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GUATEMALA.- Extorsión, discriminación y dipukid

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Javier Hernández y Juan Manuel Giordano, diputados del FCN-Nación

Por Marcial Rivera

A principios de mes la ciudadanía atestiguaba, a través de los diferentes medios de comunicación, sobre las intimidaciones a las que había sido sometida la gobernadora de Alta Verapaz Estela Ventura, por parte de diferentes diputados del partido FCN-Nación. Éstos presionaron a la gobernadora en cuestión, en una citación que se programó para propósitos de 'fiscalizar' la labor de la gobernadora, quien de la misma reunión salió llorando.

Las intimidaciones se dieron para controlar los Consejos de Desarrollo de Alta Verapaz, que disponen de los fondos para la realización de obras y su concesión a empresas asociadas a diputados del Congreso de la República, además del otorgamiento de plazas laborales en el mismo departamento. Sobre este problema ya se tiene un precedente en el actual gobierno, en ocasión de la administración del Ministerio de Salud. Edgar Ovalle, fundador del partido FCN, confirmó mediante declaraciones a un medio televisivo, que quienes habían participado durante la campaña electoral tenían el derecho de pedir plazas de trabajo en el gobierno, y también con el viceministro de cultura, a quien se supone, diputados de la bancada oficialista han pedido cuarenta plazas.

Antecedente

Por este problema el diputado Juan Manuel Giordano -el diputado más tránsfuga de la historia- fue citado por parte de la Junta Directiva del congreso, en relación a un mensaje filtrado en donde insinuaba presiones al gobernador del departamento de San Marcos, lo que ha generado un crisol de críticas en torno a su actitud en el organismo legislativo y su forma de hacer política. Por esto el presidente Jimmy Morales, pidió que el diputado Giordano, fuera expulsado de la bancada FCN Nación, pero la bancada ignoró la petición. Además, la gobernadora Ventura fue citada nuevamente, y al final fue retenida durante de media hora, para que no diera declaraciones a los medios.

Se sabe que esta reunión a la que fue citada la gobernadora Altaverapacense, era para que los puestos de director general y director financiero del Consejo de Desarrollo, fueran otorgados a miembros de la bancada del FCN-Nación. Debe agregarse que también se han dado situaciones similares en otros gobiernos departamentales, de otros CODEDE's, de otros departamentos, como el caso del Gobernador de San Marcos, Carlos Cardona. El MP ya abrió un expediente contra ocho diputados, por racismo, abuso de autoridad, discriminación, concusión, tráfico de influencias.

¿Nueva política?

Sobre el caso del Ministerio de Salud, habrá que apuntar que el titular de esta cartera del Estado fue citado a la bancada oficialista para que aclarara sobre las declaraciones que dio a los medios de comunicación, y se aprovechó para intimidarle y que evitara dar ese tipo de declaraciones para no ennegrecer la imagen de los mismos. Los diputados que están detrás de las presiones, son oficialistas, pero tránsfugas, de manera que la nueva política, siempre no es nueva, es la vieja política corrupta y clientelar, que busca mantener una forma finquera y hacendaria de administrar la cosa pública. En el fondo las cosas siguen igual, la sola incorporación de diputados tránsfugas de diferentes bancadas legislativas a la bancada oficialista, es una muestra de la falta de coherencia entre las promesas de campaña y lo que en realidad ocurre. Actualmente el FCN-Nación es la bancada que más diputados disidentes ha recibido, a pesar de la constante referencia a la nueva forma de hacer política, pero también de la promesa del presidente Morales de no recibir diputados tránsfugas en su partido.

Esta coyuntura también se da en medio de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso, relacionadas con el transfuguismo y que estipula un plazo, que venció el doce de abril, para quienes quisieran cambiarse de bancada; esta reforma establece la imposibilidad de cambiarse de bancada al menos los primeros tres años del ejercicio legislativo.

Afectaciones

Hay que señalar que estos casos de corrupción y compadrazgo no solamente afectan a los gobernadores, sino también a las municipalidades, porque las mismas pueden -eventualmente- ejecutar obras que el municipio no necesita, pero que lo hacen por presiones del gobierno y de diputados; lo mismo en el caso de las asociaciones intermunicipales. Una consecuencia latente de estos escenarios de corrupción, es que se supeditan las verdades necesidades de las comunidades, a la realización de obra pública ejecutada por empresas ligadas a diputados o a funcionarios de gobierno. Desde este espacio, censuramos estas prácticas y exigimos que sean las estructuras de participación popular, las que decidan sobre la realización de obra pública, frente a la falta de legítimo interés a este tema, por parte del gobierno actual, y la forma corrupta de administrar el Estado.

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