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GUATEMALA.- El caso Byron Lima: grave estado de corrupción del gobierno

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La captura de Byron Lima

Por Marcial Rivera

Esa línea que divide a la realidad de la ficción, es bastante sublime cuando se aborda la realidad de Guatemala, un país en donde el Estado pareciera ser un adorno en algún mueble de caoba, y donde quienes bajo el entendido del ‘contrato social’ tendrían que ejercer la soberanía delegada por ‘el pueblo’ y expresada en las autoridades simplemente no lo hacen. Este hecho pone en evidencia el fracaso del manejo del poder político por parte de las élites dominantes, a través de sus fachadas partidos políticos, gremiales empresariales, organizaciones de la ‘sociedad civil’ y demás. El reflejo de la podredumbre de las instituciones en Guatemala es evidente, para el caso específico del sistema judicial es obvio que la re-captura de Byron Lima es el reflejo de esto.

Ex capitán del ejército de Guatemala y condenado a 20 años de prisión por participar en el caso del asesinato de Monseñor Gerardi, Lima fue puesto a las órdenes de los tribunales el pasado 3 de septiembre; no se trata de un caso cualquiera, pues para el del personaje al que se hace alusión en el título habrá que recordar que ha sido producto de la sistemática labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un ente ad hoc creado por las Naciones Unidas y actualmente presidida por Iván Velásquez; con más de 5 años de presencia en territorio guatemalteco, cuyo gran rol ha sido el de tratar de suplir los vacíos del sistema judicial en Guatemala, a partir de investigar casos paradigmáticos de mafias y corrupción.

Hordas de Corrupción

Probablemente la captura de Lima, sea el punto culminante del status de corrupción que impera en el sistema judicial guatemalteco, y en consecuencia en el sistema penitenciario. Lima supo construir una estructura de crimen organizado a costa del Estado y bajo el cobijo del mismo. Según sus declaraciones, en dicha estructura estarían involucrados diputados del PARLACEN, diputados del Congreso de la República y miembros del oficialista Partido Patriota, además de señalar explícitamente a 'Don Damián' (aparente pseudónimo de Mauricio López Bonilla, actual Ministro de Gobernación). Hay que recordar que quien ostentaba el cargo de Director del Sistema Penitenciario, Edgar Camargo, fue también capturado y se le imputa formar parte de la estructura que Lima comandaba desde la prisión 'Pavoncito'.

Los bienes incautados a Oliva, son celulares, hornos de microondas, y otros electrodomésticos que utilizaba estando en la cárcel, además de un vehículo utilizado para el traslado de reos (negocio que le reportaba grandes cantidades de dólares), y varios vehículos de su propiedad encontrados en la mencionada prisión. Naturalmente, Otto Pérez Molina ha respaldado a López Bonilla, minimizando las declaraciones vertidas por Byron Lima, aunque parte de estas declaraciones establecen los vínculos existentes entre el Partido Patriota y su red criminal, precisamente por el apoyo financiero y logístico brindado por Lima durante la última campaña presidencial, en la que resultaran ganadores el actual mandatario Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Al desnudo

Este caso desnuda al Estado de Guatemala, como un ente con niveles de corrupción sobrados, sobre todo en el sistema penitenciario. Habrá que recordar que por la masacre de Pavoncito durante el gobierno de Oscar Berger ya existe la condena de Erwin Sperisen y Carlos Vielmann, en Europa; ellos también fueron funcionarios durante dicha presidencia. En tal sentido puede afirmarse categóricamente que detrás de Lima hay otros personajes que deben investigarse como parte de la red de mafia y corrupción; además, la situación carcelaria de Lima es el resultado de divisiones y pugnas a lo interno del ejército, tema sobre el que hay mucha tela que cortar, pero que va más allá del asunto que estamos tratando. Un elemento relevante en cuanto al caso de Lima, es que su investigación ha sido independiente de las autoridades guatemaltecas –Gobernación, MP, PNC- la CICIG lo hizo por cuenta propia.

Lo que queda claro es que ni el actual gobierno, ni los anteriores y probablemente los futuros son capaces de controlar el sistema penitenciario y judicial. Desde el Partido Socialista Centroamericano proponemos que las organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos y otras organizaciones populares deben tomar un rol protagónico en la fiscalización de la labor judicial y penitenciaria, ante la incapacidad y el descalabro de la lógica gerencial-militar implementada por el gobierno de Pérez Molina.

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