El general Efraín Rios Montt al frente de los golpistas

Por Leonardo Ixim

En marzo cumple 32 años el golpe de Estado contra el gobierno de Lucas García en 1982. Es vital analizar sucintamente y tratar de llegar algunas conclusiones que sean punto de partida para profundizaciones posteriores sobre el carácter de este evento, sus repercusiones en la vida política del país, sus conexiones con el contexto internacional, pero sobre todo su efecto en la lucha de clases a nivel regional y nacional.

Un 23 de marzo de 1982 se registró una asonada militar contra otro gobierno militar; sin embargo, este golpe de Estado no fue un relevo más dentro de la dictadura militar, sino el parteaguas que inició un proceso que modificó el carácter de la dominación burguesa y por ende del régimen político y posibilitó la derrota de la revolución guatemalteca y centroamericana, empalmándose con la estrategia del gobierno estadounidense de Reagan para la región.

 

Crisis del régimen y lucha de clases

 

Se vivían los últimos meses del gobierno de Romeo Lucas García, un militar que había llegado al poder por medio de un fraude electoral. Dicho gobierno se caracterizó por ser altamente represivo, contando en su haber asesinatos, desapariciones de líderes populares y democráticos y masacres enfocadas en algunos puntos del país. Representaba una fracción del bloque burgués que se enriquecía al amparo de los recursos públicos, ligado con algunos oligarcas como la familia García Granados.

Era un gobierno que se destacó por su alto nivel de corrupción y porque dio cabida a un grupo de civiles extremadamente anticomunistas que controlaban el aparato represivo. Esto generaba recelos dentro de la oficialidad, pues además servía para que la alta jerarquía del ejército se enquistara en los puestos y se enriqueciera, sin producir relevo en la estructura de mando.

El momento coincidía además con el agotamiento de un modelo formado al amparo del Mercado Común Centroamericano, la sustitución de importaciones y la cooptación por el ejército de toda la institucionalidad estatal, situación creada a partir del golpe de estado de Peralta Azurdia de 1963. Éste fue la salida contrarrevolucionaria a las jornadas preinsurreccionales de 1962, la ilusión de la candidatura del ex presidente Arévalo y con ello, producto de la derrota popular, el aparecimiento de la lucha guerrillera. Se instala un régimen político con fachada democrática, donde solo se toleraba a quienes expresaran su más rancio sentimiento anticomunista

Pero a la vez se agudiza la crisis económica y social, producto no solo del agotamiento del modelo, sino también de la crisis mundial capitalista iniciada en 1973. Por tanto, las luchas obreras y campesinas estaban a la orden del día, mientras que la respuesta era la represión, asesinando a líderes populares y políticos, desde socialdemócratas hasta socialistas. Ante eso, en el marco de la política de promoción de los derechos humanos de EU, la administración Carter había condenado a Guatemala y quitado la ayuda militar, situación que se mantiene hasta ahora, aunque veladamente se mantiene la cooperación

Una serie de huelgas obreras en ingenios azucareros, fincas de café, fábricas, movilizaciones estudiantiles, toma de conciencia de los pueblos indígenas con la declaración de Iximché, etc., coincidía con la penosa situación económica de las masas, aumento constante de los precios, endeudamiento de las familias y del Estado, etc. Ante eso, las luchas por las mejoras en las condiciones de vida habían dado lugar al aparecimiento de organismos como el Comité de Unidad Campesina y la Coordinadora Nacional Unitaria Sindical, expresando salidas revolucionarias.

La respuesta represiva descabezó al liderazgo popular, lo cual generó la toma de iniciativa por parte de la guerrilla y la vinculación de elementos de las organizaciones populares con las organizaciones clandestinas. A partir de esto tales organizaciones asumen la ofensiva táctica, pues nunca empalmaron realmente con la movilización popular y cayeron en aventurerismo inspirado por el triunfo sandinista. Además nunca lograron articular plenamente la acción armada con la construcción de poder local. Pese a todo, había puesto en jaque al ejército, sacándolo de algunas regiones remotas en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango

El Carácter del 23 de Marzo y el contexto internacional

 

Este movimiento militar ha sido calificado por muchos especialistas como reformismo contrarrevolucionario. Tomando como pretexto el fraude del luquismo a favor del candidato oficial en las elecciones de abril de 1982, un sector del ejército etiquetado como oficiales jóvenes realiza el golpe de Estado.

Este movimiento fue aplaudido por los partidos del régimen víctimas del fraude, por sectores de la oligarquía desplazados de la generación de negocios con el Estado y por ende de la reproducción ampliada del capital, así como por el gobierno estadunidense. Este último, pese a la retórica anticomunista con sabor a cruzada de Reagan, consideraba que la única forma de derrotar a las guerrillas y no repetir la experiencia sandinista era incoar un proceso de democratización.

En ese sentido se crea la Comisión Bicameral e interpartidaria presidida por Henry Kissinger, que junto a la Incitativa Para la Cuenca del Caribe, buscaban, a partir de la apertura de los sistemas políticos y la promoción del libre comercio, además del apoyo militar, cercar a la revolución sandinista y a las fuerzas de izquierda en la región.

Junto a esto se crea el Grupo de Contadora, conformado por Colombia, México, Panamá y Venezuela (cuyos gobiernos temían un contagio revolucionario), que promueve la pacificación de la región. Estas iniciativas posteriormente fueron apropiadas por los gobiernos centroamericanos con la Iniciativa de Esquipulas 1987, la cual no fue, como se ha querido hacer ver, disonante con la política exterior gringa, sino parte un mismo proyecto.

Así, el golpe de Estado impone una junta militar de gobierno, dirigida por Efraín Ríos Montt, Maldonado Shad y Francisco Gordillo. Estos dos a los pocos meses son desplazados centrándose el poder en el primero. Ríos Montt, una figura polémica en la historia reciente, quien ya había participado en acciones represivas, fue candidato presidencial de una coalición de centro en 1974, a quien se le hizo fraude; posteriormente se hizo feligrés en de una secta fundamentalista pentecostal.

Su gobierno, caracterizado por una tónica moralista y religiosa, fue el punto de partida para la llamada apertura democrática, además de ser una bisagra fundamental en la estrategia contrainsurgente político-militar. Este gobierno fue derrocado en agosto de 1983 debido a las pretensiones bonapartistas de Ríos Montt, es decir se salió del libreto consensuado entre los sectores dominantes y EU.

Se implementa así una técnica de pinzas, con el objetivo de ir acorralando a la guerrilla hasta sus santuarios, se flexibiliza el accionar táctico del ejército y se destruyen los pulmones logísticos ubicados en la capital. El saldo de todo esto es la política de tierra arrasada y de genocidio contra el pueblo maya y la población en general.

Con un proyecto político, conocido como Plan Nacional de Seguridad y Democracia, además del accionar militar y terrorista desde el Estado, Ríos Montt buscó bajo la lógica de espejo, eliminar el apoyo y el poco implante de la guerrilla en las comunidades rurales del interior, sobre todo del Ejército Guerrillero de los Pobres, con presencia en Quiché y Huehuetenango. Es decir, la lógica militar “es ganarle las masas a la subversión”.

Aperturismo contrainsurgente

Junto a esto se inicia a partir del gobierno de Ríos Montt, en el siguiente gobierno de facto de Humberto Mejía Víctores y en el electo del democristiano Vinicio Cerezo, una serie de acciones que involucran a la población en la guerra contrainsurgente, con la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil.

A la par de las mascares a las comunidades, éstas fueron reagrupadas, creando los llamados Polos de Desarrollo, que fueron verdaderos campos de concentración, pero que implicaron el quiebre del tejido comunitario y el auge de relaciones mercantiles. De igual forma, planes como los de Frijoles, Fusiles y Techo, Tierra y Tortilla, de carácter asistencialista y contrainsurgente, no implicaron un verdadero mejoramiento para los campesinos.

El gobierno de Ríos Montt fue defenestrado posiblemente porque además de no querer ceder el poder, pretendió realizar algunas reformas profundas; sin embargo se caracterizó sobre todo por la aplicación del terror estatal, por ejemplo con la creación de los Tribunales de Fuero Especial, que terminaron de opacar al inútil sistema de justicia con el fin de juzgar a los opositores. Tales tribunales fueron disueltos posteriormente.

Pero puso los cimientos, con la existencia de un Consejo de Estado -reflejo de sus ambiciones corporativistas- de las instituciones “democráticas”. Por ejemplo la creación de un Tribunal Supremo Electoral, magistrados que rigieron las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 y las generales del año siguiente, un registro de ciudadanos y el modelo de una Ley Electoral que sirvió para la creación de la actual. Es decir, la constitución actual y su andamiaje jurídico es producto de una exquisita estrategia contrainsurgente que al final tuvo éxito

Posteriormente, en el marco de la implosión del socialismo burocratizado, el acorralamiento de la revolución sandinista y la firma de la paz en El Salvador, la guerrilla guatemalteca tuvo que pactar un acuerdo. EU y el bloque dominante lograron su cometido, incorporar estas fuerzas al régimen político de reacción democrática, conocido como transición a la democracia e institucionalizar la lucha de clases. Aunque esto último en Guatemala, a diferencia de El Salvador, siempre ha sido más difícil, debido a la debilidad de la izquierda y a la fragmentación de la clase dominante.

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