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GUATEMALA.- La lucha por el control de la Corte de Constitucionalidad

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Por Armando Tezucún

La convocatoria para elección de nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021 – 2025 fue lanzada en enero, y los designados asumirán sus cargos el 14 de abril. La CC es el máximo tribunal del país, y su función primordial es la defensa del orden constitucional y además actúa como Tribunal Extraordinario de Amparo. Fue instalada por primera vez, tal como existe ahora, en junio de 1986, como resultado de la nueva Constitución de la República promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1985.

La CC es un organismo clave en el andamiaje jurídico de Guatemala, y como tal, ha sido presa codiciada de los diferentes grupos de poder que controlan el país; de esta manera, su actuación ha dependido de los intereses de quienes han colocado a los magistrados en sus cargos, como cuando en 2003 la CC permitió la candidatura presidencial del general genocida y expresidente de facto Efraín Ríos Montt, contraviniendo la prohibición constitucional de optar a cargos de elección pública por haber llevado a cabo un golpe de estado; o cuando los magistrados han emitido fallos a favor de empresas extractivas en contra de comunidades afectadas por las operaciones de las mismas en sus territorios. Más recientemente algunos de los magistrados han frenado acciones violatorias a la constitución o que favorecen a grupos corruptos, en especial en respaldo a las operaciones de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y después acuerpando a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Los grupos corruptos y los intereses más oscuros de empresarios y políticos se preparan esta vez para tomar por asalto la CC y someterla a sus mandatos colocando a sus peones en las magistraturas.

La CC está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, electos por cinco organismos: el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad de San Carlos por medio del Consejo Superior Universitario (CSU), el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el presidente de la república en Consejo de Ministros. Cada ente elige un magistrado titular y un suplente.

Las primeras cuatro entidades ya lanzaron sus convocatorias para recibir expedientes de candidatos. El presidente elegirá en un procedimiento hermético y sin discusión.

De las cinco instancias institucionales que escogerán a los próximos magistrados de la CC, cuatro responden a los intereses de políticos y empresarios corruptos; es posible que el CSU de la Universidad de San Carlos escoja de forma más idónea, pues tiene una imagen que proteger y conservar.

Quien no se ha quedado quieto ante el proceso de elección de la nueva CC es el imperialismo gringo. La administración Biden ha estado presionando y haciendo lobby en contra de la designación de magistrados vinculados a la corrupción, crimen organizado, narcotráfico o empresarios. Desde la primera quincena de febrero, con esta finalidad, una delegación de la embajada de Estados Unidos empezó a reunirse con las bancadas de los partidos en el Congreso. Lograron encuentros con las bancadas de Winaq, Semilla, Une, Creo y Victoria, a quienes les leyeron un documento con la postura del gobierno Biden sobre el tema. Las bancadas oficialistas rehuyeron cualquier reunión con la delegación.

Además, una pléyade de funcionarios gringos ha dado declaraciones sobre el tema. Entre ellos el Secretario de Estado Antony Blinken, quien se reunió con el canciller guatemalteco Pedro Brolo; el portavoz del Departamento de Estado Ned Price; el funcionario del Consejo de Seguridad Nacional Juan González; la subsecretaria del Departamento de Estado Julie Chung; el senador Patrick Leahy; la congresista Norma Torres; el congresista Albio Sires.

Rechazamos la intervención del imperialismo gringo en los asuntos internos de Guatemala. Seguramente algunos partidos de oposición y algunas ongs de derechos humanos se sienten alentados por las presiones de los funcionarios de la administración Biden. Pero la intención de fondo de las presiones es evitar protestas y estallidos sociales provocados por la podredumbre los gobiernos y empresarios que manosean los fondos públicos para favorecer sus propios intereses. El imperialismo sabe muy bien que el buen funcionamiento del “Estado de Derecho” es el mejor sedante para que el pueblo explotado y oprimido se olvide de la lucha contra la miseria y la pobreza extrema que le azota desde hace siglos.

También rechazamos la elección de magistrados por medio de roscas de poder que designarán personajes nefastos que protegerán a los corruptos. Los magistrados de la CC deben ser electos por voto popular, democrático y libre, y se les debe poder remover en cualquier momento, a la menor infracción que cometan

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