Por Armando Tezucún

El miércoles 18 de junio, en Río Dulce, departamento de Izabal, agentes antimotines de la Policía Nacional Civil arremetieron contra una acción de protesta desarrollada, en su mayor parte, por pobladores de la aldea San Antonio Sejá. Los represores lanzaron bombas de gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes, resultando herido de gravedad en la cabeza el periodista José Raymundo Amador Orellana. Los hechos ocurrieron frente al edificio de la subalcaldía de Río Dulce, donde representantes comunitarios se encontraban reunidos con funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), pues los pobladores rechazan las licencias mineras otorgadas en 2023 por el gobierno de Alejandro Giammattei, en la Sierra Santa Cruz, un área de reserva natural ubicada al norte del lago Izabal.

El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil del gobierno “progresista” y “democrático” de Bernardo Arévalo y Semilla se justificaron de la misma manera como lo han hecho agentes represores de gobiernos de derecha, echando la culpa a supuestos infiltrados que empezaron a lanzar piedras contra la subalcaldía, y a una persona que disparó al aire un arma de fuego; según el ministerio, las heridas el periodista Amador fueron causadas por estas piedras, mientras que han circulado videos por las redes sociales donde se ve claramente a un agente policial disparando directamente contra la víctima. Cinco manifestantes fueron capturados por estos hechos, y hay una investigación en curso sobre la agresión que sufrió Amador.

Las protestas de los pobladores, vecinos de 54 comunidades de Livingston, Izabal, iniciaron el día 16 con un fuerte bloqueo del kilómetro 279.5 de la ruta CA-13, en rechazo, como mencionamos a las licencias, ocho de exploración y dos de explotación, que fueron otorgadas a 10 proyectos de minería de metales en la Sierra de Santa Cruz. Previamente, el 23 de mayo, las comunidades habían realizado una caminata, y recibieron la promesa de que el 16 de junio los ministros de Ambiente y de Energía y Minas, se presentarían a entregar un informe sobre las licencias. Sin embargo, ese día llegaron otros funcionarios menores y algunos congresistas, quienes leyeron un informe que no anulaba las licencias.

Izabal es un departamento que ha sido muy codiciado por la actividad minera durante décadas, causando graves daños a la ecología de la región. La zona de la Sierra de Santa Cruz es un área boscosa y protegida, pero en los últimos seis meses del gobierno de Giammattei, en 2023, el MARN aprobó 10 licencias para proyectos mineros, sin consultar a los pobladores. Las comunidades, Q´eqchi, mestizas y garífunas, temen, justificadamente, que la nueva actividad minera arruine los bosques y contamine sus fuentes de agua, y que no sean tomadas en cuenta en las decisiones concernientes a los proyectos. Entre las comunidades que serían afectadas por la actividad minera están: Creek Maya, Plan Grande Quehueche, Río Zarco, San Juan, Chocón Machacas, La Cumbre, Sepur Zarco, Río Salado, San Lucas, Ana Antonio Sejá, y barrios del área urbana y rural de Livingston. Como resultado de la presión de los pobladores, el gobierno de Arévalo está revisando los expedientes de las licencias para ver si todo se hizo de forma legal.

Los 10 proyectos cuestionados son: Bongo, Santa Anita, Santa Anita II, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia, Tzultaka, Tzultaka II, Tzultaka III, Tzaultaca IV y Coatepeque I. Cinco fueron solicitados por la empresa Río Nickel, S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Central America Nickel S.A., inscrita en Canadá y vinculada a la minera ruso-suiza Solway Investment Group. Otro fue solicitado por Nichromet Guatemala, propiedad de Río Nickel, S.A. Otros cuatro proyectos pertenecen a Producciones del Atlántico, S.A.

Durante tres días, el 16 al 18 de junio, los pobladores bloquearon un importante tramo carretero, y el día 18 presionaron a los comercios de Río Dulce a cerrar sus locales. Ante la presión, el MARN anunció que ya inició una investigación sobre el proceso de aprobación de las licencias ambientales, prometiendo un informe final para el 30 de julio; aclaró que ninguna de las empresas mineras tiene licencia para operar.

El 20 de junio, en conferencia de prensa, la ministra de ambiente, Patricia Orantes, ratificó que hasta el 30 de julio se dará a conocer las sanciones administrativas a las empresas y a las personas que aprobaron las licencias, sin aclarar si las mismas serán canceladas. Orantes mencionó algunas de las ilegalidades en que incurrieron tanto las empresas como las autoridades del MARN en 2023, y sugirió que puede que no haya cancelación: “la cancelación no es la única posibilidad, hay sanciones, suspensiones de licencias, hay multas, hay delitos que puede investigar el MP…” (Prensa Comunitaria 20/06/2025).

Como todo lo que hace el gobierno de Arévalo, la actuación de los dos ministerios implicados en el tema de las licencias mineras está llena de medias tintas, de actitudes a medio camino entre congraciarse con los empresarios, y complacer las demandas populares. Exigimos, junto a los compañeros y compañeras de las comunidades afectadas, la cancelación inmediata de las licencias otorgadas por el gobierno entreguista de Giammattei a las empresas transnacionales, que pretenden lucrar con los recursos naturales, dejando una estela de destrucción ambiental. Demandamos también una exhaustiva investigación de los incidentes en que la policía reprimió a los pobladores, hiriendo de gravedad al periodista Amador, llegando hasta la cadena de mando, para castigar a los culpables.