Por Edgar Miguel Kan

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es una institución que debe buscar la protección y guardar los intereses de las y los trabajadores. Una de las garantías para que un Estado atienda a las necesidades sociales, es la prestación efectiva de la seguridad social, lo que significa parte de la justicia social para que las clases desposeídas (trabajadores, campesinos e indígenas), puedan satisfacer sus necesidades mínimas de salud.

La Junta Directiva del IGSS, en los últimos 2 años ha emitido resoluciones contrarias a los intereses de la clase trabajadora, que es la que subsidia en gran parte los servicios del mismo. Por ser el Seguro Social  la manifestación máxima de la solidaridad entre los trabajadores, debe ser protegido por la clase obrera, ya que la condición de clase natural de los patronos y del Estado es ir en desmedro de las grandes mayorías.

Las resoluciones del año 2011, enmarcadas en los Acuerdos de Junta Directiva del IGSS números 1263 y 1272, agreden el derecho de seguridad social de los trabajadores de la propia institución. Modifican el número de cuotas para tener derecho a pensión de 180 a 192 /240, lo que equivale a 5 años más de trabajo, además el porcentaje de pensión sobre el sueldo pasa de un 3% a un 4.5% y el promedio de sueldos para el cálculo de la pensión será de los últimos 5 años, ya no de 1 año. 

Esta modificación al Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) es una afectación a los derechos adquiridos por las y los trabajadores a través de los años, mediante conquistas sociales y no dádivas por parte de los patronos y el Estado. De igual forma en el acuerdo 1263, se establece la concesión de los servicios del IGSS, como una intención privatizadora, ya que la concesión es la figura jurídica de la privatización.

La Junta Directiva del IGSS está conformada por un representante del Organismo Ejecutivo, un representante de la Junta Monetaria, un representante del Concejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante del Colegio de Médicos, un representante de los patronos del CACIF, y un representante de los trabajadores.  Esta conformación es una clara desventaja para los trabajadores ya que tanto el organismo ejecutivo quien ejerce gobierno, la junta monetaria y el colegio de médicos, son instituciones cooptadas por  el poder hegemónico tradicional  que atiende a los intereses patronales y no el de las y los trabajadores. A esto se suma que los representantes por parte de los trabajadores  Miguel Ángel Lucas Gómez (titular)  y Reynaldo González (suplente),  miembros de diferentes sindicatos que integran la Unidad Guatemalteca de Trabajadores (UGT), han convalidado los intereses patronales que son la manifestación contraria a los intereses de quienes representan.

Parte de la estrategia privatizadora del seguro social ha sido el cambio de imagen por parte del IGSS, en dónde vemos cómo de manera mercantilista y utilizando la estrategia del marketing, el IGSS ya no posee un logo que atiende al proteccionismo social, reflejado en una madre con su  bebé sino ahora bajo argumentos de modernización utiliza el slogan de “una época de cambios, para un cambio de época”, modificando el histórico logo hacia una ceiba que como tronco tiene a varias personas, ¿Acaso esto significa que los trabajadores sostienen con su esfuerzo y lucha las ganancias generadas por la institucionalidad burocrática?

“Esta lógica de cambio de nombres a clínicas de especialidad del IGSS a “El Ceibal”, es una dudosa acción que puede ser la manifestación de la privatización a una entidad denominada El Ceibal para la prestación de los servicio” informó Julio Coj, dirigente de la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), miembro del Movimiento Sindical y Popular de Guatemala.

Por lo anterior es necesario que el movimiento sindical, social y popular, defendamos a la máxima institución social, que vela por la seguridad social, heredada por la conquista revolucionaria de 1944, y sus dos gobiernos democráticos que atendieron a los intereses de las grandes mayorías.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)sabe que esta realidad no escapa del contexto centroamericano, en donde es manifiesto el interés privatizador del seguro social,  beneficiando a entidades financieras como los seguros privados y empresas del sector salud, cuyos propietarios son los patronos y las grandes transnacionales, situación que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vino a agravar, acentuando más el antagonismo de clase y el interés de la clase dominante sobre la clase trabajadora.

La defensa del Seguro Social en Centro América es una necesidad imperante, en el movimiento social y popular debemos unirnos para que esta conquista no sea privatizada.