Por Leonardo Ixim

El pasado 21 de noviembre se celebraron elecciones regionales en Venezuela, para renovar las gubernaturas y los Consejos Municipales; esto en un ambiente marcado por las recientes negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición burguesa, divididas por lo menos en dos fragmentos en la Ciudad de México.

La novedad ha sido que la mayor parte de la oposición ha participado en el evento, además se contó con los apoyos internacionales de las distintas fuerzas en pugna: el gobierno de Biden y la Unión Europea (UE), que respaldan a la oposición, y China y Rusia, respaldando al gobierno de Maduro. La UE por su parte, por medio de su Misión de Observación Electoral (MOE), avaló el proceso, pero sin dejar de cuestionar aspectos relacionados al registro de candidaturas y del conteo electoral el propio día de la votación. Esto ha cambiado en los últimos años para que la mayor parte de la oposición participe, tan solo dejando de lado a los sectores más ultraderechistas como el María Corina y en una posición ambigua el del autoproclamado presidente Juan Guaidó, quien fue el instrumento mas visible de la administración de Trump.

Las negociaciones de México

Los anteriores procesos de negociación, como el impulsado por la UNASUR en 2014, el Vaticano en 2016, en República Dominicana a finales de 2018 e inicios de 2019 y el de Barbados en 2019, donde intervino Noruega, no lograron avanzar. Recordemos que en Barbados, mientras que la Casa Blanca mantenía un discurso maximalista similar a los posturas mas extremistas, de sacar a Maduro por medio de asonadas militares e intervenciones foráneas, el Departamento de Estado apoyó las negociaciones, las cuales no avanzaron debido a las posiciones maximalistas de parte de la oposición, que en ese momento mantenía cierta unidad y el madurismo que se autoproclamaba con una legitimidad que ya no tenía.

Sin embargo, ahora la oposición presentó un plan que contemplaba el levantamiento de sanciones económicas que pesan sobre el gobierno de Maduro, sujeto a la realización de nuevas elecciones presidenciales libres bajo un gobierno de transición mixto, sin condicionarlo a la renuncia de Maduro. La oposición flexibilizó su posición admitiendo que se podía adelantar un proceso electoral con Maduro en el poder y el gobierno aceptó considerar esta opción, sin ofrecer por su parte una contrapropuesta, llegando a un Memorándum de Entendimiento el 14 de agosto.

Barbados en su momento también fracasó porque la oposición aun estaba envalentonada por la mayoría que tenía en la Asamblea Legislativa de 2016, las movilizaciones masivas contra Maduro de 2017, pero que ya para 2018 derivaron en acciones de grupúsculos con alto contenido reaccionario, desembocando en 2019 en intentos de levantamientos militares, llegando a perder apoyo social. El gobierno tampoco tuvo el interés en avanzar en ese momento, pese a convocar una Constituyente tras la derrota en el legislativo, la cual pretendió lograr cierto respaldo de masas como en los años dorados del chavismo y solo sirvió para garantizar el giro cada vez mas autoritario y la consolidación de una casta dominante en torno al ejército y a Maduro.

Esta situación de pérdida de apoyo de los actores políticos y la emergencia de un sector social que se ha formado a partir de la atención humanitaria a la crisis económica, que ha actuado como intermediario entre gobierno y oposición, presumiblemente ha logrado una cota de influencia en que las negociaciones de México. El madurismo responsabiliza de la crisis a las sanciones económicas y la oposición al supuesto rumbo socialista del gobierno.

A nivel latinoamericano, y con la jugada de proclamar a Guaidó como presidente “legitimo” reconocido por EU, UE y la mayoría de gobiernos conservadores de la región en el Grupo de Lima, quienes se plegaron a la estrategia de Trump, terminó en nada, al grado que Guaidó fue cuestionado por algunos círculos cercanos a Biden de apropiarse de fondos y impugnado por sectores de la oposición como no representativo.

En este contexto, la iniciativa de Lima ya no existe más y a los mismos gobiernos ante la cada vez mayor migración de venezolanos hacia el exterior, según Naciones Unidas han migrado casi seis millones sobre todo a partir de la crisis económica social del modelo rentista impulsado por Maduro y de las sanciones imperialistas sobre Venezuela. A los gobiernos de diverso cuño, agobiados por sus crisis internas, no les interesa tener otra bomba más en sus países.

La agobiante situación económica marca la pauta

En la práctica el madurismo logró su cometido, dividir a la oposición, la cual de por sí ya brillaba por su fragmentación. Eso se vio en las pasadas elecciones legislativas de diciembre de 2020, donde un sector de la oposición participó en dos coaliciones, Alianza Democrática y Alianza Venezuela Unida y otro como el de Henrique Capriles que lo avaló, aunque varios de estos partidos estaban intervenidos desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) afín al madurismo. La novedad fue el quiebre del Gran Polo Patriótico, donde un sector denominado chavismo crítico, bajo el mote de Alternativa Popular Revolucionaria (APR), que denunció persecución de la policía política, fue encabezado por el Partido Comunista Venezolano (PCV). En esta elección el madurismo logró obtener la mayoría del legislativo.

Previamente al mismo Memorándum de Entendimiento, en abril de 2021, se renovó el CNE que según lo califican sectores no afines a Maduro fue en base al ordenamiento legal y de la misma Constitución sin imposición desde el gobierno, llevando a nombrar por la AL a consejeros cercanos a la oposición. Esto allanó el camino para la aceptación de las negociaciones, de cara a las recientes elecciones, ya con el fin de realinear a los sectores de la oposición tales como Voluntad Popular de Leopoldo López, Primero Justicia de Henrique Capriles, Acción Democrática. COPEI y Un Nuevo Tiempo (aunque como veremos en dos alianzas separadas para este evento electoral).

Según Colette Capriles, en un artículo de Nueva Sociedad, el chavismo y la oposición coincidieron en adoptar el objetivo de alcanzar elecciones justas y competitivas; pero el significado de justas y competitivas no es igual para ambos. Para la oposición significa garantías institucionales y políticas para participar y hacer respetar resultados. Para el chavismo significa llegar a elecciones habiendo podido desarrollar su gestión de gobierno sin las restricciones que le imponen las sanciones.

Esto no refleja más que una apuesta de parte de las diversas facciones burguesas, tanto de la tradicional como de la emergente ligada a Maduro, para repartirse la administración del Estado y aplicar las recetas neoliberales que están el programa de los diversos partidos de la oposición y las cuales el gobierno ya está aplicando. A finales de 2019 se buscó generar un polo obrero independiente, pero esto se terminó partiendo en líneas pro oposición y pro gobierno.

Pero la situación económica marca pauta en la coyuntura, para muestra un botón. Venezuela se ha vuelto el país mas desigual de Latinoamérica; según datos de la Encuesta de Condición de Vida de 2021 hay un índice de coeficiente de Gini del 56.7 por ciento, una pobreza extrema que supera el 70 % de la población, como cuando Chávez llegó al gobierno a finales de los noventa.

El gobierno de Maduro ha aplicado una serie de medidas liberalizadoras de la economía, como forma de garantizar la supervivencia de la casta burguesa en mancuerna con el alto mando militar; por ejemplo, en el sector de los bienes naturales, como el petróleo o la minería, se eliminó la participación mayoritaria estatal (vía la ley anti-bloqueo) de los tiempos de Chávez, facilitando la entrada de capitales chinos, rusos, turcos, iraníes, pero también gringos y europeos, la mayoría accionaria. O la instalación de zonas de desarrollo especial para la inversión de empresas extranjeras con beneficios fiscales, reducción de las condiciones laborales y como una forma de acumulación donde las fracciones burguesas tradicionales y emergentes buscan participar, junto a los planes de Fedecámaras (asociación empresarial) para invertir en estas zonas.

A esa liberalización desde arriba se agrega una estrategia de sobrevivencia desde abajo, con recortes en subsidios, ingresos cada vez más paupérrimos, donde la economía debido a la mayor inflación del mundo, asiste a una salarización vía especie con bonos de alimentos, ya que el precio de la fuerza de trabajo es incapaz de alcanzar la inflación, a lo cual se agrega la dolarización y del peso colombiano que cubre el 67 % de intercambio mercantil. Esto da paso a las transacciones virtuales por medio de criptomonedas, lo cual el gobierno obligado lanzó una moneda electrónica oficial, teniendo como respaldado las riquezas naturales explotadas bajo el control militar. Lo cual no es producto de un desarrollo de la economía sino de lo contrario, la desarticulación de la monetarización.

Esta situación económica imprime la necesidad de negociar de los actores políticos, que se refleja en el resultado mismo en la reciente elección del abstencionismo, ascendiendo al 58 % según datos del mismo CNE, con la participación de un poco mas de ocho millones de votantes de un universo de empadronados de 21 millones.

Abstencionismo y triunfo del madurismo

El oficialista Polo Patriótico obtuvo el 46.66% de los votos, 19 gobernaciones de 23 en que se divide el país, sobre todo las densamente pobladas ubicadas en el centro del pais, como Miranda, Vargas y Carabobo. La Plataforma Unitaria (PU), conformada por los partidos y grupos de la extinta Mesa de la Unidad Democrática, obtuvo solo dos gobernaciones, entre ellas la de Zulia, cuya capital es la segunda ciudad más poblada Maracaibo, con el 26.25 % total de los votos. Alianza Democrática, formada por sectores de partidos de la PU que fueron intervenidos por el anterior CNE madurista y expresiones históricas autodenominadas de izquierda que acompañaron a la oposición el decenio anterior como el Movimiento Al Socialismo y Bandera Roja, tuvo una gobernación y el 16.72 % de los votos. Por su parte, el pequeño partido Fuerza Vecinal obtuvo el 5.26 % de los votos.

A nivel de las alcaldías, el principal partido del oficialismo el Socialista Unido de Venezuela, obtiene 210, Plataforma Unida 63, Acción Democrática, partido dominante anterior a Chávez (el puntofijismo) que fue en alianza con la PU en las elecciones para las gobernaciones, 22 alcaldías, Fuerza Vecinal diez y el también histórico COPEI proveniente igualmente del puntofijismo, nueve alcaldías.

APR, por su parte, no obtiene ningún puesto de importancia, denunciando que el CNE le impugnó una gran cantidad de candidatos, sobre todo a puestos municipales, donde según el PCV mas del 50 % de las candidaturas de esta alianza no fueron inscritas; paradójicamente la inhabilitación que el madurismo realizaba a la oposición de derecha, ahora se le aplica a esta oposición por izquierda, al grado que los comunistas denunciaron esta situación a la MOE de la UE. Sin embargo, las discusiones al interior de esta alianza, sobre todo desde sectores con posturas marxistas, es que el PCV y otras expresiones del chavismo crítico se decantan por una línea más electoralista.

Por su parte, Alianza Democrática también denuncia que en el estado de Barinas el CNE suspendió las elecciones, programándolas para el nueve de enero, donde iba ganando su candidato Claudio Fermín después de intentar inhabilitar esta candidatura.

Paralelamente, una serie de huelgas obreras ha aumentado posterior a la pandemia: trabajadores industriales ligados a la en parte estatal Petróleos de Venezuela, así como de empresas privadas y de empleados públicos. APR no logró canalizar este descontento, que se registró en el alto abstencionismo, mientras que otras fuerzas de izquierda, como el Partido Socialismo y Libertad con una fuerte organización en la industria petrolera, la Liga de Trabajadores Socialistas o la Unión Socialista de Trabajadores, asumieron una línea abstencionista. Estas expresiones, junto al chavismo crítico podrían convertirse en un polo que atraiga las luchas contra los planes ajustadores del gobierno y de la oposición de derecha.

 

Por Leonardo Ixim

Acaban de realizarse dos procesos electorales en el Cono Sur, las elecciones de medio término para renovar la Cámara de Diputados y de Senadores en Argentina y las elecciones presidenciales y legislativas en Chile. Ambos procesos electorales reflejan un cuestionamiento a los actores políticos tradicionales, aunque en contextos y tendencias distintas, marcadas por los efectos de la pandemia.

Si bien la elección en Argentina pareciera menos importante porque solamente se renueva las cámaras legislativas, los resultados son un golpe al gobierno, actual producto de los efectos económicos y sociales causados por el COVID 19 y del hecho de defraudar a diversas capas de la población que votaron por el actual presidente Alberto Fernández, que encabeza el gobierno junto a la actual vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner, tras el retorno del peronismo al poder, después del  periplo neoliberal de Mauricio Macri, desde diciembre de 2019.

Por su parte en Chile, junto a los efectos de la pandemia, venimos de una insurrección contra el orden de cosas desde noviembre de 2019, que a su vez es producto de una serie de movilizaciones contra el modelo neoliberal en ese país, que se pueden rastrear desde el primer gobierno de Michelle Bachelet a mediados de la década pasada, configurándose en el actual proceso constituyente, a partir del plebiscito de octubre de 2020 para modificar el marco constitucional postdictadura de Pinochet y la elección para una Convención Constitucional en julio de 2021.

Elecciones de medio término en Argentina

Sin embargo, este país no está exento de importantes movilizaciones, tan solo basta rememorar que se cumple el 20 de diciembre veinte años del argentinazo, provocado por el descalabro económico producto políticas neoliberales aplicadas desde la década de los noventa y la crítica contra los partidos principales en ese momento como responsables, el Partido Justicialista (Peronista) y la Unión Cívica Radical (UCR), bajo la consigna de “que se vayan todos”. El peronismo, en alianza con sectores de izquierda reformista, logran contener la agudización de la lucha de clases, inaugurando los gobiernos kirchneristas, que provocan en sus primeros años un bienestar social, a partir de la bonanza de los precios de los commodities pero sin romper con la matriz agro-exportadora y retornar a los años de pujanza industrial, pero que sin embargo, en el último gobierno de Cristina Fernández, este aplicó una serie de ajustes en las políticas sociales tras la caída de estos precios; esto llevó a que el peronismo se rompiera, en una candidatura (Sergio Masa) con base en los sectores sindicalizados y el kirchnerismo con base en sectores informales y populares, asumiendo por primera vez que la derecha (Propuesta Republicana, el partido de Mauricio Macri)  vía electoralmente junto a la UCR, llegara al gobierno.

Así, durante el gobierno de Macri, con su coalición Juntos por el Cambio (JxC), en diciembre de 2017 la movilización obrera y popular, con un buen sello de la influencia de las organizaciones marxistas revolucionarias del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FITU), lograron detener una serie de contra reformas laborales y sociales que Macri quería impulsar, producto de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, obligando a un endeudamiento masivo. En ese marco, las principales centrales sindicales (CGT y CTA), junto al peronismo -ahora en unidad-, logran desviar la movilización hacia el evento electoral de 2018, donde la dupla Fernández y Fernández sale victoriosa.

Sin embargo, el gobierno actual ha continuado con las acciones de pago a los acreedores y negociaciones con el FMI (como sucedió también durante los gobiernos kirchneristas), lo cual implica duros recortes sociales, ante una realidad propia de la economía argentina que es la restricción constante de divisas, lo cual provocó roces en la coalición oficialista, tras los resultados electorales.

Si bien al inicio de la pandemia el gobierno logró cierto consenso de lo efectivo de las medidas, la presión empresarial por abrir la economía y la descarga de los efectos en la clase trabajadora, realizando  medidas erráticas y represivas ante la protesta popular, con una constante vacunación pese a los retrasos de las entregas de las vacunas, dieron como resultado que la coalición oficialista Frente de Todos (FdT), alianza del peronismo con sectores de la izquierda, perdiera la mayoría en ambas cámaras legislativas; junto a eso hay un crecimiento de la extrema derecha autodenominada libertaria de Avanza Libertad, y de la izquierda marxista del FITU, con un programa socialista y rupturista del orden capitalista.

Así, con una participación del 70 por ciento del padrón electoral (más de 24 millones de un universo de votantes de un poco más 34 millones) y una cifra de voto nulo y blanco de un poco más de un millón, JxC logra el 41.89 % de votos, aumentando en cinco tantos la representación en el senado con 14 senadores y en diputados con seis, aunque disminuyendo un 5 % con respecto a las elecciones legislativas anteriores.

Esto porque pese a la expectativa de que en las primarias obligatorias y simultáneas que se realizaron hace unos meses, donde JxC fue la coalición más votada, FdT logra no descalabrarse, obteniendo apoyo en sus principales bastiones, los populares municipios de la Provincia de Buenos Aires (PBA); así, este obtiene el 33.03 % de los votos, es decir 9 senadores, 6 menos, y 50 diputados, 18 menos que en la saliente legislatura.

Los terceros, cuartos y quinto los guarismos son muy cercanos, la extrema derecha logra el 7.22 % de votos sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), disputando al JxC que es su bastión, obteniendo 4 diputados. El Peronismo Federal, una corriente más hacia la derecha del peronismo en alianza con histórico Partido Socialista (socialdemócrata) el 5.65 % de los votos, traducido en un senador y 3 diputados; mientras que el FITU con el 5.46 %, cuatro diputados, aumentando su bancada en dos.

Por lo tanto, vemos una leve derechización del electorado, que, además de tener mayoría en la CABA, se concentra en la industrial provincia de Córdoba, así como el crecimiento de fuerzas políticas hacia los extremos como Avanza Libertad y el FITU. Sobre este último, nos interesa porque tenemos afinidad; esta es una alianza de cuatro partidos trotskistas, con presencia en sindicatos, aunque a nivel de base, organizaciones estudiantiles y en las barriadas. Este frente no ha logrado aun romper con la hegemonía del peronismo en el movimiento popular, sin embargo, logra además de sus diputados, dos diputados en la PBA, por primera vez una serie de concejales en esa provincia -la más populosa del país- y un diputado en la norteña provincia de Jujuy, Alejandro Vilca, el actual asume la identidad indígena.

Elecciones generales en Chile

Los resultados en las elecciones presidenciales y legislativas (renovándose totalmente las Cámaras de Diputados y Senadores) muestran una polarización creciente, desbancando a las coaliciones que habían dominado la política desde la instauración del régimen democrático formal, es decir Chile Podemos Mas (oficialismo), conformado por partidos conservadores, algunos con origen en el pinochetismo y el Nuevo Pacto Social, la antigua Concertación, conformado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Socialista (PS) y otros que ha sido los sostenes de la gobernabilidad burguesa

Nuevamente la abstención fue mayoritaria, de un universo de 15 millones de votantes, votaron un poco más de 7 millones, mientras los votos nulos y blancos fueron bajos, no pasando los cien mil votos.

De tal forma que disputarán la segunda vuelta José Antonio Kast del Frente Social Cristiano (FSC), quienes se han mostrado simpatizantes del pinochetismo, con un perfil ultra derechista y enemigo de los intereses de las y los trabajadores y de todos los derechos políticos y sociales, consiguiendo 1,961,122 votos, el 27.91 %, logrando mayoría en las comunas del norte del país

En segundo lugar, quedó el candidato Gabriel Boric, de la alianza izquierdista Apruebo Dignidad, conformado por los restos del Frente Amplio (partido formado tras las movilizaciones sociales la primera década del siglo), y el histórico y reformista Partido Comunista Chileno (PCCH), mas otras expresiones de izquierda. Boric, ex dirigente estudiantil y ex alcalde de Valparaíso, disputó con otro candidato, el comunista Daniel Jadue, las primarias para definir candidaturas; esta coalición logra 1,814809 votos, el 25.83 %, logrando mayoría en Santiago y en otros centros poblados, así como en las comunas del sur de Chile.

El tercer lugar fue la sorpresa de Francisco Parisi con 12.79 %, un candidato residente en Estados Unidos que ni siquiera pisó Chile para la campaña y tiene un perfil claramente neoliberal bajo el discurso del emprendimiento de la juventud. En cuarto lugar, quedó el candidato de la coalición oficialista, Sebastián Sichel, ex funcionario del gobierno de Piñeira con 12.79 %. En quinto lugar, la candidata de la ex Concertación, Yasna Provoste con 11.69 %. En sexto lugar Marcos Enríquez-Ominami, hijo de unos de los dirigentes de la guerrilla anti-pinochetista con 7.61 %, que en elecciones anteriores se había visto como una sorpresa. Y en séptimo lugar el profesor Eduardo Artes, de la alianza Unión Patriótica (UPA), conformada por la ex insurgencia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y un Partido Comunista (de filiación maoísta), con apenas 1.47 %.

El descalabro quizás no fue total porque en las elecciones para Consejos Regionales (provincias) la coalición oficialista de derecha logro 110 de estos consejos y los partidos de la ex Concertación 90, quedando abajo el Frente Amplio y el PCCH que no fueron en coalición. A nivel del Congreso, Chile Podemos Mas (oficialismo) logra 12 senadores y 53 diputados; el Nuevo Pacto Social 8 y 37 respectivamente; el FSC 15 diputados; Apruebo Dignidad 4 senadores y 37 diputados; el Partido de la Gente de Parisi 6 diputados; Dignidad Ahora (conformado por otras expresiones de izquierda) 6 diputados también y los ecologistas con dos diputados. Participaron también los maoístas de UPA y la izquierda trotskista del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR) sin lograr ningún escaño.

Como se ve, hay una clara mayoría de derechas con los legisladores de FRS y de Chile Podemos Mas, lo cual complica realmente la capacidad constituyente de la Convención Constitucional, la cual resultó en leve mayoría para las fuerzas de izquierda y de listas independientes procedentes de la movilización popular, como la Lista Pueblo -fragmentada en la Convención en varios pedazos-, la cual por desavenencias internas y diferencias políticas no logró postularse para estas elecciones, producto de su excesiva heterogeneidad y falta de cohesión ideológica, perdiendo la oportunidad de convertirse en alianza con el PTR y otras expresiones marxistas, en una alternativa proletaria.

Lo cierto es que esta Convención, pese a ser en parte conquista de la insurrección de 2019, con la participación por ley del pueblo mapuche, que a su vez está sufriendo la militarización del gobierno de Piñeira en la defensa de su territorio, tiene poca capacidad de convertirse en un órgano de poder independiente. Esta situación se complica aún más si el ultraderechista admirador de Bolsonaro y Trump, Kast llegara al gobierno. Por su parte, Boric y Apruebo Dignidad, anuncian que harán valer la capacidad de crear una nueva Constitución; este viene del partido Convergencia Social, que tiene un perfil de acercamiento con el empresariado y con expresiones partidarias como el PS y PDC.

La situación es que, desde el nacimiento de la Convención Constitucional con el Acuerdo de Paz Social impulsado por los partidos de la derecha, la ex Concertación y buena parte del Frente Amplio como Boric, se cercenó la capacidad de ser el órgano de poder real y se limitó a crear una nueva constitución sin tocar los elementos que condicionan el modelo neoliberal. El PCCH, si bien no firmó, desde la Central Unitaria de Trabajadores y otras fuerzas gremiales, fue un observador pasivo, quitando beligerancia a la movilización y a la capacidad de la Convención de ser un órgano que de verdad dispute el poder a la burguesía chilena.

Lo cual genera un reto en el actual movimiento social chileno, que debiendo actuar en clave destituyente desde la Convención logre convertirla en un órgano de disputa contra el poder instituido de la clase dominante.


Por Orson Mojica

Venezuela ha ocupado un lugar clave en la política latinoamericana en las últimos dos décadas- El vigoroso ascenso y el posterior declive del chavismo ha incidido en la región. Antes de morir Hugo Chávez en 2013, nombró heredero a Nicolas Maduro

El primer gobierno de Maduro (2013-2019) fue muy inestable. La prematura muerte de Chávez, combinada con el descenso de los precios del petróleo a nivel internacional, y con el feroz bloqueo económico y financiero del imperialismo norteamericano y europeo contra Venezuela, terminaron convirtiendo al débil primer gobierno de Maduro en una dictadura, sostenida por la columna vertebral del chavismo: la oficialidad del ejército y del aparato policial.

Enfrentamiento con Estados Unidos y polarización política

A  Maduro le tocó, al final de su primer mandato, enfrentar la brutal ofensiva que Donald Trump (2017-2021) contra Venezuela, que se materializo en sanciones económicas y un riguroso bloqueo financiero, sin abandonar la presión militar. Las presiones del imperialismo norteamericano produjeron una mayor polarización interna, y la oposición burguesa, que Chávez había derrotado una y otra vez, terminó siendo conducida por el ala más derechista, representada por los partidos “Vente Venezuela” liderado por Maria Corina Machado, y el partido “Voluntad Popular” de Leopoldo López

En este periodo Venezuela se hundió en la miseria y la barbarie. Se registró la hiperinflación mas alta del mundo, la que todavía persiste, cierre masivo de empresas y ruina de la industria petrolera. En 2015, la oposición burguesa, liderada por el ala más radicalmente derechista, tomó el control de la Asamblea Nacional. Esta fue una victoria pírrica de la oposición burguesa, porque el chavismo respondió instalando una Asamblea Nacional Constituyente, bajo su control, que prácticamente anuló el triunfo electoral de la derecha.

Represión y negociaciones

La crisis económica se agravó con el bloqueo imperialista, y con ello creció el descontento popular. En 2017 se produjeron enormes movilizaciones de protesta que fueron reprimidas de manera implacable por el chavismo, dejando una cantidad de 165 muertos y unos 350 presos políticos. En los años siguientes se calcula que unos 6 millones de venezolanos han salido del país, huyendo del desempleo y la miseria.

Al imponerse a sangre y fuego en 2017, Maduro se estaba garantizando la reelección y el control del proceso electoral del año 2018. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) que ganó las legislativas del 2015, fue inhibida como tal, otros partidos políticos y dirigentes políticos corrieron igual suerte, otros fueron encarcelados.

No obstante, el chavismo combinó hábilmente la represión con la negociación. A finales del 2017 se inició una ronda de negociaciones en República Dominicana, con la mediación del expresidente español, Luis Rodríguez Zapatero, y un representante del Vaticano. El objetivo era negociar las condiciones de las elecciones presidenciales del 2018. Maduro primero hizo creer que cedería, y después rompió las negociaciones en febrero del 2018, adelanto la fecha de las elecciones, y empujó al conjunto de la oposición burguesa a la táctica abstencionista, dejando el campo libre para la reelección.

Surgimiento y fracaso de Guaidó

Maduro impuso su reelección en mayo del 2018, asumiendo su segundo mandato presidencial en enero del 2019. En ese momento, desde el control de la Asamblea Nacional, surgió la presidencia “interina” de Juan Guaidó en “lucha contra la usurpación”. Este gobierno títere fue reconocido por Estados Unidos y más de 51 países. Las presiones de Estados Unidos y la Unión Europea se acrecentaron al máximo, hubo tensiones militares en la frontera con Colombia. La estrategia de Trump era promover un golpe de Estado, pero la cúpula militar que administra las riquezas petrolera y minera de Venezuela, cerró filas en torno a Maduro.

En la medida que la administración Trump finalizaba, al no lograr la reelección, también se debilitó la política de bloqueo contra Venezuela. Aunque el país se hundió en la miseria y la barbarie, el chavismo logró mantener el control de las instituciones y del aparato del Estado, aunque este se debilitó en muchas áreas.

Declaración conjunta Estados Unidos, Canadá y la UE

Para inicio del 2021, el chavismo estaba seguro de su victoria, y por ello, para estimular los cambios en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, inicio un proceso de acercamiento con las alas mas moderadas de la oposición burguesa. Incluso haciendo jugosas concesiones como ceder un tercio de los magistrados del Consejo Nacional de Elecciones (CNE) a los sectores más moderados de la oposición burguesa, preparando el escenario de las elecciones del 21 de noviembre.

Estos pasos discretos, permitieron que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea expresaran que “(…) La solución pacífica a esta profunda crisis política, social y económica debe provenir del mismo pueblo venezolano, a través de negociaciones de amplio alcance impulsadas por los venezolanos en las cuales participen todos los actores interesados. Un proceso de negociación integral, con plazos concretos, debería posibilitar el restablecimiento de las instituciones del país y permitir que todos los venezolanos puedan expresarse políticamente por medio de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes.

(…) Vemos con beneplácito que se logren avances sustanciales y creíbles, orientados a restablecer las instituciones y los procesos democráticos en Venezuela, y estamos dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos que se alcancen por medio de una negociación amplia (…)” (05/06/2021)

Esta Declaración Conjunta seria la antesala de las negociaciones que, impulsadas con la mediación de Noruega, terminarían en una mesa de negociaciones en México.

El fracaso de las sanciones, una victoria del chavismo

La política de sanciones impulsada por Estados Unidos y la Unión Europea causaron un enorme daño a la economía de Venezuela, pero no lograron derrocar al gobierno de Maduro. Con la nueva administración Biden, hay un reconocimiento de ese fracaso, y como parte de la crisis global del imperialismo norteamericano, este discretamente dejó de reconocer a Juan Guiadó como presidente interino.

Habiendo sobrevivido a la ofensiva de la administración de Donald Trump, Maduro ahora pretende recoger los frutos de su difícil triunfo político. Ahora el discurso de Maduro es moderado, y llama a todas las fuerzas políticas, incluida el G-4 (principales partidos de la oposición) a construir la paz y la estabilidad. De este prolongado enfrentamiento político, Maduro logró sobrevivir y la oposición burguesa salió con el rabo entre las piernas.

Antes de iniciar las negociaciones en México, Maduro, optimista, declaró: "Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar, para llegar a acuerdos parciales por la paz y la soberanía de Venezuela", (09/08/2021)

Mas adelante, dijo: "Se ha abierto un nuevo ciclo de estabilidad política (..) Cada voto que se dé es una apuesta a la paz, a la reconciliación (…) Nunca más nadie podrá soñar con tomar el poder sin participar en las urnas electorales" (RT 31/08/2021)

La división de la oposición

En las elecciones parlamentarias del 2020, la mayoría de la oposición decidió abstenerse. Pero, aunque la coyuntura ha cambiado desde entonces, la oposición burguesa continúa dividida en dos bloques: quienes propugnan por participar en las próximas elecciones regionales, ahora son la mayoría, y quienes mantienen la táctica de boicot, ahora reducidos a una minoría. La mayoría de la oposición burguesa ha optado por aceptar su propia derrota y ha decidido luchar en el plano electoral bajo las condiciones impuestas por la dictadura de Maduro.

El combo electoral del 21 de noviembre contempla elección de 23 gobernadores, 335 alcaldes del país y a los integrantes de los consejos legislativos regionales y concejos municipales. Es una magnífica oportunidad para que la oposición burguesa, dispersa y debilitada en el enfrentamiento con el chavismo, pueda recuperar su antigua base social. A partir del anuncio de la mayoría de los grupos de oposición de participar en las elecciones del 21 de noviembre, el gobierno de Maduro maneja un discurso optimista.

El resultado de las elecciones de noviembre definirá el panorama político de los próximos años en Venezuela.

Grupos de la oposición

Existen tres grupos: el G4, la Alianza Democrática y los abstencionistas Todos aceptaron dar la pelea electoral bajo las condiciones, un poco más flexibles, de la dictadura de Maduro.

El G4 está conformado por el viejo partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), el socialcristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente COPEI, Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP). Todos anunciaron que participarán en las elecciones regionales bajo el esquema de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La Alianza Democrática (AD) fue inicialmente una coalición de 27 partidos, que finalmente se dividió para las elecciones legislativas nacionales del 2020, separándose de la política de Guaidó, participando en ellas bajo las condiciones impuestas por la dictadura de Maduro, obteniendo apenas 20 diputados.

La corriente abstenciones está representada por el grupo Maria Corina Machado, del partido Vente Venezuela (Vente), Alianza Bravo Pueblo (ABP), La Causa Radical (LCR), y todos los que mantendrán en la política de abstención.

Las negociaciones en México

Antes de que se produjera las negociaciones en México, la primera semana de septiembre, y que se firmaran los primeros acuerdos parciales, ya se venia instalando una mesa de negociaciones secretas en Venezuela. Estos acuerdos parciales en México, fueron muy generales: la protección social al pueblo venezolano, conformar una comisión que revise las sanciones al sistema financiero y crear un mecanismo de verificación de los acuerdos.

Incluso, la oposición apoyó al gobierno de Maduro en la “defensa del Esequibo como parte del territorio venezolano” en contra del reclamo de Guyana. No hubo una sola palabra sobre las condiciones de las elecciones, puesto que estas ya habían sido acordadas al interior de Venezuela.

El chavismo ha demostrado la habilidad para romper acuerdos al borde de su cumplimiento, como ocurrió en el 2018. No sabemos si ocurrirá lo mismo, sobre todo por el espinoso tema del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela.

Sin embargo, todo indica que el chavismo y un sector de la oposición se han puesto de acuerdo en iniciar la lenta reforma del régimen dictatorial de Maduro, pero dentro de las condiciones impuestas por el chavismo, lo que augura una lenta y difícil transición llena de sobresaltos.


Por Eduardo Castillo

El 26 de julio se celebra un aniversario más,  de uno de los actos fundadores de la actual cúpula del Partido Comunista, el asalto al cuartel Moncada.

Casi seis años después, las tropas del M26 entraban victoriosas a La Habana, disolviéndose en lo que posteriormente se convirtió en el partido comunista de Cuba, de orientación estalinista.

Este hecho es de capital importancia para entender los fenómenos que acontecieron en los pasados días y que corren riesgo de repetirse. La protesta legitima del pueblo cubano, tomado en tenazas entre las consecuencias de un embargo económico que perdura desde hace casi setenta años, a lo cual hay que agregarle una política revisionista y reformista que también recae sobre los hombros de las masas. En este contexto, las consignas cansinas y complotistas se quedan cortas ante el inexorable peso de un sistema al borde del colapso para la clase trabajadora y el pueblo.

Las conquistas de la revolución

Sin lugar a dudas unos de los más grandes acontecimientos de la historia de la lucha de clases en Latinoamérica ha sido el triunfo de la revolución cubana y la posterior expropiación de la burguesía. Este hecho ha sido la raíz por la cual, los Estados Unidos y sus gobiernos de todos los matices se han empeñado en mantener las medidas coercitivas contra el pueblo, fundamentalmente.

Esta expropiación le permitió dar un gran salto adelante en materias como la salud, la educación, el deporte y otros aspectos de la vida como la cultura.

Sin embargo, todo esto tenía unas bases muy frágiles. Durante un buen tiempo, la URSS y otros estados obreros de Europa del Este, se convirtieron en un asidero para que la frágil economía cubana pudiera respirar con cierta tranquilidad.

Pero los marxistas analizamos las cosas con la misma rigurosidad con la que un médico debería analizar la condición de un paciente. Y, como en ambos casos, el objetivo es que el paciente se desarrolle y se cure lo más pronto. Si no también existe el deber de diagnosticar los riesgos y en ciertos casos lo inevitable.

En el caso cubano, nos podemos acercar al análisis que hizo León Trotsky sobre la URSS, en el momento en que la burocracia estalinista se amparaba del poder. El viejo, en lugar de dar una opinión basada en un estado de animo se dedicó a escribir un libro para explicar este fenómeno desde la base material hasta las manifestaciones en todos los aspectos de la vida social del nuevo régimen termidoriano.

“El joven Marx escribía dos años antes de El Manifiesto Comunista: “(...) El desarrollo de las fuerzas productivas es prácticamente la primera condición absolutamente necesaria (del comunismo) por esta razón: que sin él sí se socializaría la indigencia y ésta haría resurgir la lucha por lo necesario, rebrotando, consecuentemente , todo el viejo caos. Esta idea no la desarrolló Marx en ninguna parte, y no se debió a una casualidad: no preveía la victoria de la revolución en un país atrasado. Tampoco Lenin se detuvo en ella, y tampoco esto se debió al azar: no preveía un aislamiento tan largo del Estado soviético.”(Trotsky, La Revolución Traicionada).

Estos dos aspectos, el atraso económico más el aislamiento consciente de la revolución que impulsó la burocracia cubana, con la venia de la política de coexistencia pacífica promulgada por el PCUS, han sido determinantes para entender la situación actual.

En el aspecto económico, la revolución cubana estuvo durante treinta años, ligada a las relaciones comerciales con la extinta URSS. Sin este intercambio, la frágil economía de la isla, basada fundamentalmente en el monocultivo de la caña y posteriormente en el turismo, no hubiera podido sobrevivir por mucho tiempo al bloqueo imperialista. La evolución  del PIB es un indicador que ilustra esta realidad. En 1981, el crecimiento del PIB per cápita se ubicaba en un 19% aproximadamente. Una década después, este mismo indicador se encontraba a -16% aproximadamente. La restauración capitalista en los estados obreros le dio un mazazo a los bolsillos del pueblo cubano, conocido como el “periodo especial”. Luego de conocer unos altos y bajos, llegando en el 2006 a su cúspide (12%+-) hasta sumergirse de nuevo en el 2019 a -0,18+-. (fuente Banco Mundial)

Otro factor importante es el de las remesas familiares, que representan el 2% del PIB. El monto bruto de esta suma fue cerca de 2000 millones de USD, los cuales llegan a casi una tercera parte de la población. El origen de estas remesas provienen fundamentalmente de familias cubanas residentes en los E.E.U.U(84%), seguido en forma mínima por los residentes cubanos en España (9%+-) Esta fuente importante de ingresos para miles de familias cubanas se vio dificultado por el restablecimiento de las  sanciones que impuso el gobierno del ex presidente Trump, estableciendo limites trimestrales de envío (1000USD por trimestre) y eliminando la posibilidad de enviar dinero a personas ajenas a la familia. Estas sanciones habían sido eliminadas por el gobierno de Obama con el fin de restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países.

La pandemia del COVID 19 ha venido a poner un problema adicional.

“La economía cubana cayó 11% en 2020, sobre todo por la contracción del turismo, la paralización derivada de la pandemia y las sanciones impuestas por Estados Unidos, informaron el jueves las autoridades.

El viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, hizo un balance de las finanzas ante los diputados de las unicameral Asamblea Nacional del Poder Popular, que tienen su última sesión del año.

“Aspirábamos recibir este año alrededor de cinco millones de visitantes, pero producto de la pandemia, el cierre de fronteras y el recrudecimiento del bloqueo, el 2020 cierra en el entorno del millón”, dijo el Gil.” (Associated Press, 18/12/2020) Las proyecciones de este funcionario del régimen, las cuales se basaban en un repunte del turismo se vieron esfumarse con  la continuación y agravamiento de la pandemia en los países imperialistas.

Como corolario para las exiguas economías familiares cubanas, el gobierno de Díaz Canales decretó “ el año 0 del reordenamiento económico” un eufemismo para pasar un salvaje plan de austeridad que ataca entre tantos otros aspectos, a las conquistas de la revolución

“Las reformas afectan cada aspecto del presupuesto familiar de Cuba. Las autoridades también han dicho que estas involucrarán una "eliminación gradual de subsidios excesivos y gratuidades indebidas". (BBC 1°/01/2021)

El germen del estallido se anunciaba ya desde este momento cuando un grupo de 200 artistas se opusieran al desalojo de un grupo de jóvenes en huelga de hambre.

Este plan ha hecho que la inflación se haya disparado y que el acceso a bienes de consumo esenciales se imposibilitara para buena parte de la población, sobre todo la que ha vivido en esta economía informal, también desprovista de ayudas familiares del extranjero. El estallido cubano es muy similar a los que se han producido en otras partes del continente como Colombia, Haití y Chile en los últimos tiempos.

La retórica del régimen para tratar de desvirtuar las protestas ha sido la misma que las de otros regímenes, argumentando las teorías complotistas. 

 Un aislamiento “voluntario” de la extensión de la revolución en el continente

Mientras los bolcheviques en 1917 ponían la revolución al servicio de la extensión del proceso revolucionario en Europa Occidental, el PC cubano lo ha orientado de manera opuesta. Su política internacional ha sido menchevique reformista de cabo a rabo, apostando por la extinción de los procesos revolucionarios a lo largo del continente, siendo lo opuesto la mejor manera de romper el embargo y el aislamiento imperialista y como lo dijo el Che, del ministerio de las colonias que representa la OEA. 

Para poner un ejemplo, entre otros, uno de los mayores hitos en la lucha de clases en la región Centroamericana hasta el momento ha sido la caída de la dictadura de Somoza y en el mismo sentido uno de los mayores golpes para nuestra región fue la derrota de esta revolución y la del resto de los países del área con el acuerdo de Esquipulas.

En aquel entonces, el líder de la revolución cubana, pocos días después del triunfo de la revolución nicaragüense decía:

“Por eso a las afirmaciones o a los temores expresados por alguna gente con esas intenciones, de que si Nicaragua se iba a convertir en una nueva Cuba, los nicaragüenses le han dado una magnífica respuesta: ¡no, Nicaragua se va a convertir en una nueva Nicaragua!, que es una cosa muy distinta.

No se miran ellos en nosotros como quien se mira en un espejo, más bien somos nosotros los que nos miramos hoy en ellos como en un espejo, porque nada nos recuerda más nuestras propias luchas, nuestros propios sacrificios, nuestra propia imagen de aquellos tiempos primeros de la Revolución.

No hay dos revoluciones iguales. No puede haberlas. Hay muchas similitudes —como decía— en el espíritu, en el heroísmo, en el combate; pero los problemas nuestros no son exactamente los problemas de ellos, las condiciones en que se produce nuestra Revolución no son exactamente las condiciones en las que se produce la revolución de ellos, incluso en nuestro caso no hubo este frente de que hablaba anteriormente, incluso el imperialismo empezó inmediatamente con sus campañas, sus agresiones; el imperialismo sabía menos, porque el imperialismo algo ha aprendido también. No mucho, pero algo sí. Son condiciones diferentes las características en que se gesta esa lucha, la unidad de todo el pueblo que fue condición indispensable del triunfo, la participación de todas las capas sociales, la organización de diferentes movimientos populares que se unieron y que establece ciertos compromisos, que establece ciertas circunstancias diferentes a las nuestras. Es decir, que no van a ser exactamente iguales, ni mucho menos, las cosas de Nicaragua y las de Cuba.”( DISCURSO FIDEL CASTRO RUZ EL 26 DE JULIO DE 1979).

Defender las conquistas de la revolución para avanzar

La dirección del PC cubano ha demostrado su bancarrota política y metodológica desde hace décadas.

El problema de las libertades democráticas no debe ser pasado por alto dentro de un contexto clasista y revolucionario. Los trabajadores organizados en los sindicatos controlados por el régimen, deben abrirse a una nueva conducción democrática, clasista y luchadora que les permita afianzarse como la dirección de la resistencia ante las medidas de austeridad del régimen de Díaz Canales. Estos sindicatos junto con las organizaciones barriales pueden jugar un papel fundamental para retomar el destino en sus manos y sacarlo de la casta privilegiada de la dirección burocrática del régimen.

La construcción de un verdadero partido revolucionario es urgente para no ceder al chantaje imperialista y a las fuerzas restauracionistas dentro del régimen y del exilio, que anhelan volver a las condiciones de antes de 1959. La lección de la caída de los estados obreros debe ser analizada por los luchadores cubanos. La restauración capitalista conducida por los burócratas estalinistas reconvertidos en gerentes y nueva burguesía, no han hecho mas que recetar miseria y explotación despiadada a los trabajadores y el pueblo. Todo esto con el concurso de la burguesía imperialista que babea por retomar la joya del Caribe a unos cuantos kilómetros del centro imperialista mundial.


Por Leonardo Ixim

La efervescencia social que se registra en América Latina, teniendo como epicentro la zona Andina, es producto del fracaso del modelo social de capitalismo dependiente, agravado por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia del COVID 19.

Uno de los principales efectos del capitalismo dependiente sobre la población es que una mínima parte concentra las riquezas y la gran mayoría tiene ingresos insignificantes, ademas de que más del 50 por ciento de la economía es informal. Esto vino a agravarse con la pandemia; la cifra de contagios y muertes en todos estos países ha sido grande, aun en Chile que, según datos de la Organización Mundial de Salud, es el país de la región con más vacunados.

Desgraciadamente los gobiernos progresistas, de la marea rosada, pos-neoliberales o nacionalistas, tanto en Ecuador, en Bolivia o en Venezuela, no lograron superar el carácter dependiente de sus economías, ni atajar los problemas estructurales de atraso y desigualdad, pese a algunos importantes logros. Los casos de Colombia, Chile y Perú, por su parte, han sido los mejores ejemplos del neoliberalismo y de la continuación de un modelo social centrado en la primarización de la economía y en la exportación de materias primas. Por ende, no es raro que sea en estos países donde se producen las recientes movilizaciones con vistos insurreccionales.

La insurrección en la encrucijada

Desde finales de abril, se dio el denominado Paro Nacional de Colombia 2021, producto de una reforma tributaria que impulsó el gobierno conservador de Iván Duque, ante la grave situación fiscal debido a los subsidios entregados a los grupos concentrados del capital tras la pandemia y el intento de cargarla sobre la clase trabajadora. Sin embargo, se fue unificando una serie de demandas sociales -la reforma tributaria es detenida por la movilización- pero se impugna otros aspectos del modelo dependiente, así como el carácter autoritario del régimen político y sobre todo del gobierno actual, con raíces en el uribismo.

El uribismo es la expresión más reaccionaria de la clase dominante colombiana, que tiene como figura a el ex presidente Álvaro Uribe y su partido Cambio Democrático, del cual Duque es parte. Este partido fue estructurado en base al paramilitarismo de derecha formado al amparo del Estado en su combate a las guerrillas izquierdistas, manejando como bandera la negativa a reconocer los acuerdos de paz con la desmovilizada FARC-EP y la no negociación con el ELN.

En estas movilizaciones emergió un nuevo sector social del proletariado con sus propias características. Nos referimos a la juventud, en su mayoría desempleada, sub empleada o en la economía informal, que en las principales ciudades y en las principales carreteras del país, bloqueó las vías de comunicación durante varias semanas por medio de tranques, sumándose el campesinado, pequeños productores rurales y la población indígena. Por su parte, los sectores más cohesionados del proletariado, como los obreros industriales, los petroleros o los maestros, se sumaron, pero el papel de sus burocracias, salvo algunos sindicatos combativos, fue orientando el paro a una negociación con el gobierno.

De tal forma que la dirección la asumió el Comité Nacional del Paro (CNP), conformado por esas burocracias como la Central Unitaria de Trabajadores, la FECODE del sector docente y otras, en un infructuoso proceso de negociación que el gobierno trato de alargar. Esto contó con la complicidad de estas burocracias y las expresiones de izquierda reformista como Colombia Humana, formada por los restos de insurgencias de la FARC que aceptaron la desmovilización y el Partido Comunista, las cuales pretenden, de cara a las elecciones de 2021, perfilar la figura de Gustavo Petro.

Un elemento que generó debate en el seno de la misma izquierda, fueron los tranques, sobre todo en ciudades como Cali, donde la juventud de las barriadas más pobres asumió esta tarea, que por su naturaleza es una cuestionamiento al Estado mismo. A la par de eso se produjeron fuertes enfrentamientos con las unidades antimotines de la policía (la cual es un cuerpo militarizado) y la acción de elementos paramilitares que asesinaron extra-judicialmente a varios integrantes de las movilizaciones. El mismo CNP y la izquierda reformista tuvo una posición oscilante en lo que respecta al apoyo a los tranques; y cuando el uribismo y la derecha organizaron manifestaciones contra el paro, sumándose proclamas de militares retirados, prácticamente llamando a un golpe de Estado, el CNP continuó en la mesa de diálogo sin ningún avance real.

A partir de los sectores más radicales, como la organización en los barrios, los sindicatos combativos y otros, se han conformado organismos como la Asamblea Nacional Popular, aunque ha faltado que se sumen expresiones indígenas. Esta asamblea popular, aunque formada tardíamente, refleja la existencia de sectores dispuestos a mantener la consigna de la renuncia de Duque y neutralizar al uribismo, lo cual puede convertirse en un embrión de doble poder revolucionario.

Perú: La burguesía atrás del fujimorismo

En Perú se dio el arrollador triunfo de docente Pedro Castillo con su partido Perú Libre (PL) en las recientes elecciones generales peruanas. En una primera vuelta éste consiguió un primer lugar con un 18.92 %, dentro de un universo fragmentado de contendientes para la presidencia peruana; ubicándose en segundo lugar Keiko Fujimori obteniendo el 13.41 % de los votos. La segunda vuelta fue disputada entre estos, donde Castillo obtiene el 50.12 % y Fujimori el 49.88 % participando el 74.56, %, cinco por ciento más que en la primera vuelta.

Los guarismos muestran que la coyuntura se polarizó. Las fuerzas de izquierda reformista -que compitieron con varias listas- y las organizaciones populares se sumaron a Castillo, mientras que la derecha, aun la que había abjurado del fujimorismo, cerró filas atrás de la candidata de Fuerza Popular. Esta generó un ambiente marcartista, usando el fantasma del anti-comunismo, al grado que sectores retirados del ejército, al igual que en Colombia, hicieron un llamado a no reconocer el triunfo de Castillo.

Por su parte, Fujimori orientó su accionar a llenar de recursos legales por supuestas anomalías en el proceso electoral, 945 en total, ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual las consideró sin lugar. Por otro lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (árbitro electoral peruano), después de varias semanas de tardanza, ha terminado de contabilizar el total de actas, pero sin haber proclamado a Castillo.

En ese sentido, los partidarios de Perú Libre, junto a organizaciones sindicales, campesinas y estudiantiles -tan solo el año pasado la movilización del pueblo peruano logró evitar la imposición de un presidente tras la renuncia de Martin Vizcarra- han llenado las calles de Lima contra la maniobra golpista del fujimorismo.

Este último, como corriente política, es el heredero de la dictadura de Alberto Fujimori en la década de los noventa, que implementó el programa neoliberal y consolidó el modelo capitalismo dependiente, hoy dirigido por la hija del dictador, Keiko. Por su parte, Castillo mantiene un programa nacionalista y revolucionario, pero genera temor para el capitalismo peruano; sin embargo, el presidente electo ha ido suavizando su programa, al grado de anunciar que mantendrá en su puesto al actual presidente del Banco Central, un pilar del neoliberalismo.

Las burocracias sindicales de la CGTP, dirigida por partidos comunistas de origen estalinista, la nueva izquierda reformista de Verónica Mendoza y otras fuerzas, pese a sus llamados a luchar por el reconocimiento de Castillo y la creación de un Frente Nacional por la Democracia, pretenden canalizar institucionalmente la ira popular en el podrido régimen político. La propuesta de PL de convocar una asamblea constituyente debe mantenerse y convertirse en órgano de poder revolucionario contra los intentos de la burguesía de evitar el triunfo de Castillo o controlarlo por dentro.

Chile: ¿Una convención constituyente soberana?

Después de las grandiosas movilizaciones del pueblo chileno a mediados de 2019 contra el modelo económico, el gobierno de Piñeira y la centro-izquierda institucional de la ex Concertación (Partido Socialista y Democracia Cristiana), con el apoyo de sectores del Frente Amplio (FA) -izquierda surgida tras las movilización contra el primer gobierno de Piñeira- se impuso un acuerdo de paz, ante la presión del pueblo por la renuncia de Piñeira y la modificación del régimen político para canalizarlo por medio de una Convención Constituyente en los parámetros institucionales. El Partido Comunista, que controla la Central Unitaria de los Trabajadores, aunque no se sumó, fiel a su táctica reformista, le apostó a la salida electoral.

De tal forma, en octubre de 2020 se votó, con una amplia participación, la Convención Constituyente, y aunque fue derrotada la opción más institucional, (una composición mixta de constituyentes electos y congresistas actuales), el acuerdo de paz de septiembre impuso una serie de candados para no ser discutidos en la Convención, con respecto al modelo social y los tratados de libre comercio.

Correctamente, partidos marxistas participaron en la constituyente y utilizaron la campaña para difundir un programa revolucionario, logrando votos y presencia en la Convención, aunque muy mínima. La elección fue realizada el 15 y 16 de mayo recientes, con una participación menor que en el plebiscito de aprobación de la Convención.

Las fuerzas del status quo, la derechista lista Vamos por Chile obtuvo 37 casillas, la lista Apruebo con 28 conformados por los partidos de la ex Concertación y los Independientes no Neutrales con 11; mientras que las fuerzas de izquierda, como lista Dignidad (partidos de ex FA y el PC) con 28 lugares, la Lista Pueblo (conformada por sectores del movimiento social) con 26 y los Independientes por una Nueva Constitución con 11; ademas de las casillas para los pueblos indígenas (17 en total) los cuales apuestan a desbancar el racismo estructural del Estado chileno. El número mágico para la aprobación de iniciativas es de 52 y una de las novedades es que las mujeres obtienen una participación equiparable, 76 mujeres y 76 hombres.

Junto a estas elecciones se realizaron otras para elegir alcaldes y por primera vez gobernadores regionales en dos vueltas, en las cuales la ex Concertación denominada Unidad Constituyente (UC) obtiene el 80 % de los espacios. Todo esto de cara a las elecciones presidenciales de noviembre previo a la definición en primarias, donde la izquierda (ex FA y PC) cuenta con dos pre-candidatos, uno del primero y otro del PC; la derecha con cuatro; y la centro-izquierda de UC con dos también.

Anterior a la instalación la Convención el pasado 4 de julio, la Lista Pueblo con algunos constituyentes de izquierda se asumieron como la Vocería del Pueblo, la cual se posicionó en contra de los candados impuestos por el acuerdo de paz de 2019 y por la liberación de los presos políticos detenidos en las protestas.

De tal forma que con la mayoría de votos de la lista de izquierda y algunos de la UC, se eligió a la académica mapuche Elisa Lencon como presidente de la Convención, aunque paradójicamente no contó con el apoyo de toda la bancada indígena, porque es considerada por varios de sus integrantes como moderada. Los primeros debates giran en torno a la amnistía de los presos políticos, el cual es una exigencia generalizada.

Sin embargo, muchos interrogantes quedan en el aire, por ejemplo, qué tan originaria y creadora de un poder constituyente puede ser, con la presencia de un ejecutivo controlado por la derecha y un congreso atomizado. Ademas de los candados impuestos por los acuerdos de paz, está la coherencia de la Lista Pueblo y de la izquierda reformista en esa línea. Por ende, una Convención originaria debe asumir la tarea revolucionaria de desmotar el régimen político y cerrarles el espacio a las fuerzas conservadoras dentro y fuera de ella.

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