Por Santiago Bustamante

El gobierno de Porfirio Lobo y el actual candidato a Presidente por parte del Partido Nacional Juan Orlando Hernández ha logrado asestar duros golpes al magisterio, empleados que cumplen funciones administrativas y a los estudiantes del sistema educativo nacional. La Ley Fundamental de Educación recientemente, aprobada elimina en gran medida una de las más grandes conquistas del magisterio nacional: el estatuto del docente.

Palo y más palo contra el magisterio

Paso a paso y de forma sistemática el régimen de Porfirio Lobo ha venido asfixiando al magisterio, desde la desindexación salarial, congelamiento de salarios, incumplimiento de pagos, la no apertura de plazas docentes hasta la aprobación de la ley del INPREMAH. Pero esto no ha sido todo, también han sido víctimas de las medidas de ajuste los estudiantes y el personal administrativo. Recientemente se han eliminado las becas para los estudiantes de excelencia académica; el incumplimiento en el pago del bono estudiantil, la eliminación de la matricula gratis y la precariedad en la infraestructura de las instituciones educativas son parte de la arremetida del actual gobierno contra el movimiento estudiantil.

Esta política cercenadora ha logrado eliminar grandes conquistas que fueron obtenidas a través de procesos de lucha contra los gobiernos burgueses y neoliberales. Desde que el actual ministro Marlon Escoto asumió la rectoría de la Secretaría de Educación, no han parado los ataques contra el magisterio nacional, pese de vinculársele con el Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Escoto ha sido uno de los cuadros más efectivos del actual gobierno y de los intereses de la burguesía y oligarquía hondureña, precisamente por haber doblegado a uno de los sectores más combativos del movimiento sindical y popular de Honduras: el magisterio nacional. Pero sobre todo por imponer los planes de ajuste en el sistema educativo nacional.

Ataques a conquistas en la UNAH

La ofensiva gubernamental no solo abarca al magisterio de primaria y secundaria, sino también el de nivel superior. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos logró desarticular el Sindicato de Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH) y a la Asociación de Docentes de la UNAH (ADUNAH).

Si bien es cierto la rectora ha cobrado un enorme prestigio debido a la proyección de la Universidad y a su plan de mejoramiento en la infraestructura universitaria, los docentes y empleados administrativos han visto violentados sus derechos, dado que en la actual administración los aumentos han sido selectivos, solo al personal de confianza, se han eliminado las reclasificaciones, no se ha logrado firmar el XV Contrato Colectivo, se ha reformado la ley orgánica a su conveniencia a manera de lograr el control absoluto de los organismos de gobierno de la Universidad y de esa manera eliminar cualquier oposición y lograr la reelección sin la participación de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios.

En la actual coyuntura se presentó el proyecto de Ley por parte de las autoridades universitarias al Congreso Nacional; la intención de dicho instrumento es reformar la Ley vigente y dar mayor apertura a las instituciones de capital privado, que ya no estarían sujetas al Consejo de Educación Superior, sino que formaría parte de esta estructura. El peligro de tal participación sería que se estaría dando apertura para la privatización de la educación, donde el Estado ya no sería el responsable de determinar las pautas que regirían el sistema educativo nacional. De igual manera, las instituciones de capital privado tendrían el derecho de participar en el presupuesto destinado por mandato constitucional a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, situación que pondría en peligro el desarrollo de proyectos y políticas públicas que favorecen a los trabajadores más necesitados.

La movilización y la democratización interna son las vías para frenar los trancazos

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado las bases de las organizaciones sindicales y gremiales del magisterio y del sistema educativo nacional, así como a las asociaciones y frentes estudiantiles para conformar un frente común por la defensa de la educación pública y el respeto a los derechos establecidos en Ley. Solo la movilización logrará frenar la política de reajuste y de privatización del actual gobierno.

De igual manera, se hace necesario rescatar las organizaciones obreras de las direcciones burocráticas, responsables indirectos de la actual situación y de la embestida del gobierno. La democratización de las organizaciones obreras y estudiantiles es la única forma de fortalecer y recuperar las relaciones de confianza y fortalecer la moral combativa.