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HONDURAS.- Tomas, luchas y represión en la costa Norte

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Por Silvia Pavón

En septiembre celebramos en Centroamérica la independencia de 1821, pero la bandera de Honduras, que es utilizada en las luchas populares como estandarte, fue tirada al suelo y mancillada por la represión del gobierno.

Inicio de las protestas: Represión, golpeados y heridos

Como una extensión de las últimas movilizaciones que se vienen realizando en el país, campesinos, pobladores, niños y mujeres que estaban protestando en el norte de Honduras, contra la nueva Ley de Seguridad Social y en contra de la corrupción, fueron golpeados brutalmente por la Policía Nacional. El gas lacrimógeno sofocaba los pulmones. Se impuso la brutalidad del gobierno por sobre los reclamos de diálogo. Las fuerzas represivas del Estado dejaron en evidenciada una vez más la línea totalitaria del gobierno de Juan Orlando Hernandez, contra las protestas que exigen el cese de la corrupción y la impunidad.

Las acciones de protesta se realizaron el 1 de septiembre en varias ciudades del norte de Honduras, como Tocoa, El Progreso y Villanueva, en la zona del Bajo Aguan. Según declaraciones de defensores de los derechos humanos presentes, sin mediar palabras los uniformados lanzaron bombas lacrimógenas contra los y las manifestantes sin importar que en el lugar hubiera niños, niñas y personas mayores.

Los policías y militares de la fuerza de tarea conjunta Xatruch III no dieron oportunidad para dialogar, actuando sin ningún protocolo. Se reportó la cantidad de 16 personas detenidas en El Progreso. La brutal represión causó varios heridos entre los compañeros de organizaciones sindicales, campesinos y obreros de la maquila, que se quedaron apoyando las acciones de protesta. Fueron reprimidos periodistas como Dunia Montoya (Directora Ejecutiva de Comunicación Comunitaria, Común Noticias y Vida Laboral), Román Pérez (Campus TV), Edy Andino (Canal 6) e Inmer Gerardo Chávez (Radio Progreso). En Villanueva, cuando cantaban el himno nacional, la Policía Nacional disparó bombas de gas lacrimógeno y con una tanqueta rociaron agua, el enfrentamiento duró unas tres horas, dejando un saldo de siete heridos.

El 2 de Septiembre continuó la lucha. En el Zip Búfalo, ubicados en Villanueva, departamento de Cortés, obreros y sectores populares se tomaron la carretera que comunica San Pedro Sula con Tegucigalpa. Esta toma se realizó de manera espontánea al recibir la noticia de que les pagarían la mitad de su cesantía, conformando un grupo de aproximadamente 2000 obreros de las maquilas en rechazo a la nueva Ley de Protección Social, que entró en vigencia el 4 de Septiembre.

Fortalecimiento de la represión

Evidentemente que ante el alza en las protestas populares, se han fortalecido las fuerzas represivas del Estado, sobre todo desde que asumió la presidencia Juan Orlando Hernandez. Según Lisa Haugaard, directora ejecutiva de LatinAmericaWorkingGroup, en 2014 había “3.000 soldados de la PMOP, pero está previsto que aumenten a 5.000 este año. La PMOP es parte de una tendencia mayor hacia la militarización del gobierno y la sociedad civil. Los militares controlan la mayor parte de la seguridad pública en Honduras. Todos los sábados, por ejemplo, 25.000 niños reciben entrenamiento militar como parte del programa Guardianes de la Patria”.

El gobierno ha reforzado la PMOP con logística y equipamiento. Podemos ver claramente que estas acciones no están orientadas a frenar el alza de la violencia de las maras, sino a frenar una posible radicalización de las movilizaciones populares, emulando la vieja escuela dictatorial del nefasto paso de las sangrientas dictaduras nacionalistas.

Alto a la criminalización de las protestas

Es por ello que exigimos se descriminalicen las protestas y manifestaciones populares. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), los trabajadores debemos unificarnos en un Plan de Lucha, que responda a las necesidades más álgidas de nuestro pueblo. Sigamos condenando la corrupción sin eufemismos, pero avancemos hacia un programa mínimo de lucha.

Repudiamos la poca efectividad del gobierno de JOH para resolver situaciones que a diario atentan contra la vida humana, ya sea en materia de seguridad, salud, educación, alimentación, tenencia de tierra, migración, desempleo y otras. Empujemos al juicio político contra los funcionarios corruptos. Que no nos dividan los pleitos de membrete y finalmente hacemos un llamado a todas las organizaciones para mantener la unidad en la acción y poder lograr que esta indignación sea algo más que la simple expresión de antorchas ardiendo en las calles.

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