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GUATEMALA.- Retrasos en la entrega de las vacunas: ¡Que renuncie Giammattei!

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Por Úrsula Coj

La deficiencia en la atención a los casos de contagio del COVID-19 en el sistema público de salud, ante el aumento considerable de los casos y de muertes, más la tardanza en aplicar la vacunación contra el virus y la firma de contratos lesivos para el Estado en la adquisición de las vacunas, ha puesto en ascuas al gobierno de Alejandro Giammattei.

Esta negligencia ha convertido a Guatemala el país con más contagios y muertes de Centroamérica y de los que menos ha avanzado en el proceso de vacunación en América Latina; a esto se le agrega la tardanza del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, del cual solamente se ha recibido 650,000 de la marca inglesa AstraZeneca, de un total de 6,6 millones.  Esto sin contar las otras donaciones de esta misma marca entregadas por los gobiernos de la India, Israel, México y recientemente por Estados Unidos de la marca Moderna. Esto ha exacerbado a la población, generando nuevas protestas que exigen la renuncia del actual gobierno.

Sputnik V, fabricada por el estatal laboratorio ruso Gamaleya contó con el financiamiento del Fondo de Inversiones Ruso (una empresa privada con recursos públicos), el cual en la coyuntura geo-política de las vacunas, creó otra empresa llamada Human Vaccine, para negociar con gobiernos del mundo la entrega del fármaco; esta a su vez contrató a otra empresa denominada Corporate Center Limited Liability Company, para negociar con el gobierno de Guatemala.

Después de varios meses de retraso, hasta julio se han recibido 550 mil dosis de un total de 16 millones acordadas del fármaco ruso, generando suspicacia de las particularidades del contrato; además del hecho de la confidencialidad con que se establecen estos contratos, situación que no es exclusiva del capitalismo ruso con todo su enredo de empresas subsidiarias.

En la negociación del contrato solo participó la ministra de salud Amelia Flores, sin la presencia del canciller Pedro Brolo, ni el procurador general de la nación Luis Donando, quien es el que representante legal del Estado. En los últimos días el contrato empezó a circular en los medios y redes sociales, sin embargo, Flores argumentó que esa versión es falsa.

Un primer aspecto del contrato es que el gobierno tiene la obligación de pagar ocho millones de dosis, es decir más de la cantidad con que el gobierno piensa utilizar para inocular a casi el 50 % de la población. Otra característica es que el contrato total es de US$ 79.6 millones al precio de $9.95 por vacuna, pero el gobierno está obligado a pagar el 50 % del lote completo negociado. Otra tercera característica es, la inexistencia de un cronograma de entrega de parte del fabricante, limitándose al acuerdo de que este entregara el producto en seis meses. Recientemente el canciller viajó a Rusia, pero no acordó ningún cronograma (“Los 10 puntos más polémicos del contrato” ... por Jesica Gramajo en Soy 502, 6 de julio)

Además, Guatemala tampoco puede reclamar en caso de retrasos, pese a que tras la visita de Brolo, Rusia agilizó otro envió y se comprometió apurar las entregas. Se autoriza por otra parte la venta al producto a terceros bajo la misma marca, lo cual explica por qué se pagó más de lo que el gobierno había previsto para inmunizar parte de la población, dando la suspicacia de negocios entre las empresas rusas y funcionarios del gobierno. En ese sentido, Rusia otorgó a Guatemala una sub-licencia no exclusiva, la cual devenga regalías para los rusos, sin proteger la patente ni el Know How, pero pagando por el uso de esta información el 0,1 % del precio de cada producto vendido. Por último, para dirimir conflictos se reconoce la jurisdicción de Inglaterra y Gales y el arbitraje internacional de un centro para tales disputas en Singapur, excluyendo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, para dirimir incumplimiento (Ídem).

Por presión de la oposición, la junta directiva del Congreso aprobó una legislación, a la cual los oficialistas daban largas, para poder aplicar vacunas de fabricación estadounidense (de donaciones y como parte de COVAX), donde las farmacéuticas se lavan la mano de los efectos que su producto ocasione. En ese sentido, si bien era una necesidad esa ley, es también un chantaje de las trasnacionales farmacéuticas gringas y la oposición parlamentaria y dentro de ella la izquierda, no cuestiono estos aspectos.

Las consignas en las protestas deben exigir la entrega de las vacunas ya pagadas a los rusos, así como la renuncia de este gobierno y el establecimiento de un verdadero plan nacional de vacunación para inmunizar a toda la población, siendo las organizaciones sindicales, campesinas y populares las que supervisen el proceso.

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