Thelma Aldana y Otto Pérez Molina

Por Edgar Miguel Kan

Del Ministerio Público

Desde esta trinchera, hemos reiterado cómo la institución burguesa del Ministerio Público (Fiscalía General) de Guatemala, tuvo un atisbo de democracia desde que el equipo que lideró Claudia Paz y Paz llegó a su dirección.

Esta institución encarna la legitimidad de la burguesía a través de su aparato estatal para lograr inocuizar a los movimientos sociales. Además de sostener una creciente persecución contra la masa proletaria que, por el fallido modelo capitalista, encuentra en la delincuencia una opción de vida, generando en el mercado criminal otra forma más de explotación a los obreros.

Es al entender la naturaleza del Ministerio Público que se puede comprender las limitantes de su actuar en el Estado capitalista. No obstante la limitación que da la burguesía al Ministerio Público, Claudia Paz y Paz generó una persecución penal estratégica que tuvo como objeto perseguir a quienes detentan el poder del mercado criminal, la burguesía emergente (muchos de ellos militares), la oligarquía y el narcotráfico.

Esta modalidad abierta y clara de persecución penal, fue la primera en el país donde la institución encargada de la persecución penal antepuso el interés de las mayorías. Ejemplo de ello ha sido: El juicio por genocidio, en donde se explicó cómo el servilismo militar se sometió a la voluntad del plan capitalista tardío de la oligarquía y generó hechos atroces como el genocidio que, el 10 de mayo del 2013 llegó a sentencia; la persecución penal de importantes funcionarios de estado, entre ellos ministros, directores e incluso a un ex-presidentes que utilizando plataformas populares se sirven del pueblo para lograr sus mezquinos intereses personales que son la consecuencia de sus intereses de clase.

A pesar de que hubo una criminalización en contra de dirigentes sociales, fue evidente que no era una política dirigida por la Fiscal General. Lo anterior demuestra que los fiscales en cada localidad, mantienen y mantendrán vínculos con las empresas y patronos transnacionales y nacionales. Estos de manera voraz continúan con el objetivo de explotar en las comunidades, su territorio y fuerza de trabajo y se sirven de la institucionalidad burguesa para mantener funcionando el flujo de capitales que día a día hacen agonizar a tantos hombres y mujeres en el mundo.

El proceso de elección

El proceso de elección, como reiteramos en el número pasado, es el reflejo de la cooptación del aparato de poder, que mediante falaces espacios corporativos, pretende hacer creer a la sociedad que puede haber democracia en la elección de funcionarios públicos. Producto de tal contradicción fue la nómina de candidatos que excluyó a quien había que defenestrar: Claudia Paz y Paz.

Se seleccionó a seis candidatos, sin embargo desde espacios periodísticos se había anunciado la elección, el 9 de mayo -a un año de la sentencia por genocidio- de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Thelma Aldana sin conocimiento técnico del Derecho Penal, sin capacidad de sostener una política estratégica de persecución de mercados criminales y fiel a los intereses del centralismo burgués de la presidencia; ella fue electa como Fiscal General.

La selección de Aldana la realizó el presidente de la república, quien abiertamente reiteró que si Claudia Paz llegara a la nómina, ante la presión internacional, hubiese tenido que elegirla, por lo que el aparato de lobbystas y serviles, de manera burda, realizaron una nómina sin considerar el espectáculo político que fue el dar una gradación a los perfiles.

Concentración del autoritarismo

Las acciones legales contra el poder oligárquico que logró llevar a cabo Claudia Paz desde el Ministerio Público, no podían repetirse. Esta consigna, clara para el interés burgués, llevó a que desde la elección de Thelma Aldana se realizaran dos acciones: el martes 13 el Congreso aprobó un punto resolutivo en el cual condiciona a que no debe perseguirse el delito de genocidio, pues tales hechos jamás sucedieron en Guatemala y, el jueves 15 la Corte de Constitucionalidad derogó la tabla de gradación para las comisiones de postulación, con ello otorgándole más poder a las estructuras corporativas afines a los grandes intereses del Capital.

Desde el PSOCA, denunciamos que la institucionalidad burguesa no es la opción para el desarrollo de los pueblos y los efímeros avances que ella muestre serán retomados por los burgueses en contra del Pueblo. La unificación socialista es para defender a las y los proletarios del mundo ante el capitalismo burgués y retrógrado. Esta defensa no se realiza a través de las instituciones burguesas sino mediante la organización y lucha de la clase oprimida.