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PANAMÁ.- 31 de Julio de 1981: La muerte de Omar Torrijos y la profundización de la crisis política (1981-1984)

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Por Olmedo Beluche

El 31 de julio de 1981 se difunde la noticia sobre la inesperada muerte del general Omar Torrijos en un accidente de aviación en la provincia de Coclé. Desde un principio, su hermano Moisés Torrijos y otros allegados denunciaron que se trataba de un atentado perpetrado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Posteriormente también se ha especulado sobre la posible participación del, en ese entonces, Teniente Coronel Manuel A. Noriega, responsable de la inteligencia panameña (G-2).

Su muerte coincide con una coyuntura de cambio y readecuación en la política Estados Unidos hacia Centroamérica y el régimen panameño. Torrijos muere durante el primer año de gobierno de Ronald Reagan, el cual lanzó una contraofensiva política y militar para recuperar el espacio perdido en Centroamérica. Como ya explicáramos, Reagan no desecha la estrategia de reacción democrática de Carter, de negociación y diálogo, pero la acompaña de medidas de fuerza, como la creación de la "Contra" en Nicaragua. De manera que la muerte de Torrijos, ya fuera accidental o producto de un asesinato, coincidió con una nueva situación abierta en Panamá y Centroamérica.

Menos de un año después de su muerte saltó la crisis de la deuda externa latinoamericana. La agudización de la crisis económica dejaba menos espacio para dar concesiones a las masas, y para los acuerdos negociados. La principal característica de Torrijos, su capacidad de árbitro o mediador de los conflictos de clases, cada vez tenía menos espacio, porque ya no podía ofrecer nada a las masas. La crisis económica creciente, forzaba a las clases dominantes a arrebatar más agresivamente las conquistas del movimiento de masas.

Durante los 8 meses que siguieron a la muerte de Torrijos, reinó una aparente calma y continuidad en la Guardia Nacional y en el gobierno, la cual precedería al torbellino de cambios y acontecimientos políticos que sobrevendrían al año siguiente. El Teniente Coronel Florencio Flores, como el oficial de mayor rango y antigüedad, asumió la Comandancia de la Guardia Nacional.

En marzo de 1982 se produjo la primera crisis, con la jubilación forzada del Comandante en Jefe, Florencio Flores, y de los Ttes. Cnels. Manuel Araúz y Armando Bellido, acompañada de una modificación completa de las responsabilidades que ejercían los oficiales del Estado Mayor. El coronel Rubén D. Paredes ocupó el cargo de Comandante en Jefe, Armando Contreras el de Jefe de Estado Mayor y Manuel A. Noriega el de subjefe.

Este cambio a lo interno de la Guardia Nacional sentaría las bases para las modificaciones que vendrían después en el ámbito civil del gobierno. Más que cambios pacíficamente planificados por la alta oficialidad del Estado Mayor, realmente se estaba produciendo una lucha solapada por el poder político. Desde la muerte de Torrijos hasta las elecciones de 1984 se sucedieron 3 Comandantes en Jefe de la G. N., y tres presidentes de la República (Royo, De la Espriella e Illueca), en un breve lapso de 3 años. Si extendemos la cuenta algunos años más, hasta 1988, veremos que en ese período Panamá tuvo otros tres presidentes (Barletta, Delvalle y Solís Palma).

Que en seis años se sucedieran 3 Comandantes en Jefe de la Guardia Nacional y 6 presidentes de la República, muestra el grado de inestabilidad y crisis política reinante. Esta inestabilidad política fue producida no sólo por la lucha intestina por el poder político, sino que fue acicateada por la galopante crisis económica y el ascenso de luchas obreras y populares que enfrentaron las medidas fondomonetaristas adoptadas por esos sucesivos gobiernos, contribuyendo de manera directa la acción de las masas a la crisis de dichos gobiernos.

En junio y julio de ese año, la nueva fracción hegemónica dentro de la Guardia Nacional aprovecharía la coincidencia de varias huelgas obreras y una tercera huelga de educadores, para derrocar el 30 de julio al presidente Aristides Royo. Royo fue forzado a renunciar aduciendo un malestar en la garganta, por lo que a este golpe de estado se le conoció como "el gargantazo".

La caída de Royo respondía a la satisfacción de varias necesidades:

1. Que el gobierno civil reflejara, con nuevas autoridades, la influencia de la nueva fracción dirigente de la G.N., y la defenestración de personalidades vinculadas al torrijismo, como fue el caso del exdirector de la Caja de Seguro Social, Abraham Saied, al que se le abrió un proceso judicial por corrupción.

2. Preparar el terreno para que el general Paredes lanzara su candidatura oficialista para las elecciones presidenciales, haciendo el papel de hilo conductor para la continuidad del régimen, tal y como se había pensado para Torrijos.

3. Confrontar el ascenso de huelgas y movilizaciones populares que resistían las medidas económicas dictadas por el FMI-Banco Mundial, con medidas represivas, y con un control de los medios de comunicación, que llegaron a ser clausurados por una semana.

4. Una reubicación más a la derecha de la política exterior panameña, neutralizando el discurso "tercer mundista", y alineándose con claridad con Estados Unidos en el conflicto centroamericano. Inclusive, con Paredes y Noriega, se trató de que la Guardia Nacional panameña jugara un rol de policía en la región. Paredes llegó a decir que "las fronteras de Panamá llegan hasta Peñas Blancas" (frontera entre Costa Rica y Nicaragua), aludiendo a su posible intervención, a favor tico, en caso de un conflicto entre esos dos países.

El año que el régimen estuvo dominado por Paredes, desde la Comandancia de la Guardia, fue aprovechado para pactar con la burguesía en general, y en especial con la oposición, nuevas reformas a la Constitución Política Nacional. El objetivo era quitar de la Constitución elementos que pusieran en duda que se iba hacia un régimen democrático burgués presidencialista. Se eliminó el Consejo de Legislación, y se le dio forma a la Asamblea Legislativa electa por votación directa, quedando los Representantes de Corregimientos reducidos a simples autoridades locales.

Otro aspecto central de la reforma fue la eliminación del criterio inscrito en la Constitución de 1972, de que la Guardia Nacional constituía un cuarto poder del Estado. En estas reformas se formalizó la subordinación de la fuerza pública al presidente de la República.

Además, se eliminaron aspectos de la redacción pseudopopulista de 1972, y se introdujeron garantías para los capitalistas, como el artículo 268, que impide al Órgano Legislativo eliminar o recortar las partidas destinadas al pago del servicio de la deuda externa.

Para realizar la reforma se nombró, en noviembre de 1982, una junta de "notables", entre los que figuraban importantes dirigentes de la oposición burguesa como Guillermo Endara, Mario Galindo, José A. Sosa, Bolívar Pedreschi. Por el oficialismo estuvieron Fernando Manfredo, Oydén Ortega, Nánder Pitty y otros. Prácticamente se produjo un "pacto nacional" en torno a esta reforma constitucional, que fue un eslabón importante en el proceso de democratización, pues, hasta estuvo presente el Partido del Pueblo, en la persona del Prof. César De León.

Tan sólo un sector político minoritario se opuso a esta reforma constitucional, por representar una continuidad del régimen, contraponiéndole la exigencia de una Asamblea Constituyente libre y democráticamente electa. Este sector estuvo formado por el Partido Acción Popular, dirigido por Carlos I. Zúñiga y Miguel A. Bernal; y el Partido Socialista de los Trabajadores, cuyos principales voceros eran los profesores José Cambra y Virgilio Araúz; y otras personalidades independientes.

Para evitar el posible surgimiento de una corriente de masas que se opusiera a la reforma constitucional, el gobierno dio un lapso breve de tiempo para el debate previo al Referéndum que las debía ratificar. El 30 de marzo de 1983 se emitió el decreto de gabinete que dio a conocer las reformas y convocó al Referéndum para el 24 de abril. Se registraron 476,716 votos favorables a la reforma, y tan sólo 66,447 en contra, según las cifras oficiales.

La siguiente coyuntura crítica se produjo unos meses después, el 12 de agosto de 1983, cuando el general Rubén Paredes se acogió a la jubilación con el acuerdo formal, pero secreto, de que su candidatura presidencial en 1984 sería apoyada por la Guardia Nacional. Sin embargo, menos de un mes después de su jubilación, el 8 de septiembre, Paredes renunció públicamente a su candidatura presidencial, y cuatro días más tarde hizo pública una carta en la que recriminaba a Noriega por no haber cumplido el pacto de impulsar su candidatura presidencial.

A partir de este momento se inicia la fase norieguista del régimen militar, la más crítica y que culminaría seis años después con la invasión norteamericana. Con Noriega hay un nuevo replanteamiento de las formas y objetivos del "proceso democratizador".

Se deja de lado el proyecto de mantener la continuidad del régimen por la vía de llevar a la presidencia a un militar, tal y como se planteó en vida de Omar Torrijos, y que luego Paredes quiso realizar. Esa variante, que representaba una democratización muy restringida, tenía dos problemas: por fuerza creaba una dualidad de poderes entre el presidente militar y el comandante en jefe de la G.N.; por otra parte, hacía evidente ante las masas la continuidad del régimen y la farsa de la "democratización".

Noriega replantea el proyecto de una manera más coherente, y tal vez más acorde con la política de reacción democrática de Estados Unidos: la existencia de un presidente y un gabinete civil, que guardaran las apariencias debidas; un instituto armado "profesional", es decir, alejado en apariencia de la política, pero que se mantuviera como centro indiscutible del poder real en el país, para lo cual había que desarrollar a la Guardia Nacional hasta convertirla en un ejército (capaz de defender el Canal) que a la vez tuviera una proyección social mediante millonarios programas de "acción cívica".

La primera y urgente acción política que tomó Noriega fue el impulso de la llamada Ley 20, aprobada el 29 de septiembre, por la cual se reforma la Guardia Nacional y se crean las Fuerzas de Defensa de Panamá. Como señala Milton Martínez: "La aprobación y puesta en vigencia de la Ley 20 no significa simplemente un cambio de denominación ..., por el contrario, establece las bases de orden jurídico y administrativo que reestructuran todas las instancias del componente militar".

Se reacomodan las responsabilidades a lo interno de las nuevas Fuerzas de Defensa, se desarrolla un plan de ampliación del cuerpo armado mediante la creación de unidades militares (Batallón Paz, Batallón 2,000, etc.), y se moderniza el parque militar. La filosofía de las FFDD aparece resumida en un folleto de relaciones públicas editado por ellas:

"Es así como, la defensa y protección del Canal por nuestra Patria, es una de las misiones inmediatas y trascendentes de las Fuerzas de Defensa, las cuales deben demostrar al mundo entero que sólo su capacidad, entrenamiento, organización y profesionalismo, podrán asegurar la existencia del Canal; evitando o combatiendo cualquier tipo de amenaza, viniese de donde viniese, que pudiera atentar contra su funcionamiento".

Y más adelante agrega: "Por otra parte, una misión permanente y que va más allá del objetivo a corto plazo, como es la posesión del Canal, lo constituye la proyección de las Fuerzas de Defensa en servicio de la paz. Estas deben diversificarse y tener participación activa dentro de la población, contribuyendo con el Gobierno al desarrollo de los planes de mejoramiento nacional, con sujeción a las órdenes de las autoridades nacionales. Pero deben ser partícipes de los planes de desarrollo, sin que los gobiernos consideren que las Fuerzas de Defensa compiten con ellos en el desenvolvimiento de tales proyectos".

No cabe la menor duda que este proyecto de militarización de la fuerza pública panameña, fue auspiciado y apoyado por el Pentágono y el Comando Sur de Estados Unidos. La alta oficialidad del ejército norteamericano defendió al general Noriega en los momentos más difíciles de la crisis, hasta que, en 1988, se acogieron a la estrategia del Departamento de Estado y del Congreso de forzar la salida de Noriega. Además, durante esos años hubo una activa colaboración mutua entre las fuerzas del Comando Sur acantonadas en Panamá y las FFDD, llegando a realizarse maniobras militares conjuntas cada año.

Este acuerdo y colaboración entre el nuevo hombre fuerte de Panamá y el gobierno norteamericano se hizo extensivo a la fórmula presidencial que el oficialismo impulsaría en las elecciones de 1984. Así es como a principios de 1984, el Partido Revolucionario Democrático anuncia la postulación del Dr. Nicolás Ardito Barletta para la Presidencia de la República.

Barletta representó, después del golpe de estado de 1968, la continuidad del equipo liberal que planificó las reformas económicas de los años 60, que posteriormente fueron adoptadas por el régimen militar, del que llegó a ser Ministro de Planificación. Al momento de ser postulado, Barletta venía de ocupar la vicepresidencia del Banco Mundial para América Latina. Barletta, que formalmente no era miembro del PRD, fue impuesto por los militares como candidato, por encima del entonces favorito, el empresario Ernesto "Toro" Balladares.

La llegada al país de Barletta, coincidió con la "renuncia" del presidente Ricardo De la Espriella, el 13 de febrero de 1984. Su renuncia forzada se debió a una aparente disputa con los militares y el PRD sobre la utilización de los recursos del Estado para el apoyo de los candidatos oficialistas.

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