En días anteriores, organizaciones sociales nacionales e internacionales, activistas sociales, académicos y sociedad civil en general, denunciaron públicamente a través de un comunicado el asedio y los actos de intimidación llevados a cabo por aproximadamente 300 elementos entre fuerzas policiacas, militares y paramilitares, dirigidos hacia las comunidades de la Microrregión de Yich K'isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala.

El día de ayer y el día de hoy -8 y 9 de octubre de 2018- fuerzas antimotines de la Policía Nacional Civil de Guatemala atacaron con armas de fuego y gases lacrimógenos a la población civil de Yich K'isis. Hasta el momento se reportan por lo menos 5 personas heridas de gravedad, pero se está solicitando a las instituciones garantes del respeto a los derechos humanos que puedan verificar la cantidad y las condiciones en que se encuentran las personas heridas en estos ataques armados. Según se expresa en varios medios de comunicación, los antimotines llegaron a la zona a solicitud expresa de las empresas hidroeléctricas, en particular de la empresa Energía y Renovación S.A.

Esta represión se dirige hacia la resistencia pacífica que las comunidades mantienen desde hace más de 10 años frente al intento de imponer los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés. Es importante señalar que dichas empresas hidroeléctricas están siendo financiadas por capital proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el banco alemán Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW).

De acuerdo con las comunidades afectadas, Energía y Renovación S.A. y otras empresas que operan en la zona, se han dedicado a "comprar" alcaldes y a otros actores de la región para intentar dividir y debilitar la resistencia y el tejido comunitario; asimismo, han lanzado campañas de desinformación y criminalización contra las lideresas y los líderes de las luchas en defensa de los territorios. La represión a manos del Estado de Guatemala y de las empresas ha llegado incluso al asesinato a líderes, como en el caso del compañero Sebastián Alonzo Juan, a quien se le dio muerte en una manifestación pacífica en enero de 2017, precisamente en Ixquisis.

Desde hace varios días se reportó que la tensión y la ofensiva contra la población Chuj y Q'anjob'al de Yich K'isis se encontraba en ascenso. A principios de este mes, el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, se pronunció ante esta situación e instó al diálogo entre el Estado, las empresas que poseen operaciones en la zona y las comunidades que resisten ante los proyectos hidroeléctricos, para buscar la resolución de este conflicto. El ombudsman de Guatemala propuso mecanismos de acercamiento y diálogo, sin embargo, la respuesta del Estado de Guatemala fue la represión y la criminalización, lo que concuerda con un patrón histórico de violencia, marginación y exclusión dirigida en contra de esta y otras regiones del país.

Las organizaciones firmantes nos pronunciamos enérgicamente para expresar nuestra profunda indignación ante la violencia sistemática que se concreta en actos de intimidación, amenazas y represión dirigidas en contra de las y los comunitarios, frente a su legítimo derecho a la manifestación, autodeterminación y defensa de sus territorios.

La respuesta por parte del Gobierno de Guatemala en contubernio con las empresas hidroeléctricas es simplemente inaceptable. No se puede intentar acallar la voz y la legítima lucha de estas comunidades indígenas, porque por lo que se está luchando y lo que se está defendiendo son bienes comunes, es el agua, el territorio: la vida.

Exigimos a las autoridades responsables y a las empresas hidroeléctricas el cese inmediato de cualquier tipo de represión, hostigamiento y criminalización en contra de las comunidades. Continuaremos vigilantes y alzando la voz nacional e internacionalmente en solidaridad con la población de Yich K'isis y de todas las comunidades que resisten frente a los proyectos de muerte, en defensa de sus territorios.

Organizaciones firmantes:

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), integrada por:

Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud-Guatemala (ACCSS) - Asociación de Desarrollo Social de Ixcán (ADESI) - American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe (AFSC) - Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG) - Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM) - Consejo de Juventud para el Desarrollo Ixcoyense (COJDI) - Asociación Consejería Oxlajuj Ix para Centroamérica y México (CAMEX) - Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) - Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) - Jóvenes por el Cambio - Médicos del Mundo Francia-España - Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG) - Molanil K'inal B'e - Mamá Maquin - Pastoral Social La Libertad Cristo de Esquipulas - Pop Noj' - Red Juvenil Ak'Molam - Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova - Centro de Derechos Humanos Oralia Morales - Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH) - Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C. - Formación y Capacitación A.C. (FOCA) - Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) - Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI) - La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes - Pastoral de Migrantes, Parroquia de Frontera Comalapa -Servicio Jesuita a Migrantes - Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres (SEPAMI-SMP) -Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) - Una Ayuda para ti Mujer Migrante A.C. - Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Por considerarlo de suma importancia, aunque mantenemos nuestra criticas a una parte del programa que han levantado, publicamos el Manifiesto de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia, dado a conocer el dia 4 de cotubre del año 2018, en la ciudad de Managua. Esta agrupacion es una renovada coalicion de los movimentos sociales que luchan contra la dictadura orteguista, y aunque los empresarios del COSEP y AMCHAM no aparecen firmando el documento, forman parte dirigente de la misma, y se nota la influencia de los grandes grupos economicos en dicho Manifiesto.

 

Manifiesto de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia

La dictadura de los Ortega Murillo, que ha conducido a Nicaragua a una grave crisis de derechos humanos violando la Constitución y las leyes, se sostiene únicamente por la violencia y la represión a través de fuerzas policiales, paramilitares y de choque, que han sometido al pueblo a una masacre que a la fecha ha provocado más de 400 personas asesinadas, más de tres mil heridas, un número indeterminado de desaparecidas, secuestradas, capturadas, torturadas y criminalizadas, y más de 347 mil empleos perdidos.

Movimientos, organizaciones, fuerzas sociales, políticas y económicas diversas y plurales, que en todo el país hemos protagonizado la resistencia cívica y pacífica ante este gobierno autoritario, corrupto, nepótico y criminal, hacemos pública la conformación de la Unidad Nacional Azul y Blanco, con la que iniciamos una nueva etapa de organización y movilización para la conquista de la libertad, la justicia y la democracia.

La unidad de todas las fuerzas es un imperativo para continuar y profundizar la lucha que conlleve a la salida de la dictadura y a la construcción de la democracia que aspiramos. Esta unidad marca un ascenso en la resistencia pacífica de la ciudadanía, potenciando nuestras capacidades de planificación, coordinación, organización y ejecución de acciones de protesta, de denuncia, así como de expresiones claras y rotundas de que la mayoría del pueblo nicaragüense rechaza un régimen dictatorial y represivo que ha cometido delitos de lesa humanidad, por los cuales los responsables serán juzgados.

Producto de la represión del régimen se vive una debacle económica, los sectores más afectados son comercio, hotel y servicios (turismo), manufatura y construcción, afectando a la base más débil de la pirámide. Asumimos como propio el compromiso por su mejora, por su reactivación y por volver a crecer en números y en calidad de vida. Ni un empleo menos, ni la pérdida de una vida más.

Objetivo

El objetivo principal de esta Unidad Nacional Azul y Blanco, es construir una Nicaragua con democracia, libertad, justicia, institucionalidad y respeto a los derechos humanos. Para alcanzarlo, es indispensable la pronta salida del poder de los Ortega-Murillo por vías democráticas.

Principios y Valores

  1. Nos unen los símbolos patrios, y en particular la bandera nacional azul y blanco.
  2. Nuestra lucha es cívica y pacífica.
  3. La resistencia pacífica es protagonizada por la ciudadanía.
  4. Sostenemos el compromiso por la libertad, la justicia, la democracia, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el Estado de Derecho.
  5. La transparencia y la honestidad son la base para la construcción de la confianza.
  6. El diálogo y la negociación son principios básicos para la consecución de los objetivos.
  7. Asumimos el respeto a la diversidad y pluralidad de identidades y no discriminación.
  8. Nuestras relaciones son horizontales, sin caudillismo, ni vanguardias.
  9. Hacemos un ejercicio democrático y de consenso en la toma de decisiones en todos los ámbitos de nuestro quehacer y en todos los niveles.
  10. Nuestro deseo de que Nicaragua crezca económicamente con equidad y libertad.

Demandas urgentes

  1. Un diálogo nacional para acordar los términos y condiciones de la transición democrática. Respaldamos a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadores y testigos; y a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como representante de la sociedad nicaragüense en dicha negociación. Solicitamos como garantes a la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU) y Unión Europea (UE).
  2. Cese inmediato de la represión: amenazas, acoso, agresiones, desapariciones y desplazamientos forzosos, secuestros, capturas, violaciones sexuales, torturas y asesinatos a la ciudadanía que defiende sus derechos.
  3. Libertad inmediata de las prisioneras y prisioneros políticos, fin de la criminalización y judicialización del derecho a las protestas, la anulación de estos juicios, así como el resarcimiento a las víctimas de las personas encarceladas.
  4. Elecciones anticipadas de carácter municipal, regional y nacional, a corto plazo, con un Poder Electoral restructurado y observación nacional e internacional que garanticen comicios inclusivos, plurales, transparentes y competitivos. Deberán hacerse los cambios legales e institucionales que aseguren este propósito y permitan amplia participación de partidos políticos y alianzas electorales con su propia identidad.
  5. Respeto a la libertad de asociación, movilización y expresión, de la ciudadanía, así como el respeto al libre ejercicio del periodismo independiente.
  6. Cese a despidos, intimidaciones y represalias al personal de las instituciones estatales, y que no se les obligue a realizar ninguna actividad política partidaria.
  7. Cese a las represalias gubernamentales hacia los policías que se niegan a cumplir las órdenes de reprimir a la ciudadanía en resistencia pacífica ante la dictadura.
  8. Actuación del Ejército de acuerdo a las funciones establecidas en la Constitución y de respeto a los derechos humanos.
  9. Promoción de un Desarrollo Humano y sostenible.
  10. Cese a la agresión al sector privado y organizaciones de la sociedad civil que son acusadas de practicar terrorismo.

Compromisos

La Unidad Nacional Azul y Blanco se compromete a promover y defender:

  1. Que no haya impunidad ante los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo y que se aplique la justicia transicional, basado en la verdad, justicia reparación y garantía de no repetición. Para contribuir a este propósito se deberá ampliar el mandato al Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH.
  2. El cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), así como otros que emitan los diferentes organismos del sistema interamericano y universal.
  3. Investigación, búsqueda e identificación de las desapariciones forzosas, y el resarcimiento de las víctimas.
  4. Desarme y disolución de los cuerpos paramilitares creados por el régimen Ortega -Murillo y destrucción de las armas decomisadas.
  5. Reestructuración de la Policía Nacional y depuración de sus mandos. Sanciones de acuerdo a la ley a los oficiales y efectivos que ordenaron y ejecutaron asesinatos y todo tipo de actos represivos contra la ciudadanía. Que se reconozca a los policías que se negaron a reprimir a la población.
  6. Reintegro a sus puestos de trabajo de profesionales de la salud, educación y otras instituciones del Estado despedidos por razones políticas.
  7. Restablecimiento de la autonomía universitaria; y el respeto de la autonomía de la Costa Caribe, de las comunidades indígenas, afrodescendientes y de las municipalidades.
  8. Derogación de todas las normas que violan la soberanía nacional y los derechos fundamentales, como la Ley 840, para la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua.
  9. Un modelo de desarrollo socioeconómico que promueva el libre mercado y el bienestar social.
  10. En coordinación con diversos sectores programas de reactivación económica incluyente para todos los actores económicos del país y no solo a los afines al régimen.
  11. Respeto a la propiedad privada.
  12. Repatriación de los exiliados por razones políticas y económicas.
  13. Respeto de las libertades y derechos fundamentales.

La historia de Nicaragua ha demostrado la valentía y capacidad de este pueblo para defender su libertad. Nos unimos bajo nuestra bandera azul y blanco para lograr la salida de la dictadura Ortega-Murillo, y sentar las bases para una Nicaragua democrática, libre y justa para las generaciones presentes y futuras.

Esta unidad nacional se materializará en cada territorio de nuestra geografía, en el campo y la ciudad, y está abierta a la diversidad de actores que asumiendo los principios de esta Unidad, estén dispuestos a contribuir al cambio que requiere Nicaragua.

Reconocemos el apoyo de la comunidad internacional al pueblo de Nicaragua en la búsqueda de soluciones a la grave crisis sociopolítica. En particular reconocemos los esfuerzos desarrollados por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), y los llamamos a redoblar esfuerzos para la defensa de los derechos humanos del pueblo nicaragüense y la instauración de la democracia.

VIVA NICARAGUA UNIDAD NACIONAL AZUL Y BLANCO

Octubre 4, del 2018

SUSCRIBIMOS ESTE MANIFIESTO A LA NACIÓN:

  1. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia
  2. Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil
  3. Comité de Madres de Caídos
  4. Comité de Prisioneras y Prisioneros Políticos
  5. Frente Amplio por la Democracia
  6. Democracia en Marcha
  7. Movimientos 19 de Abril de tantas ciudades
  8. Movimiento por Nicaragua
  9. Articulación Feminista
  10. Alianza Universitaria Nicaraguense
  11. Patria Libre
  12. Grupo Guardabarranco
  13. Unidad Médica Nicaragüense
  14. Movimiento 19 de Abril Somoto - Madriz
  15. Movimiento 19 de Abril Estelí
  16. Movimiento 19 de Abril Masaya
  17. Movimiento 19 de Abril Chinandega
  18. Movimiento 19 de Abril Jinotega
  19. Movimiento 19 de Abril Nandaime
  20. Alianza Cívica Jinotega
  21. Alianza Azul y Blanco Ciudad Sandino
  22. Alianza Azul y Blanco Mateare
  23. Territorio de las Segovias
  24. Coalición Matagalpa
  25. Movimiento Acción Joven Nicaragua
  26. Unidad Azul y Blanco
  27. Guardabarranco
  28. Grupo Apoyo Nacional
  29. Patria Libre y Vivir
  30. Nicaragua Unete
  31. Unidad Médica Nicaragüense
  32. Medios independientes
  33. Mesa Nacional LGTBI Nicaragua
  34. Unidad Nacional de la Disidencia Sexual Autoconvocada
  35. Grupo Lésbico Feminista Artemisa
  36. Organización de Disidencia Sexual Autoconvocada
  37. Movimiento Azul y Blanco
  38. Comité Prolibertad de Presos Políticos
  39. Unidad Departamental Azul y Blanco de Nueva Segovia
  40. Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia
  41. Movimiento Universitario 19 Abril

Respetables integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos Guatemala

Derivando del conocimiento de:

1.- Punto 4.2 de la sesión ordinaria 26-2018, referente al dictamen DGF No. 57-2018 de la Dirección General Financiera, relacionado con la solicitud de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media EFPEM mediante oficio Ref. DIR. 378-2018, en donde este consejo acuerda aprobar el aumento de la cuota del Programa Académico Preparatorio (PAP) de Q. 350.00 a Q. 100.00 mensuales por 10 meses para hacerlo un programa de régimen autofinanciable.

2.- Punto 2.3 de la sesión extraordinaria 28-2018 relacionado con el análisis de la situación financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, referente al dictamen DGF No. 59A-2018 de la Dirección General Financiera en donde este consejo acuerda aprobar el aumento del examen de orientación vocacional de Q.50.00 a Q.100.00. Justificando el déficit (Q. 1,762,704.85) que adquiere la USAC tras la realización de dicho examen cada año a 65 mil estudiantes aproximadamente, con un costo neto de: Q. 4,687,704.85 para la universidad.

Los integrantes del Movimiento Estudiantil Universitario Consciente (MEUC) manifestamos lo siguiente:

Lamentamos que los cambio en las cuotas que las autoridades universitarias han hecho para hacer  autofinanciables tanto el Examen de Orientación Vocacional y el Programa Académico Preparatorio (PAP), no busque solucionar el déficit presupuestario general que atraviesa la USAC, exigiendo el presupuesto que constitucionalmente le corresponde a esta alta casa de estudios, sino al contrario busca paliar un problema financiero estructural cargando sobre la población estudiantil el ajuste y las fallas propias causadas por la poca transparencia en la ejecución del gasto del presupuesto actual, que es deficiente y mal administrado.

Que dicho ajuste promovido por este honorable consejo no busca entender las dificultades económicas imperantes, en las que los guatemaltecos sobreviven a una situación cada vez más precaria, y no puede ni debe asumir que estudios socioeconómicos individualizados que desconoce la mayoría de la comunidad universitaria, sean garantía de un libre acceso a la educación, garantizada por la constitución política de la república.

Tomando en cuenta que cada persona tiene derecho (y obligación) a la Educación, y que dicho derecho, se establece no sólo en la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), y a su vez, en la declaración Universal de los Derechos Humanos (y otras leyes que ampliaremos), donde se promueve que sea de acceso gratuito, sin distinción de raza, sexo, religión, o cualquier índole que pueda ser considerado discriminación, como el nivel económico. Que su impulso y goce, sea prácticamente universal; y por tanto no toleramos como sector estudiantil un incremento, a la cuota del Examen de Orientación Vocacional y el Programa Académico Preparatorio (PAP), que afecta directamente a los estudiantes aspirantes a ingresar a nuestra universidad.

Que dicha, situación hace que el estudiante se enfrente ante una realidad económica de país que le adversa, y que el CSU pareciera ignorar y acentuar, colocando a la educación como un privilegio, accesible solo para sectores sociales que cuentan con los recursos económicos necesarios. Promoviendo aún más obstáculos que se le presentan día a día al estudiantado para que pueda continuar con sus estudios en la busca constante de profesionalización para mejorar sus ingresos y de esta manera su calidad de vida.

Que vemos con preocupación que dichos ajustes inician maliciosamente con el Examen de Orientación Vocacional y el Programa Académico Preparatorio (PAP), afectando primero a los aspirantes a estudiar en la universidad de San Carlos, temiendo que este sea paso previo para posteriormente, generalizar gradualmente el ajuste sobre las y los estudiantes regulares de esta casa de estudios.

Nos oponemos a que la actual administración equivocadamente busque solucionar el déficit presupuestario, ajustando y cargando sobre la población estudiantil la crisis económica de la única universidad estatal del país, priorizando esto, antes que llamar a la unidad de todos los sectores que conforman la comunidad universitaria y de la cual este consejo es su representación colegiada más alta, para exigir los derechos constitucionales que le corresponden a la universidad, para que esta pueda cumplir adecuadamente con sus obligaciones también constitucionales con el pueblo de Guatemala.

Según el dictamen DGF No. 59A-2018, se propone como solución la elaboración de estudios socioeconómicos para la exoneración del examen de orientación vocacional a aquellos aspirantes que dada su situación económica así lo requieran, sabiendo que según los antecedentes presentados, desde 2006 se instruirá a la División de Bienestar Estudiantil para realizar los estudio socioeconómico pertinentes, de los que no se tiene conocimiento de su realización así como de su efectividad. Manifestarnos que dicha solución solo busca maquillar, más no solucionar el problema de fondo que dificulta el acceso a la educación superior pública a sectores menos favorecidos socialmente. real.

Considerando como fundamentos legales:

  1. Artículo 71 (CPRG) Derecho a la educación... “Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad pública la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos.”
  2. Artículo 72 (CPRG) “Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal.”

Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de los derechos humanos.

  1. Artículo 74. (CPRG) “Educación obligatoria… La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente…” (Siendo la USAC la única Universidad Estatal en el país).
  2. Artículo 82. (CPRG) Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala... “En su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales.
  3. Artículo 88. (CPRG) “Exenciones y deducciones de los impuestos. Las universidades están exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones, sin excepción alguna…”
  4. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 23: "Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz…
  5. Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Artículo 13: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. ...la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.....la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre.... La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita..."
  6. Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Artículo 5: "En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico... El derecho a la educación y la formación profesional..."

Como ya hemos hecho notar, tanto en el ámbito Nacional como Internacional, se promueve la Educación a todo nivel, de forma gratuita. A sabiendas que la Universidad de San Carlos de Guatemala, goza de autonomía y su forma de gobierno está representada en este honorable Consejo Superior Universitario; consideramos pertinente que sea precisamente ese órgano, quien en función siempre en favor del Pueblo de Guatemala, se retracte de dicha propuestas, ya que la misma, afectaría la endeble economía de miles de familias que con esfuerzo promueven la profesionalización de sus hijos, así como a los aspirantes que año con año buscan ser miembros de la USAC.

En ese sentido, y siguiendo la línea de la unidad, fraternidad y respeto de cada persona que integra la sociedad guatemalteca, y que aspira a la Educación Superior, como recurso humano de mejora progresiva, no sólo de la USAC, sino del país; ratificamos nuestro rechazo al aumento de la cuota del Examen de Orientación Vocacional y el Programa Académico Preparatorio (PAP).
Exigimos:

  1. Que el CSU se retracte del incremento al Examen de Orientación Vocacional y el Programa Académico Preparatorio (PAP). Ya que este incremento en lugar de promover la educación superior la obstaculiza para un gran porcentaje de los aspirantes a ser parte de esta casa de estudios.
  2. Que el CSU detenga su accionar anti popular de buscar paliar la crisis financiera estructural de la universidad de San Carlos de Guatemala, cargando sobre la población estudiantil el costo de la corrupción interna y de la mala administración, así como la omisión sistemática de las administraciones pasadas de exigir el presupuesto que por ley le corresponde a la única universidad pública del país. Así como la adecuación de este presupuesto a las necesidades crecientes de educación de la población guatemalteca.
  3. Que el CSU y el señor Rector magnífico como autoridad máxima de estas casa de estudios, siendo la única universidad pública del país, corresponda a su alto cargo exigiendo por todos los medios al Gobierno de Guatemala, el cumplimiento de la asignación presupuestaria  que por ley le corresponde a la universidad. Así como el necesario incremento de este presupuesto que responda al crecimiento de la población estudiantil en los últimos años,  así como el compromiso cada vez mayor que la USAC adquiere con la población guatemalteca de garantizar educación universal, gratuita y de calidad.

 

Guatemala 26 de septiembre de 2018

 

Movimiento Estudiantil Universitario Consciente (MEUC)

 

El documento que reproducimos a continuación fue elaborado por la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua, una importante coordinadora de movimientos sociales que encabeza la lucha contra la dictadura orteguista. Este documento formula estrategias y tacticas para construir un gran frente de lucha contra la dictadura, una necesidad real. No obstante, creemos que representa un abandono de posiciones muy progresivas que levantó la Articulacion en el momento algido de la lucha de masas, como es la exigencia de la renuncia inmediata del gobierno Ortega y Murillo, la instalacion de una Junta Provisional de Gobierno, y el planteamiento de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

A pesar de que no estamos de acuerdo con este documento titulado "PROPUESTA PARA UNA CONCERTACIÓN NACIONAL “AZUL Y BLANCO” CONTRA LA DICTADURA Y POR LA DEMOCRATIZACION DE NICARAGUA", por considerarlo de importancia para el futuro de la lucha democratica en Nicaragua, y para abrir una discusion entre revolucionarios, lo publicamos para que sea objeto de estudio, analisis y crítica por parte de la vanguardia revolucionaria en Centroamerica

 

Para tener acceso al documento, hacer click en este enlace


Las organizaciones: Comité Campesino Del Altiplano -CCDA-, Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-, Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch'orti' Nuevo Día -CCCIND-, Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas -UVOC-, Comité de Desarrollo Campesino -CODECA-, Mama Maquin, La Estrategia Nacional de Involucramiento -ENI-, Coordinadora de Cooperativas y ONGS de Guatemala -CONGCOOP-

Manifiéstanos:

Nuestro rechazo ante la decisión del Presidente de Guatemala de no renovar el Mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala —CICIG- , considerando esto como un acto que fortalece el pacto de corruptos e incentiva formas de organización pro corrupción e impunidad.

Repudiamos el acto en donde anuncia dicha decisión acompañado de alto mando del ejército y policía nacional civil, y no de su consejo de ministro como debe de realizarse, una clara acción con mensajes intimidatorios en detrimento de la Población, puesto en práctica por gobiernos genocidas y fascistas del pasado.

Esta decisión, no solo es una controversia total a su discurso de compromiso pleno de transparencia y honestidad, utilizado en campaña electoral, sino confirma su participación absoluta en el pacto de corruptos instalado en el poder legislativo y ejecutivo, además de que representa una desobediencia total a lo mandatado por la Corte de Constitucional, ya que es más que evidente que la decisión tomada es empujada por intereses y conveniencia personal, teniendo en cuenta que existe una investigación por corrupción y financiamiento electoral ilícito en contra de Jimmy Morales y sus allegados.

Ante esto:

Hacemos un llamado a la sociedad civil, organismos y cooperación internacional a pronunciarse, y accionar de manera inmediata para que el Presidente de la republica proceda a retractarse de dicha decisión y considerar planes concretos para desmantelar los aparatos de corrupción instalados en el Gobierno y Estado de Guatemala.

Es momento de construir la paz, la corrupción es una de las causas estructurales que generaron el conflicto armado interno, por lo que el Estado de Guatemala es responsable de buscar las políticas necesarias que contribuyan a erradicar el impacto que ha generado la corrupción en el país: pobreza, pobreza extrema, desnutrición y muerte de los sectores más vulnerables particularmente en el sector campesino e indígena.

Nos adherimos a las múltiples manifestaciones en contra de esta medida tomada por el Presidente de la República de Guatemala; informamos continuamente a nuestras bases sobre la actual coyuntura política, organizando las acciones públicas necesarias para frenar esta acción promovida desde la presidencia de la república.

Guatemala, 1 de septiembre de 2018.


A feministas, defensoras y defensores de derechos humanos, colectivos LGTBIQ, activistas de movimientos sociales diversos:

Les escribimos con el dolor atragantado por las cientos de personas asesinadas, desaparecidas, secuestradas y torturadas por órdenes de la pareja Ortega-Murillo. Con la rabia acumulada ante tanta injusticia e impunidad cometidas durante los últimos 11 años, pero también con la esperanza de construir una Nicaragua libre de dictaduras, en donde podamos ejercer nuestro legítimo derecho a la palabra y la protesta.

Nosotras, las activistas feministas, colectivos LGTBIQ, defensoras y defensores de DDHH que venimos denunciado los crímenes y violación de derechos cometidos por la dictadura Ortega-Murillo, estamos siendo víctimas de la brutal represión desatada desde abril, fecha en que un grupo de jóvenes exigía al gobierno una adecuada atención al incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz y otro grupo de personas mayores protestaron ante la reforma a la seguridad social.

Las principales víctimas de la represión son personas jóvenes que participaron en la toma de universidades y levantaron barricadas en los barrios populares de la capital y en muchas ciudades del país. Desde el primer momento de las protestas, policías, francotiradores y paramilitares con armas de guerra, han atacado de manera despiadada a jóvenes armados con piedras, tiradoras y morteros para defenderse de sus agresores. En su último informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó 351 personas asesinadas incluyendo 18 menores de edad, más de 2,000 personas heridas y más de 1,800 detenciones arbitrarias.

Mientras la dictadura Ortega-Murillo fingía estar interesada en promover un diálogo nacional facilitado por la Conferencia Episcopal de la iglesia católica, en paralelo desarrollaba la llamada “operación limpieza”, que significó el desmontaje de barricadas y la expulsión de estudiantes de sus recintos universitarios a punta de balas; decenas de jóvenes han sido asesinados a mansalva en estos operativos, tal como documenta la CIDH.

Policías y paramilitares continúan allanando las casas de las familias denunciadas por los seguidores de Ortega-Murillo. Las personas capturadas en estos operativos ilegales, son llevadas al antiguo centro de tortura de la dictadura de los Somoza conocido como “El Chipote”, para luego ser enjuiciadas, contando para ello con la “Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva” aprobada por un parlamento controlado por la dictadura.

Dicha ley tiene el claro objetivo de justificar los secuestros y juicios ilegales en contra de cualquier persona que haya participado en actividades de protesta en contra del régimen, incluyendo jóvenes, activistas de movimientos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos. Jueces, fiscales y la propia Corte Suprema de Justicia participan en esta tercera etapa de represión encaminada a la criminalización de la protesta, dejando en evidencia el absoluto desmantelamiento del estado de derecho.

Los juicios se realizan a puerta cerrada, impidiendo la presencia de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; el propio Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, han sido impedidos de observar los juicios prefabricados.

Feministas, defensoras de derechos humanos y activistas LGTBIQ estamos siendo vigiladas, amenazadas y acusadas de recibir financiamiento externo para promover el terrorismo y alentar lo que ellos llaman un golpe de estado. Uno de los casos más recientes de detención ilegal es el del activista Bayardo Siles, quien fue obligado a bajar de un autobús mientras viajaba hacia Costa Rica; a la fecha, sus familiares no han recibido información sobre las razones de su detención, no le han permitido asistencia legal y nada sabemos sobre su integridad.

La Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos ha registrado al menos 182 denuncias de agresiones a mujeres cis y trans, incluyendo detenciones arbitrarias, tratos crueles, torturas y violaciones sexuales perpetradas por policías, paramilitares y funcionarios del régimen.

Frente a la negativa de la dictadura Ortega-Murillo de aceptar una salida razonable a la crisis, les escribimos para agradecer las muestras de solidaridad y proponerles nuevas acciones que contribuyan a la búsqueda de una solución sostenible:

  1. Enviar cartas a las embajadas de Nicaragua en sus respectivos países demandando el respeto a la integridad física y psicológica de todas las personas encarceladas y su inmediata liberación.
  2. Firmar y divulgar el pronunciamiento que demanda el cese de la criminalización de defensoras, organizaciones y movimientos sociales: http://bit.ly/altocri
  3. Firmar y divulgar la petición difundida a través de Change.org, para exigir la liberación del activista Bayardo Siles: http://bit.ly/silesbayardo
  4. Realizar acciones de denuncia en contra del régimen Ortega-Murillo afuera de las embajadas de Nicaragua el día viernes 31 de agosto.
  5. Realizar y/o respaldar campañas a través de redes sociales para denunciar al régimen Ortega-Murillo.
  6. Organizar y/o participar en grupos de solidaridad con el pueblo nicaragüense.
  7. Influir en posiciones oficiales de sus respectivos gobiernos en el marco de la OEA y organismos de integración regional.

Les abrazamos desde todos los rincones de esta Nicaragua que lucha en contra de una nueva dictadura, demandando libertad y justicia.

FIRMAMOS

Articulación Feminista de Nicaragua

Movimiento Feminista de Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres

Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización

del Aborto

Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos

Red de Mujeres Contra la Violencia

Red de Mujeres de Matagalpa

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del

Caribe.

Programa Feminista la Corriente

Asociación de Mujeres Constructoras de Condega.

Católicas por el Derecho a Decidir

Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT)

Asociación Nuevos Horizontes

Centro de Liderazgo de las Segovias Colectivo Jóvenes que Creemos en otros Jóvenes Colectivo La Lupa Feminista

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres-CLADEM Nicaragua Grupo Lésbico Artemisa

Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos

Mesa Nacional LGTBIQ

Movimiento de Jóvenes Feministas Las Malcriadas Fundación Puntos de Encuentros Agrupación de Mujeres Trans y Culturales Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua Feministas a título individual

Hace apenas 38 años Nicaragua estaba en guerra y la comunidad académica centroamericana e internacional jugó un papel estratégico para coadyuvar en la lucha del pueblo nicaragüense para lograr su liberación de la dictadura somocista. Hoy nuevamente corre la sangre en Nicaragua y consideramos un imperativo ético y moral movilizar a la nueva generación de historiadores y académicos centroamericanistas en respaldo a la renovada lucha por la democratización de Nicaragua y el cese inmediato de una represión inédita en la historia centroamericana en los últimos 30 años.

Nicaragua enfrenta en estos momentos una grave crisis de derechos humanos producto de la violencia institucional ejercida desde el gobierno de Daniel Ortega contra el pueblo, el cual lucha por ejercer a plenitud todos sus derechos.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado el 22 de junio al Consejo Permanente de la OEA señala que el gobierno ha desatado una “violencia estatal dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político y que siguió un patrón común, caracterizado por: (a) el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, (b) el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, (c) obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones, (d) un patrón de detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban en protestas, (e) la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta, (f) intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales e (g) falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto”. [1]

Amnistía internacional, tras su visita al país en julio, para documentar la situación expresó que “la respuesta del gobierno nicaragüense ha sido básicamente ilegítima y plagada de serias violaciones de derechos humanos e, incluso, crímenes de derecho internacional”.  Estos informes fueron debatidos el 17 de julio de 2018 por el Consejo Permanente de la OEA, dando lugar a una resolución que condena enérgicamente al Estado de Nicaragua por los actos de violencia y muerte contra el pueblo nicaragüense. En igual sentido se ha pronunciado la Unión Europea y los principales gobiernos de ese continente.

Con las sangrientas “operaciones de limpieza”, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende aparentar el regreso de la estabilidad al país.  Se ha desatado una virtual cacería del liderazgo y de aquellas personas que han apoyado a los estudiantes en los tranques y protestas.  Esto incluye la detención ilegal de miembros de la mesa de diálogo convocadas por la Conferencia Episcopal y hasta la vejación de los mismos obispos y el Cardenal.  Los que no aparecen muertos o desaparecidos, son remitidos a la Dirección de Auxilio Judicial acusados de ser terroristas y encerrados en celdas de máxima seguridad, torturados y amenazados con la aplicación de la pena máxima. Se viola la cadena del debido proceso de alrededor de 400 presos políticos y de sus familiares.  Se criminaliza la protesta utilizando ahora el Poder Judicial en tanto continúa imperando un clima de terror en las noches. Hay un número creciente de desaparecidos y la tortura parece ser la norma para todo capturado. La situación de las madres y familiares de los presos y desaparecidos es desgarradora y la cacería de estudiantes se mantiene día a día.

Pero el pueblo de Nicaragua valientemente se expresa en las calles aun cuando algunas de sus universidades permanezcan militarizadas.    Quienes suscribimos este documento pretendemos apoyarles no solo con firmas sino con acciones desde nuestras asociaciones, congresos, departamentos académicos y gremiales.

El cuadro actual de aberración policial y judicial no podría esta más lejos de lo estipulado en el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, firmado por los Estados centroamericanos, que “se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana”.

Con base en lo anterior, los firmantes, participantes en el Congreso XIV Centroamericana de Historia, Guatemala, y miembros de la comunidad académica interesada en Centroamérica acordamos:

1.- Expresar nuestro respaldo a la resistencia de la población, los auto-convocados de las universidades, en las calles y en el campo de Nicaragua, su derecho a la defensa y organización independiente.

2.- Demandar:

El cese de la represión contra estudiantes, sus dirigentes y otros líderes del pueblo de Sandino por parte de la Policía Nacional y las fuerzas parapoliciales y terceros armados.

La renuncia del Presidente y Vice-Presidente de Nicaragua para dar paso a un gobierno provisional integrado que inicie la reconstrucción del país y garantice un genuino estado de derecho.

NOTA: Las afiliaciones institucionales se incluyen solamente con fines de identificación.

FIRMAN

Victor Hugo Acuña, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Arturo Taracena Arriola, UNAM

Alejando Bendaña, historiador independiente

Roberto García Ferreira, Universidad de la República, Uruguay

Héctor Lindo-Fuentes, Fordham University

Darío Euraque, Trinity College

Héctor Pérez-Brignoli, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Kirsten Weld, Harvard University

Jeffrey Gould, Indiana University

Alain Musset, Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia

Stefan Rinke Berlin, Freie Universität, Berlin

Hilda Sábato, Universidad de Buenos Aires

Michel Bertrand, director, La Casa de Velázquez, Madrid, España

Carlos Malamud, Real Instituto Elcano, Madrid

Ana María Botey Sobrado, directora, Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica

Erik Ching, Furman University

Wolfgang Gabbert, University of Hanover

Margarita Vannini, UCA, Nicaragua

Justin Wolfe, Tulane University

Olga Joya, Universidad Nacional Autónoma de Honduras

José Cal, Universidad de San Carlos, Guatemala

Robin DeLugan, University of California, Merced

Carlos Gregorio López Bernal, Universidad de El Salvador

Eugenia Rodriguez, Universidad de Costa Rica

Mario Vázquez, UNAM

Paul Almeida, University of California, Merced

Juan Pablo Gómez Lacayo, UCA, Nicaragua

Amparo Marroquín Parducci, UCA, El Salvador

Ainhoa Montoya, University of London

Gregorio Bello Suazo, ex director del Museo Nacional de Antropología de El Salvador

Erin Finzer, University of Arkansas

Molly Todd, Montana State University

Ricardo Roque, UCA, El Salvador

Alberto Gutiérrez Arguedas, Universidad de Costa Rica

Mónica Toussaint, Instituto Mora, México

Carlota McAllister, York University, Canada

Hugo Martinez, UNAM

Florencia Quesada, Universidad de Helsinki

José Miguel Cruz, Florida International University

René Alberto Aguiluz, El Colegio de México

Mneesha Gellman, Emerson College

Karl Offen, Oberlin College

Iván Molina Jiménez, Universidad de Costa Rica

Ernesto Isunza Vera, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México

Walter René Molina, UNAM

Patricia Fumero, Universidad de Costa Rica

Jorge Rovira Mas, Universidad de Costa Rica

Alexia Ugalde, Universidad de Costa Rica

Marie Karam, University of Scranton

Hugo Vargas González, Universidad de Costa Rica

Giselle Marín Araya, Universidad de Costa Rica

Sofía Vindas Solano, Universidad de Costa Rica

Antonio Monte, UCA, Managua

Anne Hayes, Fordham University

Cristina Eguizabal

Monica Gould

Federico Picado

Olga Vásquez Monzón

Luis Napoleón Quintanilla

José Carlos Cardona Erazo

José Aurelio Sandí Morales

Cristina García Castro

Pablo Andrés Quirós Solís

María Eugenia Claps Arenas

José Pablo González Cervantes

Stephanie Huezo

Yansi Perez

Jorge Barrientos Valverde

Ronald Ly

Sylvia Rosales-Fike

Marco Garita Mondragón

Jorge H. Gonzalez Alzate

Krysta Beam

Lorena Castellanos

Beatriz Deleón

Carlos Sabino

Ezel Obed Hernández Gamero

Elizabeth Cristina Espinoza Reyes

Ingrid Melissa Amaya Bustillo

Claudia Morales

Yenifer Henríquez

Noelia Fernández Abarca

Jennifer Cyr

Túpac Amaru Gutiérrez Ortega

Ramón Moreno

Rosanne Adderley

Corinne A. Pernet

Eileen McKiernan González

Charles Brooks Hamaker

Gustavo Rodriguez

Finn Aage Joergensen

Victor Arellano Isunza

Moises Gonzalez

Helaine Randerson

Aijah Maxwell

Anglea Dunlap

Dick Clarck

David Ibarra

Alonso Picado Durán

Mercedes Mesen

Lindsay Obando

Marcela Arias

Donna Connell

Malik Harris

Gabriel Delgado

Luis Leiton Aguilar

Genesse Gil

María Gabriela Castillo Solano

Kevin Zhang

Brenda Choi

Laurin Blecha

Graciela Fernández Meijide

Jonna Shinnie

Brooklyn Apple


COMUNICADO

La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) hacemos del conocimiento público lo siguiente:

Ante la grave situación generada por las acciones represivas de la policía y bandas armadas afines al gobierno contra estudiantes y población autoconvocada, que ejercen su derecho constitucional a la protesta, resultando innecesariamente centenares de asesinatos, miles de heridos por armas de fuego y secuestrados, incluidos médicos y estudiantes de medicina, a quienes además de dispararles como enemigos de combate a pesar de estar desarmados por atender heridos de la represión,  se  les  pretende  criminalizar  por  el  cumplimiento  del  deber  humanitario,  ético y profesional, al actuar de acuerdo al marco jurídico nacional e internacional.

Denunciamos la grave situación que atraviesa el gremio médico de Nicaragua ante los Colegios Médicos y Asociaciones médicas del mundo, a la vez que agradece el respaldo manifestado de su parte, instándolos a continuar pendiente de la cada vez más cruel represión del gobierno y seguirnos apoyando en las formas que les sea posible.

Demandamos la liberación inmediata de los médicos y personal de salud secuestrados en las instalaciones policiales y el cese de la persecución, estigmatización y criminalización del ejercicio médico.

Nos solidarizamos con los familiares de los estudiantes de medicina asesinados y secuestrados, así mismo con los colegas secuestrados en las diferentes cárceles, quienes han sido sometidos a toda clase de maltrato y privación de cualquier derecho elemental.

Extendemos nuestro respaldo a los médicos que han sido obligados al auto exilio por persecución y amenazas de muerte, por atender a los heridos, incluidos miembros de Junta Directiva de la Asociación Médica Nicaragüense.

Condenamos los despidos laborales arbitrarios y masivos de los colegas y trabajadores de la salud que se han comprometido con la defensa de la vida y de seres humanos heridos durante estos meses de protestas cívicas.

Hacemos un llamado a las autoridades de salud para que el Sistema de Salud atienda a los pacientes sin distinción ni discriminación, con la mayor calidad de atención posible y con altos valores éticos.

Así mismo exigimos  el  restablecimiento  del  Diálogo  Nacional  como  única  salida  pacífica  a esta grave crisis nacional.

Les recordamos lo establecido en La Ley General De Salud, LEY No. 423, aprobada el 14 de marzo del 2002, publicado en la Gaceta No. 91 del 17 de mayo del 2002, que señala en su CAPÍTULO II, Artículo 8, inciso 6 el cual establece los derechos de los usuarios del Sector Salud que son:  respeto a  la  persona, dignidad humana e intimidad  sin que pueda ser discriminado por razones de: raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical, tipo de enfermedad o padecimiento, o cualquier otra condición, conforme los tratados internacionales que sean suscritos por la República de Nicaragua.

En el  Protocolo  II  del  año  1977,  que  enmienda  a  los  Convenios  de  Ginebra.  En  él  se definen algunas de leyes internacionales que se esfuerzan por ofrecer una mejor protección a las víctimas  internas;  los  conflictos  armados  que  tienen  lugar  dentro  de  las  fronteras  de  un  solo  país, firmado por Nicaragua en 1999.

Y de acuerdo a la Resolución 2286 (2016) de la ONU, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7685ª sesión, celebrada el 3 de mayo de 2016.   Observando que, en una situación de conflicto armado, el personal sanitario y el personal humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas siguen teniendo el deber de prestar servicios médicos competentes con plena independencia  profesional  y  moral,  con  compasión  y  respeto  de  la  dignidad  humana,  tener siempre presente la vida humana y actuar teniendo en cuenta el interés superior del paciente, y destacando la necesidad de que sigan sus respectivos códigos de ética profesional, y observando también  las  normas  aplicables  del  derecho  internacional  humanitario  según  las  cuales  no  se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontología.

Avalan este pronunciamiento:

ASOCIACIÓN MÉDICA NICARAGÜENSE (AMN)

ASOCIACIÓN DE CARDIÓLOGOS DE NICARAGUA

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE CIRUGÍA PLÁSTICA (ANCP)

ASOCIACIÓN DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE NICARAGUA

ASOCIACIÓN   NICARAGÜENSE   DE   ENDOCRINOLOGIA GINECOLÓGICA

ASOCIACIÓN DE OFTALMÓLOGOS DE NICARAGUA (AON)

ASOCIACIÓN  DE  HÍGADO  PÁNCREAS  Y  VÍAS  BILIARES  DE NICARAGUA (AHPBN)

CÁMARA NICARAGÜENSE DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS  SOCIEDAD NICARAGÜENSE DE PEDIATRIA

ASOCIACIÓN DE MASTOLOGIA DE NICARAGUA

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE NEONATÓLOGOS (ANNEO)

AS OCIACIÓ N   NICARAGÜENSE   DE   ANESTESIOLOGIA   Y REANIMACIÓN (ANARE)

ASOCIACIÓN   NICARAGÜENSE   DE   MEDICINA   FÍSICA   Y REHABILITACIÓN

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE CIRUGÍA GENERAL (ANCG)

SOCIEDAD   NICARAGÜENSE   DE   GASTROENTEROLOGIA   Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SONIGED)

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE DIABETÓLOGOS (ANIDIAB)

ASOCIACIÓN   NICARAGÜENSE   DE   ORTOPEDIA   Y TRAUMATOLOGIA (ANOT)

ASOCIACIÓN   NICARAGÜENSE   PARA   EL   ESTUDIO   Y TRATAMIENTO DEL DOLOR (ANETD)

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE NEUMOLOGIA (ANINE) ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE PEDIATRIA

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE DERMATOLOGIA

ASOCIACIÓN UROLÓGICA DE NICARAGUA ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE PSIQUIATRIA

SOCIEDAD MATERNO FETAL NICARAGÜENSE

SOCIEDAD  NICARAGÜENSE  DE  CLIMATERIO  Y  MENOPAUSIA (ANCYM)

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE ENDOCRINOLOGIA DIABETES Y OBESIDAD

SOCI ED A D   N I CA R A G Ü EN SE   DE   M EDI CI N A   G EN ER A L (SONIMEG)

ASOCIACIÓN   NICARAGÜENSE   DE   RADIOLOGIA   E   IMAGEN (ANRI)

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE ONCOLOGIA (ANICO)

SOCIEDAD NICARAGÜENSE DE MEDICINA PERINATAL ASOCIACIÓN MÉDICA DE CHONTALES

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE ESTELÍ INFECTÓLOGOS POR NICARAGUA

ASOCIACIÓN NICARAGUENSE DE PATOLOGIA

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE NEUROCIRUGÍA

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