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GUATEMALA.- Quema de la embajada de España, (in)justicia histórica

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Cadáveres de campesinos despues de la quema de la emabajada de España

Por Marcial Rivera

El 31 de enero de 1980 constituye una fecha histórica en cuanto a la represión vivida en Guatemala. Ese día la sede de la Embajada de España en Guatemala, entonces ubicada en la zona 9, fue tomada por asalto por las fuerzas represivas del gobierno militar de turno, quemando vivos en su interior a 22 campesinos, 5 estudiantes, 8 funcionarios de la embajada y 2 visitantes. Habrá que recordar que en la época se vivía bajo la dictadura de Romeo Lucas García, quien durante su periodo gubernamental propició una serie de procesos represivos de persecución directa al movimiento social, estudiantil y sindical. Durante su gobierno y el posterior -presidido por otra dictadura dirigida por Efraín Ríos Montt- se registran los mayores niveles de represión, persecución y asesinatos en masa.

En el caso de la toma de la Embajada de España es necesario examinar el contexto en el que se dio. Las condiciones de trabajo (cuasi-esclavitud) de la población de El Quiché, y distintos escenarios de represión motivaron a miembros del Comité de Unidad Campesina, apoyados por estudiantes universitarios, a llevar a cabo acciones de hecho específicas con el fin de llamar la atención de la opinión nacional e internacional sobre la represión vivida en Guatemala.

Sobre la quema de la embajada de España no cabe duda, que existen distintas hipótesis, pero lo que es claro es que la labor de los cuerpos represivos de la época contribuyeron al trágico saldo de personas quemadas ese día; además del rompimiento de relaciones diplomáticas entre España y Guatemala, reanudadas en 1984.

A principios de octubre del presente año, el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo emprendió un juicio contra el otrora jefe de la Policía Nacional -cuerpo represivo dedicado a la inteligencia y ya desaparecido- Pedro García Arredondo, como uno de los responsables del asesinato de las 37 víctimas que perecieron aquel 31 de enero. Máximo Cajal, embajador de España en el momento de la masacre, declaró en abril de 2012 sobre los hechos acaecidos en ese entonces; entre otras cosas mencionó que intervino para que se desocupara la embajada de forma pacífica, pero que sus peticiones no tuvieron eco en las autoridades, y que el operativo para sacar a los ocupantes fue dirigido por García Arredondo. Este individuo ya había recibido una condena de 70 años en agosto de 2012 por la desaparición del estudiante Edgar Saénz Calito.

Según Siglo XXI "García Arredondo es el único capturado por la masacre, en la que murieron el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, sus compatriotas y empleados de la legación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez; Vicente Menchú, padre de la líder indígena; el expresidente guatemalteco Eduardo Cáceres Lehnhoff, y el excanciller Adolfo Molina Orantes" (Siglo XXI, 01/10/2014).

Según investigaciones del Ministerio Público García Arredondo ordenó que nadie saliera vivo de dicha Sede diplomática, cuya inmunidad fue vulnerada por la extinta Policía Nacional, este hecho no solamente propició el rompimiento de relaciones entre España y Guatemala, sino además la condena por parte de la comunidad internacional y la Organización de Estados Americanos, OEA. Hasta el momento han rendido declaraciones como testigos la señora Rigoberta Menchú, cuyo padre fue una de las víctimas de la masacre, Sergio Vi Escobar cuyo padre también falleció en el hecho, el abogado Mario Arturo Aguirre que se encontraba presente en la embajada y logró escapar, el mensajero César Ávila y el periodista Elías Barahona.

El caso de la Quema de la Embajada de España, es uno de los tantos nichos de represión perpetrados por las distintas dictaduras que tuvieron lugar en la historia de Guatemala. No obstante debe afirmarse que en la actualidad los juicios contra los perpetradores (incluyendo el de Ríos Mont), si bien tienen la intención juzgar a los culpables, son tolerados por la oligarquía y usados para ‘adecentar’ la historia, minimizar los procesos represivos vividos en la época, y ganar legitimidad y credibilidad para el actual régimen de democracia burguesa, con el cual ejerce ahora su poder. La misma oligarquía que aceptó y alentó estos crímenes, y muchos de los militares que los perpetraron jamás serán juzgados. Paradójicamente, al mismo tiempo que se llevan a cabo juicios por casos históricos como este, también se dan procesos represivos por las distintas luchas vividas en la actualidad.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se reclama justicia para las víctimas de la Embajada de España, así como de las distintas masacres y asesinatos en masa vividos durante el conflicto armado, quienes luchaban por condiciones de trabajo más justas y una vida digna; sus banderas de lucha siguen tan vigentes como en aquella época. Pero su verdadera reivindicación se dará cuando obreros y campesinos hagan justicia desde los tribunales de un nuevo régimen revolucionario.

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