Por Ricardo Patzán

El inicio de la temporada de lluvias en Guatemala ha traído consigo una serie de dificultades y situaciones de emergencia. Para el 23 de junio, la Coordinadora para la Reducción de Desastres Naturales (CONRED), reportó 783 incidentes con un saldo de daños en 188 tramos carreteros, 21 puentes vehiculares afectados y 10 destruidos, sin contar incontables daños a viviendas e inundaciones, todo ello debido a las crecidas de ríos, saturación de suelos por el agua y derrumbes. Además, se contabilizan 11 muertos y más de 260 mil afectados. El caso más emblemático es el agujero que surgió la madrugada del 14 de junio en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Villa Nueva; este fenómeno ha interrumpido el tráfico en un área de suma importancia, causando grandes pérdidas económicas, sin que se sepa aún qué solución dará el gobierno, en vista de la magnitud de las cavernas y grietas descubiertas en el subsuelo de la carretera por las entidades que se ocupan del caso.

Es necesario señalar que desde décadas atrás los sucesivos gobiernos burgueses nunca se han preocupado por dar soluciones de conjunto a los problemas que año tras año causan las temporadas lluviosas; nunca han tenido políticas preventivas para evitar lo que se sabe que puede suceder con el exceso de precipitaciones, y recurren a soluciones de emergencia y temporales cuando el daño ya está presente.

La construcción y mantenimiento de carreteras ha sido a lo largo de los años uno de los negocios más lucrativos para empresarios, alcaldes, diputados distritales, gobernadores departamentales y funcionarios del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda; el resultado ha sido el continuo deterioro de las vías, que, por el uso de materiales de mala calidad, planificación deficiente, etc., no son capaces de resistir el embate de los aguaceros.

Para enfrentar los estragos causados por las lluvias este año, el gobierno, en Consejo de Ministros, el 21 de junio decidió decretar Estado de Calamidad por 30 días en 8 departamentos del país: Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa. El Estado de Calamidad Pública está contemplado en la Ley de Orden Público aprobada en 1965; su aspecto más importante es que permite al Estado realizar compras de bienes sin los trámites de ley, agilizando la adquisición de todo lo que se necesite para enfrentar las emergencias. Esto, por supuesto se presta al manejo oscuro de los fondos, pues se evitan los trámites obligatorios contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y sus controles; no es casualidad que los ministros adoptaran la medida 24 horas después de que fuera solicitada por la Asociación Nacional de Municipalidades, a petición de los alcaldes.

El Estado de Calamidad debe ser aprobado por el Congreso de la República, y, con celeridad, el 22 de junio, la aplanadora oficialista sancionó la medida con 111 votos, modificando el decreto para hacerla extensiva a todo el territorio nacional. Pero a los diputados aliados del gobierno no les bastó con eso, sino que, a propuesta del presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, mediante una moción privilegiada, 104 congresistas aprobaron de urgencia nacional los fondos que servirán para financiar la propuesta.

De este modo, el oficialismo modificó el presupuesto 2022 y la Ley de Infraestructura para dotar al Fondo de Emergencia de Q 1 mil millones. Estos fondos fueron desviados de dos ministerios; al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le fueron quitados Q 600 millones que estaban destinados a la compra de vacunas contra el Covid-19; y al Ministerio de Comunicaciones se le restaron Q 400 millones de los Q 3,191 millones que le fueron asignados este año mediante el decreto 21-2022 del Congreso.

En el caso de los fondos del Ministerio de Salud, el desvío de fondos se decidió en un mal momento, ya que el país se encuentra en una quinta ola de contagios, debido al ingreso de una variante de Omicrón más agresiva, aunque menos letal; sobre todo si se toma en cuenta que solamente el 37% de la población tiene dos dosis de vacunas aplicadas, y medio millón de niños y niñas entre 6 y 11 de años están a la espera de una segunda dosis.

Rechazamos la medida adoptada por el gobierno y el Congreso, pues le da vía libre a ministros, alcaldes y diputados a disponer de fondos a su antojo sin controles, beneficiando sus negocios con empresarios, y dotándoles de recursos para hacer campaña en un año preelectoral. Proponemos a las organizaciones populares y sindicales que exijan a las autoridades que hagan bien su trabajo y empiecen a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar los desastres que se producen año tras año; en esto los sindicatos de los ministerios involucrados tiene un importante papel de fiscalización y supervisión.