Por Máximo Luján

En la edición anterior de El Socialista Centroamericano, se denunció y se reprobó todas las acciones represivas y asesinatos cometidos por policías y militares en contra de los pobladores de Río Blanco, quienes se oponen a la construcción de una represa hidroeléctrica, por considerar que están siendo despojados de su patrimonio cultural y que atenta contra los bienes naturales del país. En esta última semana, el recrudecimiento de la violencia contra el movimiento campesino parece no tener fin; la persecución y asesinatos de dirigentes volvió a elevar las cifras de acoso y muerte en este sector, sin que el gobierno o las autoridades correspondientes, logren una salida a este conflicto que ha enlutado y afectado a cientos de familias humildes y pobres del agro hondureño.

Persecución política contra miembros del Copinh

Aquí cabe el famoso dicho popular que reza “En Honduras los patos le disparan a las escopetas” o “El corcho se hunde y el plomo flota”. Una vez más nuestro país queda mal parado ante la comunidad internacional y ante el mismo pueblo hondureño en materia de justicia. Una nueva modalidad que se agrega a la operatividad de los tribunales, es el derecho que tienen aquellos que matan a sangre fría y reprimen de levantar cargos en contra de sus víctimas. Esto parece absurdo, irónico o cualquier otro calificativo que se le asemeje.

Los últimos acontecimientos lo demuestran: la fiscalía presentó una acusación formal ante los tribunales de justicia contra Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina, todos dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), por responsabilizarlos de incitar a los pobladores de Río Blanco a causar daños materiales a la empresa DESA-SINOHYDRO por un monto de 67 millones de lempiras, según las evidencias presentadas por dicha empresa. Lo curioso y detestable del asunto es la prontitud de la fiscalía en proceder ante tal denuncia, mientras en semanas anteriores estos mismos pobladores eran apaleados y asesinados por los órganos represores, sin escucharles los clamores de justicia ante la muerte de Tomás García, y no solo de él, sino centenares de denuncias de asesinatos y violaciones a los derechos humanos que no han sido resueltas por este poder judicial. Los dirigentes arriba mencionados, sostienen que existe una estrategia de “criminalización de la lucha en Río Blanco con un tinte político para desarticular a la organización. Todo esto es fraguado en reuniones de alto nivel en diferentes poderes del Estado junto con altos mandos militares, dueños y ejecutivos de empresas.”

Asesinato de miembro del MUCA

En la misma semana que ocurre el proceso judicial contra los miembros del Copinh, es asesinado por sicarios el compañero Melvin Amaya de 23 años en la comunidad de Salamá, en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. Amaya era socio de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Nueva Confianza que pertenece al MUCA. Con la muerte de Melvin Amaya suman ya 103 las víctimas del conflicto en el Bajo Aguán, y sigue sin resolverse el problema de la comunidad campesina.

El panorama del sector campesino hondureño es amargo e incierto, se encuentra en un estado de indefensión ante la inoperancia del gobierno y sus instituciones encargadas de velar por la seguridad y desarrollo del mismo. Para rematar, el Estado es partícipe de la barbarie que comenten estos grupos poderosos de terratenientes y empresarios, al proporcionarles los medios logísticos como ejército, policía y todo un aparato de jueces que ejecutan los dictados de estos sectores reaccionarios, que brindan una respuesta criminal ante las demandas más sustanciales de los sectores desposeídos y relegados del país.

Ante tales circunstancias, en vista de que el gobierno no solventa una crisis en la que día a día se derrama la sangre de nuestros campesinos quienes son brutalmente reprimidos, acosados, enjuiciados (3.081 campesinos procesados judicialmente a nivel nacional) y la justicia burguesa no llega a los desposeídos. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todos los sectores para unirse y frenar todo ataque en contra del movimiento campesino, desbaratar todo plan de entrega y explotación del territorio nacional, que la tierra sea entregada de manera democrática a los campesinos. ¡abajo la persecución, hostigamiento y fallos ilegales en contra de dirigentes campesinos!