Por Nicanor Vallejo

Recientemente se libró una batalla en las salas de juicios de la capital, teniendo como los principales imputados a defensores del medio ambiente. El caso Guapinol confirma el recurrente proceder de las compañías mineras, y otros negocios extractivos, que, a la hora de victimizarse y argüir pretextos en su defensa, tienen de su lado a todo un sistema judicial que les favorece. La justicia que profesan los tribunales y los cientos de abogados que creen en el derecho burgués, no es compatible con las clases populares, y cuando de juzgar a campesinos e indígenas se trata, se pone todo ese instrumental de leyes y artículos que no hacen otra cosa que subsanar la imagen de los verdugos adinerados, y quebrar los ya vulnerados, pero legítimos, derechos de los pobres.

Desde luego que existen varios implicados en el caso Guapinol, y principalmente los diputados del congreso nacional, quienes aprobaron un proyecto de reforma del Decreto 127―2012, que trata sobre la declaratoria del Parque Nacional Montaña de Botaderos, como un área protegida en Tocoa, Colón (Criterio.hn, 26 de febrero de 2019). Ricardo Díaz del Partido Nacional fue quién introdujo el proyecto para la reforma de dicho decreto, teniendo muy fácil su aprobación, por la complicidad de los demás diputados de las diferentes bancadas que no se inmutaron en lo absoluto.

“El decreto fue presentado fraudulentamente bajo la idea de la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento, sin embargo, la finalidad oculta de la reforma se hace evidente al comparar la nueva redacción del artículo con la anterior. La Zona núcleo se redujo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,00.36 es decir 217.34 hectáreas menos, mismas que coincidentemente fueron entregadas al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa ‘Inversiones Los Pinares’, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé” (Criterio.hn, 26 de febrero de 2019).

No es casual que los Facussé estén detrás de este conflicto que involucra concesiones para la explotación minera; pues ellos han sido los responsables del conflicto abierto que ha persistido en el Bajo Aguán, debido a la posesión descomunal de tierra para la siembra del monocultivo de la Palma africana. Los campesinos del Aguán han peleado por el derecho legítimo a sus tierras, y producto de esta resistencia han sido brutalmente asesinados por los esbirros de esta criminal familia.

Asistiendo, lo más seguro, a las presiones y sobornos de los Facussé, los diputados se escabulleron por todo obstáculo que pusieran instituciones como el Instituto de Conservaciones Forestal (ICF), y Mi Ambiente, para agilizar el proyecto minero en la Comunidad de Guapinol; finalmente ―según Criterio.hn― a través del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INGEOMIN), consiguieron la tan esperada concesión.

El resultado o las consecuencias de esta modalidad de venta del territorio hondureño a través de concesiones, ha sido y es totalmente dramático: pues cuando existen organizaciones valientes que se enfrentan a este entreguismo, y acuden a la defensa de sus bienes naturales comunes, terminan siendo criminalizados. La comunidad de Guapinol tuvo bajo la presión de los ingratos juzgados hondureños, a una mujer y 12 hombres acusados de “privación injusta de la libertad”, “robo”, “incendio agravado” y “asociación ilícita”.

Una buena parte de los hondureños nos preguntamos el sentido de ciertas acusaciones, que parecieran tornarse rigurosas sólo con la gente común y corriente: ¿acaso la mayoría de estos delitos, como el robo y la asociación ilícita, son la descripción perfecta del quehacer de una gran mayoría de diputados del congreso nacional, y demás corruptos del gobierno? ¿Por qué este tipo de acusaciones solo llegan como ráfagas violentas a grupos de campesinos que no hacen otra cosa que defender su vida y la de su comunidad, que peligra por la contaminación y destrucción de ríos y bosques enteros? Tal parece que las copiosas artimañas de diputados, funcionarios estatales, empresarios, y la mismísima familia presidencial, no pueden tipificarse en términos de acusaciones como “asociación ilícita”, a pesar de tener vínculos notables con el narcotráfico a gran escala, por ejemplo.

Más acusaciones a líderes del movimiento social

Miriam Miranda, representante del pueblo garífuna, en la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), quien ha tenido un papel preponderante en la resistencia de este pueblo a las ofensivas extractivistas en la Costa Norte del país, ha sido citada por la Fiscalía en Trujillo, Colón, el pasado 7 de marzo del presente año (Pasos de animal grande, de marzo de 2019).A tal punto ha llegado la persecución de estos representantes del movimiento social por parte de los órganos de seguridad del Estado, que la citatoria del Ministerio Público carece de motivos por los cuales se le llama a esta líder garífuna. Los terratenientes que abanderan el negocio de la Palma Africana en la Costa Norte (los Facussé), están detrás de las conspiraciones para que estos líderes comunitarios acaben en prisión por delitos absurdos.

El modelo económico basado en la explotación minera, y en la aclamada energía renovable ―anunciada con hidroeléctricas principalmente―, supone más impactos ambientales de carácter negativo en los hechos, que cualquier beneficio directo. Una hidroeléctrica involucra emplear torniquetes en ríos hasta dejarlos sin sedimentos y menguando paulatinamente su caudal; esto implica la contaminación de las fuentes de agua de las poblaciones aledañas a los proyectos, y un desastre ambiental por la contaminación que supone la extracción minera si es el caso, debido a los residuos de metales pesados en el agua.

La historia hondureña ha dejado pasajes referidos al antes, durante y después de la explotación minera en ciertos pueblos, que hoy a duras penas se recomponen de los estragos de esta actividad ruinosa y letal. Trabajadores de las minas de San Juancito, Santa Lucía, El Corpus, y El Mochito, etcétera, tuvieron una muerte silenciosa que la historia oficial del país ha sepultado en el olvido; el “mal del minero” arrasó con muchas vidas y en la actualidad tenemos un escenario próximo a repetirse si la economía minera y sus sonados defensores persisten en imponer un modelo económico ya descontinuado.

Al igual que la minería, la construcción de hidroeléctricas a gran escala, esconde un mar de inconsistencias que rayan en sobornos para licencias, concesiones ilegales, manipulación de ciertos grupos a acciones violentas en las comunidades, y captación de las ganancias por empresarios mafiosos que se libran de los impuestos y las obras sociales dentro de las comunidades. Las hidroeléctricas tal como están planteadas en la actualidad, son inviables, y por lo tanto, no representan una alternativa para un desarrollo sostenible.