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HONDURAS.- ¿Hacia dónde va la lucha de médicos y maestros?

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Por Horacio Villegas

Las jornadas de protestas y movilizaciones de los médicos y maestros, desplegadas a finales del mes de abril del presente año, han sido pausadas luego de la victoria asestada al Congreso, que temerosos de una insurrección popular, apresuradamente, llamaron el martes 30 de abril a “archivar” los decretos en cuestión, y posteriormente, debido a la presión de estos sectores, eliminaron la propuesta de transformación y reestructuración presupuestaria de las secretarías de educación y salud. Hasta el momento, los médicos y maestros se refieren al decrecimiento en las acciones concretas, como un periodo de “repliegue táctico”, en donde el llamado a salir a las calles a luchar ―según ellos―, es asunto de una pequeña espera.

Tanto el Colegio Médico, como los sectores aglomerados en el magisterio, han puesto en el centro de sus exigencias, la derogación inmediata de dos decretos ejecutivos que fueron aprobados en el Congreso Nacional en el año 2018, referidos al tema específico de educación y salud. Hasta el momento, el rumbo de la lucha por la no privatización de los servicios públicos, está siendo encaminada en la disolución de los decretos aprobados en la administración continuista de los cachurecos.

La última actividad llevada a cabo por estos sectores, como ser el Colegio Médico, representantes del magisterio, representantes también del Instituto de Formación Profesional (INFOP), y asociaciones independientes como la Asociación Nacional de Obreros de Honduras (AFRECAPH), fue un foro o tribuna abierta el día jueves 2 de mayo, cerca de los portones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en donde se expusieron varios puntos claves de la crisis de privatización que han emprendido los gobiernos bipartidistas, y la experiencia propia dentro de este contexto, de las organizaciones allí presentes.

Julieta Castellanos desacredita la lucha de Médicos y Maestros

Las opiniones vertidas públicamente sobre este tema, dieron una pauta de las contiendas que se fraguan en favor y en contra de las medidas del congreso nacional, que ha estado siendo manejado por una alianza escamoteada entre la Oposición y los nacionalistas. Julieta Castellano, ex-rectora de la Unah, se manifestó en contra del rechazo que médicos y maestros han dado a la propuesta de reestructuración de estas dos secretarías; y, además, culpabilizó al Colegio Médico de la crisis que desde hace tiempo atrás enfrenta la salud pública en el país.

“La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, responsabilizó al gremio médico de la crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud. "Ellos (el gremio médico) son los responsables de cómo está hoy el sistema de salud", dijo la mañana de este martes. Julieta Castellanos, que también forma parte de la Comisión de Salud, manifestó que con la reestructuración del sector Salud los galenos temían un posible control de desempeño. ‘Ellos lo que temen es que haya controles de su desempeño porque permitieron que el sistema de salud llegara a la condición que ha llegado’, criticó.” (El Heraldo, 8 de mayo de 2019).

Por su parte, Suyapa Figueroa, la presidenta del Colegio Médico, dio respuesta a las declaraciones de la ex-rectora, colocando como uno de los señalamientos más directos, la débil administración del Hospital Escuela a cargo de las autoridades de la UNAH.

“La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, tildó de absurdas las declaraciones de la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, después que responsabilizara al gremio médico por la crisis que atraviesa el sistema de Salud. ‘No entiendo que una socióloga diga que un sistema de salud puede funcionar sin médicos, sin enfermeras, sin odontólogos, sin técnicos. Me parece absurdo lo que ella plantea, pero entiendo la frustración de ella porque no fue un gremio el que se levantó, fue todo un pueblo el que reclamó y creo que ese es el dolor que ellos tienen’, respondió Figueroa…” (El Heraldo, 9 de mayo de 2019).

La administración del Hospital Escuela ha sido entregada por el Rector Francisco Herrera a la Secretaría de Salud, desde noviembre de 2018 –en un acto que dejó sin valía todas las declaraciones previas de Castellanos, que pretendían ser la soñada solución al problema de la salud pública. Castellanos lanzó todas sus arremetidas contra el Colegio Médico, porque ella forma parte, en calidad de acompañante, de la Comisión de Transformación del Sistema de Salud, comisión que fue anunciada por el gobierno nacionalista desde agosto del 2018, y creada mediante el Decreto Ejecutivo PCM-026-2018.

Los problemas que existen en el sistema de salud y educación no pueden ser obviados, para lo que es necesario poner en marcha –con los esfuerzos que ciertos sectores ya han dado– un verdadero plan que acabe con las irregularidades que siguen deteriorando a estas dos áreas fundamentales del país. Pero ante la imposición de una dictadura que hunde sus raíces en el narcotráfico, el fraude y la corrupción, y que además ha priorizado sus gastos en la militarización y el gasto público en “seguridad”, es imposible colocar los mayores esfuerzos en tal empresa. Primero habrá que sacar de una vez por todas esta administración continuista, sino habrá tropiezos y obstáculos enormes que no dejarán avanzar en las soluciones concretas y tan necesarias.

Los dos decretos ejecutivos que médicos y maestros exigen sean derogados: el PCM-026-2018 y PCM-027-2018

En Honduras, son varios los momentos en los que se ha ido configurado la ofensiva neoliberal. En los años 80s, producto del financiamiento para los países subdesarrollados, se introduce bajo el auspicio del Banco Mundial, el Programa de Ajuste Estructural (PAE), que entre otras cosas sentenciaba la

“―privatización de la economía (transferencia de empresas del sector público al privado y disposición para no crear nuevas empresas del Estado).

―Limitar la participación del Estado como agente económico.” (Alcides Hernández, Del reformismo al ajuste estructural, Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 1982, p. 52).

En este nuevo siglo, en el año 2011, los empresarios del país ―los Canahuati principalmente― lanzaron el “Honduras is open for bussiness”, en el marco del Programa Nacional de Promoción de Inversiones; este evento ofrecía con bombos y platillos 149 proyectos al capital internacional, resaltando como gran promoción, la precariedad laboral y el entreguismo, que los gobiernos de turno luego del golpe de Estado, habían conseguido. Así lo festeja el periódico La Prensa de abril de 2011:

“Es mediante el programa que las autoridades ven necesario recordarle a la comunidad internacional el potencial enorme de Honduras: localización geográfica, el mejor puerto de Centroamérica en Puerto Cortés, tratados de libre comercio que vinculan al país a los mercados de mayor consumo en el planeta, un marco jurídico regulatorio, la Ley para la Promoción de Alianzas Público-Privadas, la Ley para la Protección y Promoción de Inversiones y la Ley de Empleo Temporal.” (La Prensa, 10 de abril de 2011).

Entre otras expresiones del neoliberalismo en nuestro país, se encuentran los ajustes que pretenden reducir las conquistas laborales y reducir en lo más bajo posible, las retribuciones salariales de los trabajadores públicos y privados. El caso son las maquilas, y los recortes que las dependencias del Estado encargadas de salud y educación reciben, por orden directa de organismos financieros internacionales. En este marco de pauperización laboral, entran ciertas medidas sutiles que el gobierno de los nacionalistas ha emprendido a lo largo de sus ocho años en el poder; la introducción de decretos ejecutivos que contienen modificaciones aparentemente superficiales, es una de esas medidas.

El decreto ejecutivo PCM-026-2018 fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 20 de agosto del 2018; y el decreto ejecutivo PCM-027-2018, se publicó en este diario el 20 de septiembre del mismo año en cuestión. El primero de los decretos ejecutivos, que se refiere a salud, comienza anunciando la creación de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud, y le atribuye la elaboración de un Plan Nacional de Salud. Además, le encarga “proponer y acompañar la reestructuración organizacional de la secretaría de Estado en el Despacho de Salud…”, que como sabemos, esta propuesta de “reestructuración”, ya fue derogada. Este decreto ejecutivo no parte de la elaboración sectorial y conjunta de ese aclamado Plan de Salud, sino que se le instruye a una solitaria comisión, solucionar los problemas que en su mayoría es visto por los médicos, enfermeras, y demás personal de los centros y hospitales públicos.

Al igual que el decreto ejecutivo referido a salud, el decreto PCM-027-2018, que atiende el tema de educación, contiene en su primer artículo, el llamado a crear la Comisión de Transformación de la Secretaría de Educación, que también se propone “acompañar la reestructuración organizacional de la Secretaría”, y que, de forma jerárquica y cerrada, elaborarán un plan de transformación de la secretaría de educación.

Los ministros que han asumido estas dos secretarías en los gobiernos recientes, no han podido plantear soluciones a las dos áreas de vital importancia para los hondureños; y dadas las declaraciones de Juan Orlando en cadena nacional, que hasta hace poco tiempo se entera del “estado de emergencia” de estas dos secretarías, sabemos que no es prioridad para ellos.

El resultado del actual gobierno: Más pobreza y deudas para los sectores populares

El 6 de mayo pasado, se anunció en varios periódicos un asunto que varios organismos no gubernamentales entre ellos el FOSDEH, han denunciado con cifras espantosas de contraste, como ser el nivel de endeudamiento de los hondureños, los descomunales salarios de los funcionarios públicos y el poco poder adquisitivo de los trabajadores. Los informes institucionales de Desarrollo Humano, también han coincidido en evidenciar la despiadada política de los bancos, que, practicando la usura como sus más lejanos parientes, abusan con las altas tasas de interés y las pocas aperturas para proyectos de mejoras sociales de la población.

“Son 361,772 millones de lempiras los que adeudan los hondureños al sistema financiero nacional, según cifras oficiales. Las deudas abarcan los sectores de consumo, comercio, vivienda y microcréditos, revela un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)… En créditos comerciales, los hondureños adeudan un total de 222,538 millones de lempiras, en consumo 81,902 millones, en vivienda 47,931 millones de lempiras y en microcréditos L9,399 millones.” (La Prensa, 20 de mayo de 2019).

El gobierno anunció con prontitud, al darse a conocer la espantosa cifra que los hondureños adeudan a la banca –361,772 millones de lempiras–, una medida que, según ellos, vendría a solventar este problema. La medida, que también nace en un ambiente de movilizaciones y protestas de los sectores de salud y educación, y que seguramente tiene como propósito atemperar los ánimos populares, se ha denominado “Ley de alivio de deudas”, y contempla subsanar de una forma cómica las deudas de los trabajadores: restándoles de sus prestaciones, y con deducciones salariales, las cuotas que deben a los bancos.

“Para poner en marcha este programa y que el mismo llegue a los trabajadores en condiciones más favorables tanto en tasa de interés, como en plazos, es necesario disminuir el riesgo crediticio de los deudores, por lo tanto, se hace necesario autorizar a las entidades reguladoras por un ente del estado, a deducir por planilla las cuotas correspondientes a las obligaciones crediticias que pacten los trabajadores de las instituciones del sector público y privado y en caso de cesación de sus servicios deducir de sus prestaciones el saldo del crédito.” (El Heraldo, 3 de mayo de 2019).

El gobierno estaría atropellando las conquistas laborales de los trabajadores con esta medida, pues pondría en manos de los banqueros: las prestaciones, y el poco salario que le queda a un hondureño promedio luego de las deducciones que formalmente ya tiene. Tal parece que la reducción de las tasas de interés, el cobro de más impuestos a los banqueros, y la apertura a nuevas modalidades de préstamos para los más pobres, no es parte de esta escuálida propuesta enviada directamente por el ejecutivo.

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