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GUATEMALA.- Sobre el manejo de recursos públicos por el STEG en la cartera de educación

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Por Leonardo Ixim

El pasado 24 de mayo se anunció la firma de un convenio entre las autoridades del Ministerio de Educación por medio del titular de la cartera, Oscar Hugo López y el sempiterno secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg) Joviel Acevedo, para administrar conjuntamente Q 954.2 millones para prever de recursos tales como útiles, valijas escolares, garantizar la gratuidad y la entrega de alimentos para la refacción escolar.

La noticia rápidamente causó revuelo, pidiendo organismos de la denominada sociedad civil como Acción Ciudadana la fiscalización de los recursos. Mientras que el llamado Magisterio en Resistencia mostró su inquietud por el historial corrupto y entreguista del burócrata Acevedo. Éste adujo en la prensa la necesidad de que estos recursos se transfieran a las escuelas que lo necesitan, especialmente las que carecen de Organizaciones de Padres de Familias (OPF).

Las OPF se formaron en el marco de la descentralización del Estado en la década de los 90s, acompañando el proceso de ajuste estructural. Buscaban desconcentrar las funciones en manos de organismos creados por los padres que administraran y ejecutaran recursos públicos; en la práctica muchos de estos organismos fueron incapaces de tal tarea, provocando que el Estado no cumpliera las funciones básicas hacia la población.

Las OPF entonces, ante tal incapacidad, en muchos casos contrataron instituciones privadas en forma de ong´s recreando otra forma de privatización dentro del esquema neoliberal. Se trató de revertir esto tímidamente, con la prohibición que realizó el gobierno de Colom de contratar instituciones privadas e impulsar la gratuidad, una quimera en la realidad del pueblo trabajador, pues muchas escuelas cobran ante la falta de fondos. Esto se traduce en los niveles de acceso de la población a la educación, los más bajos de la región.

Aunque se aumentó la tasa de matrícula en primaria, en los últimos años esta tendencia se ha revertido, pues la deserción escolar va en aumento; por otro lado, Guatemala es el país que menos invierte en educación en la región, apenas el 2.4 % del PIB. Por otro lado, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, el 70 % de las escuelas tiene problemas de infraestructura, además de deficiencias en la contratación de maestros para asignaturas tales como educación bilingüe, inglés, música, educación física y computación (Crónica 19/04/16). Esto pese a las diatribas que personajes como la ex ministra de educación en el gobierno de Oscar Berger, María del Carmen Aceña, ahora personera del pro-empresarial Centro de Investigación Económico Nacional (Cien) y cerebro atrás de la contra reforma magisterial, lanzan mensajes aduciendo que no hay por qué contratar más maestros, buscando acotar aún más la posibilidad de que haya más graduados en el magisterio.

En el caso de las OPF, existen en 22,614 escuelas y faltan en 3,511, en municipios de los departamentos de Huehuetenango, Retalhuleu, Chimaltenango y en el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Del monto firmado entre Acevedo y López, el rubro mayor será de Q230 millones para programas de refacción escolar, buscando beneficiar a 1.8 millones de niños (La Hora 24/05/15); recordemos lo vital que es para las familias que los niños reciban un tiempo de comida o por lo menos una refacción en la escuela, en función de reducir los niveles de desnutrición infantil, ayudando con esto a los padres cuya situación económica es precaria.

Hay otro problema evidente, el hecho de que las OPF sean unidades ejecutorias de fondos públicos una de las herencias vivas del neoliberalismo; tal situación se complica con las reformas recientemente aprobadas a la Ley de Compras del Estado, pues se impone un límite a las compras directas hasta de Q90 mil; además de buscar limitar el fraccionamiento de una unidad ejecutoria, hacia una misma empresa que provea un mismo bien o servicio.

Como bien dice Acevedo, es un error que las OPF ejecuten fondos públicos cual es una obligación estatal. Nosotros consideramos que la dirigencia del Steg no tiene la solvencia moral para administrar esos fondos. Las bases de ese sindicato, a diferencia de la visión que tiene el denominado Magisterio en Resistencia están allí por la defensa que ese sindicato hace de los maestros presupuestados, defensa que de por si es limitada, pero genera una movilización real y que pese a sus compadrazgos son una piedra en zapato en lo que respecta a profundizar la privatización en la educación

Es vital que el manejo de los fondos para cubrir las necesidades de las niñas y los niños, así como la contratación de empresas para que prevean tales recursos, sean administrados por asambleas de maestros de las distintas escuelas públicas, sin importar el sindicato al que pertenezcan junto a los padres de familia, existan o no Organizaciones de Padres de Familia.

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