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* COSTA RICA: llamado a la lucha del "Consejo de Defensa de la Institucionalidad" .

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LLAMADO A LA LUCHA DEL  "CONSEJO DE DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD" (CDI) ANTE LA GRAVE CRISIS QUE ATRAVIESA EL PAÍS

 

No cabe duda de que en el país vivimos una crisis en el pleno sentido de la palabra: un punto en la evolución nacional donde cambiamos de rumbo y retomamos el camino de nuestro desarrollo, o nos hundimos en un retroceso del cual podría no haber recuperación.

Es una crisis de viabilidad nacional en la que Costa Rica se juega su destino, su ser histórico y social como Nación y Pueblo soberanos; como democracia con capacidad de ampliación y renovación; como economía capaz de dar sustento y bienestar a toda la población y no solo a un reducido grupo de súper ricos y poderosos; como sociedad con capacidad de proteger su patrimonio y sus recursos de la voracidad y rapacidad de las grandes empresas internacionales que han amenazado su integridad; y como cultura con sus propios valores y tradiciones de solidaridad, equidad, justicia y paz.

En varias ocasiones el Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI), desde su fundación en abril de 1996, ha llamado a la unidad de todas las fuerzas sociales y políticas progresistas y democráticas para defender los valores y las instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho. Lo hizo para impedir que el bipartidismo pudiera aplicar a sus anchas los programas de ajuste estructural que fue el origen de la actual crisis, mediante una propuesta presentada al Gobierno de Figueres para resolver el tema de la deuda interna cuando ese gobierno proponía vender "las joyas de la abuela"  como única solución.

Durante cuatro años recorrió todo el país alertando contra la privatización del ICE, RACSA, los efectos de la minería a cielo abierto,  hasta la culminación  del llamado a filas para enfrentar el Combo del ICE. Posteriormente, el CDI fue el grupo social que presentó una propuesta en reunión con el recién electo Presidente Pacheco, advirtiendo de los peligros de un TLC (mayo de 2002) y, posteriormente, propició la creación de la Comisión Nacional de Enlace en noviembre de 2003. Apoyó luego la conformación de la Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC, como esfuerzo unitario para derrotar al TLC, ya que de las interrogantes y propuestas presentadas por el movimiento social, ninguna fue atendida por los negociadores. Finalmente, respaldó la lucha en la calle y la regionalización como únicas salidas para lograr el objetivo de derrotar el TLC.

Asimismo el CDI siempre advirtió sobre las graves implicaciones, de toda índole para el país, de la implantación a contrapelo de un modelo y de una política económica neoliberal, de apertura y libre mercado. Son implicaciones que, ahora, están a plena vista en varios puntos clave de la vida institucional y que ponen en peligro la Patria misma.

Primero, lo vemos en la liquidación de la división y el equilibrio de los poderes públicos a favor del dominio vertical y autoritario del Ejecutivo (casos de Sala IV).

Segundo, en la puesta, de esos poderes, sus instituciones y proyectos, al servicio de los negocios privados, tanto locales como transnacionales, siendo la separación de ambos un requisito indispensable de toda democracia limpia y transparente (casos de concesiones en los sectores de transportes y agua, proyectos turísticos y de marinas, contratos y préstamos como el finlandés y el español a la CCSS y los de Alcatel al ICE, entre otros).

Tercero, lo vemos en una descomunal concentración y amalgama de poderes públicos-privados, reforzada por los grandes monopolios -que manipulan la opinión pública y han establecido una verdadera dictadura mediática, mostrada en pleno durante el pasado referendo- y en la entrega de nuestros mejores negocios a consorcios privados extranjeros vía concesión (ejemplos: Riteve y Alterra), aperturas en el ICE, el INS, la CCSS, y proyectos de patentamiento de medicinas, insumos agropecuarios y la biodiversidad.

Cuarto, lo vemos en los esfuerzos por criminalizar la protesta social, el cierre de programas radiales y televisivos, la persecución a estudiantes y a campesinos, a sindicalistas y a otros dirigentes, aunado al cierre en esta administración Arias de todos los canales y espacios del diálogo y la negociación política, como lo ejemplifica una Asamblea Legislativa (caso del G-38: una mayoría mecánica y servil al Ejecutivo).

Quinto, lo vemos en una entrega sin precedentes, por acción u omisión legal, de todos nuestros recursos humanos, culturales y naturales a agentes e inversionistas extranjeros en todos los sectores de la economía, con lo cual hemos perdido el manejo de los resortes de nuestra economía y el disfrute de esos recursos, como sucede en nuestra playas, bosques, minas y canteras (casos de Puerto Viejo, Osa, Miramar y Las Crucitas) y en todos los puntos del territorio donde avanza incontenible la destrucción, contaminación por desechos y degradación del ambiente.

Sexto, lo vemos en estos días en la quiebra de nuestra seguridad nacional y alimentaria impulsada por la tesis y la práctica neoliberal de imponer convenios, que como el TLC-, favorecen los subsidios a las exportaciones de los países ricos  y sacrifican la producción en los países pobres, la seguridad del país y la alimentaria  ambas estrechamente unidas, y en la imparable penetración de la mafia y la delincuencia  organizada internacional en las altas esferas de nuestra sociedad y de la clase política (casos de narcotráfico, visas chinas, tráfico de influencias a granel, secuestros y sicariato, etc.).

Sétimo, lo vemos en la imposibilidad de controlar el aumento del déficit comercial, de mantener el tipo de cambio, frenar la especulación y la inflación, y de recuperar al menos el ritmo de crecimiento del período pre-neoliberal.

Octavo, lo vemos en el fracaso de los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, todo en medio de una parálisis de nuestras instituciones claves: energéticas, telecomunicativas, educacionales, de salud,  de bienestar y seguridad social en general.


En síntesis: Estamos ante un rotundo y evidente fracaso de las políticas de ajuste y libre mercado, que, por un lado, han destruido o deteriorado los instrumentos para paliar las crisis externas, y por otro, nos han colocado en manos de fuerzas ciegas, la mayoría ajenas a nuestra realidad y a nuestros intereses. Y lo más grave es que nos hallamos ante un agro colapsado, sabiendo que  quien no produce lo que se come, es un pueblo entregado a la dependencia externa y a la pobreza sin salida.

Y detrás de ese fracaso lo que está es una constelación de espurios intereses creados, locales y transnacionales: una nueva y voraz oligarquía comercial-financiera aliada con las corporaciones transnacionales y, por tanto, antinacional. Esta neoligarquía está absolutamente empeñada en destruir lo que queda en pie de nuestro Estado Social de Derecho y su institucionalidad, y en socavar la decencia, la independencia y la soberanía nacionales, como lo demostró con la aprobación del TLC y sus agendas.

La crisis de viabilidad nacional se ha vuelto así también una crisis de identidad nacional, donde nos jugamos la posibilidad de perder lo que hemos sido y lo que aspiramos a ser y seguir siendo. Por eso, desde el CDI les decimos a los dirigentes e integrantes de esa ilegítima neoligarquía antinacional: hay una enorme  reserva moral en el pueblo y un cúmulo de conciencias patrióticas que no permitirán que nos arrebaten el país.

Costarricenses: estamos a tiempo y vamos de nuevo a emprender la lucha, a retomar el camino de las comunidades, de las regiones y los sectores sociales. ¿Para qué?


Para vigorizar la toma de conciencia sobre el fracaso de las políticas neoliberales y levantar desde abajo un poder social y cultural propio, incorporando el potencial y las mejores experiencias acumulados durante la lucha contra el TLC.

· Para renovar y fortalecer la organización, la autoformación, la cohesión y la participación de los actores de base popular en todo nivel; incluidas la resistencia, la lucha en las calles y la justificada desobediencia civil ante las continuas  violaciones a la Constitución y a las leyes de una autollamada "dictadura en democracia", a todas luces espuria.

· Para rearticular el movimiento social, explorar nuevos escenarios emergentes a raíz de la grave crisis nacional, y modificar desde allí la relación de las fuerzas sociopolíticas en su favor, imprimiéndole nuevos rumbos, simultánea y yuxtapuestamente a escala nacional, regional, local y sectorial.

· Para aprovechar, mediante una estrategia de lucha y resistencia nacional prolongada, a los diversos y múltiples escenarios móviles de la lucha sin cuartel por la democratización, el Estado Social de Derecho y la defensa de los derechos ciudadanos integrales violados a diario por el régimen.

· Para salir al paso de los nuevos intentos, vía el TLC y sus agendas, de mantener al país por el escabroso y fracasado camino del llamado Consenso de Washington y las aperturas de libre mercado.

· Para impulsar al Estado, al país y a sus sectores productivos y agroalimentario por una senda distinta, más nuestra, más solidaria, soberana y viable y por ello efectiva.

· Para que las futuras generaciones no tengan que reclamarnos que entregamos la Patria a sus mancilladores: los nuevos filibusteros y sus aliados extranjeros.

Para que todos podamos vivir y morir con Patria, con dignidad, con democracia, con paz, solidaridad y prosperidad compartida, retomemos la lucha y digamos: ¡NO a la neoligarquía y a sus nefastos designios! ¡SÍ A LA PATRIA!

11 de junio de 2008

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