Por Armando Tezucún

El jueves 20 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Guatemala que tome medidas cautelares para proteger a 18 comunidades  indígenas y campesinas que están siendo afectadas por las actividades de la mina Marlin, que extrae oro y plata en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos. La Comisión dio un plazo de 20 días al gobierno para cumplir lo solicitado.

La mina Marlin pertenece a Montana Exploradora de Guatemala, que es subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp Inc. Las medidas que la CIDH pidió incluyen la suspensión inmediata de las actividades de la empresa, implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, descontaminar las fuentes de agua y proveerla para el consumo de las comunidades, entre otras.

La Comisión actuó porque hay una situación inminente de riesgo para las poblaciones cercanas a la mina. En agosto del año pasado científicos de la Universidad de Michigan realizaron un estudio de la orina y la sangre de habitantes de las inmediaciones de la extractora de oro y plata y los resultados fueron alarmantes. El estudio se publicó  el 18 de mayo de este año e informa que fue detectada la presencia de metales pesados (aluminio, arsénico, zinc, plomo, cobalto, mercurio y manganeso) en niveles cercanos a lo tolerable por el ser humano. También se encontraron diferencias en la calidad del agua de los ríos y riachuelos cercanos a la mina, y los afluentes lejanos a la misma. Los científicos afirmaron que la minería metálica contamina el suelo y el agua, y al triturar la roca para extraer el oro se liberan metales que las personas podrían absorber al tomar agua o contactar la tierra. Las consecuencias en la salud de las personas no son siempre inmediatas, en otros países con actividad minera similar se ha presentado cáncer 15 ó 20 años después de iniciada la extracción de metales, aunque los daños al sistema nervioso o respiratorio no tardan tanto en aparecer.

El gobierno afirmó que esperaría informes de varios ministerios e instituciones antes de pronunciarse sobre la petición de la CIDH. El 2 de junio el presidente Colom declaró que no suspenderá las actividades de la mina Marlin porque “Hasta el momento no hay fundamento para ello” (Prensa Libre 3/6/10). Como consecuencia la Procuraduría de los Derechos Humanos abrió un expediente contra el presidente por no cumplir con lo recomendado por la CIDH. El gobierno, a través de Ruth del Valle (una de los ex izquierdistas que se han sumado al actual gobierno burgués), solicitó  la CIDH una prórroga para presentar un informe sobre las razones del gobierno para no suspender las operaciones de la mina. La Comisión otorgó otros 15 días, que vencen el 25 de junio.

Mientras, visitó el país el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Este funcionario visitó las comunidades donde hay conflictos con mineras e hidroeléctricas. En especial en Santa Fe Ocaña, San Juan Sacatepéquez, se realizó una reunión de más de 10 mil personas procedentes de todo el país, que presentaron al relator sus problemáticas. Anaya visitó la mina Marlin en San Marcos. Al finalizar su visita, el relator de la ONU manifestó que el gobierno debe acatar las medidas dispuestas por la CIDH “Coincido con ellos (las comunidades indígenas) de que sí existe un peligro significativo a causa de la Mina Marlin y el gobierno de Guatemala debe proceder a la suspensión de las actividades hasta que se remedie todo acto peligroso” (diario La Hora, 18/6/10).

El conflicto principal que se presenta con la minería y las hidroeléctricas es el irrespeto al derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir sobre el uso de sus territorios. Este derecho está plasmado en el Convenio 169 de la OIT y los sucesivos gobiernos burgueses han ignorado la voluntad comunitaria, favoreciendo a las voraces empresas trasnacionales y nacionales. Se han realizado docenas de consultas que han rechazado estas actividades, muchas de ellas por unanimidad. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige al gobierno burgués que cierre las empresas mineras e hidroeléctricas que destruyen el medio ambiente y usurpan los territorios de los pueblos indígenas. Exigimos también el absoluto respeto al derecho democrático de estos pueblos de decidir sobre el uso de sus tierras.