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GUATEMALA.- Los partidos políticos enfrentan al Tribunal Supremo Electoral

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Por Marcial Rivera

El gobierno de Vinicio Cerezo supuso la transición hacia el régimen de democracia burguesa en Guatemala. Bajo la bandera de la Democracia Cristiana Guatemalteca, el ex presidente Cerezo condujo al Estado guatemalteco hacia la pacificación de la región centroamericana y en consecuencia de Guatemala, así como también a la transición democrática que se dio en este país centroamericano, producto de la cual nace la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que define algunos lineamientos sobre el sistema de partidos, el sistema electoral y demás. De hecho, la LEPP posee rango Constitucional, siendo criticada por distintos sectores de la sociedad -incluyendo los mismos partidos políticos- debido a que algunos de los preceptos que ahí se establecen han dejado de tener vigencia en el actual régimen democrático, o se hace necesario propiciar la modificación de la misma, en función de la realidad dinámica y cambiante.

La carencia de ideología a lo interno de los partidos políticos burgueses, y la falta de representatividad que generan a lo interno de los mismos, como de forma exógena, es precisamente el común denominador en los partidos políticos actuales en Guatemala. De esta cuenta puede aseverarse que existe una dinámica clientelar en el ejercicio del poder político; la configuración de la agenda de los partidos políticos reside en la necesidad de sectores poderosos, oligárquicos e influyentes de la sociedad, de configurar sus propias agendas de trabajo, que no son más que agendas con intereses económicos, empresariales y de otra naturaleza, de manera que los partidos políticos en Guatemala, son partidos tipo cartel.

Sobre los Partidos Cartel, Katz y Mair, consideran que la forma en que se dio paso al Partido Cartel, resultó de la acción de "Los líderes de los partidos tradicionales establecieron organizaciones formalmente parecidas a las de los partidos de masas (miembros permanentes, sedes, congresos, prensa de partido), pero que en la práctica, a menudo, seguían haciendo hincapié en la independencia de las actividades parlamentarias del partido. En lugar de enfatizar el papel del partido en el parlamento como agente de la organización de masas, subrayaron el papel de la organización de masas como un apoyo del partido en el parlamento. Igualmente significativo era el hecho de que, aunque estos partidos continuaban captando militantes, no quisieran limitar, y en términos prácticos no hubieran podido hacerlo, su oferta a ninguna clase en particular…". (Katz y Mair: 19-20)

Se sabe que en Guatemala los niveles de gobernabilidad democrática e institucionalidad política, son pobres. La transición hacia la democracia no arrojó transformaciones de fondo, en relación a los problemas estructurales que se viven en Guatemala, sino únicamente cambios de forma. Estos cambios de forma representan costos onerosos para el erario público; para este proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral hizo una estimación de más de seiscientos millones de Quetzales.

Una de las principales críticas hacia el proceso de reforma a la Ley de Partidos Políticos, es que no se propicia la investigación del financiamiento de los mismos; esto porque es evidente que los partidos políticos no únicamente reciben financiamiento por parte del Estado en la llamada 'deuda política', sino también financiamiento privado. Pero independientemente del financiamiento privado que los partidos reciben, lo que debe entenderse es que los partidos son instituciones públicas, y en consecuencia objeto de auditoría y fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas y la ciudadanía. Es precisamente a través del financiamiento privado que los grupos de poder, llámese oligarquía, burguesía emergente, crimen organizado o narcotráfico, controlan y utilizan para sus fines a los partidos.

Es evidente que los partidos políticos han perdido legitimidad frente a la ciudadanía. La lógica coyuntural bajo la que operan es la burlar al máximo la Ley Electoral, haciendo propaganda por medio de “Fundaciones”, o como el caso de Manuel Baldizón del partido Lider, que renunció al mismo para poder promover libremente su figura de cara a las próximas elecciones, antes de la convocatoria oficial a los comicios. El colmo es que una de estas fundaciones promovió un antejuicio contra tres magistrados del TSE, sin duda como revancha por las innumerables multas y suspensiones que el mismo ha tenido que ordenar ante las acciones de campaña anticipada y faltas a la Ley Electoral.

Las organizaciones sindicales y populares deben plantear una profunda reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que la democratice al máximo, arrebatando a los grupos de poder económico la virtual exclusividad de representación en los procesos electorales.

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