Por Alessandro Escobar

Las constantes protestas y marchas que se han vivido alrededor del país, sobre todo en las zonas que se supone se verán afectadas por la ruta donde pasará el Canal Interoceánico, se han venido incrementando y tomando fuerza a medida que el gobierno manda a los trabajadores de las instituciones a realizar censos poblacionales y a sondear cómo está el ambiente de los pobladores en esos sectores del país.

Esta vez la marcha que se organizó fue nacional, invitando a todos a una marcha multitudinaria hasta la Asamblea Nacional, esto con el fin de solicitar la derogación de la Ley 840 “Ley del Gran Canal Interoceánico”.

“El próximo 27 de octubre se espera movilizar a unos cincuenta mil ciudadanos en la marcha nacional para exigir a la Asamblea Nacional la derogación de la Ley 840, Ley del gran Canal Interoceánico. Pariss Medina, coordinador del Consejo Departamental de Managua en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, se reunió ayer con los representantes departamentales de Managua del Partido Liberal Independiente (PLI) para coordinar la campaña de información sobre las consecuencias negativas que implica para el país el Canal Interoceánico. Marcia Sobalvarro, presidenta del PLI en Managua, dijo que además de participar en la marcha, buscarán apoyo económico en sus estructuras “para aportarles agua, comida para recibir a los miles de campesinos” que vendrán de diferentes departamentos.” (La Prensa; 30 de Septiembre del 2015).

El gobierno pretende evitar la marcha

Tras los preparativos para organizar la Gran Marcha Nacional, el gobierno de Daniel Ortega y el Frente Sandinista introdujeron a la Asamblea Nacional una iniciativa para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana.

“Daniel Ortega, introdujo en la Asamblea Nacional para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, la están interpretando como una amenaza seria para la marcha que se realizará en Managua el 27 de octubre para exigir la derogación de la ley de Gran Canal. Según medina, con la propuesta de esta iniciativa se están manejando tres escenarios posibles para la marcha. El primero es que el Gobierno quiera apresar a los campesinos al participar de la protesta, el segundo que no los dejen ingresar a Managua y el tercero que no los dejen salir de sus comunidades. Medina dijo que sería un grave error si sucediera cualquiera de esos escenarios porque el Gobierno se estaría enfrentando a miles de campesinos que quieren marchar hasta que se derogue la ley.” (La Prensa; 15 de Octubre del 2015).

Tranques policiales y de brigadas de choques tratan de impedir la marcha

Los tranques para impedir la libre circulación de los ciudadanos que se dirigían a la capital a apoyar la marcha no se hicieron esperar. Desde horas muy tempranas la policía impedía la salida de las personas desde el interior del país, y a lo largo de toda la carretera panamericana norte habían tranques impidiendo el ingreso de éstas a la capital. De igual forma, en Managua se desplazaron las brigadas motorizadas y de la juventud sandinista (brigadas de choques) para confrontar a la población e impedir dicha marcha.

“Cientos de simpatizantes del Frente Sandinista, con buses, vehículos y motocicletas han bloqueado el tránsito en Carretera Norte, en Managua, desde el puente a desnivel hasta el sector del barrio Santa Clara, a la altura del kilómetro 5 (unos 300 metros). Jóvenes de la Juventud Sandinista están siendo movilizados hacia esta zona en vehículos del Estado. Mientras, en el kilómetro 4.5 de la misma vía, manifestantes están a la espera de los miles de campesinos de diversas partes de Nicaragua que se dirigen a la capital para la tercera marcha nacional que exige la derogación de la Ley 840. La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, considera que el hecho que los marchistas hayan llegado hasta ciertos sitios de la Carretera Norte, la marcha ya es un éxito. Además, Núñez dijo que unos 400 antimotines en el sector de Teustepe, a la espera de los campesinos. A su criterio, Núñez considera el país fue militarizado con motivo de esta marcha. Además, hace un llamado a la Policía para que despierte y que no sigan siendo instrumentalizados. Según la presidenta del Cenidh, esta es la actitud desesperada del Gobierno ante la manifestación de las personas en esta marcha que representa no solo la posición contra el canal, sino contra las políticas gubernamentales.” (La Prensa; 27 de Octubre del 2015).

El gobierno monta contramarcha

El Frente Sandinista, al ver la convocatoria y el auge que estaba causando la marcha por la derogación de la Ley del Gran Canal Interoceánico, buscó un sinnúmero de medios para boicotearla, desde retenes y agresiones a los campesinos que lograron ingresar a la capital, hasta montar una contra marcha llamada “marcha por el amor, trabajo y paz”.

“La reacción gubernamental contra la marcha de los ciudadanos que se oponen al proyecto canalero, a lo cual tienen pleno derecho, es injustificada. Y sobre todo es provocadora la convocatoria a una contramarcha oficialista para este mismo día, pues a pesar de que está programada para horas de la tarde podría ser precedida por actos de provocación contra los marchistas opuestos al Canal. En realidad, la contramarcha gubernamental es parte de todo un plan del Gobierno para sabotear la manifestación contra el Canal. Con ese mismo objetivo se amenazó a dueños de medios de transporte para que no trasladen a los marchistas desde sus lugares de origen hasta Managua y se han realizado otras maniobras arbitrarias y represivas. El régimen orteguista no puede justificar una represión directa y sin causa contra la marcha pacífica contra los ciudadanos que no quieren el Canal. Pero eso no significa que no pueda infiltrar provocadores para que instiguen actos de violencia desde dentro de la marcha, a fin de culpar a los opositores e incluso justificar una eventual represión policial focalizada o generalizada. Eso es lo que han hecho y hacen siempre todos los regímenes de corte fascista.

Uno de los organizadores de la marcha contra el Canal, el señor Octavio Ortega, denunció por medio de LA PRENSA que en algunos lugares de donde vendrán los campesinos para participar en la marcha contra el Canal, organismos de base del partido gobernante distribuyeron machetes a sus simpatizantes “para infiltrarlos a la marcha y que armen alborotos para que nos repriman”. También se pudo conocer que en algunos barrios populares de Managua, activistas de organismos oficialistas reunieron a jóvenes desocupados para ofrecerles empleo y salarios temporales con motivo de las próximas fiestas de diciembre. Pero sospechosamente los citaron a reunirse hoy en lugares estratégicos de las entradas a Managua, temprano en la mañana, quizás para hostigar a los marchistas que entren a la ciudad procedentes del interior del país.” (La Prensa; 27 de Octubre del 2015).

Nuestra Política

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) nos solidarizamos con los campesinos y ciudadanos cuya tierra se verá afectada con la supuesta construcción de este canal interoceánico; no por la no construcción del canal, sino por el pago e indemnización justa por el valor de dichas tierras. No estamos en contra del progreso ni de la inversión, pero sí en contra del abuso y oportunismo con el cual se pretende despojar de sus tierras a los campesinos sin el pago justo de las mismas.

De igual forma exigimos que se permita la libre circulación y el derecho a marchar y protestar de forma pacífica, sin represiones ni acoso a través de la policía y el ejército, así como tampoco por parte de las brigadas de choque que el Frente Sandinista mantiene, en las cuales agrupa a pandilleros y les da armas para atacar a cualquier ciudadano que no piense igual que ellos.

No permitamos que la policía sea un órgano represivo, la función de ellos es velar por la seguridad y proteger a la población, no reprimir ni obedecer a determinado partido político. También exigimos que los partidos políticos que se oponen al gobierno no se aprovechen de nuestros campesinos y productores y que no les utilicen con fines políticos. Que la lucha sea justa para la población no un trampolín político para nadie.

Por Melchor Benavente

Desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó las elecciones en noviembre del 2006, se detuvieron las luchas obreras, estudiantiles y populares. Se abrió un periodo de expectativas sobre posibles cambios a la política económica neoliberal que se venía aplicando desde 1990. El control del FSLN sobre la mayoría de sindicatos y organismos populares ayudó mucho a contener las luchas de los trabajadores.

En los 9 años de gobierno de Daniel Ortega se han producido algunas luchas importantes (transportistas, campesinos, contra la construcción del Canal, etc.), pero no necesariamente de los trabajadores. Pero el desencanto y el efecto de las políticas neoliberales --el gobierno sandinista ha recibido elogios del Fondo Monetario Internacional (FMI)-- conduce inevitablemente al estallido de huelgas y luchas. Por ello, la reciente lucha de los trabajadores de la Mina El Limón, reviste una gran importancia, a pesar que el gobierno sandinista y la transnacional B2gold se impusieron con una estrategia combinada de represión y negociación.

La nueva estrategia del sandinismo.

Al recuperar el gobierno en el año 2007, aunque Daniel Ortega es el líder indiscutido del FSLN, este partido ya no es el mismo que dirigió la revolución (1979-1990); ahora su cúpula es empresarial, y por eso impulsan políticas de desarrollo del capitalismo neoliberal.

Durante la revolución la cúpula sandinista mantuvo la estrategia de “economía mixta, pluralismo político y no alineamiento”, y de represión abierta contra las huelgas y luchas obreras, so pretexto de combatir la agresión imperialista. Ahora los empresarios sandinistas mantienen una política de “diálogo y consensos”, y de sofocación y aplastamiento de las luchas obreras, sosteniendo un largo romance con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Esta estrategia fue elevada a rango constitucional en 2014.

Pero durante la revolución y en la actualidad, el sandinismo ha sostenido la misma política de represión selectiva contra las luchas de los trabajadores. Los empresarios arman berrinches, presionan, negocian y el gobierno de Daniel Ortega termina cediendo. Pero con las luchas de los trabajadores aplica una política totalmente diferente, combinando represión contra la dirigencia y repartiendo migajas para las bases de los sindicatos, para dividir y dispersar la lucha.

Represión selectiva con algunas concesiones

Y si alguno de nuestros lectores considera que estamos calumniando al gobierno sandinista vamos a enumerar algunos hechos en la lucha de los trabajadores de la Mina El Limón, que por cierto fue apoyada por toda la población de la zona.

Cuando se inició la lucha de los trabajadores mineros, la huelga se extendió a todas las actividades del poblado de El Limón. Los pobladores, parientes de los mineros, estaban indignados porque la transnacional B2gold iba cortar el subsidio del 100% a la energía eléctrica.

Cuando se produjeron los enfrentamientos entre la población y la Policía Nacional, la repuesta del gobierno fue la inmediata captura de los dirigentes sindicales, que son militantes del FSLN, pero para calmar a la población anunciaron que el subsidio a la energía eléctrica se mantendría.

El MITRAB autorizó el despido de los principales dirigentes sindicales: Humberto Rivas Canales, Ramón Useda Olivares. Después vino la persecución y captura de ellos y de los líderes comunitarios Henry Facundo Gómez Quintanilla y César Santos Pulido. Todos fueron procesados sin garantizar el debido proceso.

En el ínterin, fueron pagados parcialmente los bonos, y una parte de los salarios, para desmontar la lucha, algo que lograron de manera gradual.

Triste papel del FNT.

Con los dirigentes sindicales y populares como rehenes, la transnacional B2gold y el gobierno sandinista iniciaron las negociaciones, las cuales acaban de finalizar en las oficinas del MITRAB en Managua.

B2gold se comprometió a no contratar trabajadores bajo el sistema de tercerización, se revisará la aplicación del Impuesto sobre la Renta (IR) a las deducciones al salario, se recontratará a los trabajadores despedidos (pero no mencionan a los dirigentes presos), se mantiene vigente el convenio colectivo (y con ello el subsidio eléctrico y agua potable, puestos médicos con ambulancias y servicios médicos permanentes.).

Los nuevos dirigentes del sindicato minero solicitaron la liberación de los detenidos, y el diputado Gustavo Porras, dirigente del oficialista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), como si fuera ministro (Daniel Ortega lo nombró “mediador”), ofreció su pronta liberación. Lo anterior demuestra que el gobierno sandinista utilizó las capturas de los sindicalistas como rehenes para garantizar la negociación.

En realidad, todo volvió al mismo punto de partida. La sublevación del poblado El Limón y el enfrentamiento en las calles sirvió para detener los planes de la transnacional. La única pérdida grave es la defenestración de la anterior dirigencia sindical que inició la lucha. Sinceramente esperamos que sea algo temporal. Llamamos a los trabajadores a luchar ahora por la liberación y el reintegro inmediato de los dirigentes despedidos.

Por Alessandro Escobar

El Ingenio San Antonio (ISA), el más grande de Nicaragua y una más de las empresas del reconocido Grupo Pellas, no es solamente una fuente de empleo a como tratan de hacerlo ver, sino que durante muchos años ha sido la causa de muerte y tumba de miles de trabajadores que dejan sus vidas en dicha empresa y lo que reciben son salarios paupérrimos que no sustentan las familias, y que no valen la vida de un trabajador.

Tanto los ex trabajadores como los trabajadores actuales del dicho Ingenio son personas que padecen de Insuficiencia Renal Crónica (IRC), una enfermedad que tiene índices preocupantes n la zona de Occidente y, particularmente, entre los trabajadores del Ingenio.

Los últimos acontecimientos en Chichigalpa han descubierto el tema de la IRC como la principal enfermedad que aqueja a los cañeros

¿A qué se debe la IRC?

Poco a poco, va esclareciéndose el misterio de la epidemia de Insuficiencia Renal Crónica (IRC), que afecta, en la costa del Pacífico centroamericano, a temporeros agrícolas, sobre todo, cortadores de caña de azúcar. Una buena parte de ellos en Chichigalpa. En el resto del mundo, las causas de la IRC suelen ser la diabetes y la hipertensión. No aquí, entre los cañeros. Aquí se le asignó el nombre de “nefropatía mesoamericana de origen desconocido”. Pero un artículo reciente publicado en la Revista Internacional de Salud Ocupacional y Ambiental por el doctor Daniel Brooks, de la Escuela de Salud Pública de la universidad de Boston, reveló que al menos uno de los factores principales que contribuye a la incidencia de la enfermedad en la región es el trabajo extenuante a altas temperaturas que se practica en los ingenios… La evidencia está en “el hecho de que la función del riñón se redujo en la mayoría de los cortadores de semilla, irrigadores y cortadores de caña, en comparación con los trabajadores de fábrica”, explica el doctor Brooks, quien lidera el equipo investigador de IRC en Nicaragua. “El estrés por calor es un factor contribuyente, probablemente en combinación con uno o más factores ocupacionales o no ocupacionales”. (El País; 26 de Febrero del 2015).

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es causada por múltiples factores y, a pesar de los años y de diversos estudios que han circulado a favor y en contra, está por verse si algunos de los productos que se han utilizado en el pasado en el Ingenio San Antonio para la producción de azúcar tienen o no una relación directa con esta enfermedad. (El Nuevo Diario; 10 d Julio del 2009).

Protestas retoman fuerza

Las protestas y el tema de la IRC han resucitado después de que un grupo de personas participantes en un plantón a favor de los afectados por la insuficiencia renal se tomaran las instanciaciones de la Alcaldía de Chichigalpa y destruyeran la misma.

Sujetos, hasta el momento desconocidos, destruyeron parte de la Alcaldía Sandinista de Chichigalpa, mientras se desarrollaba la protesta de la Asociación de Enfermos de Insuficiencia Renal Crónica, IRC. Los hechos tuvieron lugar a las siete de la noche de ayer, donde destruyeron puertas laterales de la municipalidad, Registro Civil de las Personas, la oficina de la Ruta Colonial y de los Volcanes, la oficina del alcalde y vice alcaldesa…Los sujetos, quienes lograron sustraer cuatro computadoras portátiles, dejaron varios artículos en las calles. Aparentemente su objetivo principal era quemar la Alcaldía de Chichigalpa, pero no lo lograron. (Periódico Hoy; 8 de Octubre del 2015).

Las constantes protestas en contra del Grupo Pellas y el Ingenio San Antonio llevan años, los muertos por el IRC son miles de trabajadores y ex trabajadores que quedaron con las secuelas y padecimientos de dicha enfermad, sin embargo ni el Grupo Pellas que mantiene una campaña fantasma de responsabilidad social compartida ni los gobierno liberales ni sandinistas han hecho nada por estos trabajadores; no existen condiciones de trabajo ni medidas de seguridad sanitarias, y los gobiernos no tocan a estas empresas por mantenerse en armonía con la empresa privada y los grupos de poder económico, para continuar siendo bendecidos políticamente por la burguesía.

Que el ISA indemnice a las victimas

No hay duda que el mal del IRC es provocado por el uso de los pesticidas utilizados en la siembra y cosecha de la caña de azúcar. Corresponde a la familia Pellas, duela del ISA pagar los gastos médicos y atención hospitalaria a los enfermos del IRC, pero no solo eso, debe indemnizar a los trabajadores enfermos por haber afectado su salud.

El gobierno por su parte, a través del INSS, debe otorgar las pensiones o jubilaciones que especiales que permitan que estos trabajadores mejoren su calidad de vida, porque en realidad son condenados a muerte, que solo viven por los procesos de hemodiálisis, a los que no todos pueden acceder. El IRC es un altísimo riesgo laboral y como tal debe ser tratado.

Por Victoriano Sanchez

Nicaragua se perfila como uno de los países más estables de Centroamérica. Pero no debemos engañarnos con las apariencias. Si bien es cierto que hay alguna recuperación económica, y que el gobierno se ufana de haber reducido los índices de pobreza, existe mucha tensión social, producto de la continuidad de un salvaje sistema capitalista neoliberal que se aplica desde 1990.

Si hay un hecho que muestra esa tendencia contradictoria, es la reciente heroica lucha de los trabajadores de la Mina El Limón. Una lucha gremial, por la defensa del convenio colectivo y el fuero sindical, en pocas horas se convirtió en una batalla campal callejera, poniendo al desnudo la fragilidad social de Nicaragua. No hubo puntos intermedios, no hubo posibilidades de negociación, la lucha llevó a una polarización del todo o nada.

Las violaciones al Convenio Colectivo

La baja de los precios del oro ha obligado a la transnacional B2gold a recortar conquistas laborales, siendo la más importante de ellas el subsidio de la energía eléctrica para todos los trabajadores y sus familias, habitantes del poblado.

En Mayo de este año se libró una huelga contra la pretensión de la transnacional de quitar el subsidio a la energía eléctrica. En esa ocasión, los obreros triunfaron. Pero, ahora, nuevamente se libró la batalla con resultados adversos.

B2gold cambió unilateralmente la forma de pago semanal por una forma quincenal, con la salvedad que en una quincena paga el 40% y en la otra el 60% del salario. Retrasó el pago del bono de producción y el subsidio de alimentación, ya que la empresa comenzó a recortar estas conquistas, pagándolas en pequeños abonos.

Sublevación popular

El martes 6 de Octubre, los trabajadores, apoyados por la población, se enfrentaron a las tropas antimotines, en una batalla callejera, con el resultado de varios heridos y un policía muerto.

A partir de ese momento, presenciamos una verdadera sublevación popular, a escala del poblado minero, contra el transnacional B2gold y contra la presencia de la Policía Nacional.

Después de los enfrentamientos del día 6 de Octubre, la Policía Nacional mantuvo la cautela y se limitó a cuidar las instalaciones de la empresa y perseguir a los dirigentes sindicales, que todavía estaban al frente de sus bases, con el objetivo de descabezar el movimiento de protesta.

Captura de dirigentes y activistas

En la noche del 8 de octubre, las tropas especiales de la Policía Nacional lograron capturar, con balazos y golpes, a Humberto Rivas Canales, secretario general del Sindicato Pedro Roque Blandón, afiliado a la Central Sandinista de Trabajadores (CST).

También fueron capturados los activistas sindicales compañeros Ramón Antonio Useda Olivares, Henry Facundo Gómez Quintanilla y César Santos Pulido Centeno. Los capturados fueron enviados a las cárceles de alta seguridad de El Chipote, en Managua, aislando a los capturados de sus familiares y de su comunidad.

La resistencia continuó….

Un obrero resumía así las pretensiones de la empresa: “ Una de las cosas es que le están quitando los beneficios a la población y lo otro es que no quieren emplear a la población de la zona…

En realidad, no era solo el problema del subsidio a la energía eléctrica, sino que quieren tercerizar el trabajo de la mina, con el peligro que trae la introducción de personal inexperto en labores tan especializadas como la minería.

Por eso, la resistencia de la población continuó, a pesar de la presencia de la Policía a la entrada del poblado, requisando todo vehículo que entraba o personas que salían del poblado.

10 puntos del sindicato

Ante el recrudecimiento de la presión policial, el sindicato Pedro Roque Blandón elaboró una exigencia de 10 puntos que dio a conocer a los medios de comunicación: “(…) no a la persecución policial en contra de los trabajadores y la población; liberación de los presos y suspensión de los cargos por parte de la empresa; reintegro de los líderes sindicales a sus puestos de trabajo; la destitución de cuatro funcionarios de B2Gold. El desalojo inmediato de las fuerzas públicas dentro de la empresa, la comunidad y los caminos, la restitución de la paz social y laboral en las comunidades de Mina El Limón, Santa Pancha, empleos para los jóvenes de la comunidad (…)” (La Prensa 14/10/2015)

Asalto final, algunas concesiones y “negociaciones”

Las manifestaciones continuaron casi a diario, toda la semana pasada, hasta que la Policía Nacional, durante los días 17 y 18 de Octubre, aprovechando la desmovilización del fin de semana, procedió a tomarse nuevamente por asalto el poblado, penetrando con violencia en las casas, buscando activistas. Las tropas antimotines rompieron puertas de la Iglesia Católica, buscando activistas sindicales.

Paralelamente, el gobierno sandinista inició una ofensiva con sus ministros,. Buscando como establecer puentes de dialogo con la población sublevada. Todo el aparato del FSLN se concentró en la Mina El Limón.

En el ínterin, la empresa B2glod retrocedió en el tema del subsidio eléctrico, y se comprometió a no suspenderlo, haciendo una concesión, con el objetivo de buscar el inicio de las negociaciones con la población desconfiada

Reapertura parcial de la Mina

El operativo de hacer concesiones, perseguir a los activistas, encarcelar a los principales dirigentes, mientras la Policía Nacional se tomaba el poblado y las instalaciones de la mina, dio sus primero resultados.

La empresa B2glod acaba de anunciar que después de 3 semanas de paros y revueltas, las operaciones de extracción del oro se han reiniciado, lo que aparenta ser una victoria de la patronal y del gobierno. Toda victoria patronal es pírrica porque las condiciones económicas de la minería del oro son cada vez más críticas.

Pablo Venturo especificó que el 95% de los 800 trabajadores han retornado normalmente a sus labores y que el 30% de los alumnos han vuelto a las escuelas y que la empresa B2gold se prepara para pagar el salario y las bonificaciones

¿Y qué paso con la política de consensos?

El gobierno sandinista se enorgullece de impulsar una política de consensos con los empresarios del COSEP, al grado que estableció este postulado dentro de la Constitución. Pero esta política de negociación se aplica solo a los empresarios, no a los trabajadores. Cuando los trabajadores de la mima El Limón, solicitaron dialogo con la transnacional y el gobierno sandinista, la repuesta fueron garrotazos y bombas lacrimógenas. Los obreros siempre pidieron dialogo, pero la empresa se negó rotundamente.

A pesar que Pablo Venturo declaró a los medios de comunicación que la empresa B2gold estaba dispuesta a negociar, en realidad siempre busco acorralar a los trabajadores en lucha, para obligarlos a negociar conforme los intereses de la transnacional. De igual manera, se apoyó en la Policía Nacional que llegó al poblado minero de El Limón, a defender los intereses de la empresa.

Las declaraciones de Bayardo Arce

En una entrevista en el Canal 15, el comandante Bayardo Arce Castaño, principal asesor económico de Daniel Ortega, criticó la lucha de los obreros de Mina El Limón argumentado que el salario promedio de un trabajador en las minas es de 18,000 córdobas (642 dólares), tres veces lo que gana un maestro y todavía, en tono de burla, dijo que todo el pueblo recibía gratis el consumo de energía eléctrica. “Que más le van a pedir a la empresa… Ahí hay “mano pachona” (una mano grande que mueve las cosas) cuando intentas golpear la economía (…) El reclamo es que despidieron a tres sindicalistas, porque estos querían más reivindicaciones sociales, y estaban creando problemas internos, paralizaron la mina, y azuzaron a un montón de gente, y esto no es normal …. Para mí lo que hay es un azuzamiento, lo que le toca averiguar a la Policía. Ya anda en la Mina todo el Gobierno queriendo ayudar” (21/10/2015)

Las declaraciones de Arce pretendieron vincular la genuina lucha obrera a las maquinaciones de los partidos de derecha, algo totalmente infundado y calumnioso.

Aplastamiento y negociación

Una vez que el gobierno sandinista ha cumplido el objetivo de quebrar la huelga de los mineros, encarcelando y procesando penalmente a sus dirigentes, ha iniciado un proceso de negociación con los sindicatos mineros. El día 26 de Octubre, los representantes sindicales se reunieron con la Ministra del MITRAB y el diputado Gustavo Porras. Los dirigentes sindicales solicitaron la liberación de los dirigentes detenidos.

Libertad inmediata a los sindicalistas presos

Indudablemente, una consigna central en este periodo es que el gobierno sandinista libere inmediatamente a los sindicalistas detenidos, y que suspenda el juicio penal en su contra.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos al movimiento obrero nicaragüense y centroamericano, a desarrollar una campaña de solidaridad por la libertad inmediata de Humberto Rivas Canales, Ramón Antonio Useda Olivares, Henry Facundo Gómez Quintanilla y César Santos Pulido Centeno.

Llamamos a los sindicatos mineros de Nicaragua y Centroamérica a no permitir atropellos contra el fuero sindical. De lo contrario, cada vez que surjan conflictos, la transnacional B2gold y el gobierno sandinista, tomaran como rehenes a los dirigentes sindicales, con el objetivo de descabezar el movimiento.

Debemos protestar contra la peligrosa tendencia de criminalizar las luchas obreras y populares, y de calumniar las justas demandas confundiéndolas con las manipulaciones de los partidos de derecha.