Por Abelardo de la Torrente

La declaraciones del ex ministro de gobernación Raúl Velásquez y los rumores de asesinato de Nineth Montenegro, son un síntoma de la falta de políticas claras en materia de seguridad que tiene este gobierno, pero aun peor,  ante nuestra perspectiva no sólo es una crisis de seguridad sino es una crisis de la gobernabilidad democrática burguesa iniciada tras el golpe de estado de 1982 contra Romeo Lucas García, legalizada con la constitución de 1985 y legitimada por los sectores populares y la izquierda armada con los Acuerdos de Paz.

A finales de febrero,  Raúl Velásquez que fungía como ministro de gobernación fue destituido por el mandatario Álvaro Colon, aduciendo la malversación de 6.2 millones de dólares por parte de una empresa privada a la que se adjudicó la compra de combustible para las patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), contrato que fue firmado por Raúl Velásquez.

Velásquez, molesto por su despido,  denuncia ante la prensa y diputados de distintas bancadas entre ellos la oficialista, que la verdadera causa de su destitución se debe a acusaciones hechas por él y el ex viceministro Francisco Cuevas de que otra ex viceministra, Marlene Blanco Lapola hermana del Secretario de la Paz, titular de SEPAZ Orlando Blanco, estaba involucrada en escuadrones de la muerte que se dedican hacer limpieza social (ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas), a presuntos miembros del crimen organizado, sicarios de narcos y miembros de maras.

De igual forma dijo  que era una cortina de humo para desviar la atención por los hallazgos de corrupción en el programa Mi Familia Progresa. Este programa de carácter asistencialista ha sido cuestionado por las fuerzas de derecha y algunas de centro, como  la diputada Nineth Montenegro, por supuestos desvíos de fondos y usos clientelares a favor de la primera dama ya que hay la posibilidad  que use esto, para su candidatura para presidente por el partido de gobierno. También dejó entrever que importantes personalidades del gobierno tienen vínculos con un cartel de drogas que opera en la región norte del país y que estarían interesados en sacarse de  encima a Velásquez.

El gobierno se defendió por medio del Secretario de Comunicación de la Presidencia, diciendo que dichas acusaciones no son ciertas y que en todo caso presente pruebas ante el Ministerio Publico (MP). De igual forma otros actores reaccionaron, el embajador de Estados Unidos, un hombre ligado a la ultraderecha del continente, Stephen Mcfarland, mencionó que la embajada de este país tenía información de la existencia de  estos grupos y que la había trasladado al ejecutivo; no sería raro que en la formación de estos grupos, los organismos de inteligencia de ese país en colaboración con la inteligencia del ejército estuvieran involucrados.

Por otra parte Carlos Castresana comisionado de la CICIG, aceptó que el 4 de febrero, Velásquez y Cuevas le habían informado sobre la supuesta existencia de estos grupos y que estaban investigando en este sentido, además de mencionar que las revelaciones del ex ministro afectan de forma grave las investigaciones que la CICIG lleva a cabo, dando la idea de que,  por las acusaciones de corrupción que pesan sobre él, Velásquez, dio estas declaraciones para salvar su pellejo. Ahora nosotros nos preguntamos  ¿si las investigaciones científicas que Castresana tiene fama de hacer, revelarían también a los escuadrones de la muerte responsables de los asesinatos a compañeros, luchadores sociales,  acaecidos últimamente?

Conformación de estos grupos

La prensa escrita, gracias a información recibida por la CICIG rápidamente reveló la composición de estas estructuras, los cuales están conformados por dos grupos, uno interno y otro externo, en el argot usado por el discurso policial.

Un primer grupo fue  conformado por agentes de diversas comisarías y de la División Especializada de Investigación Criminal, creado en enero de 2009,  por orden presidencial por medio de un acta interna, bajo el nombre de Unidad Especial de Investigación, cuya función tendría que ser,  investigar asesinatos de pilotos del transporte urbano y extorsiones. Este grupo estuvo bajo responsabilidad directa,  primero de la Dirección Adjunta y después de la Dirección General, cargo que ejercía Marlene Blanco. Este tenía su oficina en el Distrito Central.

El otro grupo conocido como externo, no hubo acta de creación y fue conocida como Grupo Elite, conformado por miembros de seguridad presidencial (SAAS) y los organismo de inteligencia internos de la PNC, su función sería recabar información estratégica sobre casos de secuestros y extorsiones y darle seguimiento. Supuestamente solo era análisis y control, pero fue equipada con armas, vehículos y computadoras para realizar acciones operativas. Sus oficinas se encontraron fuera de instalaciones policiales.

Lo lamentable de todo esto, pensamos nosotros, es que estos grupos se crearon bajo la responsabilidad de personajes con orígenes en la izquierda y de supuesto pensamiento democrático, lo cual pone en evidencia la descomposición y el oportunismo de estos protagonistas. Lo hasta ahora común en esta sociedad capitalista en putrefacción,  era que la limpieza social fuera producto de grupos de ultraderecha con participación de especialistas de inteligencia del ejército. Pero ahora la supuesta ala izquierda del gobierno del UNE es parte de esta nefasta práctica,  que pone en evidencia el fracaso de la democracia burguesa post acuerdos de paz,  para solucionar las problemáticas sociales ocasionados por el capitalismo.

Los otros hechos

Otro  hecho que marca esta coyuntura que pone en evidencia la crisis de gobernabilidad de este país, es la advertencia dada por el nuevo ministro de gobernación Carlos Menocal y el Comisionado de la CICIG Carlos Castresana a la diputada Nineth Montenegro de que hay un complot para asesinarla.

Esta diputada mantiene una frontal fiscalización al programa Mi Familia Progresa, posición que la ha ganado cuestionamientos por parte del gobierno. Esta situación tiene efectos positivos  en buena parte de la sociedad especialmente urbana y de capas medias que se encuentra cansada de la corrupción, que los socialistas revolucionarios sabemos que no es producto de un gobierno sino del sistema.

Atrás de esta importante fiscalización, que creemos necesario que sean las organizaciones populares y la ciudadanía quienes la impulsen, hay que ver los intereses de la oligarquía especialmente del Holding Multiinversiones, a la cual la diputada responde junto al Partido Patriota (PP) y una buena parte de la sociedad civil pro justicia, ya que estos sectores de la oligarquía buscan plantearse ante la ciudadanía como los campeones de la lucha contra la corrupción y la democracia,  cuando representan a las fuerzas más oscuras con tendencias al fascismo y que a nivel internacional son parte de una verdadera internacional ultraderechista con ligaduras en los sectores más reaccionarios del estado gringo.

Es posible que este supuesto plan de asesinato a Montenegro venga de sectores de extrema derecha todavía más extremistas que el  Patriota,  ligados fracciones más reaccionarias del capital, que le apostarían no a una victoria electoral de este partido sino a una ruptura institucional e instalar un gobierno de facto. Bien podría ser también una cortina de humo solo para crear shock de parte de cualquiera de los grupos de la nueva o de la  tradicional oligarquía y ver qué sacan en esta batalla de miserables.

Otro problema relacionado al deterioro de la situación de seguridad, son las malas condiciones en que se encuentra el quehacer de los miembros del PNC, pues éstos le han desnudado al gobierno la realidad en que laboran, como precaridad de la infraestructura, hacinamiento en las comisarías y bajos sueldos. Lo cual genera un caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad. El gobierno se hizo oídos sordos a las demandas salariales.

Un Nuevo Estado

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) planteamos que pesar de exigir demandas parciales,  como la necesidad de que la ciudadanía fiscalice en qué se gasta los dineros públicos, que los policías se organicen en sindicatos, que las medidas asistencialistas que alivian coyunturalmente se profundicen con la universalización de servicios públicos o que la aplicación de la justicia y la  prevención del delito sea en base a los derechos humanos. Estos sucesos relatados aquí, pone en evidencia que no es reformando este Estado de Derecho “democrático”, producto de la estrategia contrainsurgente que se va a resolver esta problemática.

Proponemos la construcción del poder popular que desbarate a este Estado oligárquico y dependiente y construya un Estado realmente incluyente para las mayorías, trabajadoras, campesinas, etc. Donde la justicia sea conducida por magistrados electos popularmente y con una visión del derecho a favor de las mayorías; mientras que la seguridad sea manejada por el mismo pueblo con una concepción democrática depurada de elementos facistoides.