más (…) La cuarta urna determinará la reforma de la Constitución para el 2010 que tendría como escenario tener el sistema Republicano, Democrático del pueblo hondureño” (La Prensa 17/02/09)

Zelaya ha fustigado a los detractores de la Cuarta Urna: “No conocen la ley, no conocen los principios ideológicos del Partido Liberal, no conocen nuestra Constitución. Quisiera recordarles una frase que está en la Constitución para que la lean: la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes".(La Prensa 13/03/09)

En relación al tema de la Cuarta Urna, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, máximo representante de la Iglesia Católica,declaró que “la mayoría de nuestro pueblo piensa es que una consulta popular siempre es buena, pero no se debe caminar a tanta prisa porque hay otras prioridades que atender (…) el poder es para servir y el que quiere el poder para servirse ofende a Dios. Si es continuismo es un error y no lo va aceptar nadie”. (La Prensa 05/04/09)

Por su parte, el presidente el presidente Manuel Zelaya ha insistido en que “una nueva Constitución es una revolución ciudadana pacífica (…) la forma de gobierno se va a cambiar porque la forma de gobierno ahorita tiene una democracia representativa, el pueblo elige representantes y esos representantes toman decisiones por ellos y muchas veces engañan al pueblo, muchas veces lo traicionan (…) Ese es el cambio de la cuarta urna, ese es el cambio de una nueva Constitución y en cuanto (a) cuándo sería instalada la nueva Constitución, el próximo gobierno tendría la obligación al sólo instalarse y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en forma inmediata podría hacerlo para el mes de marzo, para el mes de julio del próximo año". (La Prensa 24/04/09)

Pero la Iglesia no ha quitado el dedo de la llaga. Un editorial del semanario FIDES de la Iglesia Católica critico ásperamente la propuesta de la Cuarta Urna: “Existe una campaña orquestada para reformar la Constitución de 1982 acusándola de ser la responsable de la situación de pobreza en que se debate la mayoría de la población. Pero no se especifican cuáles son los cambios puntuales que se quieren introducir, salvo algunas figuras legales de índole política que existen en otros países y cuya contribución al bien común no se explicita (…) Es preciso que exista meridiana claridad en los objetivos y propuestas para que el pueblo soberano decida con una conciencia ilustrada y no por intensas manipulaciones de campañas publicitarias” (La Prensa 16/05/09)

3. 6.- El Partido Nacional a favor de la Constituyente

Pese a la alharaca en torno a la Cuarta Urna, la realidad es que el presidente Manuel Zelaya logró imponer en la agenda política el tema de la derogación de la Constitución de 1982, y la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente preferiblemente para las elecciones de Noviembre de este año, aunque todavía no queda claro bajo qué mecanismos se hará esta convocatoria.

Es importante recalcar que la consulta sobre la necesidad de instalar una Cuarta Urna en las elecciones presidenciales de este año, no es un plebiscito o referéndum, ya que el pueblo no vota sino que debe responder a una pregunta.

Porfirio Lobo Sosa, candidato presidencial del Partido Nacional, se manifestó a favor de la consulta: “Siempre estaré de acuerdo que se consulte al pueblo; pero habría que definir cuáles son los temas, para qué es la cuarta urna, qué es lo que se va a consultar y las implicaciones. Eso es lo que hay que discutir" (La Prensa 16/03/09)

Dos meses después, Lobo Sosa en una reunión con empresarios declaró sin ambages: “Les propongo que convoquemos la elección de una Asamblea Constitucional o Constituyente, como la llaman otros, pero con límites, sin violar las leyes actuales, que nos permita a todos redactar la nueva Constitución”. Poco a poco las diferentes alas del Partido Liberal y Nacional se están reacomodando, poniéndose de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, coincidiendo en la necesidad de crear un nuevo statu quo que les permita gobernar Honduras en medio de la crisis del sistema capitalista mundial, otorgándole mayores poderes a la Presidencia de la República.

Pero, el Partido Nacional quiere mucho más. El candidato Pepe Lobo, en medio de la campaña electoral, ha propuesto la realización de un diálogo nacional con el gobierno: "Hago un llamado a los señores del Gobierno para que nos llamen a un diálogo y buscar una salida a toda la problemática que afecta a la población. Lo mejor es retomar la propuesta que he planteado que entre todos los sectores de Honduras busquemos una solución a este relajo a través de un gran diálogo, no más pleitos y divisiones, sentémonos a dialogar. Nuevamente invito Elvin Santos y al presidente del Congreso Nacional Roberto Michelleti, para que juntos saquemos adelante a nuestro país". (La Prensa 28/05/09.

Indudablemente que esta propuesta de “diálogo nacional” persigue el objetivo de acordar entre los grupos de poder, la convocatoria de la AsambleaConstituyente y las reglas del juego del nuevo statu quo que implicaría la aprobación de una nueva Constitución.

3. 7. Elvin Santos retrocede en el tema de la Cuarta Urna

La presión del gobierno de Manuel Zelaya sobre los candidatos presidenciales, en relación al tema de la Cuarta Urna, ha tenido efectos incluso sobre Elvin Santos, candidato del gobernante Partido Liberal, quien ha terminado aceptando la encuesta en torno a la Asamblea Constituyente.

Recientemente, Santos declaró “no tenemos miedo a la consulta. Estamos de acuerdo con la consulta, pero en base a ley. Seguimos estando en ley”. (La Prensa 16/05/09). Sin embargo, esta aceptación no es total. Los candidatos presidenciales se han reunido para exigir un “diálogo”

3. 8.- Evangélicos anuentes

Por su parte, la Comisión Nacional Pastoral, que reúnea un sector de las iglesias evangélicas, reunida el 1y 2 de Junio en Siguatepeque, emitió una Carta Pastoral, en la que afirman que “sin negar que existan elementos de la Carta Magna que podrían ser mejorados para responder a los intereses de todos, falta un análisis profundo y sereno para conocer los elementos que necesitan cambios, y especificar qué artículos de la Constitución no están conduciendo a la justicia, la libertad y la calidad de vida (…) Una propuesta para solucionar la crisis actual podría ser que el Congreso de la República apruebe una Ley Orgánica para las figuras del Plebiscito y el Referéndum ya existentes en nuestra Constitución”. (La Tribuna 05/06/09)

3. 9. Congreso Nacional discute ley sobre plebiscito y referéndum

Todos estos encuentros y desencuentros han tenido un resultado inmediato: el Congreso Nacional ya está discutiendo en tercer y último debate un proyecto de ley especial que regula el referéndum y el plebiscito. Ante la intentona del gobierno de Manuel Zelaya de realizar una encuesta en torno a si se instala o no la Cuarta Urna, a pesar de las resoluciones judiciales que la prohíben, tanto el Partido Nacional como el sector del liberalismo, encabezado por Roberto Micheletti, quieren conducir la propuesta del presidente Manuel Zelaya por los cauces de la legalidad burguesa, sumándose a regañadientes y en los hechos a la propuesta de consultar al pueblo sobre la necesidad con convocar a una Asamblea Constituyente.

La Cuarta Urna fue, como bien lo expresa el refrán popular, “el petate con que se asusta al muerto”, en este caso a los partidos burgueses de oposición para forzarlos a entrar en el camino de la Asamblea Constituyente.

3. 10.- ¿Un tardío régimen bonapartista sui generis?

La mayoría de los gobiernos nacionalistas burgueses de América Latina tienen un régimen político que hemos denominado “bonapartista sui generis”. Este concepto no lo hemos inventado nosotros, los hemos tomado de León Trotsky,quien a finales de los años 30 del siglo pasado, analizó el carácter “progresivo” del gobierno mexicano del general Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970), el cual siendo un gobierno capitalista había decretado la nacionalización del petróleo, expropiando a las compañías inglesas y norteamericanas. A este tipo de gobierno les denominó “bonapartismo sui generis”.

León Trotsky explicaba que "En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capitalismo extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o bien maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros". (La industria nacionalizada y la administración obrera, León Trotsky, Escritos Tomo X. Volumen II, paginas 482/483)

¿Acaso al final de su periodo presidencial, Manuel Zelaya encabeza un régimen bonapartista sui generis? El régimen político de Honduras todavía no ha cambiado, conserva las mismas características reaccionarias que estableció la Constitución de 1982, impuesta por el imperialismo norteamericano, pero la pelea por instaurar una Asamblea Constituyente refleja el desesperado intento del presidente Manuel Zelaya no solo de perpetuarse en el poder sino de convertirse también en el nuevo Bonaparte de la sociedad hondureña, capaz de garantizar la paz social y el equilibrio entre las clases, al mismo tiempo que redefine su relación con el imperialismo norteamericano.

Al inicio de su mandato, el presidente Manuel Zelaya, a pesar de su rosado discurso a favor del “poder ciudadano”, aparecía como un presidente más del sistema bipartidista compartido entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Sin embargo, a mitad del periodo, como ya hemos analizado, Manuel Zelaya realizó un giro hacia la izquierda: acercamiento con Daniel Ortega y Hugo Chávez, Honduras ingresó a PETROCARIBE y posteriormente al ALBA, se registraron tímidos roces con el imperialismo norteamericano, y se produjo un acercamiento del gobierno a las centrales obreras y la CNRP que agrupa al movimiento popular.

Fidel Castro declaró recientemente que Zelaya es “un hombre bueno, con fuerte dosis de tradición e inteligencia asombrosa (…) y que sufre profundamente los abusos del imperio” (Reflexiones 05/03/09), llegando al extremo de ceñirse su sombrero de terrateniente olanchano. Sin embargo, el presidente Manuel Zelaya no pretende instaurar un gobierno antiimperialista, aunque su administración ha tenido algunos roces con el gobierno de los Estados Unidos.

Para forzar a las otras fracciones de la burguesía a aceptar su plan de modificar o derogar la Constitución de 1982, sencillamente se ha apoyado en la dirigencia del movimiento obrero y popular, amenazando con desencadenar la movilización revolucionaria de las masas, a la que tanto le temen las otras fracciones de la burguesía. Los aumentos salariales, las concesiones a los empleados públicos, etc., han aumentado las contradicciones con los otros sectores de la burguesía, pero dista mucho de convertirse en un enfrentamiento con el imperialismo norteamericano.

No hay duda que el presidente Manuel Zelaya pretende instaurar un nuevo régimen político, un bonapartismo sui generis, es decir, un régimen bonapartista que otorgue mayores poderes al Presidente de la República, apoyándose al mismo tiempo en un sector del movimiento obrero y popular, repartiendo migajas a los trabajadores mientras logra el objetivo estratégico de derogar la Constitución de 1982.

4.- La CNRP y las candidaturas independientes

El sistema bipartidista de Honduras, mediante el cual se reparten el poder el Partido Liberal y el Partido Nacional, está en una profunda crisis terminal. Existe un desencanto de las masas trabajadoras con la democracia burguesa instaurada con la Constitución de 1982, pero este fenómeno de rechazo pasivo todavía no llega a convertirse en una fuerza revolucionaria de masas.

En este contexto de desencanto político con los partidos tradicionales y de un ascenso de las luchas populares, es innegable el rol que desempeña actualmente la CNRP. En los dos últimos procesos electorales, los trabajadores, la izquierda y el movimiento popular se expresaron políticamente a través del partido Unificación Democrática (UD). Por eso reviste mucha importancia analizar la crisis de esta formación política.

4. 1. La crisis de UD

El partido Unificación Democrática (UD), fue conformado por el Partido para la Transformación de Honduras, el Partido Revolucionario Hondureño, el Partido Morazanista de Liberación Nacional y el Partido Renovación Democrática (antiguo Partido Comunista de Honduras). Su nacimiento fue más bien el producto de la apertura reaccionaria impulsada por el presidente Rafael Leonardo Callejas, y no el producto de una fusión desde las bases, ya que no se discutió el programa, los principios y la estructura organizativa de la nueva organización.

Aun con todas esas debilidades, fue la primera vez en la historia de Hondurasque nació un partido de izquierda legal, que era un peligro innegable para el antidemocrático y excluyente sistema bipartidista. Pero el problema de la falta de un programa claro y una política revolucionaria se transformó en el principal peligro para la existencia de UD.

En las elecciones de los años 2001 y 2005, UD logró obtener cinco diputados, convirtiéndose en una alternativa real para los trabajadores y la izquierda. En el año 2005 obtuvo más votos que el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y la Democracia Cristiana (DC), convirtiéndose en la tercera fuerza política en un periodo de tiempo relativamente corto.

Sin embargo, UD vive actualmente una profunda crisis interna. Las corrientes que coexistían en su interior, han comenzado una dura lucha por controlar el aparato del partido. En la medida que UD obtuvo, diputados y conquistó un espacio en la superestructura política, comenzaron a desarrollarse tendencias marcadamente reformistas y oportunistas, de acercamiento con los gobiernos de turno

El giro a la izquierda del gobierno de Manuel Zelaya impactó negativamente en la dirigencia de UD. Primero fue expulsado el grupo encabezado por el ex candidato presidencial Matías Funes. Posteriormente, bajo el gobierno de Manuel Zelaya, con el pretexto de apoyar a un gobierno “progresista” la mayor parte de la dirigencia de UD claudicó al gobierno burgués de turno, poniendo en peligro la propia existencia de UD como proyecto amplio, democrático y unitario de la izquierda Hondureña.

En el último periodo se desarrolló una batalla política al interior de UD, en la que se enfrentaron la corriente “Pueblo Unido” encabezada por el diputado César Ham y Martín Pineda, y la corriente del “Movimiento Bases”, dirigida por el diputado suplente Tomás Andino Mencía. Este pleito interno terminó en una ruptura pública y en la conformación de dos directivas nacionales.

La discusión interna no giró en torno al programa y la política de UD sino que fue desvirtuada por los ataques personales de unos contra otros. Aunque el diputado César Ham, muy cercano al gobierno de Manuel Zelaya,logró mantener el control de la personalidad jurídica, derrotando a sus adversarios, el resultado final fue que UD se debilitó como proyecto unitario de la izquierda hondureña.

4. 2. La CNRP cierra filas con las candidaturas independientes

Con el giro a la izquierda y su acercamiento al chavismo, el gobierno de Manuel Zelaya logró atraerse un sector de la dirigencia del movimiento popular y de la propia UD, exacerbando al máximo las contradicciones al interior de este partido.

La CNRP quedó dividida temporalmente en dos corrientes: una que propugnaba por impulsar las candidaturas independientes, liderada por el Bloque Popular, y otra que se aferraba al aparato político de UD. En la asamblea de la CNRP realizada en Siguatepeque, el pasado 28 de Febrero, por primera vez se produjo un sisma de gran magnitud, en la medida en que no se logró adoptar una posición política unificada.

En esa ocasión, el dirigente sindical Carlos H. Reyes, declaró “que los debates dirigidos por la Coordinadora sirven para nuevamente exigir a los hondureños no volver a votar por el Partido Nacional, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana, por mantener posturas empresariales y privatizadoras en detrimento de los pueblos(...) Además aconseja a sí votar por los compañeros sindicalistas y dirigentes populares de lucha quienes ostentan una candidatura por un cargo público, ya sean que lo hagan dentro de las estructuras de la UD, el PINU, las posibles alianzas entre ambos partidos o por las candidaturas independientes que puedan surgir y al mismo tiempo asuman dentro de su Plan de Gobierno los 12 puntos de demandas populares propuestos por la Coordinadora”. (Común 2/3/09)

Juan Barahona, dirigente de la CNRP, resumió en pocas palabras este retroceso político: “Al final del debate no quisimos sacar un acuerdo forzado por el escaso consenso definitivo para que de forma unificada nos pudiéramos ir por la alianza entre la UD y el PINU o por la candidatura independiente; pero sí dejamos a las organizaciones en la posibilidad que cada una, si lo desean, retomen el seguimiento de las posiciones que más les convengan”. (Común 2/3/09).

Fue la primera vez que la CNRP dejó abierta la posibilidadde votar por un minúsculo partido burgués como el PINU. El Bloque Popular rompió la parálisis impulsando la candidatura independiente del sindicalista Carlos H Reyes para Presidente de la República, y de Bertha Cáceres, Nidia Hernández y Carlos Amaya, como designados presidenciales.

El descrédito de César Ham, quien aparece públicamente ligado al gobierno de Manuel Zelaya, formando parte de un Comité Cívico a favor de la Cuarta Urna, terminó de destruir políticamente a UD. Dentro de la CNRP la mayor parte de sus dirigentes, salvo raras y contadas excepciones, se identifican con el chavismo y también simpatizan con el gobierno de Manuel Zelaya. La división que afectó a la CNRP se debió a un asunto táctico pero extremadamente importante: El Bloque Popular apoya la Cuarta Urna y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pero también aspira a convertirse en la fuerza hegemónica dentro de la izquierda y el movimiento popular, y por ello considera que debe explotar esos sentimientos de independencia política del movimiento de masas. En cambio, el sector de UD ligado a César Ham es más proclive a llegar acuerdos y compromisos políticos con el gobierno, independientemente si afectan o no los resultados electorales.

Después de un periodo de tensa incertidumbre, en el Conversatorio del 6 de junio, llevado a cabo en el local de COLPROSUMAH en Tegucigalpa, al cual no asistieron las centrales obreras, campesinas y gremios magisteriales, se acordó “ratificar el acuerdo tomado en el conversatorio de Siguatepeque el día 9 de mayo, en el que la Coordinadora se declara a favor de la Candidatura Independiente Popular a nivel presidencial de los compañeros Carlos Humberto Reyes candidato a la presidencia y Bertha Isabel Cáceres Flores, Lidia Maribel Hernández Serrano y Carlos Raúl Amaya Fúnez como designados presidenciales.Extender este apoyo a las demás Candidaturas Independientes vinculadas al movimiento popular (…) La Coordinadora Nacional de Resistencia Popular apoya la consulta y la Asamblea Nacional Constituyente con el contenido que se definirá en el ENCUENTRO NACIONAL PARA LA REFUNDACION DE HONDURAS a realizarse en La Esperanza, Intibucá los días 13 y 14 del presente mes convocado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH”. La no asistencia de las centrales sindicales y de los colegios magisteriales nos indican la fragilidad de las decisiones de la CNRP.

4. 3.- ¿Una alianza de “mutua manipulación”?

Las candidaturas independientes reflejan un rechazo al bipartidismo pero también reflejan el ascenso de las luchas obreras y populares de los últimos años que, aunque no representa todavía una amenaza para el sistema capitalista semicolonial de Honduras, está haciendo madurar las conciencias en la búsqueda de una nueva alternativa política. A pesar de la antidemocrática Ley Electoral, y de tener apenas un mes de plazo para llenar los requisitos, las candidaturas independientes impulsadas por la CNRP y el Bloque Popular lograron reunir más de 60,000 firmas. Sin lugar a dudas, esta es una gran victoria política de la izquierda y del movimiento popular.

Sin embargo, entre las personalidades que apoyaron las candidaturas independientes están nada más y nada menos que el presidente Manuel Zelaya y el ex presidente Rafael Leonardo Callejas. ¿Qué encarna este acto simbólico? Significa que las diferentes fracciones de la burguesía están conscientes de la crisis del modelo político bipartidista y de la necesidad de implantar una válvula de escape a la sociedad hondureña, que encauce el descontento social por los oscuros pasillos del parlamento.

Ismael Moreno, sacerdote jesuita, miembro de la conducción colectiva de la CNRP, nos explica que los dirigentes de la CNRP “aprovechan a Mel para sacar sus propias reivindicaciones y utilizan al gobierno como palanca para presentarse como los verdaderos representantes en Honduras de la izquierda continental. Se trata de una alianza temporal de mutua manipulación (…) la candidatura independiente es un instrumento de ruptura real con el bipartidismo. Pero el lanzamiento extremadamente tardío de la candidatura de Carlos Humberto Reyes, así como sus vinculaciones con los intereses del Ejecutivo pueden llevar a la desnaturalización de tan valioso instrumento (…) El debate no está en la pertinencia de la reforma constitucional, sino en la intención que contiene esa Cuarta Urna. Si es para adecentar a la clase política, será un instrumento más, como lo han sido otros (…)” (Revista Envío No 328, mayo del 2009)

El padre Ismael Moreno ha tenido la virtud de colocar el dedo en la llaga, diciendo lo que nadie quiere decir, alertando sin hipocresía sobre el peligro real de una posible manipulación de las candidaturas independientes por parte del gobierno de Manuel Zelaya.

4. 4.- La importancia del programa y los métodos de lucha

Al impulsar las candidaturas independientes, el Bloque Popular y posteriormente la CNRP, han adoptado como programa político los 12 puntos del Plan de Lucha aprobados en Febrero del 2008. Como ya hemos explicado, se trata de un programa esencialmente democrático, gremial, que retoma los planteamientos de los diferentes sectores sociales que conforman la CNRP. Es progresivo en la medida en que unifica las luchas, las centraliza, pero no ayuda a los trabajadores y sectores populares a romper con el sistema capitalista ni a organizarse de manera independiente en nuevo partido político. En ese sentido, tiene muchas limitaciones.

No obstante, en la medida en que el Bloque Popular se postula como una alternativa política diferente a los partidos de la burguesía, ya no estamos en una lucha gremial sino ante una lucha por conquistar el gobierno. No podemos hacer de la independencia un fetiche. No basta declarar “soy independiente”. Debemos decir que somos independientes de los partidos de la burguesía y del proyecto político que representa actualmente el presidente Manuel Zelaya.

La única manera de demostrar una independencia real es agitando un programa anticapitalista ante las masas trabajadoras, y utilizando la actual campaña electoral, no sólo para ganar diputados o conquistar la misma Presidencia de la República, sino primordialmente para discutir qué tipo de gobierno debe suceder al actual gobierno de Manuel Zelaya, y cuál debe ser el programa para hacerle frente a la crisis del sistema capitalista.

La única manera de evitar que el fenómeno enormemente progresivo de las candidaturas independientes sea manipulado por el actual gobierno y las otras fracciones de la burguesía, es que la CNRP y el Bloque Popular adopten un programa anticapitalista, es decir, de lucha y movilización contra la crisis de la economía capitalista.

5.- El problema de la Asamblea Nacional Constituyente

El Bloque Popular nunca ha ocultado sus coincidencias políticas con el gobierno de Manuel Zelaya en el tema de la Cuarta Urna y la necesidad de convocar a unaAsamblea Nacional Constituyente.

En una Declaración reciente el Bloque Popular afirma: “Apoyamos la elección de una asamblea nacional constituyente formada en su mayoría por diputados de las clases populares (Obreros, campesinos, artesanos, pobladores, capas medias conscientes de las necesidades del pueblo). La nueva constitución debe servir para refundar el Estado Nación, darle el poder a verdaderos representantes del pueblo, que permitan darle solución a los 12 puntos de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular y a las razones estructurales de las inequidad social (…) a la oligarquía y a las transnacionales no les preocupa la reelección o el continuismo, lo que les preocupa es que con una nueva constitución perderán sus privilegios de dominación sobre el trabajo y apoderamiento de nuestros recursos naturales, servicios públicos y mercados para seguir obteniendo ganancias multimillonarias y atentando contra nuestra soberanía e independencia. Es por eso que hacemos este llamado a todo el pueblo para que apoye la consulta popular”. (Comunicado del Bloque Popular 12/05/09)

Consecuentes con lo que afirman, el Bloque Popular convocó el 11 de Junio a una marcha de apoyo a la “consulta popular”, es decir, de apoyo político a la encuesta de la Cuarta Urna. Decenas de miles de trabajadores y empleados públicos marcharon en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba y Choluteca, sin delimitarse políticamente del proyecto político del presidente Manuel Zelaya.

El tema de las libertades democráticas y de la Asamblea Nacional Constituyente siempre han dividido a los revolucionarios. La Asamblea Nacional Constituyente es la máxima expresión de la democracia burguesa. Su convocatoria fue extremadamente revolucionaria en la lucha contra los vestigios del absolutismo, porque representaba una alternativa de poder diferente contra los privilegios de la nobleza.

Sin embargo, en la actualidad, en el periodo de decadencia del capitalismo, la burguesía ha despojado a la Asamblea Constituyente de la esencia revolucionaria. Su convocatoria casi siempre es utilizada para remozar el sistema, para evitar que las masas trabajadoras transiten por el camino de la revolución socialista. En los países donde la mayoría de la población es campesina, la consigna de Asamblea Constituyente puede ayudar a los socialistas a unificar a los trabajadores con los campesinos. Ante la consigna de Asamblea Constituyente surgen dos actitudes: una sectaria y ultraizquierdista que menosprecia las aspiraciones democráticas de los trabajadores, y otra oportunista que embellece y se adapta dócilmente a la democracia burguesa.

En el caso de Honduras, las diferentes fracciones de la burguesía comienzan a coincidir en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, no para impulsar la revolución social, sino para reformar el sistema bipartidista en crisis. La burguesía siente la imperiosa necesidad de incorporar a la dirigencia del movimiento obrero y popular a las curules parlamentarias, para que los problemas se discutan dentro del Congreso Nacional, y no en las calles, con las manifestaciones, huelgas y tomas de puentes y carreteras.

Indudablemente, la inminente convocatoria a una Asamblea Constituyente representa una magnífica oportunidad para que la izquierda, la CNRP y el Bloque Popular encabecen una alternativa de poder de los trabajadores y del pueblo. El dilema sigue siendo: aprovechar la oportunidad para organizar a las amplias masas promoviendo la independencia política de los trabajadores, o tener ilusiones en que la redacción de una nueva Constitución arreglaría los problemas de Honduras.

En todo caso, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe estar precedida de una urgente reforma de la Ley Electoral, que abra los espacios políticos a las demás fuerzas de izquierda. Se debe romper con la nefasta tradición de que las Asambleas Constituyentes se convocan “amarradas”, es decir, pactadas, previo acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Nacional.

No basta plantear la necesidad de que una Asamblea Nacional Constituyente discuta democráticamente cual debe ser la forma de gobierno, y que tipo de Estado necesita Honduras. Los socialistas debemos plantear al mismo tiempo la necesidad de instaurar un gobierno de los trabajadores y los pobres, el único que puede liberarnos de los males del capitalismo. Solo de esta manera evitaríamos caer en la trampa que están tejiendo las diversas fracciones de la burguesía en contra del movimiento obrero y popular.

6.- Por una política independiente, de los trabajadores y los pobres

El presidente Manuel Zelaya se perfila como el gran reformador del Estado y del sistema político Hondureño. Con la presión de la encuesta de la Cuarta Urna, ha obligado a las otras fracciones de la burguesía a aceptar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

1.- La encuesta de la Cuarta Urna es antidemocrática porque no le permite a los trabajadores y al pueblo decidir de manera activa y democrática sobre el tema.

2.- Rechazamos la encuesta de la Cuarta Urna, llamamos a los trabajadores a luchar en las calles, exigiendo al Congreso Nacional que vote una urgente reforma a la Ley Electoral, para evitar que la inminente convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se convierta en un mecanismo más de manipulación de la voluntad popular.

3.- Llamamos a la CNRP y las candidaturas independientes, encabezadas por Carlos H Reyes, a discutir democráticamente y de manera inmediata el programa para combatir la crisis del capitalismo en Honduras. Este programa debe brindar soluciones concretas al problema del desempleo, los bajos salarios, la recuperaciónde la soberanía nacional exigiendo el cierre inmediato de las bases militares yanquis, la educación y la salud gratuita para la población, garantizar los derechos laborales de maestros, médicos y empleados públicos, financiar la pequeña y mediana producción agrícola imponiéndole más impuestos a los ricos.

Los sectores estratégicos de la economía de Honduras y los recursos naturales deben ser nacionalizados bajo el control de los trabajadores. Se debe reconocer los derechos de las comunidades indígenas. Los servicios públicos deben estar en manos del Estado y deben beneficiar a los sectores más pobres.

En pocas palabras, se debe reorganizar Honduras en beneficio de los trabajadores y los pobres. ¡¡La crisis la deben pagar los capitalistas!!

4.- Llamamos a la CNRP y las candidaturas independientes, encabezadas por Carlos H Reyes, a romper políticamente con el proyecto de Manuel Zelaya y de cualquier otra fracción de la burguesía. La teoría de la “mutua manipulación” es sumamente peligrosa para la izquierda, los trabajadores y el movimiento popular.

 

Centroamérica,20 de Junio del año 2009.

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

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