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Dirigentes de las centrales obreras y movimientos populares de Honduras, discuten y planifican el Paro Cívico Nacional del 17 de abril.

HONDURAS: ORGANIZACIONES POPULARES SE ALISTAN PARA EL PARO CIVICO NACIONAL DEL 17 DE ABRIL.

Por Gerey

Comunicación Comunitaria (COMUN)

Martes 8 de abril de 2008

El Progreso, Yoro. Organizaciones afiliadas a la Asamblea Popular Permanente se reunirán hoy en la ciudad de El Progreso Yoro, para tomar acuerdos de las acciones a realizarse el próximo 17 de abril, en el marco del Paro Cívico Nacional, concertado en febrero pasado en el Primer Encuentro de Organizaciones Populares, llevado a cabo en San Pedro Sula.

El Paro Cívico Nacional contempla la realización de mítines, marchas, tomas de de puentes y carreteras, paros de labores y asambleas informativas de los trabajadores organizados. Las acciones se llevarán a cabo a nivel nacional y serán regularizadas a través de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP).

La CNRP es un espacio unitario de organizaciones populares a nivel nacional que ha impulsado movilizaciones por la falta de respuesta del gobierno a las necesidades más sentidas del pueblo hondureño.

La aplicación del modelo neoliberal mantenido por gobiernos nacionalistas y liberales día a día hunde en la miseria a la población. Esta situación provoca el reclamo en todas las regiones del país que demandan mejores condiciones de vida. Hasta hoy el Estado no muestra voluntad para atender las necesidades más sentidas y utiliza la fuerza para reprimir las manifestaciones.

En tal sentido la CNRP ha unificado las demandas del pueblo hondureño y exige del gobierno la derogación de la Ley Marco del Agua Potable y Saneamiento Básico, aprobada en el 2003. La Ley afecta a la población porque permite la municipalización del servicio de agua, para que luego sea dada en concesión a empresas privadas.

Asimismo insta al Congreso Nacional la aprobación de una nueva Ley de Minería a partir de propuestas surgidas de los sectores sociales y populares involucrados en el tema, la suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, hasta definir una propuesta que se sostenga sobre la protección del medio ambiente y en el marco de la soberanía del Estado y de las comunidades.

Las exigencias incluyen la derogación del Decreto Ejecutivo del Salario Diferenciado y de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, que atenta contra la vigencia de los estatutos y la contratación colectiva. También reclaman por el respeto a la libre sindicalización, sobre todo en las maquilas.

Reclama la derogación de la Ley de Modernización Agrícola y la aprobación de una nueva Reforma Agraria, incluyendo la promulgación de un Decreto Ejecutivo orientado a detener la amenaza de los transgénicos. El respeto a los pueblos indígenas y negros que son víctimas de de los intereses empresariales nacionales y extranjeros con miras a la explotación de los territorios que ancestralmente les pertenecen.

Pide el diseño y puesta en marcha de una Estrategia Nacional para la Redistribución de la Riqueza frente a la conocida Estrategia de Reducción a la Pobreza que ha sido demagógica, inoperante y que responde como un simple paliativo a los duros golpes que el neoliberalismo les da a los pueblos de los países empobrecidos.

De igual manera exige un estricto control de precios que detenga las alzas a los productos de consumo popular; la nacionalización de la importación de los combustibles; el fortalecimiento de las empresas del Estado; ENEE, SANAA, HONDUTEL; la derogación de los contratos de SEMEH y las plantas térmicas.

También plantea el establecimiento de la educación pública gratuita en todos los niveles y con todos los beneficios para la población estudiantil. Salud pública con medicinas y atención oportuna en el sistema hospitalario central y del Instituto Hondureño de Seguro Social, entre otras demandas.

En el paro Cívico Nacional participarán organizaciones populares y de la sociedad civil, sindicato, campesinos, maestros, centrales obreras, patronatos, grupos religiosos y pobladores.

A 20 AÑOS DE LA QUEMA DEL CONSULADO ESTADOUNIDENSE EN HONDURAS

Comunicación Comunitaria (COMUN)

Lunes 7 de abril de 2008

En 1988 Honduras era un país ocupado militarmente. Hacía varios años que en el territorio nacional se habían instalado cuatro ejércitos extranjeros: la contrarrevolución nicaragüense con varias bases militares y los ejércitos de El salvador, de Guatemala y de Estados Unidos. Las tropas centroamericanas realizaban maniobras militares en diferentes regiones con el apoyo del ejército norteamericano, que estableció su base principal en Palmerola Comayagua.

Desde el inicio los sectores sociales y populares libraron una lucha de carácter patriótico en contra de la ocupación militar extranjera, a pesar de la fuerte represión que produjo cientos de asesinados, desaparecidos, encarcelados y exiliados.

El secuestro de Mata

El martes 5 de abril de 1988 a las 5:30 de la mañana en la Colonia Las Américas de Comayagüela, fue capturado el hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, por más de cincuenta agentes cobras de la Policía Nacional, miembros del ejército hondureño y agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, hasta donde fue trasladado, para que posteriormente fuera condenado a tres cadenas perpetuas, que equivalen a 650 años de prisión, acusado de narcotráfico y asesinato de un agente antidroga de la DEA, ocurrido en 1985 en México.

La forma dramática, relámpago e inconstitucional en que se produjo el traslado de Mata, se convirtió en la gota que derramó el vaso, pues causó un profundo repudio en todos los sectores sociales y amplia cobertura de los medios de comunicación, sobre todo la radio. La agitación generada provocó que la gente realizara marchas improvisadas para repudiar la violación de la Constitución de la República, el servilismo descarado del gobierno entreguista de José Azcona y de las Fuerzas Armadas hondureñas, por prestarse al juego de la administración de Ronald Reagan.

Queman el Consulado Norteamericano

El jueves 07 de abril, a las 4:30 de la tarde salió una movilización de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, mientras otra salía de la Escuela Superior del Profesorado con rumbo a el Congreso Nacional, concurrida aproximadamente por unos cuatro mil estudiantes del Frente Estudiantil Popular, de la Fuerza Universitaria Revolucionaria (FUR), del Movimiento Estudiantil Progresista (MEP) y del Frente Reforma Universitaria (FRU). Otro grupo de estudiantes salió de la Colonia Miraflores hasta el Estadio Nacional y luego hacia la Embajada estadounidense. La gente de las colonias aledañas se fue sumando en el recorrido por las calles hasta nutrirse de unas seis mil personas que rodearon el Consulado y la Embajada Norteamericana.

5:50 p.m., los vehículos que vienen en sentido contrario a la manifestación rápidamente se regresaron, pues el número de personas había aumentado al unírseles la gente que se encontraban en las cercanías del mercado San Miguel, del barrio el Guanacaste.

6:30 p.m., los manifestantes llegaron a la Embajada gritando: “Azcona Regalado son unos Cul…” “patria sí, gringos no”, frente a ellos una unidad de sonido. Empezaron a lanzar piedras y palos quebrando algunas ventanas del edificio del consulado.

6:47 p.m., un número aproximado de mil manifestantes más, estudiantes de secundaria de varios colegios se unieron a la manifestación. Quienes hicieron un recorrido por las calles y avenidas principales de la ciudad de Tegucigalpa. La movilización había sido espontánea, la gente estaba indignada con el gobierno de Estados Unidos que en marzo anterior había desembarcado cientos de Marines sin la autorización del gobierno hondureño, para apoyar en combate a los mercenarios de la contra nicaragüense.

7:20 p.m., el número de manifestantes que estaban tirando piedras va aumentando continuamente. Al mismo tiempo que soldados guardas de seguridad se retiran por miedo a la agitación de la gente indignada. Minutos más tarde le dan vuelta a un carro y le prenden fuego en la calle enfrente de la Embajada.

7:20 p.m., llega otro grupo de estudiantes de la UNAH, coreando consigna como “pueblo unido jamás será vencido”. Un grupo de estudiantes de los que estaban dirigiendo algunas acciones, trataron de parar las acciones violentas, pero fue imposible, la gente estaba agitada y reclamaban por violación a la soberanía nacional.

7:40 p.m., volvieron a lanzar piedras y botellas de vidrio con gasolina a todos los ventanales de los dos primeros pisos del edificio. Toda la muchedumbre paró de lanzar piedras, pero en el centro de la calle sigue un carro en llamas. Un grupo de estudiantes gritaba: ¡En el parqueo hay más carros! y se dirigieron a quemarlos, quebraban primero los vidrios, le abrían el tonó e incendiaban los asientos.

7:45 p.m., los manifestantes entonaron el Himno Nacional, al tiempo que otro grupo de personas retomaron a lanzar piedras contra los vehículos que estaban estacionados en el parqueo del edificio.

8:00 p.m., una persona le prendió fuego a la grama de frente a la Embajada, luego quemaron una caseta de vigilancia; mientras otros lanzaron piedras a las cámaras de video (seguridad) que estaban en las paredes del frente del edificio. Los manifestantes forzaron los portones de la entrada a la Embajada, pero sólo lograron romper el primero porque el siguiente era de mayor seguridad, a base de vidrio blindado.

8:20 p.m., los manifestantes apedrearon los vehículos que estaban estacionados en el parqueo privado del Consulado, y los incendiaron. Mientras, varios manifestantes intentaban escalar por las paredes del edificio. Minutos más tarde estalla una bomba lacrimógena en el portón posterior del edificio y la gente retoma lanzar piedras.

9:15 p.m., comienzan a arder las oficinas del primero y segundo piso.

9:45 p.m., llegaron las primeras unidades de bomberos, pero la masa de gente los detuvo.

10:00 p.m., la efervescencia de los manifestantes se calmó cuando llegaron los primeros miembros del ejército y antimotines a reprimir la protesta. Los manifestantes se retiraron de la parte posterior del edificio porque del último piso empezaron a dispararles al azar. Al momento se vio caer a Henry Napoleón García. Habían golpeados y heridos, la policía capturó a unos 70 estudiantes.

10:10 p.m., trasladaron a los heridos a centros asistenciales cuando al interior de la sede diplomática se reportaron los primeros dos muertos.

10:40 p.m., la mayoría de los manifestantes se retiraron a sus casas, y en las calles sólo se reflejaba la sombra de la nube de humo. Los bomberos se quedaron apagando el fuego y la policía resguardando el edificio del Consulado y la Embajada Norteamericana.

En los disturbios se quemaron más de 20 vehículos propiedad del Consulado. Se reportaron cinco personas muertas a causa de los disparos hechos desde el interior del edificio: Henry Napoleón García Marcía, Fredy Alberto Pineda, Rolando Erazo, Amílcar Agüero Cruz y Yolani Medina. Sin embargo, sólo se pudo comprobar la muerte de dos.

Al día siguiente, el Presidente de la República, José Azcona, por medio de decreto estableció “Estado de Emergencia” para las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las que amanecieron militarizadas. Durante todo el mes de abril se desataron manifestaciones por toda la ciudad para exigir la liberación de los detenidos.

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Los trabajadores Hondureños enfrentaron la represión gubernamental durante las ultimas movilizaciones

Salario diferenciado discrimina a obreras de cinco departamentos de Honduras

 

Por Gerey

Fuente: Común Noticias, Miércoles 2 de Abril de 2008

 

Santa Barbará. Con el propósito de convencer a la población y a las autoridades de que el decreto de diferenciación salarial aprobado por el gobierno y que permite a los empresarios pagar un salario menor en los departamentos de Choluteca, Valle, Olancho, El Paraíso y Santa Bárbara, violenta principios constitucionales y convenios internacionales, ayer en horas de la mañana se desarrolló en esta ciudad el foro denominado Salario Justo: ¿un sueño para las obreras de las maquilas?

En la actividad desarrollada por el Centro de Derechos de Mujeres hubo participación de los representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, Oficina Municipal de la Mujer, las mujeres policías, Ministerio del Trabajo y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quienes reconocieron que la aplicación del decreto constituye discriminación en contra de las obreras y obreros de los cinco departamentos afectados, sobre todo porque violenta el principio de igual salario para igual trabajo.

Decreto

En el marco de las negociaciones del Salario Mínimo para el año 2007, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), José María Agurcia, presentó la propuesta de regionalización del salario mínimo diferenciado para los departamentos de Olancho, El Paraíso, Valle, Santa Bárbara y Choluteca, justificando la necesidad de inversión para las zonas. Según los empresarios el crecimiento acelerado de la informalidad en el sector agropecuario, manufacturero, comercio y servicios, tiene implicaciones negativas para el trabajador y el Gobierno.

La propuesta de los empresarios contemplaba diez años de aplicación y por esa razón fue rechazada por los representantes de la CUTH y de la CGT, que siempre estuvieron de acuerdo en que la diferenciación se diera por cinco años. No así la CTH, dirigida por Altagracia Fuentes, que en todo momento estuvo inclinada a complacer el gusto de la empresa privada.

Es así como el 18 de enero del año pasado el gobierno, los empresarios y la CTH aprobaron el acuerdo de regionalización salarial que establece que durante diez años, los trabajadores de los departamentos Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara y Valle, devengarán veinte lempiras menos del salario mínimo establecido en el país. El convenio fue legalizado a través del Decreto Ejecutivo STSS 041-07.

La disposición estará vigente hasta el año 2017, aplicable a todas las empresas que se instalen en los cinco departamentos señalados, con excepción a las relacionadas con la agricultura, caza, pesca y transporte, entre otros rubros. Esto evidencia la intención del gobierno por favorecer a la industria de la maquila.

Salario Mínimo

Una investigación realizada por el Centro de Derechos de Mujeres constata que el salario percibido por las obreras de las maquilas únicamente alcanza a cubrir el 51 por ciento del gasto en una familia de cinco personas. No obstante, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales y la voraz empresa privada hondureña, cada día demuestran que no les importa las condiciones de vida de los trabajadores.

Denia Rodríguez, Delegada Departamental del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en Santa Bárbara, lamentó el anonimato con que se ha manejado el tema de la diferenciación salarial y dijo que es necesario establecer alianzas con las diferentes organizaciones a fin de restituir el derecho de los trabajadores, porque el decreto de salario diferenciado constituye una violación a la ley.

“La Ley es clara y todos tenemos los mismos derechos, y a trabajo igual, salario igual. Por eso consideramos que es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres que trabajan en las maquilas no solo de Santa Bárbara, sino también de los otros departamentos incluidos en el decreto” manifestó.

Por su parte José Teófilo Núñez, jefe regional del Ministerio del Trabajo en Santa Bárbara, asegura que la aplicación del salario diferenciado es una medida impopular, pues previo a su aprobación no hubo consulta a la población que saldría afectada.

Lamentó el funcionario que la canasta básica se dispara hasta tres veces en el año, mientras que el salario solamente sube una vez y en proporciones raquíticas. Y “yo no estoy de acuerdo con la diferenciación salarial porque los obreros de Santa Bárbara sufren los incrementos en los precios de la canasta básica igual que los trabajadores de los otros departamentos del país”.

Derogación

Tomado en cuenta que las obreras (os) de los cinco departamentos incluidos en el Decreto de Diferenciación Salarial tienen igual derecho que las trabajadoras del resto del país, el Centro de Derechos de Mujeres continuará desarrollando actividades con el propósito de involucrar a la población en la lucha por la derogación del referido instrumento jurídico.

La Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) también ha incluido en sus demandas la invalidación de esta disposición.

 

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