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EL SALVADOR.- Los continuos despidos de trabajadores bajo el gobierno de Bukele

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Por German Aquino

Las políticas dictadas por los organismos financieros internacionales debido a la crisis financiera y desfinanciamiento del Estado  incluyen la eliminación de incentivos económicos  hacia los trabajadores,  eliminación de aumentos de salarios, eliminación de contratos colectivos de trabajo y la reducción del aparato del estado, lo que se traduce en despidos de trabajadores públicos, lo cual fue una práctica de los gobiernos anteriores y continuada por el actual gobierno.

Despidos en inicio de gestión: primera fase

La gestión del actual gobierno así como los anteriores inicio con despidos de trabajadores públicos, de las diferentes carteras de estado. Según Héctor Rodríguez de Profesionales por la Transformación (PROES), aseguró que en el 2019 fueron cesados 5,887 personas, de 26 dependencias del Estado.  En esta primera fase  el mayor número de despedidos fue en el sector salud.

Es la triste realidad por la cual atraviesan los trabajadores públicos, en donde  casi siempre los afectados  son los trabajadores de base, por lo cual  independientemente la causa o si se siguió el debido proceso dichos despedidos son condenables por el hecho que  han dejado sin el sustento diario a miles de personas que dependían económicamente de estos trabajos, además  de dejar sin las prestaciones de seguridad social a los adultos mayores.

Nueva oleada de despidos: segunda fase

A finales de febrero 2020 se ha registrado una nueva oleada de despidos parte del gobierno de Bukele, en su mayoría trabajadores   de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Los argumentos utilizados por las jefaturas son "múltiples amonestaciones por el mal desempeño de su trabajo, además de informe suscrito por su jefatura inmediata, en fecha 17 de diciembre de 2019, con lo que se comprueba fehacientemente que ha incumplido en forma grave y reiterada los deberes inherentes a su cargo, pero además… las faltas que aducen cometieron los empleados, en algunos casos aparecen reportadas para el mismo día, algo que a su juicio no sería posible. (LPG. 25/02/2020). Dichos argumentos de despido son utilizados para todos los despedidos.

Además de los despedidos de la Dirección General de Migración y Extranjería, también han sido realizados más despidos en la Lotería Nacional de Beneficencia, y otras instituciones del estado.

La estrategia del gobierno de Bukele es realizar los despidos por etapa o fases  con ello evita respuestas masivas por parte de los trabajadores y la pasividad sindical, e indiferencia de los demás trabajadores.

Despidos con sesgos políticos: ¿desmantelamiento de fábrica de empleos?

Para obtener una opinión pública favorable hacia los despidos el gobierno de Bukele vinculo a los trabajadores despedidos como familiares de los funcionarios del FMLN, o ser miembros del FMLN. Manifestando: “Un logro de nuestro Gobierno es que encontramos la “Fábrica de Empleos”. Lástima que la vamos a desmantelar". Recientemente manifestó que  es “El IAIP, último bastión gubernamental del FMLN. Dirigido por comisionados que trabajaron para el FMLN y donaron dinero al FMLN”. 

En realidad, eran pocos los que tenían algún nexo familiar, en caso de aquellos puestos que no representaban cargos de confianza, bajo ningún fundamento tiene justificación los despidos. El Gobierno de Bukele está repitiendo la misma practica del anterior gobierno del FMLN al meter familiares en puesto del gobierno.

Realmente los despidos son parte de la lucha entre el gobierno de Bukele y sus opositores principalmente el FMLN, en donde nuevamente son las bases las que tienen que cargar la peor parte, ya que a nivel de las cúpulas se dan negociaciones. 

En ningún motivo el pertenecer a un partido político, diferencias ideológicas, etc. debe ser argumento para despedir a un trabajador, ya que lo anterior es una clara persecución política y un atentado a la libertades, así mismo como trabajadores públicos  se deben  tener claro que es a la población a la cual nos debemos y no a partidos políticos.

Supresión de plazas  versus nuevos empleos

El argumento de supresión de plazas por parte del gobierno para reducir los gastos del estado no es verdadero, más pareciera una maniobra mediante la cual busca golpear a la cúpula del FMLN despidiendo de sus trabajos a las posibles bases del FMLN, infundir terror en los demás trabajadores e   incorporar personas que se a fin al proyecto político de Nuevas Ideas (NI).

Al respecto Héctor Rodríguez, de Profesionales por la Transformación considera que los despidos  “…podría responder a la estrategia del presidente Nayib Bukele de abrir espacios en las instituciones públicas para contratar personas afines a su proyecto político electoral y que se dediquen a un trabajo fundamentalmente proselitista”.  Es por ello que el gobierno por un lado suprime plazas, despide  y por otro las crea,  como ejemplo en el Ministerio de Hacienda en donde suprimía plazas por Ley de Salarios y creaba otras.

A manera de ejemplo también se puede mencionar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en donde a inicio de marzo  fue recontratado Ricardo Monge, etc.   quienes  se han  caracterizado por su afinidad con el gobierno de  Bukele y el partido Nuevas Ideas

El gobierno de Bukele continua viendo al estado al igual que el FMLN y ARENA como un botín el cual se reparten entres si,  en donde el criterio de contratación continua siendo no la idoneidad, sino mas bien el compadrazgo y afinidad política.

La falsa disminución de gastos y los grandes  salarios de altos funcionarios

Los organismos financieros internacionales y los tanques de pensamiento del gran empresariado ven el pago e incentivos hacia   los trabajadores públicos como una carga económica para el Estado  de la cual recomiendan librarse, señalando el incremento de los empleados público, cuando por lógica si la población crece también deberían aumentar  los trabajadores que brindaran los servicios de salud, educación, a partir de su idoneidad y formación académica.

Muchos de los despedidos realizados en los gobiernos anteriores y continuados por el actual toman como argumento dicha recomendación, nada más falso. Por una parte el  gobierno busca ahorrar fondos mediante despidos, pero por otra los aumenta con el pago de grandes salarios a los altos funcionarios de todas las instituciones del Estado.

Mientras las estadísticas gubernamental  sobre Recursos Humanos 2009-2019 del Gobierno de El Salvador señalan  un incremento de empleados públicos que van de los 132,594 que eran en el 2009  a 168,941 para el 2019,  podría decirse que hubo un incremento de 36,347 empleados.  Otros refieren que  “…las plazas del Sector Público No Financiero (SPNF) pasaron de 136,626 en 2010, a 181,744 en 2019, sin contar a empleados de alcaldías…” (DEM.09/03/2020). Teniendo que pagar para el 2020  más de $2,962.3 millones en remuneraciones de casi 200,000 empleados, $122.5 millones más de lo que se gastó en 2019. (DEM.09/03/2020).

Existe un gran brecha de salarios entre los altos funcionarios y la gran mayoría de trabajadores solo un 69 % de los empleados públicos, percibe un salario entre $301 y $1,000.  Mientras un selecto 3 % de los empleados públicos  recibe más de $2,000 mensuales, quienes además  tienen asignados   gastos de representación solo a manera de ejemplo: Daniel Álvarez, Presidente de CEL con sueldo de  $10,460.00 (salario nominal de $6,460 como “base”, más $4,000 otorgados por gastos de representación.). Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas con un sueldo  de  $6,884.58 (salario base de $4,884.58 más $2,000 en gastos de representación), Óscar Pineda, presidente del Órgano Judicial: $6,835.32, ($5,421.03 son el sueldo base, más $1,414.29 en gastos de representación).

La crisis no debe ser cargada a los trabajadores operativos, debe cargarse a los altos funcionarios a quienes se les debe reducir los salarios y eliminar todo pago extra o viáticos.

Por una ley que prohíba los despidos

Las diferentes fracciones de los partidos políticos del régimen representados en la Asamblea Legislativa, ven en los despidos una oportunidad para desgastar al gobierno de Bukele, e instrumentalizar la lucha  buscando así sacar ventaja política, si bien es cierto se deben utilizar todos los espacios, de cara a frenar los despidos, los trabajadores públicos no deben tener ninguna confianza en los partidos políticos del régimen y sus Diputados.

Los trabajadores despedidos deben saber que la  Ley de Presupuesto General de la Nación, Presupuestos Especiales y Ley de Salarios para el ejercicio fiscal del año 2020, contempla la supresión de plazas y su aprobación fue con los votos de ARENA y demás partidos, con la excepción del FMLN.

Dicha aprobación fue producto de una  negociación de dichos partidos con  el gobierno de Bukele en donde prevalecieron los intereses del gran capital a quienes se les dispenso el pago de multas e impuestos en detrimento de los trabajadores. Por su parte los Diputados del FMLN  por política optaron  votar en contra a sabiendas que siempre sería aprobado dicho presupuestos.

Ahora muchos partidos políticos buscan  mostrarse como los  redentores de los trabajadores, lo cual es una hipocresía debido a que aun  en la misma Asamblea existen trabajadores que sido despedidos así como también  en muchos de sus gobiernos municipales han despedidos trabajadores.

Los trabajadores y organizaciones sindicales deben promover y exigir una Ley que verdaderamente brinde estabilidad laboral y no permita los despidos, si realmente los Diputados están con los trabajadores públicos, deben aprobar dicha Ley, se debe terminar con la zozobra  de despido  por la cual pasan todos los trabajadores en cada cambio de gobierno central y municipal.

Unidad de acción: suspensión temporal de labores

Los sindicatos de trabajadores públicos, se mantienen pasivos ante los centenares de despidos realizados por el gobierno de Bukele, todavía no lograr superar el divisionismo inducido en los gobiernos del FMLN, unido al terror e intervencionismo del nuevo gobierno de Bukele.

Los sindicatos están en el deber de frenar la táctica de despidos por fases realizada este gobierno, el deber ser de los sindicatos es la defensa de los trabajadores, por lo cual debe integrarse una Coordinadora de lucha de todos los sindicatos que existen en el sector público y dar una respuesta unificada, se debe plantear la urgente necesidad de reducción de labores en todas las instituciones del estado, para frenar los despidos, exigir la  reincorporación de  los despedidos independientemente su afinidad política ideológica  y  que garantice la estabilidad laboral, así como también la autonomía, independencia y libertades sindicales.

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