Por armando tezucún

El sistema capitalista no puede funcionar sin una dosis importante de corrupción. La teoría marxista ha explicado que el aparato del Estado, con sus instituciones, constituye un entramado que es utilizado por las clases dominantes para favorecer sus intereses, económicos, políticos, ideológicos, etc., y ejercer su dominio sobre la sociedad. Esta manipulación de las instancias del Estado implica con harta frecuencia la ruptura de las reglas del juego, decididas por la misma burguesía, a través de sus partidos políticos, y sus representantes en los distintos poderes, por medio de procesos relativamente democráticos (en el caso de los regímenes democrático-burgueses). Ello implica acuerdos bajo la mesa, pago de sobornos, argucias “legales” al margen de lo reglamentado en las leyes, etc.

La campaña anti-corrupción impulsada por el imperialismo gringo, como parte del Plan Alianza Para la Prosperidad, a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Ministerio Público (MP), la Superintendencia de Administración Tributaria (Sat) y otras instancias públicas, ha revelado la participación activa de importantes empresarios en los casos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota. Banqueros e industriales pertenecientes a los grupos más importantes de la burguesía fueron acusados, encarcelados u obligados a pagar al fisco impuestos que tramposamente habían evadido.

 A partir del 14 de julio, la Cicig y el Mp revelaron una nueva red de corrupción vinculada al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), de Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi. En esta red resultaron implicados varios empresarios del ramo de la Construcción, expresidentes de la Cámara de la Construcción, asociada al Cacif, que agrupa a los más importantes sectores de la burguesía guatemalteca.

Sinibaldi fue diputado por el Partido Patriota entre 2008 y 2011; en 2012 fue nombrado ministro del Micivi, en el gobierno del PP, y más adelante fue proclamado candidato presidencial para las elecciones de 2015. Sin embargo, renunció al PP y a su candidatura al revelarse el caso de corrupción La Línea. En junio de 2016 fue acusado, junto a otros funcionarios del PP, de haber desviado fondos para comprar costosos regalos a la expareja presidencial. Desde entonces tiene orden de captura.

El 14 de julio el Mp realizó 40 allanamientos a nivel nacional, en busca de empresarios, contadores y exfuncionarios implicados en negocios fraudulentos de Sinibaldi, sobre el que recayó una segunda orden de captura. El ex ministro utilizó tres empresas de cartón para simular servicios y facturar millones de quetzales en sobornos, entre 2012 y 2014.

El 4 de agosto se dio a conocer que el expresidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, José Luis Agüero, confesó que pagó sobornos exigidos por Sinibaldi. El Micivi tenía una deuda de arrastre con la empresa de Agüero, Asfaltos de Guatemala, por Q 55 millones, que la tenía al borde de la quiebra. Sinibaldi le exigió que, para hacer efectivo el pago de la deuda, le diera el 15% de lo adeudado; además le pidió que como parte del pago, le entregara Q 1.5 millones al representante legal del Movimiento Cívico Nacional (Mcn), Rodrigo Arenas.

El dinero entregado al Mcn sirvió para financiar una campaña en contra de Manuel Baldizón, candidato de Lider, y supuesto principal rival de Sinibaldi en las elecciones de 2015.

De forma similar fue sobornado Álvaro Mayorga, dueño de la Constructora Nacional S. A., y expresidente de la Cámara de la Construcción, a quien el Micivi adeudaba Q 67 millones. Mayorga entregó Q 250,000 al Mcn. Sin embargo, ambas empresas recibieron contratos por varios cientos de millones durante el periodo de Sinibaldi. Otra empresa que pagó sobornos fue Pavimentos de Guatemala, a la cual el Micivi adeudaba Q 30 millones.

El Movimiento Cívico Nacional es un grupo de extrema derecha surgido en 2009 durante las protestas de los “camisas blancas” contra el gobierno de Colom por el asesinato del abogado.  Rosenberg. Aunque se anuncia como un grupo anticorrupción, se ha caracterizado por respaldar a la oligarquía en las discusiones sobre las reformas constitucionales y otros temas a nivel nacional. Arenas tiene orden de arraigo y está bajo investigación.

Todo aquí huele a podrido. Los empresarios que pagaron los sobornos se hacen las víctimas, pero sin ninguna vergüenza continuaron aceptando contratos del Micivi, a pesar de la extorsión. Arenas no convence a nadie cuanto alega que no sabía de dónde provenían las “donaciones” recibidas. Las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares deben conformar sus propios tribunales para juzgar y condenar a los empresarios y funcionarios corruptos.