El actual proceso electoral en Guatemala tiene como trasfondo el empobrecimiento generalizado de los trabajadores, campesinos y grupos oprimidos de la sociedad. El alza a nivel mundial de los cereales, materias primas y el petróleo han incidido en la economía del país provocando una inflación del 7.04% para el mes de julio, por encima de la meta anual de entre un 4 y 6 por ciento que había aprobado la Junta Monetaria para 2011.
El nivel alcanzado por la canasta básica alimentaria para el mismo mes es de Q 2,376.00, según datos del Instituto Nacional de Estadística, por encima del salario mínimo de Q 2,187,54 (unos US$ 237.50). La canasta básica vital, que refleja el gasto real que tienen que hacer las familias trabajadoras, pues incluye gastos en vivienda, educación, salud, servicios básicos, transporte, etc., casi duplica el salario mínimo, llegando a Q 4,335.77 (cerca de US$ 542.00).
Este incremento acelerado de los precios se suma a una situación crónica de pobreza y extrema pobreza que afecta al 56 y 21 por ciento de la población respectivamente, con altas tasas de desnutrición y mortalidad infantil. El desempleo estructural provoca que un 59.65% de la población económicamente activa esté subempleada o tenga empleos informales, sin las garantías sociales de ley, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos publicada en enero de este año por el Instituto Nacional de Estadística.
Por otro lado, la crisis mundial del capitalismo durante 2008 y 2009 tuvo como consecuencia una baja en los ingresos del Estado que ha provocado un grave déficit presupuestario. La empecinada oposición de sectores de la burguesía y sus partidos políticos a las sucesivas propuestas de reformas tributarias presentadas por el gobierno obligó a éste a recurrir al endeudamiento interno y externo para cubrir sus gastos. La bomba explotó en el segundo trimestre del año, cuando los partidos de oposición en el congreso se negaron a aprobar una ampliación presupuestaria, la Ley Antievasión II y una serie de préstamos internacionales que permitirían cubrir los gastos del Estado hasta fin de año.
Durante tres meses la oposición parlamentaria recurrió tácticas dilatorias para impedir el financiamiento de los gastos del gobierno, provocando una crisis y el anuncio de recortes en los gastos de los ministerios. Fue hasta en los últimos días de agosto, probablemente ante la evidencia de que cualquier partido que quede en el próximo gobierno heredará la crisis presupuestaria, que se empezaron a aprobar los préstamos.
En este marco, hemos asistido a importantes movilizaciones de empleados públicos, en especial maestros y trabajadores de la salud (quienes año con año han venido realizando importantes luchas) reclamando el aumento del presupuesto de sus respectivos ministerios, pues la educación y la salud públicas son áreas que funcionan en una situación de colapso permanente. En las últimas semanas ambos sectores, con el apoyo de estudiantes universitarios han coordinado sus protestas y bloqueos, presionando al Congreso para aprobar el flujo de recursos hacia el ejecutivo.
La conflictiva situación en el campo se ha manifestado este año con protestas campesinas, que entre otras cosas exigen la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural que lleva varios años engavetada en el Congreso, y desalojos de comunidades, en especial las familias que ocupaban fincas azucareras ubicadas en el Valle del Polochic.
Un proceso electoral peculiar
Una de las características de estas elecciones ha sido la gran cantidad de partidos inscritos legalmente. El número asciende a 28, aunque algunos no se presentaron a elecciones, otros se presentaron en bloques de alianzas y otros más sólo presentaron candidaturas para alcaldías y diputaciones. En total hay diez candidaturas presidenciales. Esta cantidad de partidos indica que la oligarquía capitalista no ha logrado estructurar partidos estables y fuertes que representen de manera clara sus intereses. Los partidos se han caracterizado por no tener una ideología coherente ni definida. Casi siempre se construyen alrededor de un caudillo que deja muy pocos espacios para el surgimiento de otros líderes o de nuevas generaciones que renueven su liderazgo.
Los políticos normalmente ven a los partidos como vehículos para conseguir sus intereses particulares. Hemos visto el caso de bloques de diputados que forman agrupaciones políticas al abandonar a los partidos que los llevaron originalmente a sus curules. Los diputados también a título individual se cambian continuamente de partido, según convenga a sus intereses. Esta costumbre la vemos también en muchos alcaldes, que se pasan de un partido a otro con el fin de ser reelectos en sus cargos.
La falta de tradición democrática, y la falta de interés de la oligarquía por conformar opciones políticas claras, se han conjugado para permitir que en los partidos sobrevivan los lastres del clientelismo, el caudillismo, el arribismo y las ambiciones personales, dando lugar a partidos efímeros, sin programas claros, sin tradiciones ni estructura perdurable.
El irrespeto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
Por otro lado, los partidos más importantes han irrespetado la Ley Electoral y de Partidos Políticos, haciendo campaña antes de la convocatoria oficial y gastando en publicidad más de los Q 48 millones que puso como límite el Tribunal Supremo Electoral. Basta ver la saturación y la contaminación visual causada vallas, pintas, anuncios televisivos, mantas, concentraciones en lugares públicos y otros medios de propaganda desde inicios del año para imaginar la cantidad de millones que han invertido en la campaña.
Ha sido hasta recientemente, el 30 de agosto, que la organización Acción Ciudadana denunció que según los monitoreos que ha realizado, el Partido Patriota y la alianza Une-Gana se pasaron del límite de gastos, con Q 88 y Q 61 millones invertidos en campaña respectivamente. El partido Libertad Democrática Renovada llegó al límite con Q 48 millones gastados. Según Acción Ciudadana, en esta campaña los partidos están gastando alrededor de Q 2 millones diarios. (Diario La Hora 30/8/11). El Tribunal Supremo Electoral también denunció al Partido Patriota por haber superado el techo presupuestario con Q 58 millones gastados hasta julio.
Este gasto exagerado resulta vergonzoso en un país con el nivel de pobreza que tiene Guatemala, con el estado desastroso en que se encuentran los servicios básicos como salud, vivienda, educación, agua y energía eléctrica. Es también un indicador de que la democracia liberal burguesa funciona como un mercado, en que los candidatos y partidos se ofrecen como mercancías y se promocionan mediante campañas irracionales, que no apelan a la razón y los planteamientos serios, sino al subconsciente, mediante el marketing publicitario. En el capitalismo todo se convierte en una mercancía.
Han sido los propios partidos, por medio de sus diputados en el Congreso los que han diseñado una Ley Electoral a su conveniencia, débil y complaciente, que interpretan a su antojo. Lo paradójico es que son estos mismos partidos y diputados quienes tienen el derecho exclusivo de cambiar, mejorar o empeorar la Ley Electoral en el Congreso. Así funciona la institucionalidad burguesa.
Las prohibiciones constitucionales: El caso de Sandra Torres
El escenario mediático de la contienda electoral estuvo dominado hasta agosto por la controversial candidatura de la ex primera dama Sandra Torres.
Después de meses de rumores, sugerencias indirectas de ella misma y del presidente Colom, peticiones públicas de las bases de su partido y de los diputados de la UNE, el 8 de marzo Torres anunció que sería candidata presidencial por el partido oficial Unidad Nacional de la Esperanza, en coalición con el partido Gran Alianza Nacional
El artículo 186 de la Constitución establece que no pueden ser candidatos los parientes del presidente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pero el artículo 190 de código civil dice que los cónyuges son parientes pero no forman grado. Para evitar toda controversia legal contra la candidatura de Torres, la pareja presidencial decidió divorciarse, mediante sentencia emitida por una jueza el 8 de abril.
El 29 de junio, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral denegó la solicitud de inscripción de Sandra Torres y Roberto Díaz Durán como candidatos a presidente y vicepresidente por la coalición Une-Gana, en base al mencionado artículo de la Constitución y aduciendo fraude de ley. Esto generó una sucesión de recursos y amparos, respaldados por la movilización masiva de miles de seguidores en apoyo de la candidatura de Torres. Este proceso finalizó el 8 de agosto, cuando la Corte de Constitucionalidad falló en definitiva en contra de la ex primera dama, truncando sus aspiraciones presidenciales y eliminando la candidatura que se posicionaba en segundo lugar en todas las encuestas.
El fallo de la Corte de Constitucionalidad dejó fuera de la contienda una candidatura que no era del agrado de la oligarquía tradicional y los grupos económicos de poder. El apoyo de grupos empresariales emergentes, sin acceso previo al poder político y que se han beneficiado de los negocios con el Estado; el esfuerzo por implementar ciertas políticas fiscales que buscan mejorar los ingresos estatales para invertir en programas sociales; la utilización de un discurso retórico basado en la dicotomía ricos/pobres; la movilización política de la población pobre que se ha beneficiado de los programas asistenciales; la presencia en las instituciones gubernamentales de ex militantes de la guerrilla o la izquierda.
Estos factores evidencian en la Une y Torres, una conducta política que se escapa del control de los poderes económicos y políticos tradicionales y condujeron a éstos a impugnar la candidatura de Torres y sacarla del juego electoral con el pretexto de defender la Constitución de la República. Si bien durante el gobierno de Colom el empresariado oligárquico logró doblegar al mandatario y otras veces negociar con él exitosamente para hacer prevalecer sus intereses, una continuación del mismo tipo de lineamientos en un hipotético e incómodo gobierno de la ex primera dama resultaba totalmente indeseable. Por ende, la consigna fue impedir su candidatura, lo que se logró.
Las opciones de la burguesía que encabezan las encuestas
Los partidos que participan en el proceso electoral expresan los intereses y los lineamientos de al menos tres grupos de poder económico que buscan el control del poder político.
El primero es el poder económico tradicional, conformado por las familias de la oligarquía que durante largos años han controlado la economía por medio de los latifundios de cultivos tradicionales, el comercio, los monocultivos y los grandes oligopolios de la agroindustria. El segundo es un poder económico emergente, en parte surgido de la oligarquía, como un sector modernizante vinculado a grandes grupos corporativos y en parte compuesto por otro sector que se ha enriquecido mediante negocios con el Estado. El tercero es el narcotráfico y en general, el capital vinculado al crimen organizado, cada vez más poderoso, y que es responsable de la violencia política por el control de las alcaldías en el interior del país.
Hay otros dos grupos de tratan de obtener un espacio de poder influenciando los partidos políticos. Son las estructuras paralelas al Estado (civiles y militares) surgidas durante el conflicto armado interno y los grupos oligopólicos de los medios de información masiva. Todos estos grupos de interés tienen en algún punto relación entre sí, no están aislados, a ciertos niveles interactúan y comparten negocios. Además, las grandes empresas transnacionales también hacen valer sus intereses interactuando también con los otros grupos y, lo que es vital para ellas, influyendo en las decisiones del Estado y los gobiernos.
Por razones de espacio examinaremos brevemente los intereses que se expresan en las tres candidaturas que encabezan las encuestas. A la cabeza está el Partido Patriota con una intención de voto del 39.6%, le sigue Libertad Democrática Renovada con el 18.5% y en tercer lugar está el partido Compromiso Renovación y Orden, con el 11.3%; esto según la encuesta realizada por Prodatos por encargo de Prensa Libre y publicada por ese matutino el 22 de agosto (la encuesta de Borge y Asociados publicada por El Periódico el 17 de agosto otorga el 44.8% al Partido Patriota, el 11.7% a Creo y un 10.7% a Líder).
El Partido Patriota (PP)
El PP tiene como candidato a la presidencia a su líder y fundador el general retirado Otto Pérez Molina. La trayectoria de Pérez indica que con un gobierno dirigido por él hay un peligro real de que recrudezca la represión y el hostigamiento contra las organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, estudiantiles y de derechos humanos. La parte más cruda de esta represión no estaría a cargo de las instituciones del Estado y el gobierno, sino de los grupos paralelos clandestinos de ultraderecha.
Se graduó como oficial del ejército en la Escuela Politécnica, realizando después estudios en la Escuela de las Américas (escuela en la que el ejército de los Estados Unidos ha entrenado a los militares represores de América Latina) y en el Inter-American Defense College. Pérez fue comandante militar bajo el gobierno dictatorial del general Ríos Montt, cuando se aplicó la política contra insurgente de Tierra Arrasada. En esta época fue comandante de la base militar en Nebaj y en otros lugares donde ocurrieron masacres, desapariciones y torturas. Posteriormente fue jefe de la inteligencia militar e inspector general del ejército. En 1994 hizo parte de la cúpula militar que fue implicada en el asesinato del juez Edgar Ramiro Elías Ogáldez, así como en la ejecución extra judicial del guerrillero Efraín Bámaca.
El plan de gobierno del PP contempla aumentar la inversión extranjera, adaptándose a las normas de la Organización Mundial de Comercio. Limita la intervención del Estado en las políticas económicas de las maquilas, call centers y empresas mineras, a modo de garantizarles la exención de impuestos y facilitar la alianza público privada para construir grandes infraestructuras.
En el equipo del PP figuran una serie de oficiales en retiro como Julio Balconi, Ricardo Bustamante, Marco Antonio Taracena, Mario Mérida, Mauricio López Bonilla y Roberto Letona Hora. Ellos conformarían el equipo de política de seguridad. El jefe de campaña es uno de ellos, López Bonilla, quien participó durante la guerra interna en el área de operaciones Xibalbá en Alta y Baja Verapaz, y fue asesor del ex general genocida Efraín Ríos Montt.
Ligada al financiamiento del PP está la familia Castillo Sinibaldi, una rama de la familia Castillo Córdova, que conforma la poderosa Corporación Castillo Hermanos, uno de los grupos económicos más importantes del país. Representando a esta familia están Ricardo Castillo Sinibaldi, ex candidato a vicepresidente del PP en 2007 y actual miembro honorario del partido, y Alejandro Sinibaldi, actual candidato a la alcaldía de la capital. Este último está vinculado al grupo publicitario Imágenes Urbanas.
Son también financistas del PP el grupo Emisoras Unidas, la cadena Radio Corporación Nacional. En menor grado han colaborado con el PP Dionisio Gutiérrez, los Novella, el grupo La Fragua y algunos grupos azucareros como la familia Leal. En el interior del país el PP está vinculado al grupo de Simón Penados, vinculado al narcotráfico y a los narcos Juan Ortiz y los Mendoza. También están vinculados al PP grupos de poder locales aglutinados alrededor de negocios corruptos de obras públicas, liderados por caciques que fueron conquistados al Frente Republicano Guatemalteco.
Podemos decir que lo financia un 50% de capital emergente y narcotráfico y un 25% de capital tradicional y un 25% de capital que interactúa entre estos tres sectores.
Libertad Democrática Renovada (Lider)
Surgió como una bancada independiente cuando su líder y candidato presidencial el empresario Manuel Baldizón decidió separarse de la Une con 10 diputados, logrando más adelante su inscripción como partido político. Baldizón tiene fuerte influencia en el departamento del Petén, de donde es originario, en especial sobre cinco corporaciones municipales.
Los intereses que representa son los de sus financistas, las familias Baldizón Tager y Baldizón Méndez, con inversiones el transporte, construcción y comercio (Grupo Balvar S.A., Jemabal S.A., Autobuses del Norte, Gasolineras Jaguar, autobuses Línea Dorada).La Gremial de Empresas de Seguridad Privada tiene presencia a través de su directivo el teniente Sergio Bardales, parte de la estrategia de seguridad de Líder.
La transnacional petrolera francesa Perenco está vinculada con Baldizón, quien fue ponente y operador de la ley que permitió en el Congreso la ampliación por 15 años del contrato que le permite operar en la Laguna del Tigre. A través de Minondo Ayau de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Líder está vinculado al tráfico de armas, y a través de Luis Mendoza a la corrupción en la ejecución de obras. Líder representa al capital emergente y al narcotráfico, con algunas interacciones con el capital tradicional.
Compromiso, Renovación y Orden (Creo)
Este es un partido de reciente formación fundado por sus candidatos a presidente, vicepresidente y alcalde metropolitano, Eduardo Suger Cofiño, Petrona Laura Reyes y Eduardo González Díaz Durán respectivamente.
Suger ya fue candidato a la presidencia en dos ocasiones anteriores por otros partidos. Es un coronel asimilado ex asesor del ejército y empresario de la educación. Roberto González fue funcionario público durante el gobierno de Óscar Berger y la Gana (2004-2008).
El actual secretario general de Creo es José Rodolfo Neutze Aguirre, vinculado a una de las empresas aseguradoras más grandes del país Aseguradora General y a la cadena de taxis Amarillo Express. Otros financistas de Creo están vinculados a la familia Botrán, perteneciente a la oligarquía tradicional, y a sectores azucareros. Podemos decir que Creo está vinculado a un capital mixto predominantemente tradicional.
El Frente Amplio
La izquierda guatemalteca se presenta en estas elecciones con un proyecto unitario llamado Frente Amplio, que aglutina a los partidos que tienen sus raíces en la antigua guerrilla, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Alternativa Nueva Nación, al partido indigenista Winaq y al Movimiento Nueva República.
Desde al menos el segundo semestre de 2009, URNG y ANN anunciaron su unidad de acción, después de zanjar las agrias diferencias que condujeron a la separación años atrás. En 2010 ANN recuperó su legalidad como partido y en mayo fue anunciada la formación de la Mesa Unitaria de Izquierda. Esta mesa, conformada por URNG, ANN, el Frente Popular, el Partido Guatemalteco del Trabajo y el Colectivo Clavel Rojo, divulgó un plan interesante y mucho más concreto que los planteamientos habituales de los partidos de la ex guerrilla, como parte de un proyecto no electoral.
El plan incluía la nacionalización de los recursos estratégicos (agua, minerales, banca), la reforma agraria, la reforma fiscal, la protección del ambiente y los recursos naturales y garantizar la socialización de la riqueza producida. Frente al discurso de democracia real funcional y participativa con justicia social, etc. de ANN y URNG, este plan representaba un adelanto importante. En octubre la Mesa publicó un comunicado, esta vez sin la inclusión del PGT. Posteriormente la Mesa Unitaria de Izquierda sucumbió ante las claras intenciones de ANN y URNG de participar en el proceso electoral
A finales de diciembre, el llamado se hizo esta vez a todas las organizaciones populares, a formar un Frente Amplio o Frente Unitario, para asumir la tarea de “…cambiar esta realidad en la que nos tienen, sin trabajo digno, seguridad social, sin una política agraria, en una hambruna y desnutrición profunda, entregando nuestro recursos naturales, servicios públicos y la soberanía nacional…” y “…la construcción de un Frente Unitario que ponga al servicio de los guatemaltecos un gobierno distinto que haga transformaciones de fondo que Guatemala necesita. El único camino, para terminar con la pobreza, la injusticia, la inseguridad, la corrupción, la tenemos en nuestras manos…” (Extractos del discurso televisado “Llamado de Año Nuevo del Frente Nacional de Lucha para el 2011”, pronunciado por su secretario general Luis Lara).
La idea de formar un frente de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares junto con los partidos de izquierda ofrecía un panorama alentador, y nuestra asistencia a las asambleas previas a la proclamación del FA nos confirmó esa visión. Pero el éxito del proyecto dependía de que su intención no fuera puramente electoral, sino de largo plazo, y de que su funcionamiento interno fuera democrático, además de que no incluyera partidos ni organizaciones empresariales.
Sin embargo, fue en estos puntos que los dirigentes de la ex guerrilla y el MNR dieron la espalda al proyecto original. Siguiendo su tradición verticalista y autoritaria, y priorizando la visión electoralista al buscar una figura “popular” para la candidatura, los líderes de los partidos llegaron a acuerdos con Winaq sin tomar en cuenta la opinión de las organizaciones sociales de masas que hacían parte del FA. Según se sabe, fue la principal dirigente de Winaq, Rigoberta Menchú, quien pidió negociar exclusivamente con los partidos políticos haciendo a un lado a las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas, petición a la que oportunistamente accedieron la URNG, ANN y MNR, sin tomar en cuenta que Winaq no había participado en el trabajo de meses que se venía haciendo para formar el Frente.
El sábado 7 de mayo, el Frente Amplio, proclamó a su binomio presidencial para las próximas elecciones. El anuncio fue hecho durante la primera asamblea general de Winaq. En ella la Sra. Rigoberta Menchú Tum fue anunciada como candidata a presidente por el Frente Amplio. Como candidato a vicepresidente fue proclamado el diputado Aníbal García, dirigente del MNR.
El malestar entre las organizaciones sociales se extendió como un cáncer hasta provocar que el Frente Nacional de Lucha y la organización indigenista Tzuk Kim Pop abandonaran el Frente Amplio. Según declaraciones del dirigente del FNL Luis Lara, la escogencia de los candidatos no fue democrática, se hizo sin consultar a las bases, y cuestionó la idoneidad de la figura de la Sra. Menchú (“Nuestras bases recuerdan su papel durante el gobierno de Berger y no olvidan”).
Por su lado, Tzuk Kim Pop adujo como motivo de la ruptura, además de no estar de acuerdo con el binomio presidencial, que la agenda del FA estaba marcada por la coyuntura electoral (diario El Periódico 10/5/11). En un comunicado fechado el 16 de mayo, el FNL hizo oficial su salida del FA, en los siguientes términos: “Lamentamos que este proceso no se haya respetado, en condiciones democráticas, en la toma de decisiones y los mecanismos y procedimientos acordados en consenso en esta mesa, lo que determinó la toma de decisión por el FNL, que se materializó el sábado 30 de abril DE RETIRARNOS DEL FRENTE AMPLIO. Por considerar que a lo interno se violentaron los mecanismos democráticos consensuados, siguiendo prácticas de imposición que no permiten avanzar en la unidad.”
El Frente Nacional de Lucha representaba dentro del FA a sectores importantes del movimiento de masas, especialmente a los trabajadores estatales y comunidades que han luchado recientemente por el sistema de salud y contra Unión Fenosa. Sin el FNL y Tzuk Kim Pop, el FA se convirtió en un cascarón formado por partidos que no representan las luchas del pueblo trabajador.
La URNG, la ANN, el MNR y Winaq podrán tener varios miles de afiliados, pero son afiliados pasivos, colecciones de firmas que no representan a los trabajadores y campesinos que están dando la batalla contra el capitalismo. Los candidatos del FA, salvo algunas excepciones, no son dirigentes populares ni luchadores sociales, sino funcionarios de los partidos, aislados de la lucha real de las masas oprimidas.
La figura de la Sra. Menchú es de por sí cuestionable. Ella obtuvo un 3.09% de los votos cuando se presentó como candidata a presidente en 2007. El hecho de que ella pertenece a una etnia indígena no fue ni es garantía de que tenga el respaldo masivo de este sector mayoritario de la población. Recordemos que la III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas realizada en Guatemala en marzo de 2007 rechazó tajantemente apoyar su candidatura ese año (ver diario La Hora 31/3/07). Menchú nunca se ha pronunciado a favor de las luchas de los campesinos indígenas por la tierra y por la defensa de sus territorios.
Lo más reprochable es que la Sra. Menchú fue embajadora de buena voluntad del gobierno de Óscar Berger, representante idóneo de la oligarquía, esa misma oligarquía que apoyó en silencio, en la sombra, a los gobiernos militares que asesinaron a decenas de miles de indígenas, incluyendo al propio padre de Menchú.
El planteamiento del Frente Amplio
La propuesta del Frente Amplio para un futuro gobierno es en extremo moderada, proviniendo de partidos de izquierda. El respeto a las leyes de la institucionalidad burguesa y una cierta mistificación de la democracia burguesa formal se percibe en el programa presentado por el FA el 12 de julio pasado. Contempla una serie de medidas que implican una ampliación considerable de la democracia, pero sin salir del marco de la institucionalidad burguesa.
Las siguientes citas tomadas de la versión del programa colocada en la red nos muestran la visión legalista del Frente Amplio.
“…En síntesis estamos comprometidos con la democracia participativa, con el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, con la paz y la vida digna de las personas y los pueblos”.
“…El Plan de Gobierno del FRENTE AMPLIO se basa en la Constitución de la República, los Acuerdos de Paz, el Tratado Marco de Seguridad en Centroamérica y la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad”.
“…El FRENTE AMPLIO se compromete con la vigencia y respeto absoluto del ESTADO DE DERECHO y adopta como parte fundamental de su propuesta la LUCHA EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD…” (Las palabras en mayúscula y negrita están así en el documento).
Por otro lado, la señora Menchú manifestó posturas en extremo conservadoras en temas de sexualidad y educación sexual. En un foro organizado por la iglesia católica con los candidatos a presidente sobre estos temas el 13 de julio, doña Rigoberta se pronunció, junto a los candidatos burgueses, en contra del aborto, en contra de que las parejas homosexuales adopten niños, en contra de que el gobierno distribuya anticonceptivos, en contra del divorcio y en contra de la promoción de manuales de educación sexual (Diario El Periódico 14/7/11).
Confiamos en que los dirigentes de la URNG y la ANN no piensen igual que su candidata presidencial, pero la izquierda no puede tener una postura tan clerical y mojigata en temas que atañen a los derechos de la mujer, de los jóvenes y los homosexuales.
Las propuestas del Frente Amplio en los temas de seguridad, problema agrario, política fiscal, seguridad ambiental, la problemática del transporte en la capital y justicia social implican un avance en cuanto a democratización general del país. Pero el FA coquetea con la participación de los empresarios en su gobierno. Hablando del financiamiento de la respuesta de su gobierno a los problemas del país, Menchú declaró “…Más que nunca el empresariado debe representar un papel fundamental. Quisiera tener al empresariado guatemalteco honesto, limpio y de dinero bien habido a mi lado, y derrotar a los negocios ilícitos…” (Entrevista a Prensa Libre 2/9/11).
Es claro que la izquierda reformista guatemalteca no está para nada planteando un programa revolucionario. Se trata de un planteamiento democrático, con algunas medidas contra el neoliberalismo. Bajo un gobierno de esa naturaleza es indudable que los trabajadores y oprimidos estarán en mejores condiciones para luchar contra el capitalismo, pero en sí mismo el Frente Amplio no ofrece una alternativa de poder popular frente al Estado y la institucionalidad burguesas. Un gobierno del Frente Amplio sería parte de esa institucionalidad.
Llamamos al voto crítico por el Frente Amplio
Efectivamente, aunque la Sra. Menchú y los dirigentes de la ex guerrilla tengan actitudes, posicionamientos y prácticas cuestionables, la política revolucionaria debe basarse en aquellos factores objetivos que hacen avanzar el movimiento de masas en organización y consciencia.
En las circunstancias actuales, la formación de una opción de izquierda, aún con un programa reformista, con su apego a la democracia burguesa formal, con una estructura no democrática, constituye un avance político hacia una opción de clase. Como ya mencionamos arriba, un eventual gobierno del Frente Amplio ofrecería condiciones favorables para el fortalecimiento de los sectores oprimidos en su lucha contra el capitalismo.
El Frente Amplio es la única de las opciones que se presentan en las actuales elecciones que no está vinculado a los intereses de sector alguno de la burguesía, tal como los describimos arriba. Ante la posibilidad de que el militarismo llegue al gobierno con el Partido Patriota, y la penetración del capital del narcotráfico y la oligarquía en los partidos de derecha, el llamado al voto nulo o a no votar resulta estéril y no tiene efecto alguno.
Algunos compañeros y compañeras, que tienen posiciones anarquistas y ultra izquierdistas, sostienen que votar en las elecciones es legitimar y hacer el juego al sistema de dominio burgués, que se vale de estos procesos para afianzar su control sobre las masas, por tanto llaman a no votar o votar nulo. Contrario a estas posturas, los revolucionarios elaboramos nuestras políticas considerando el nivel de conciencia de las masas en cada coyuntura, y estableciendo las consignas y lineamientos que las harán avanzar a niveles superiores.
Si el grueso de trabajadores, campesinos y grupos oprimidos están inmersos en el proceso electoral y está dispuesto a votar, no podemos aislarnos y tener una actitud purista y sectaria llamando a no votar. Además los revolucionarios aprovechamos todos los espacios que permiten las libertades burguesas, incluyendo las elecciones, para denunciar el capitalismo, apoyar las luchas de los diversos sectores, llamar a la organización y divulgar el programa revolucionario.
Este es un uso correcto de los espacios electorales. Es claro que en una situación de movilización revolucionaria de las masas, que incluya la formación de organismos embrionarios de doble poder y un cuestionamiento generalizado del gobierno y el sistema, nuestro llamado no sería a la participación en elecciones, sino a la insurrección general para tomar el poder.
Por las razones antes expuestas, el Partido Socialista Centroamericano llama a los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y demás sectores populares a dar su voto razonado y reflexivo por las candidaturas del Frente Amplio, tomando en cuenta las consideraciones que hemos hecho. Tanto o más importante aún es trabajar en la conformación de un frente de lucha de las organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, estudiantiles y de todos los oprimidos, para enfrentar unidos al enemigo común. Los trabajadores estatales de la salud, los maestros del sistema de educación pública y los estudiantes universitarios ya dieron muestra en las últimas semanas, del camino a seguir, coordinando acciones conjuntas para exigir mayor presupuesto para salud y educación.
Centroamérica, 5 de Septiembre del 2011.
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)