El pasado 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en La Haya, Holanda, emitió una sentencia salomónica que resolvió una vieja petición nicaragüense sobre las islas y cayos en el mar de Caribe y la delimitación de la frontera marítima con Colombia. Las competencias de este tribunal internacional, que resuelve conflictos entre Estados, fueron fijadas en el Tratado de Bogotá del año 1948.

 

Esta sentencia ha estremecido a la oligarquía colombiana, iniciando una crisis política cuyas repercusiones están por verse. En los precisos momentos en que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos aparecía triunfante en una complicada negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la sentencia de la CIJ viene a ser un traspié al proyecto expansionista de la burguesía colombiana.

1.-El origen del conflicto entre Nicaragua y Colombia

Desde el rio Bravo hasta la Patagonia, exceptuando Brasil que fue colonizado por portugueses, todo el sub continente latinoamericano estuvo bajo el dominio de la corona española, creando objetivamente las bases la nacionalidad latinoamericana, que fue reivindicada por próceres como Simón Bolívar.

En América Latina, los conflictos territoriales surgieron con la formación de los Estados nacionales, posteriores a los procesos de independencia a inicios del siglo XIX. Centroamérica no ha sido la excepción. Los conflictos territoriales entre Guatemala y el actual Belice, entre El Salvador y Honduras, entre Honduras y Nicaragua, entre Nicaragua y Costa Rica, surgieron después de la destrucción del Estado Federal en 1839. Pero el conflicto entre Colombia y Nicaragua por las islas del mar Caribe, tiene otras características que debemos analizar en su magnitud.

La Mosquitia fue una frustrada nación indígena en la costa caribe de Centroamérica (Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica) que sucumbió ante la colonización y saqueos combinados de España e Inglaterra.

Como una medida de defensa militar ante el saqueo de los piratas ingleses, el rey de España emitió el 30 de Noviembre de 1803, una Real Orden que estableció lo siguiente: "las islas de San Andrés y parte de la Costa de los Mosquitos desde el cabo Gracias a Dios inclusive hasta el río Chagres quedan separados de la Capitanía General de Guatemala y dependientes del Virreinato de Santa Fe. " El virreinato de Santa Fe estaba en lo que hoy es Colombia.

La Capitanía General de Guatemala protestó y la Orden Real de 1803 fue derogada en 1806.Este corto traslado de la jurisdicción de estos territorios al Virreinato de Santa Fe, ha sido el principal argumento de Colombia para reclamar el dominio de la isla de San Andrés, Santa Catalina, Providencia y cayos adyacentes, así como el mar circundante.

1.1.-La reincorporación de La Mosquitia

Al momento de la primera independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, la costa de la Mosquitia, sus islas y cayos, estaban bajo el control de la Capitanía General de Guatemala. Esta utti posseditis juris quedó reflejado en el articulo cinco de la Constitución de la Republica federal de Centroamérica, del año 1824, que estableció lo siguiente: “El territorio de la República es el mismo que antes comprendía el antiguo reyno de Guatemala, a excepción de la provincia de Chiapas”.

El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (Zeledón-Wyke), suscrito el 11 de febrero de 1860 en Managua, entre Nicaragua e Inglaterra, reconoció el territorio de La Mosquitia como parte integrante bajo la soberanía de Nicaragua, el cual era ocupado o reclamado por los indios mosquitos, obligándose Inglaterra a "cesar su protectorado sobre aquella parte del territorio mosquito". En ese Tratado se creó la Reserva Mosquita, "que permanecerá, como se ha estipulado, bajo la soberanía de la República de Nicaragua" y ese Distrito o Reserva "no podrá ser cedido por ellos a ninguna persona ni Estado extranjero, sino que permanecerá bajo la soberanía de la República de Nicaragua” (ver Pasos Arguello, pág. 258).

La reincorporación de una parte de La Mosquitia al Estado de Nicaragua ocurrió en Febrero de 1894 (otro pedazo quedó bajo la jurisdicción de Honduras), bajo el gobierno del General José Santos Zelaya, apoyado militarmente por los Estados Unidos, terminado así con el protectorado inglés o Reserva Mosquita sobre ese vasto territorio. El apoyo de Estados Unidos a Nicaragua en ese momento no era desinteresado: persiguió el objetivo central de desalojar a Inglaterra de sus posiciones en América Central, ya que no quería compartir decisiones en la construcción del canal interoceánico que al final se terminó construyendo en Panamá, territorio que fue desmembrado de Colombia.

1.2.- El tratado Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928

La decisión de Estados Unidos de construir el Canal Interoceánico en Panamá, previa desmembración de ese territorio de Colombia, fue un duro golpe a las pretensiones de la oligarquía de ese país.

Estados Unidos promovió el derrocamiento de Zelaya en 1909, y ocupó militarmente Nicaragua, con una breve interrupción, desde 1912 hasta 1934. En 1928 Estados Unidos, que controlaban directamente el poder en Nicaragua, promovió la firma del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, suscrito entre Nicaragua y Colombia, por medio del cual las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicadas a 90 millas de territorio nicaragüense, pasarían bajo la jurisdicción de Colombia, cuyas costas estaban a 310 millas náuticas de distancia. De esta manera Colombia, como un premio de consolación, tendría algún grado de influencia en el mar caribe, en las puertas del canal de Panamá

El Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra excluyó los Cayos Roncador, Quitasueños y Serrana, que estaban en litigio entre Colombia y Estados Unidos. En 1972, Estados Unidos cedió a Colombia el dominio sobre estos cayos, en base al Tratado Saccio-Vásquez Carrizosa.

Por la extensa área de mar territorial bajo el control de Colombia, por las islas y cayos bajo su dominio, no hay dudas que Estados Unidos asignó a Colombia el rol de guardián en el mar caribe, el portero del canal de Panamá.

1.3.- Otros tratados

No hay duda que la oligarquía colombiana, la misma que conspiró contra Simón Bolívar, siempre ha querido conservar su influencia en el mar Caribe. Por ello, en 1986, Colombia firmó un tratado de límites marítimos con Honduras, que estrechaba aun más las fronteras marítimas de Nicaragua, creando un conflicto entre estos dos últimos países.

2.- El reclamo de Nicaragua

Fue a raíz del triunfo de la revolución en 1979, que el gobierno sandinista decidió denunciar o desconocer el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra en Febrero de 1980. El principal argumento utilizado fue que, efectivamente, Nicaragua en 1928 no era un Estado soberano porque se encontraba invadido militarmente por los marines norteamericanos. El gobierno títere conservador que suscribió el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra no era realmente soberano.

Pero esta pretensión duro poco tiempo. Los intereses políticos predominaron sobre los reclamos territoriales. A partir de 1983, el gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Belisario Betancourt, junto a México, Panamá y Venezuela, formó parte del Grupo de Contadora que propugnaba por una negociación regional para terminar con la guerra civil en Centroamérica. El gobierno sandinista guardó silencio, dejó de reclamar las islas del mar Caribe, priorizando las negociaciones de paz.

3.- Nacionalismos reaccionarios

La sentencia de la CIJ ha incentivado el desarrollo de sentimientos nacionalistas tanto en Nicaragua como en Colombia, creando un peligroso ambiente chauvinista que puede dividir a los trabajadores de ambos países.

El nacionalismo es un sentimiento progresivo cuando unifica al movimiento de masas en la lucha por la  autodeterminación nacional contra la opresión imperialista. Pero se vuelve reaccionario cuando, en vez de movilizar a las masas contra la opresión imperialista, refleja los intereses mezquinos de cada burguesía.

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega utilizó hábilmente el triunfo diplomático para crear un ambiente de unidad nacional, llegando incluso a sentar a todos los expresidentes a su alrededor, en torno la consigna de que Colombia debe cumplir con el fallo de la CIJ. La oposición burguesa tuvo que callar sus denuncias de fraude electoral en las recientes elecciones municipales del año 2012.

Solo el diario La Prensa, en un editorial se atrevió a protestar entre dientes:“(…) también hay que señalar la incoherencia del gobierno de Nicaragua, que justamente reclama respeto al Derecho Internacional en lo que se refiere a la soberanía nacional externa, pero atropella la soberanía interna del pueblo nicaragüense con sus violaciones de la Constitución, el socavamiento de las instituciones democráticas, la falsificación de la voluntad popular mediante elecciones fraudulentas (…)”. (La Prensa 30/11/2012)

En Nicaragua, no se han producido manifestaciones populares, aunque la mayoría de la población siente que la sentencia le devuelve parte de lo que les pertenecía. Este nacionalismo reaccionario tiene su explicación en el constante bombardeo propagandístico de la burguesía nicaragüense, que difunde el mito que Nicaragua es el país mas grande de Centroamérica, pero que ha perdido los territorios de Nicoya y Guanacaste en 1858 a manos de Costa Rica, los Territorios en Litigio con Honduras (sentencia de la CIJ en 1956) y las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 1928.

En Colombia si se produjeron manifestaciones populares protestando contra la sentencia de la CIJ. El discurso lastimero del presidente Santos, refleja el malestar de un sector de la población que considera le han arrancado un pedazo de su país.

Ambos nacionalismos son reaccionarios porque dividen a los trabajadores colombianos y nicaragüenses, en vez de unirse contra el enemigo común: el imperialismo norteamericano.

4.- Una sentencia salomónica

Contrario a lo que han difundido los medios de comunicación, la sentencia de la CIJ no beneficia a Nicaragua ni perjudica a Colombia, sino que repartió el territorio y mar en disputa entre ambos Estados.

El discurso pronunciado por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, confirma el carácter salomónico de la sentencia: “Nicaragua, inicialmente, reclamó la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, incluyendo todas sus islas y sus cayos. Hoy la Corte le dio la razón a Colombia, no accediendo a la pretensión de Nicaragua, y ratificando la soberanía de Colombia sobre la totalidad del Archipiélago. Pero es más: aclaró que todos los cayos del Archipiélago –repito: la totalidad de los cayos–, es decir, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Nuevo, Este-Sureste y Albuquerque, pertenecen a Colombia. Nicaragua también pedía que el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 –a través del cual dicho país reconoció la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago– fuera declarado inválido. Hoy la Corte ratificó que dicho tratado es válido y vigente”.

Como se puede apreciar, las peticiones centrales de Nicaragua fueron desestimadas: La recuperación de las islas y la anulación del Tratado impuesto por Estados Unidos en 1928, fueron rechazadas. La satisfacción del gobierno colombiano es evidente.

El malestar viene con la delimitación de la frontera marítima. El presidente Juan Manuel Santos dijo: “La Corte abordó también otro tema: la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia.(…) Equivocadamente, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago (…)  la Corte extendió la línea de delimitación marítima hacia el oriente hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense. Esto significa una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas”.

En realidad, el factor que permitió a Nicaragua obtener una ampliación de su frontera marítima, limitada al paralelo 82 de conformidad al Tratado de 1928, fue el nuevo derecho internacional del mar, aceptado por todas las naciones del mundo, incluida Colombia, que estipula como mar territorial las 200 millas. Sin este nuevo elemento del derecho internacional, la derrota de Nicaragua hubiera sido realmente humillante.

5.- Las nuevas exigencias de Colombia

Indudablemente, los privilegios que tenia Colombia en el mar caribe no serán abandonados de manera voluntaria. Por ello, para calmar las críticas de la oposición contra su gobierno, el presidente Santos ha dicho primero que no cumplirá con la sentencia de la CIJ, y posteriormente anunció el retiro de Colombia del Tratado de Bogotá. La estrategia de la oligarquía colombiana es diluir los efectos de la sentencia de la CIJ, para firmar un tratado de fronteras marítimas con Nicaragua.

Por ello, el presidente Santos ha dicho que  "He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica de Colombia, y no en sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia” (Reuters 28/11/2012)

La denuncia de Colombia al Tratado de Bogotá de 1948 pretende evitar nuevas demandas de Nicaragua. María Ángela Holguín, Canciller de Colombia, durante un debate en la Comisión Segunda del Senado de ese país, declaro que, “El país tiene que tener claridad total sobre lo que dijo la Corte. En este fallo le dejó a Nicaragua la posibilidad de que vaya por las 200 millas de plataforma continental, porque cuando la Corte da la última respuesta no acoge la solicitud, pero no es taxativa sobre que no abordará el tema en futuras ocasiones” (El Universal de Colombia, 22/11/2012)

Carlos Argüello, agente nicaragüense en la CIJ, ha declarado que Nicaragua espera un fallo de la Comisión de los Fondos Marinos de la ONU a una reclamación que presentó en 2009 para que se le reconozcan más de 200 millas náuticas de plataforma continental extendida en el Caribe. Esta es la demanda que teme Colombia, y por ello se ha retirado apresuradamente del Tratado de Bogotá de 1948, aunque esta decisión tiene vigencia un año después.

Por ello, el presidente Santos se refiere en sus discursos a que "seguiremos buscando el restablecimiento de los derechos de los colombianos que el fallo de La Haya vulneró en forma grave". Es interesante analizar que habla de los “derechos de los colombianos”, y no a las reclamaciones territoriales, porque el punto central de la futura negociación con Nicaragua serán los derechos de la población que vive en las islas. Este es el punto de transición a la firma de un nuevo tratado con Nicaragua, en la estrategia de diluir los efectos de la sentencia de la CIJ.

6.- La ruta de la cocaína

Los grandes medios de comunicación se refieren a las riquezas de la zona marítima que ahora pertenece a Nicaragua: petróleo, pesca, etc, pero lo que no se dice es que el 70% de la cocaína que se consume en Estados Unidos, sale del golfo de Urabá en la costa colombiana y pasa por ese mar que ahora pertenece a Nicaragua.

En la lucha contra el narcotráfico, la policía y el ejército nicaragüenses han salido con las más altas calificaciones en Centroamérica, lo que produce satisfacción a los Estados Unidos. Nicaragua es el país que mas embarques de cocaína ha capturado en toda la región.

Para reafirmar el triunfo diplomático, la Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el 29 de Noviembre, el ingreso de naves de Estados Unidos, para el período del 1 de enero del 30 de Junio del 2013, para realizar operaciones conjuntas antidrogas en el área marítima que le asignó la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en conjunto con tropas de Venezuela, Rusia, Cuba y Taiwán.

El general Julio Cesar Avilés, jefe del ejército de Nicaragua, ha declarado que “Vamos a ser el eje que permita a partir de una excelente coordinación, fortalecer la estrategia de lucha contra el narcotráfico en el Caribe con todos estos países, incluido Colombia y los Estados Unidos” (El Nuevo Diario, 28/11/2012)

7.- El silencio complaciente de Estados Unidos

Mientras Nicaragua y Colombia mantienen una guerra de comunicados y declaraciones, con tendencia a la baja, Estados Unidos, el gran juez imperial, mantiene un silencio sospechoso.

Kevin Whitaker, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, visitó recientemente Colombia, y en su corta estadía dio las mas parcas y duales declaraciones: "No hemos llegado a una conclusión sobre el fallo, pero obviamente vamos a hacer un análisis sobre si hay alguna afectación para nosotros (…) Estados Unidos no es parte del proceso, pero obviamente respaldamos procesos de negociación y arbitración para solucionar cosas así (…) no tomaremos posición sobre una decisión del Gobierno de Colombia. Es algo entre Colombia y Nicaragua y no vamos a tomar parte en eso". (EFE, 30/11/2012)

Esta inusual neutralidad de Estados Unidos que siempre se mete en todos los asuntos internos de los países latinoamericanos, tiene una sencilla explicación: Estados Unidos está de acuerdo en que esa parte del mar caribe sea vigilada, ya no por Colombia sino por Nicaragua, su más fiel aliado regional en la lucha contra el narcotráfico.

Si bien es cierto, las autoridades colombianas y sus formidables fuerzas armadas son aliados incondicionales de Estados Unidos, lo que se manifestó en el Plan Colombia que permitió derrotar militarmente a las FARC, en el tema de lucha contra el narcotráfico hay mas confianza en las autoridades nicaragüenses.

Pero Estados Unidos nunca promoverá el conflicto entre dos sólidos aliados, por eso dice públicamente mantenerse al margen, pero en el fondo presiona por una solución negociada que incluye, claro está, un nuevo tratado de fronteras marítimas como solicita Colombia. Esta será la manzana de la discordia en el próximo periodo

8.- La reunión Ortega-Santos en México

El discurso agresivo del presidente Santos, en el sentido de que Colombia no cumplirá la sentencia, va bajando de tono hasta adquirir una forma más conciliadora, dentro de la estrategia de obtener un nuevo tratado de fronteras marítimas,

Juan Manuel Santos, en México, declaró que "Seguiremos buscando el restablecimiento de los derechos de los colombianos que el fallo de La Haya vulneró en forma grave (…) Quedamos de establecer canales de comunicación para tratar todos estos puntos. Creo que es lo más importante. Creo que esa reunión fue positiva", (Semana, 01/12/2012)

Por su parte Daniel Ortega, que siempre ha mantenido un discurso conciliador, dio que: “No hay problema con Colombia , hay una comunicación en todas las instancias de las dos partes está totalmente descartado el uso de la fuerza, le doy un parte de tranquilidad al pueblo hermano de Colombia y al pueblo de Nicaragua, vamos a desarrollar todos los mecanismos de diálogo entre los pueblos (…) buscaremos los mecanismos que le aseguren al pueblo raizal su derecho a la pesca, en San Andrés, que podamos proteger a esas personas que viven de ese mar territorial y además que podamos combatir el narcotráfico en esa región (…) “Nicaragua tiene muchos pueblos originales, tengan la seguridad que vamos a reconocerle los derechos históricos que han tenido ellos sobre esos territorios”. (El Nuevo Diario, 01/12/2012)

9.- Unidad de los trabajadores centroamericanos y colombianos

El conflicto territorial entre Nicaragua y Colombia no debe dividir a la clase trabajadora de ambos países. El nacionalismo reaccionario es una reminiscencia del pasado, debemos luchar por el futuro.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores centroamericanos a luchar por la reunificación socialista de Centroamérica, por la reconstrucción del Estado federal, en el marco de una Federación Socialista de Estados de América Latina. Esto incluye, por supuesto, a nuestros hermanos trabajadores colombianos. La patria grande de Simón Bolívar será socialista o nunca será.

No permitamos que el estrecho y reaccionario nacionalismo que promueven las clases gobernantes, tanto en Nicaragua como en Colombia, no nos dividan. Debemos repudiar el chauvinismo y estrechar lazos en la lucha común por la liberación de América Latina del yugo imperialista.

Ese debe siempre ser nuestro objetivo central.

 

Centroamérica,  2 de Diciembre del 2012

Secretariado Centroamericano

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

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