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NICARAGUA.-Oponerse al plan del FMI de aumentar la edad de jubilación

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Por Adrián Laurel

Hace aproximadamente un mes el FMI estremeció al mundo financiero con una noticia estrepitosa para la clase trabajadora mundial. Este organismo les propuso a los gobiernos mundiales  que se aumenten los años de jubilación y se recorten las prestaciones sociales a los pensionados. Según ellos, bajo esta política se logrará  reactivar la economía en crisis, permitiéndoles a los gobiernos ahorrar dinero a costo de los obreros, para enfrentar con más fuerza, si es el caso, otra crisis financiera creada por los capitalistas alrededor del mundo. Siendo los burgueses los que gastan y despilfarran el dinero y nosotros la clase trabajadora los que debemos de pagar las deudas.

Un plan negociado desde antes por la burguesía sandinista

Acá en Nicaragua el gobierno sandinista ha insistido en la necesidad de aumentar los años para la jubilación justificándolo en los problemas económicos del INSS y la incapacidad del estado en asumir esta carga. La reforma del seguro social en este país, se encuentra muy próxima y solo es cuestión de tiempo para que entre en vigencia. Sin embargo, el gobierno burgués de Ortega barajaba esta posibilidad desde el año pasado, como antesala a su triunfo electoral anticipado, ya que hace un año el INSS presentó los puntos que contiene el programa de reforma al seguro social.

Estos puntos son: I. Aumentar la edad de jubilación, de 60 a 65 años; II. Duplicar las semanas de cotización, de 750 a 1,500; III. Doblar la cotización de los trabajadores, del 6.25 por ciento al 12 por ciento IV. Calcular la pensión según toda la vida laboral y no de los últimos 5 años. V. Que la pensión máxima sea equivalente a 1,500 dólares mensuales y la mínima al salario mínimo industrial, que actualmente es de 2,925 córdobas con 51 centavos,  menos de 130 dólares mensuales. (www.laprensa.com.ni/2012/05/04)

 ¿Acaso son los obreros afiliados al INSS los que deben de pagar por los problemas económicos que atraviesa o puede, irremediablemente, llegar a presentar el país? La respuesta es NO. Es este gobierno que esconde sus intereses en cínica demagogia  y proyectos sociales abanderados por el clientelismo político el que debe pagar, con los petrodólares de Chávez, los daños causados al INSS. Esta institución que debe beneficiar a los trabajadores se encuentra en bancarrota por la corrupción y abuso de poder de los funcionarios sandinistas, que se han apropiado completamente de las instituciones del estado, que ya no trabajan para servirles a los ciudadanos nicaragüenses, sino para aumentar las riquezas personales de los altos funcionarios del partido y sus allegados.

Que paguen los ricos

Es el gobierno de Ortega el que tiene la deuda con el INSS y no los trabajadores afiliados al organismo, ni los ancianos que han trabajado y deben ver reducidas sus prestaciones sociales. Tampoco es deber de los actuales estudiantes, que pasarán toda la vida trabajando para obtener una mísera pensión, en condiciones alienantes bajo el yugo del gobierno sandinista neoliberal. Todo esto es producto del robo indiscriminado de los fondos del seguro social. La presidencia presidida por los sandinistas refleja solamente los intereses de la clase dominante y en cada decisión gubernamental que toman, amparada por las leyes, tratan de confiscar los derechos de los ciudadanos que dignamente trabajan para ganarse la vida y sostener a sus familias.

La propuesta, hecha casi ley en este país, de la reforma al seguro social, ha sido rechazada por los sindicatos de trabajadores que este lunes 7 de mayo dieron a conocer su desacuerdo con las condiciones de vida que el gobierno en colaboración con el FMI quiere imponer a las familias nicaragüenses (ver: www.estrategiaynegocios.net/2012/05/08/). Este hecho nos dice que somos gobernados por un sector de la clase burguesa nacional de estructura política corroída, que le ha claudicado cuantas veces puede  a los organismos capitalistas internacionales con el único propósito de defender y proteger su patrimonio económico, aunque estén de por medio los derechos humanos y sociales de los ciudadanos. Los trabajadores son quienes tienen la última palabra. Hacemos un llamado a las bases y dirigencias sindicales a la unidad de acción para que inicien acciones de protesta contra este ataque frontal contra nuestros derechos.

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