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GUATEMALA.- Recaudación fiscal vs exenciones de impuestos

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Dirigentes sindicales rechazan la Ley de Inversión y Empleo

Por Úrsula Pop

Con la no aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de 2014 por parte del Congreso de la República, el gobierno ha tenido que utilizar el aprobado para 2013, que es de Q66 mil 985 millones, al que se suma la ampliación de Q1 mil 500 millones recetada por el Congreso en febrero pasado. En los primeros días de marzo el gobierno informó que habrá recortes presupuestales, poniendo en aprietos la ejecución del gasto público, que mayormente se destina a gastos de funcionamiento y muy poco a la inversión.

Los efectos de la crisis financiera del Estado se manifiestan primeramente en las protestas de los trabajadores públicos. En Alta Verapaz, salubristas de los distintos puestos de salud del departamento se declararon en asamblea permanente ante el incumplimiento de la firma de contrato con empleados que trabajan por contrato. De igual manera, en algunos hospitales nacionales y siempre en este departamento, los salubristas aducen la falta de recursos para atender a la población que acude a solicitar el servicio (ver Prensa Libre 26/03/14, “Escasean Insumos y Medicamentos”).

Actualmente está en el Congreso la discusión de la iniciativa 46-44 Ley de Inversión y Empleo, presentada al legislativo en enero de 2013. Esta ley busca sustituir los decretos 29-89 y 65-89 de fomento a la maquila y zonas francas, que entre otros beneficios otorgan a los empresarios la exención del pago de impuestos como el de la renta, IVA, IUSI e ISO, bajo la condición de que generen inversión y empleo y destinen su producción a la exportación. Esta ley forjó un modelo económico fincado en la exportación de productos, sobre todo textiles, usando las ventajas comparativas, es decir bajos salarios y poca capacidad productiva de la fuerza de trabajo. Pero además sirvió para que una serie de empresas que no tenían nada que ver con maquila, se acogieran a estos beneficios para exonerarse del pago de impuestos.

Este modelo está entredicho por los acuerdos a nivel de la Organización Mundial de Comercio, que plantean la eliminación de estas exoneraciones al 31 de diciembre de 2015. Por lo tanto el gobierno presentó desde enero del año pasado la iniciativa 46-44, que de igual manera plantea ventajas a las empresas, dispensándolas del pago de ciertos impuestos. Sin embargo, justo cuando el proyecto está a punto de pasar a discusión al pleno del Congreso, la Superintendencia de Administración Tributaria ha pedido que los diputados revisen tal iniciativa, porque se estima que con su puesta en vigencia el Estado dejará de percibir Q1 mil 295 millones, el 2.9 % de total estimado para este año. Según otros cálculos el monto no recaudado llegaría a Q 2,721 millones.

Entre las primeras reacciones, el ministro de Economía, Sergio de La Torre, señaló que la SAT no tomó en cuenta los beneficios en término de empleos e inversión en el sector maquila, que generan salarios que a su vez generan consumo e impuestos (Prensa Libre 24/03/14). Los empresarios de maquilas advirtieron que sin exenciones de impuestos los inversionistas coreanos se irán a Honduras o El Salvador.

El 24 de marzo la vicepresidenta Roxana Baldetti solicitó a la Comisión de Economía del Congreso que revise la iniciativa de Ley de Inversión y Empleo, alarmada por las advertencias de la SAT. En los días siguientes, la SAT, el Ministerio de Economía, la bancada del Partido Patriota y el ejecutivo han estado buscando consensos para obtener una versión de la ley que no dañe las maltrechas finanzas del gobierno.

El 26 de marzo sindicalistas de la Federación Sindical de Empleados Bancarios de Servicio y del Estado pusieron el dedo en la llaga señalando que la nueva ley se basa en la reducción de los salarios, sin dar certeza de los beneficios del Seguro Social, sin la seguridad de que genere nuevos empleos y con la seguridad de que reducirá la recaudación fiscal. Reynaldo González, del Comité Ejecutivo del sindicato declaró que “…en la redacción no hay por ningún lado certeza de que se va a generar empleo, pero sí que se van a bajar los salarios” (Prensa Libre 27/03/14).

Llamamos a construir esfuerzos unitarios en el sector popular, sobre todo con la participación de sindicatos de empleados públicos. Debemos plantear que, más allá de la necesaria lucha por la dignificación laboral y una mejora en la atención al usuario, los sindicatos debemos exigir a este gobierno cambios sustanciales en la estructura fiscal: eliminación de exenciones; impuestos altos a la renta; mayores impuestos a las ganancias y a las fortunas, sobre todo para los grandes monopolios, las trasnacionales que explotan nuestros recursos naturales y a los grandes bancos del sistema financiero que en los últimos años han reportado magníficos beneficios.

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