Por Armando Tezucún

La rabia e indignación acumulados por el pueblo guatemalteco contra el gobierno de Alejandro Giammattei explotaron con motivo de la ilegal destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval por parte de la jefa del Ministerio Público María Consuelo Porras. El resultado ha sido las más grandes movilizaciones en lo que va del año.

Desde el lunes 26 de julio, continuando el 29, 30 y 31, luego el 5, 6 y 9 de agosto, bajo la denominación de “paro nacional”, miles de personas se congregaron en bloqueos de las carreteras principales carreteras del país, plantones y manifestaciones en las más importantes ciudades.

El llamado al paro nacional

Lo peculiar de estas jornadas de lucha es que han sido las organizaciones de los pueblos indígenas quienes han estado al frente convocando y organizando las protestas. La tónica de las convocatorias ha sido el llamado a todos los sectores de la población a unirse en una gesta democrática contra los corruptos. Tras la destitución de Sandoval, la organización de los 48 cantones de Totonicapán, que data del siglo XIX y representa a la población de la etnia quiché del departamento del mismo nombre, a través de su actual presidente Martín Toc, hizo un primer llamado a las acciones; “necesitamos de los transportistas, de quien trabaja en el campo, de las personas que están en el mercado, para que se manifiesten y que se escuche una sola voz pidiendo justicia, una sola voz pidiendo que este país se construya y es responsabilidad de todos…si tenemos que paralizar este país, lo haremos, porque ya no podemos seguir ante esta realidad…Es hora de decir que, el pueblo unido, jamás será vencido, estamos aquí nosotros en pie de lucha, invitando a los ixiles, a los garífunas, a los xincas, ladinos de cualquier lugar de este país, hoy más que nunca, necesitamos la unidad de este pueblo” (La Hora 23/07/2021).

Desde el sábado 24 se unieron al llamado representantes de los pueblos maya, garífuna y xinca, a través de el Comité Campesino del Altiplano, el Parlamento Xinca, la Alcaldía Indígena de Palín, el Comité de Unidad Campesina, Waquib´ Kej, las Autoridades Indígenas Ancestrales de Ixmulew, la Municipalidad Indígena de Sololá (que representa a 83 comunidades) y otras organizaciones. Estas últimas autoridades indígenas declararon: “…ante la negativa y las últimas acciones de deslegitimar lo realizado por el licenciado Sandoval y ante la gravedad de la situación del país, este día nos hemos reunido las máximas autoridades de Sololá dando un ultimátum al presidente de la república y a la fiscal general de la república para que presenten la renuncia a sus cargos en los próximos días…Como pueblos originarios, manifestamos nuestra inconformidad a través del diálogo y al no ser escuchados tomaremos acciones para exigir los derechos de la población” (La Hora 26/07/2021).

El llamado de las organizaciones indígenas fue bastante amplio, multiclasista, incluyendo no solo a la población pobre, sino también a empresarios. Los representantes del Parlamento Xinca (una de las etnias originarias que existen en el país) anunciaron el día 26: “El próximo jueves 29 de julio vamos a cerrar el país, vamos a hacer un paro nacional en cada comunidad, en cada territorio en distintos puntos estratégicos porque como pueblo de Guatemala estamos indignados y ya no queremos seguir viviendo en un Estado represor…Hacemos un llamado a todos los guatemaltecos, a todo el pueblo, a los empresarios dignos, luchar por una Guatemala libre, una libertad de verdad, no como la independencia que no han dicho” (Prensa Libre 27/07/2021).

A la convocatoria de los pueblos originarios se sumaron estudiantes de las universidades Rafael Landívar y San Carlos, grupos de la llamada “sociedad civil”, ongs de diversa índole, diputados de las bancadas de los partidos de izquierda reformista WINAQ, Semilla y URNG y dirigentes de varias centrales sindicales.

Las acciones del 29 de julio

Ese día, durante más de siete horas miles de personas manifestaron exigiendo la renuncia del presidente Giammettei y la fiscal general Porras. En la capital, dos grandes grupos de manifestantes se ubicaron, uno frente a la sede del Ministerio Público, y otro frente a la Casa Presidencial para luego trasladarse a la Plaza de la Constitución; otro grupo, principalmente de jóvenes y universitarios bloqueó durante horas una importante intersección de vías en el norte de la ciudad, otro piquete bloqueó la Avenida Petapa a la altura de una de las entradas a la Universidad de San Carlos y otro más el ingreso a la Universidad Landívar en la zona 15. En estos dos bloques confluyeron estudiantes de las universidades arriba mencionadas, grupos feministas, grupos religiosos de base, ongs, organizaciones sindicales, médicos de hospitales públicos y ciudadanos a título personal; enfermeras y médicos del Hospital Roosevelt expresaron su solidaridad con las movilizaciones desde sus puestos de trabajo.

En el interior, al menos 23 puntos en diversas carreteras fueron bloqueados por organizaciones indígenas y campesinas, en los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Sololá, Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez, Izabal, Suchitepéquez, Retalhuleu, Santa Rosa, Zacapa, El Progreso, Chiquimula y Huehuetenango. Además, hubo manifestaciones en las ciudades de Quetzaltenango, Totonicapán, San Pedro Sacatepéquez, Santa Cruz del Quiché, San Marcos, Cobán y San Benito. Como es usual, hubo un cruce de amparos interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad; dos de parte del Procurador de los Derechos Humanos y el partido Winaq para garantizar los derechos de los manifestantes, y uno de parte de la organización empresarial CACIF para garantizar el derecho de locomoción, la libertad de industria, comercio, trabajo, salud, etc.

El éxito de la convocatoria se expresó en el entusiasmo de los dirigentes; Martín Toc dijo en su discurso: “Hoy es un día de victoria para todos los pueblos. Es un día de unidad que nosotros hemos soñado, donde dejamos la diferencia entre los xincas, los ixiles, los garífunas, los mestizos y los mayas…Hoy hemos hecho historia, porque hemos reunido al país. La lucha apenas inicia y ustedes con el sacrificio que realizaron les puedo decir que ha valido la pena...pronto harán una historia más grande cuando gobierne este país” (Prensa Libre 30/07/2021).

El viernes 30 continuaron los bloqueos en al menos seis puntos carreteros. Las demandas campesinas empezaron a aflorar; en una concentración del departamento de Retalhuleu, uno de los líderes dijo: “Seguimos con nuestra lucha, estamos conscientes que afectamos a una parte de la población, pero es necesario ya no callar más y hacernos escuchar…la cosecha de este año fue mala, perdimos la mayor parte de nuestros cultivos y seguimos esperando el subsidio que ofrece el gobierno, nos hemos endeudado, pagamos nuestros impuestos, nuestras comunidades han sido olvidadas” (Prensa Libre 30/07/2021). Y el sábado 31 la población descontenta de nuevo protestó en la Plaza de la Constitución de la ciudad capital.

Las protestas del 5 y 6 de agosto

Las acciones continuaron los días 5 y 6 de agosto, esta vez convocadas por la Autoridades Indígenas Ancestrales de Guatemala, para iniciar a las 6 de la mañana del día 6 hasta las 18 horas del viernes 7, denominándolo “Paro Plurinacional”. “Hacemos el llamado a los pueblos, estudiantes, mujeres a sumarse, y no permitir que el mensaje que se dio la semana pasada solo quede en una acción más. Estamos apoyando la exigencia de tener otro Estado. La actual situación de los que ostentan el poder no va a facilitar los territorios, solo quieren que estemos callados. El llamado es a unir la fuerza”, declararon los líderes indígenas (La Hora 408/2021); también denunciaron la celebración del bicentenario de la independencia como una mirada racista del Estado, que solo ha traído saqueo, despojo y esclavitud (Idem). Los grupos indígenas también solicitaron el establecimiento de un diálogo nacional (Prensa Libre 5/08/2021).

El jueves 5, indígenas, estudiantes universitarios y colectivos urbanos bloquearon por más de 5 horas una importante intersección de la capital, para luego dirigirse a la Plaza de la Constitución. En el interior al menos 10 puntos carreteros fueron boqueados por manifestantes. El viernes 6 se produjeron otros bloqueos en al menos cinco puntos; y en la Plaza de la Constitución ofrecieron una conferencia de prensa las Autoridades Ancestrales, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Acción Colectiva y otros grupos urbanos. Ese día las protestas fueron menos nutridas, pero Leocadio Juracán, del CCDA, anunció que las movilizaciones continuarán, “Vamos a seguir insistiendo hasta que renuncien estos altos funcionarios corruptos vinculados con las mafias” (Prensa Libre 6/08/2021). Lo mismo hicieron los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, la Asamblea Social y Popular y las Autoridades Ancestrales, llamando a la unidad para conseguir la “democracia en el país, paz social, y desarrollo para los pueblos” (La Hora 7/08/2021).

Las movilizaciones de CODECA

Coincidiendo con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y el Consejo del Pueblo Maya (CPO) hicieron un llamado a un “paro plurinacional” para el lunes 9 de agosto, para exigir la renuncia de Giammattei y la fiscal Porras. Los líderes indígenas y campesinos llamaron a la formación de un “gobierno provisional de transición que tenga como funciones principales, atender con efectividad la emergencia sanitaria del COVID y crear las condiciones logísticas para el proceso constituyente hacia el Estado Plurinacional” (comunicado CODECA/CPO agosto 2021). En conferencia de prensa llamaron a la conformación de un “gobierno transitorio que convoque a un proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional, para consensuar y redactar una nueva constitución que exprese la voluntad y aspiraciones de todos los pueblos y sectores del país” (Prensa Libre 9/08/2021).

Ese día 38 puntos fueron bloqueados en las carreteras por los manifestantes. Estudiantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos bloquearon durante horas la Calzada Raúl Aguilar Batres.

Los empresarios representados por las cámaras de Comercio, del Agro, de Industria, de Turismo y el CACIF protestaron por las acciones de los compañeros, denunciándolas como realizadas “por un pequeño grupo de personas no son ni manifestaciones ni paros; son bloqueos ilegales que ponen en riesgo la subsistencia, el trabajo, la integridad, la salud y la vida de los guatemaltecos…Exigimos al Ministerio Público investigar, además, el financiamiento de estos bloqueos y sus posibles vínculos con partidos políticos o campañas electorales anticipadas” (Prensa Libre 9/08/2021).

La clase obrera, la gran ausente

Las actuales movilizaciones democráticas anticorrupción tienen un fuerte tinte multiclasista; quienes están a la cabeza, las organizaciones indígenas, tienen una base de pequeña burguesía empobrecida: pequeños comerciantes, pequeños campesinos, artesanos. A diferencia de las protestas de 2015, que fueron predominantemente de la clase media urbana, esta vez ha sido la población pobre del país, representada por sus líderes indígenas y campesinos, la que se ha lanzado a protestar.

La excepción ha sido la clase trabajadora asalariada, a pesar de la presencia en las manifestaciones de los dirigentes de las grandes centrales sindicales, en especial del Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala. Este es un síntoma de la debilidad de la clase obrera guatemalteca; sin experiencia de lucha, y gravemente afectada por el enorme desempleo existente, los sindicatos de trabajadores asalariados no tienen la fuerza suficiente para declarar la huelga y unirse a las protestas democráticas. Un fuerte movimiento huelguístico sería un golpe al corazón de la oligarquía explotadora que está detrás de los gobiernos corruptos. La dirigente estudiantil universitaria Laura Aguiar está equivocada al considerar que el bloqueo de calles en la capital puede “desestabilizar el statu que de las empresas” (La Hora 29/07/2021); es la clase obrera organizada la única que puede sacudir las entrañas del orden capitalista al parar la producción en las empresas.

Es responsabilidad de los compañeros dirigentes de las centrales sindicales impulsar la participación obrera en la lucha, por medio de plantones relámpago fuera de las instalaciones, colocación de mantas alusivas a las protestas, declaración de asambleas permanentes, y múltiples recursos que pueden ir acrecentando el nivel de combatividad. El impulso de la participación de la clase trabajadora asalariada es crucial para garantizar que los procesos de cambios se profundicen cada vez más en beneficio de la población en general, pues no tiene pequeñas propiedades ni pequeños negocios que defender.

Por un programa de lucha unitario

La actual lucha anticorrupción inevitablemente sacará a flote las demandas sociales más sentidas de la población, pudiendo generar una dinámica anti sistémica. Sin una clara orientación sobre quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo, el movimiento puede caer en manos de grupos de la burguesía que se presenten como democráticos, a estilo del Consejo Nacional Empresarial. Los mismos dirigentes indígenas no tienen un pensamiento homogéneo, e incluso se puede vislumbrar en algunos un futuro giro a la derecha, como dejan ver las declaraciones de Martín Toc: “No vayan a esperar que no surja un efecto de populismo, que en las próximas elecciones se elija a una persona que tenga rabia y enojo y al final les vayan a despojar de sus empresas, sus bienes…” (La Hora 27/07/2021).

A diferencia de las protestas de 2015, las actuales movilizaciones se están planteando transformaciones políticas más profundas que van más allá del cambio de gobernantes; todas las organizaciones están confluyendo en la demanda de una Asamblea Constituyente Plurinacional que haga transformaciones de fondo en el país. El movimiento indígena y campesino actualmente exhibe una variedad de posturas, que van desde la defensa de la pequeña propiedad expresada por Toc, hasta la clara propuesta del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) de la conformación de un gobierno transitorio que convoque a un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, luego de sacar al gobierno de Giammattei (convocatoria a un Paro Plurinacional, 8/08/2021).

Los llamados a la unidad son insistentes; CODECA y el Consejo del Pueblo Maya han convocado para el 16 de agosto a una reunión de articulación hacia un Estado Plurinacional. En este proceso unitario se debe elaborar un plan de lucha con las reivindicaciones más sentidas de la población pobre, para aglutinar a la mayor cantidad de gente alrededor de una plataforma unitaria; estas reivindicaciones pueden ser: la transformación radical de los sistemas públicos de salud y educación, en primer lugar para enfrentar eficientemente la pandemia del Covid; incremento inmediato del salario mínimo de acuerdo al costo de las canastas básicas, unificándolo para todos los sectores de trabajadores; un plan de inversiones públicas en infraestructura para crear empleos decentes con la cobertura social de ley; creación de un seguro de desempleo, y una renta básica para la población más pobre; asistencia financiera y técnica para los pequeños propietarios agrícolas y pequeñas empresas. Otras demandas se pueden agregar en consenso de todas las organizaciones. Es vital la creación de organismos populares de base que fiscalicen todos los aspectos del manejo del gobierno, erradicando la corrupción y el manoseo de los recursos del Estado.

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