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GUATEMALA.- Recaudación fiscal y persecución a empresas evasoras

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Por Leonardo Ixim

El Estado guatemalteco es considerado uno de los que menos carga impositiva tiene con respecto al Producto Interno Bruto en América Latina, situándose desde 1996 en un 10.2 por ciento, siendo el mayor valor alcanzado, cuando la media para la región es superior al 20 %; esto según organismos internacionales como CEPAL, el BID o el BM, entre otros. En la actualidad este porcentaje se sitúa en el 10.2 %, similar al de 1999; recordemos que en los Acuerdos de Paz se mencionó que éste debía pasar el 12 %.

La histórica debilidad del Estado para atender las demandas sociales y su uso corporativizado por parte de los grupos burgueses a favor de sus intereses, va de la mano del desinterés de éstos por sufragar las obligaciones que existen en todo Estado democrático de derecho -cual formalidad del Estado en una sociedad capitalista-, eso no se cumple en este país. En Guatemala desde la década de los 90s se creó la Superintendencia de Administración Tributaria, ente encargado de recaudar impuestos, diferenciándolo del Ministerio de Finanzas Públicas, quien centraría su actividad en programar y presentar al Congreso los presupuestos anuales del Estado, esto con la finalidad de volver eficiente el cobro de tributos.

Desde el mes de marzo, en el marco de la intervención quirúrgica -en su mayoría estética- de las instituciones estatales, tomando como punto de referencia el desbancamiento de la mafia del Partido Patriota en la dirección del gobierno, y por encargo de la política de Estados Unidos para el área del Triángulo Norte, en la necesidad del imperialismo de garantizar un clima favorable para sus negocios, se nombró a Juan Francisco Solórzano Foppa como nuevo superintendente, un funcionario con experiencia en el Ministerio Público.

Solórzano, quien fuera hombre de confianza y secretario privado de la ex fiscal Claudia Paz y la actual fiscal Thelma Aldana, es una pieza confiable para la embajada gringa, después del descalabro de la SAT a raíz de que los principales jerarcas de esa institución fuera cómplices y están ligados penalmente por el caso de La Línea. Solórzano de profesión abogado y con una visión progresiva en el tema fiscal, seria alguien ideal para dirigir esta institución.

Según Solórzano existirían 10 mil contribuyentes entre pequeños, medianos y grandes, quienes han cometido una serie de irregulares en lo que se refiere a deudas con el fisco. Además, desde 2012 hasta 2015 esta institución no ha cumplido la meta fiscal que se programa anualmente, coincidiendo con el gobierno del hoy procesado Otto Pérez.

Poniéndose al día

La primera tarea de Solórzano ha sido cobrarles a empresas cuyos procesos se vienen dando en los últimos años, pero que no había una voluntad real para hacer efectivo el cobro. Se espera recuperar 11 mil millones de Quetzales, 7 mil millones por procesos penales y 4 mil millones por procesos económico-coactivos. Primero fue Aceros de Guatemala, quien le pagó al fisco Q752 millones, después la empresa de bebidas TJE Maya quien pagó Q27.8 millones, Farmacias Galeno Q34.8 millones y Farmacias La Comunidad, que le debe aun Q25 millones (Prensa Libre 11-07-16).

Hace unos días, se dio a conocer otro caso, el del Hotel Camino Real Intercontinental quien defraudó al fisco por Q21 millones; en un primer momento por medio de venta de facturas que simulaban compras, evadiendo impuestos y posteriormente emitiendo facturas a nombre proveedores inexistentes. De tal forma que fue detenido al representante legal de la empresa, Carlos Enrique Monterroso Castillo, vinculado a la poderosa Corporación Castillo Hermanos (Prensa Libre 12-07-16). Recientemente la SAT ha intervenido otra empresa, una exportadora de banano denominada Agropecuaria Bellaman Tiquisate S.A.

Recaudación fiscal

La entrada de ingresos al fisco a través del cobro a empresas morosas o que han cometido ilegalidades, se suma los ingresos ordinarios que han tenido un comportamiento variable. Por un lado, el IVA ha sido el de mayor rezago; para junio de este año se había proyectado en el IVA por importaciones una meta de Q6.99 millardos de los cuales se ha recaudado Q5.96 millardos, presentando una brecha de Q735.6 millones. Según el intendente de recaudación tributaria Abel Cruz esto ha sido producto de la caída de los precios del combustible, de materias primas para la industria y materias primas para la minería (El Periódico 19-07-16).

El IVA por ventas recaudo Q5.90 millardos de una meta de Q9.97 millardos; sobre todo en actividades como construcción, inmobiliarias, alquileres, agrícolas y administración pública, lo cual los analistas argumentan es debido al enfriamiento de la economía.

Por su parte en el Impuesto Sobre la Renta ha habido cierta recuperación; así de una meta de Q7.38 millardos, reporta Q335.6 millones por arriba, es decir logró recaudar Q7.72 millardos. El Impuesto sobre Distribución de Petróleo (IDP) recaudó Q1.6 millardos, con lo que superó por Q138.5 millones lo previsto para el semestre. Por otro lado, hasta junio se contabilizan Q26.08 millardos de ingresos tributarios dejando una brecha de Q295.7 millones con respecto a los Q26.38 millardos esperados; la SAT por su parte ha informado que el pago obtenido por casos judiciales alcanzó Q900 millones (Ídem).

Para julio por su parte la SAT ha recaudado 432.4 millones de Quetzales, el 56.4 por ciento, según el Solórzano Foppa, de una meta de Q767 millones en lo que se refiere al Impuesto sobre Circulación de Vehículos, que se cobra a los conductores de automóviles (La Hora 18-07-16).

Según instituciones como el ICEFI y otras, se espera que la recaudación tributaria se acerque a la meta tributaria que se programó cuando Solórzano Foppa asumió ese mandato. Hasta hace unos días, antes de la aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la SAT en el Congreso, el superintendente era nombrado por el presidente de la República, con la misión de lograr la meta fiscal, sino era sujeto a despido.

Sin embargo, pese a los optimistas pronósticos de ingresos para el fisco, la recaudación y el cobro a empresas que cometieron ilegalidades, no se alcanzará a llegar a la meta fiscal, ni que decir acercarse a la media en la región de carga fiscal con respecto al PIB. Por esa razón Solórzano Foppa, quien había dicho hace unos meses que su principal misión era reorganizar a lo interno la institución, anunció que es necesario aprobar nuevos impuestos.

Reformas legales

Entre las reformas a la ley orgánica de la SAT, está la reorganización del Directorio, el cual estará conformado por el ministro de finanzas, el de economía y el presidente del Banco de Guatemala, que nombra al superintendente, ahora por un periodo de cinco años, y aprueba el plan anual de meta fiscal. Se crea un Tribunal Administrativo y Aduanero, quien conocerá y resolverá recursos en materia tributaria y aduanera previo a llegar a la vía penal y cuyos integrantes, serán cinco nombrados por el directorio entre abogados y contadores y auditores; éste tendrá una unidad técnica que respaldara las decisiones de este tribunal.

Se realizaron, además, reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros y al Código Tributario en lo que respecta al secreto bancario con el fin de fiscalizar los movimientos bancarios; así como al Código Tributario para reconocer la figura del Tribunal antes mencionado dentro de la SAT. Levantar el secreto bancario, por su parte, generó la oposición tanto de empresarios como Javier Zepeda de la Cámara de Industria, como de diputados que a última hora pretendían poner trabas. La Cámara de la Construcción adujo que era importante ampliar la base tributaria antes de pensar nuevos impuestos. Se adujo, además, que se provocará fuga de capitales afectando a bancos que operan aquí y en Panamá, pues se fiscaliza además las operaciones off shore.

Sin embargo, se aprobó que la SAT conociera el movimiento de cuentas por medio de una resolución de un juez civil a diferencia de cómo se realizaba, que era por la vía penal; como resultado de la oposición de los empresarios y diputados, se hizo valer el principio de la no retroactividad de la ley, pese a que el Código Tributario estipula revisar hasta cuatro años antes, protegiendo así a los evasores.

En el caso de las empresas que han sido intervenidas por defraudación fiscal, consideramos, que son los trabajadores de las mismas quienes deben tomar el control sobre su funcionamiento, no las agencias del Estado Burgués. Estas empresas se están robando el dinero que debería ser destinado a dotar al pueblo de servicios públicos de calidad, en salud, educación, transporte, vivienda, etc. Por tanto, los trabajadores deben tomar a su cargo la contabilidad para obligar a los empresarios fraudulentos a pagar. Además, las organizaciones sindicales y populares deben exigir que se aprueben más impuestos a las ganancias de los monopolios y bancos, aumentar el ISR a los que más ingresos tienen y que en todo momento, tengan presencia en las decisiones fiscales de la SAT.

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