El presidente del Congreso, Arístides Crespo, recibe el proyecto de presupuesto 2015

Por Armando Tezucún

El 1 de septiembre el ejecutivo presentó al Congreso de la República el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2015. Los diputados tendrán hasta el 30 de noviembre para conocerlo y aprobarlo

El monto de lo solicitado para el gasto gubernamental asciende a Q 71.8 mil millones, 4.9% más que el que está en vigencia para 2014, por Q 68,485 millones. Esta cantidad será cubierta en gran parte con ingresos tributarios por Q 52.4 mil millones, y por la contratación de deuda externa e interna por Q 15.6 mil millones. Los préstamos externos representan el 11.3% del total de ingresos (Q 8,153.2 millones) y se contratarán con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial y un banco de China. La colocación de Bonos del Tesoro ascenderá a Q 7,511.2 (10.5% de los ingresos (Siglo XXI 02/09/14). El gasto público se repartirá de la siguiente manera: Q 47,268 millones para funcionamiento del Estado (65.2%); Q 14,101.3 millones para inversión (19.6%) y Q 10, 470.4 millones para el pago de la deuda (13%) (Prensa Libre 04/09/14 – El Periódico 05/09/14).

La presentación del proyecto abre para el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota un difícil periodo de negociaciones para convencer a las bancadas de los demás partidos de que aprueben el presupuesto. Recordemos que el año pasado el Congreso no dio su beneplácito al presupuesto 2014, quedando vigente el mismo de 2013 por Q 66, 985.4 millones, al que se agregó una ampliación por Q 1,500 millones aprobada a inicios de 2014. La situación se complica porque 2015 es un año electoral, y sin duda los partidos de oposición, en especial Lider, se empeñarán en sabotear la imagen del Partido Patriota, limitando su capacidad de gasto al negar la aprobación del nuevo presupuesto.

Pero además hay un serio cuestionamiento, de parte de la oposición, el empresariado organizado, el FMI y asociaciones privadas de analistas, sobre el creciente endeudamiento del Estado guatemalteco. La situación es compleja porque el endeudamiento está íntimamente ligado a la deficiente recaudación fiscal, que debilita la capacidad de gasto del gobierno. El 22 de septiembre el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz, finalmente admitió que esa entidad no podrá cumplir con la meta de recaudación propuesta para 2014, bajando de los Q 51,500 millones esperados, a Q 49,000 millones, quedando agujero fiscal de Q 2,500 millones (Siglo XXI 23/09/14). La SAT espera recaudar en 2015 Q 52,430 millones para cubrir el 73% del gasto gubernamental. Pero ante el descalabro de este año no cabe más que dudar de las buenas intenciones de la SAT.

Según el estudio del Banco Mundial “Análisis Para el Diálogo Nacional Económico de Guatemala”, recientemente presentado, el país tuvo el último lugar entre 186 países analizados; resultó ser el país con menor gasto público y recaudación. Entre 2010 y 2013, los ingresos del gobierno representaron el 11.5% del PIB, mientras que la media para Centroamérica fue del 19.8% y el promedio mundial ascendió a 31.6%. Similarmente, el gasto público en Guatemala representó el 14.1 del PIB en el mismo período, mientras que para la región centroamericana fue de 22.8% y a nivel mundial de 33.8% (Prensa Libre 12/09/14).

En cuando al nivel de deuda, si se aprueba el nuevo presupuesto, la tasa de endeudamiento habrá crecido un 192% en 10 años, pasando de Q 43,539 millones en 2005 a Q 127,334 millones el 2015. Esta última cifra representa un 242% de los ingresos tributarios, muy cerca de la zona de alerta, que es del 250% (Prensa Libre 09/09/14).

La polémica alrededor del endeudamiento solo encubre una realidad estructural, y es que la burguesía guatemalteca es una de las que menos impuestos pagan, y a través de los años se ha empecinado en sabotear todos los intentos de reforma fiscal para bloquear el incremento de impuestos.

Para evitar el aumento de la deuda se debe implementar impuestos directos a las ganancias de las grandes empresas, reducir las exenciones fiscales a maquilas y zonas francas y aumentar las regalías a las empresas mineras y extractivas. Exigimos al gobierno que el presupuesto 2015 contemple suficientes recursos para empezar a solucionar al menos dos necesidades básicas de la población: salud y educación. Esto significa construcción y reparación de escuelas, alimentación escolar suficiente y de calidad, suplir material didáctico suficiente y en tiempo, contratación masiva de maestros; abastecimiento al 100% de los hospitales y centros de salud en cuanto a medicinas, insumos y equipos, reparación de los edificios de estos establecimientos y construcción de otros centros; esto además de cumplir con los pactos colectivos firmados con los trabajadores de ambas áreas.