Por Victoriano Sanchez

Al acercarnos inexorablemente al año 2021, ejecutando un plan preconcebido, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos están apretando las clavijas contra la dictadura Ortega-Murillo. En esta ocasión, la justificación no han sido los crímenes de lesa humanidad, sino la aprobación de un paquete de leyes por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua, férreamente controlada por la dictadura, que restringen aun mas las escasas libertades democráticas.

La Resolución del Parlamento Europeo

Con 609 votos de los 694 diputados, el Parlamento Europeo aprobó, el pasado 8 de octubre, una resolución que amenaza a la dictadura Ortega-Murillo con posibles sanciones. El eje de ataque fue la posible aprobación de la “la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros” que establecería estrictos controles sobre los ongs que, en su mayoría, reciben fondos de fundaciones y gobiernos europeos

Aunque las resoluciones del Parlamento Europeo son de naturaleza política y no son vinculantes para los organismos de la Unión Europea, queda claro que las presiones están destinadas fundamentalmente a lograr una negociación entra la dictadura y la oposición sobre reformas electorales.

El punto seis de dicha Resolución “(…) pide al Gobierno de Nicaragua que llegue a un acuerdo por medios democráticos pacíficos y negociados con los grupos de la oposición, incluida la Coalición Nacional, sobre las reformas electorales e institucionales necesarias para garantizar unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, actualmente previstas para noviembre de 2021, todo ello de conformidad con las normas internacionales y aplicando asimismo las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y de la Organización de Estados Americanos; indica que, a tal fin, deben asistir a dichas elecciones observadores nacionales e internacionales debidamente acreditados”.

Aunque la Resolución no contiene ninguna sanción específica, amenazó a la dictadura Ortega-Murillo que, si no retrocede en la aprobación del cuestionado paquete legislativo, la Unión Europea podría activar “la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica”, un tratado de libre comercio con Europa que entró en vigencia en el año 2013, y que puede ser suspendido por violación a los derechos humanos y al sistema democrático.

Nuevas sanciones de Trump

Al día siguiente, como un plan coordinado, el departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncio nuevas sanciones para altos funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo. Esta vez le tocó el turno a Ana Julia Guido, Fiscal General, a Paul Oquist, un norteamericano nacionalizado nicaragüense que funge como secretario personal de Daniel Ortega, y a la cooperativa de ahorro y préstamo CARUNA R.L. Esta última institución ha sido acusada de lavar más de 2,500 millones de dólares de la cooperación petrolera venezolana

Desde la rebelión de abril del 2018, Estados Unidos aceptó en los hechos la sobrevivencia de la dictadura de Ortega, a cambio de restaurar el orden y hacer reformas de cara a la elección de 2021. Debido al endurecimiento de la dictadura, la administración ha mantenido una dosificación de presiones sobre la dictadura para obligarla a negociar las reformas electorales que permitan “elecciones libres”.

No fue una casualidad que el primer sancionado, en diciembre del 2017, fuera Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), acusado de organizar sucesivos fraudes electorales. En julio del 2018, cuando se desarrollaba la “operación limpieza” contra los tranques, Estados Unidos sancionó al comisionado Francisco Díaz, sub jefe de la Policía Nacional, y a Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, uno de los principales operadores políticos de la dictadura.

En noviembre del 2018, Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional.

Después del fracaso del segundo Dialogo Nacional, en junio del 2019, continuaron las sanciones contra otros altos funcionarios: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Sonia Castro, ministra de salud, el ahora difunto Orlando Castillo, ministro de TELCOR, y Oscar Mojica, ministro de transporte. En noviembre del 2019, fueron sancionados Ramón Avellán Medal, subdirector de la Policía Nacional, Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Supremo Electoral, y Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

En diciembre del 2019, fueron sancionados los negocios relacionados con PETRONIC, la caja chica de la familia Ortega-Murillo. En marzo del 2020, fue sancionada la Policía Nacional como institución. En mayo del 2020, fueron sancionados el general Julio Cesar Avilés, jefe del Ejército Nacional (EN) e Iván Acosta, ministro de hacienda.

Casi todos los ministros han sido sancionados, pero la dictadura se ha mostrado reacia a negociar, aunque cada día está más debilitada.

Represión y sanciones

La dictadura ha resistido al máximo, manteniendo los niveles de represión para atomizar la resistencia popular, esperando el momento preciso para negociar. Ese momento esta llegando. La andanada de sanciones solo está preparando el terreno para esa negociación que ya no pueden posponer.

Las sanciones les permiten a Estados Unidos y Europa imponer un control sobre cualquier negociación, en beneficio de los empresarios, en detrimento de las reivindicaciones de abril del 2018.