10292020Jue
Last updateMar, 27 Oct 2020 7pm

EL SALVADOR.- FGR criminaliza luchas de trabajadores del Órgano Judicial: ¡llamamos a la solidaridad y defensa de los trabajadores judiciales!

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


El Salvador se encuentra hundido en una crisis económica, política y social, caracterizada por un bajo crecimiento económico en donde el PIB no ha pasado de 2%  anual en la última década, creciente endeudamiento con una deuda pública que superará el 93 % del PIB para finales de este año 2020, violencia  incontrolable, delincuencia y descomposición social, migración masiva hacia Estados Unidos, etc.

A nivel político existe una crisis del bipartidismo ARENA-FMLN, constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo  y un deterioro de la frágil democracia burguesa impuesta después de los Acuerdos de paz de 1992. Todo lo anterior se agudiza debido a la crisis del sistema capitalista y a la pandemia por el COVID-19.

El  pueblo salvadoreño ha sido  obligado a cargar con la crisis,  mientras el gran empresariado protege sus ganancias y  las cúpulas de los partidos políticos  se enriquecen con los fondos del Estado. Los trabajadores públicos y municipales  ven un estancamiento en sus prestaciones y a nivel de trabajadores privados la situación es más aterradora debido a los miles de despidos, suspensiones de contratos,  pírricos salarios sin mayores prestaciones.

Lo anterior unido  a la amenazas a su salud y la vida debido al COVID-19 ha llevado a que tanto trabajadores públicos, municipales, y privados realicen acciones de cara a garantizar los derechos que como trabajadores se tienen exigiendo  así Equipos de Protección Personal para el caso de trabajadores de la salud, cancelaciones de salarios y correspondientes prestaciones ante cierre de empresas, en el caso de trabadores privados,  y condiciones  para evitar riesgos de contagio por COVID-19 tras el reinicio de labores.

Criminalización de  las luchas de trabajadores de  Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

La  Unidad de Delitos Relativos a la Vida de la oficina Fiscal de San Salvador de la Fiscalía General de Republica (FGR)  ha promovido causa penal ante  el Juzgado Quinto de Paz,  por los ilícitos de desórdenes públicos y ejercicio violento del derecho, en contra de Roswal Solórzano, Roxana Estela Gómez de Joma, Domingo de Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar; quienes son miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS) y del Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de junio SEJES.

Según la FGR en el periodo del  19 de marzo  al 30 de junio de 2020, se dieron tres cierres y tomas de instalaciones judiciales, así como un llamado a la insurrección popular.

Según la FGR  con dichos cierres impidieron la entrada de empleados y usuario, bloquearon el ingreso a las instalaciones del Centro Integrado de Derecho Privado Social, Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ de San Salvador, el Palacio Judicial de la Corte, Centro Judicial Isidro Menéndez y otras sede del interior del país.

Acciones fueron para exigir medidas reales para prevenir contagios por COVID-19

Las acciones realizadas por los trabajadores juntos a sus sindicatos fueron con el objetivo de  asegurar medidas reales de protección para evitar contagios por COVID-19, y salvaguardar la vida de los trabajadores y usuarios  del Órgano Judicial.

Vale señalar que muchos trabajadores han sufrido contagios por el COVID-19 llegándose a lamentar perdidas de la vida.

En las acciones realizadas existió un elemento fundamental entre las diferentes organizaciones del Órgano Judicial como fue la Unidad de Acción, en donde mas allá de posibles  diferencias se identificó a la patronal como el enemigo común y se luchó en función de los intereses de la clase trabajadora a la cual representan, lo cual nada le ha gustado a los administradores de la justicia burguesa.

Roswal Solórzano: perseguido político

A Roswal Solórzano la FGR además de lo anterior le acusan de apología del delito debido a  la “divulgación de un mensaje en redes sociales, el pasado 10 de junio, en un video, el sindicalista supuestamente aparece haciendo un llamado a la insurrección popular, y salir a  ajustar cuentas  con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional.”  (DEM. 03/09/2020).

Estamos ante un caso de clara persecución política. En su conflicto con la Asamblea Legislativa, el propio Bukele apeló al derecho de insurrección, pero cuando lo invoca un sindicalista, la FGR procede penalmente contra él, pero no contra Bukele.

El derecho a la insurrección popular, está establecido en el artículo 87 de la Constitución: “Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

Roswal Solórzano es miembro del Movimiento No Mas AFP,  y lucha junto a otras organizaciones para terminar con el actual sistema de pensiones privatizadas, en favor de un sistema público en función de los intereses de la clase trabajadora.

Llamamos a la solidaridad activa

Ante lo anterior, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), condenamos las acciones realizadas por Fiscalía General de la Republica de El Salvador en contra de Roswal Solórzano, Roxana Estela Gómez de Joma, Domingo de Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar y sus respectivas organizaciones sindicales.

Llamamos a  formar un frente común de solidaridad  de todas organizaciones sindicales y populares para frenar  la represión y terror ejercido por el Estado salvadoreño, a través de la justicia burguesa con lo cual buscan atemorizar a los líderes y representantes de   organizaciones sindicales y así frenar las luchas que se avecinan ante la agudización de la crisis económica y política.

Todas las organizaciones sindicales y populares nacionales e internacionales debemos exigir a los organismos correspondientes de la FGR suspendan y anulen todo proceso judicial realizado contra los sindicalistas.

Consideramos que quienes verdaderamente han cometido delito han sido los altos funcionarios del órgano judicial al exponer a contagios por COVID-19  al personal exigiendo retornar a las labores sin garantizar verdaderas condiciones de bioseguridad.

La amenaza del  COVID-19 continua,   independientemente lo que digan los funcionarios públicos, por lo cual con cuarentena o sin cuarentena como trabajadores y organizaciones sindicales se debe  continuar exigiendo condiciones de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio por el COVID-19.

Centroamérica, 4 de septiembre 2020.

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

 

Share

Comentarios potenciados por CComment