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GUATEMALA.- Préstamo BCIE a USAC preserva la estructura de corrupción del rector Murphy Paiz

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Por María Armas

Las autoridades de la universidad pública de Guatemala representan los intereses privatizadores y excluyentes que dominan la agenda del actual gobierno de Giammattei Falla, en la cual los préstamos son medios para lograr sus objetivos mezquinos y de preservación de un sistema opresor que favorece a la iniciativa privada por encima de los derechos colectivos y garantías sociales.

El Congreso de la República se encuentra discutiendo la reforma al decreto 3-2019, que autorizó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, destinado a la Universidad de San Carlos; la reforma está contenida en la Iniciativa 5814. Este préstamo fue aprobado por el Congreso en abril de 2019, y viene a hacer mayor la deuda pública, limitando el acceso a los servicios mínimos y una vida digna de las grandes mayorías, haciendo mayor la carga tributaria de las y los trabajadores, quienes son los que llevan en sus hombros la mayor parte del ingreso de tributación de la Super Intendencia de Administración Tributaria, SAT. El BCIE necesita las reformas al decreto para adecuarse a nuevas características de la Usac y reasignar los fondos.

El préstamo de US$ 120 millones, denominado “Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala”, en su nueva versión, es la plataforma económica necesaria para que el actual rector Murphy Paiz apoye la conservación de la estructura de privatización de la USAC. En el desglose del presupuesto sigue preservando la mayor concentración de dinero en infraestructura; esto ha sido una forma de negocio conocida en los gobiernos de derecha, con la implementación de empresas fantasmas que ganan los contratos sin licitaciones o procesos de evaluación que garanticen la transparencia de la compra.

Entre las prioridades del gobierno universitario está destinar US$ 17,850,000 para la Dirección General de Administración -DIGA-, departamento que favorece la política corrupta universitaria albergando plazas a paga de favores políticos, por encima de los US$ 11 millones destinados a la Dirección General de Extensión Universitaria -DIGEU-, Dirección General de Docencia -DIGED- y la Dirección de Investigación -DIGI-, todos alojados en el rubro de proyectos de beneficio común. No se aclara el beneficio común de quienes, porque el acomodamiento del dinero preserva el poder corrupto del gobierno universitario, excluyendo a programas como el Programa Académico Preparatorio -PAP- y el Centro de Aprendizaje de Lenguas -CALUSAC-; ambos programas son de gran importancia para facilitar el acceso a la educación superior y de idiomas a toda la población guatemalteca, los cuales no reciben el apoyo del gobierno universitario y ambos están en riesgo de desaparecer, a pesar de su gran aporte académico y apoyo social al país.

A los 21 centros universitarios se destina apenas el 37% del préstamo, por lo que el préstamo no apoya la descentralización del poder universitario, necesaria para poder brindar recursos y herramientas académicas en el interior del país. Nuevamente en el destino que Murphy tiene planteado para el préstamo se evidencia que las facultades siguen siendo las mayores beneficiadas en proporción a su extensión, con un 24%, las escuelas de ciencias sociales representan apenas el 13%. Se refuerza así la actual estructura privatizadora y excluyente, utilizando a la Universidad de San Carlos como la plataforma política del rector, que niega de manera sistemática el acceso a la educación superior a la clase trabajadora del país, construyendo un paraíso de mano calificada para la iniciativa privada y bloqueando el desarrollo, el acceso a la academia de calidad e investigación que debería de hacer en su extensión con las y los estudiantes hacia la población y la resolución a las problemáticas nacionales.

El 3 de septiembre una veintena de estudiantes sancarlistas bloqueó los ingresos al edificio del Congreso para impedir la entrada de los diputados y que se suspendiera la sesión plenaria en que se discutiría el decreto 3-2019. Esa fue la acción de una pequeña y valiente vanguardia estudiantil; el grueso del estudiantado está atomizado y disperso recibiendo, en medio de dificultades, clases virtuales. Por ello es necesario crear un bloque entre movimientos universitarios, estudiantes regulares, docentes, trabajadoras y trabajadores, y población en general, que vele por la fiscalización en el proceso de la resolución del préstamo en el congreso de la Iniciativa 5814. La universidad no necesita más prestamos que alimenten la deuda pública, es necesaria la vinculación universitaria con la problemática nacional y la exigencia pronta del no menos del 5% del presupuesto de ingresos de la nación.

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