Por Aquiles Izaguirre.

Durante los últimos días, Nicaragua ha vivido un huracán político no visto desde hace mucho tiempo en el País. Los cambios han sido vertiginosos, de brotes insurreccionales en la mayoría del país, a marchas multitudinarias no vistas desde la derrota electoral de la revolución en 1990.

La realidad de Nicaragua cambió vertiginosamente, todo inició el miércoles 18 de abril, cuando estudiantes del la Universidad Centroamericana protestaron en contra de la reforma al INSS. Esta protesta fue reprimida por grupos de choque del sandinismo, represiones que se habían vuelto pan de cada jornada de protestas. Toda la comunidad universitaria vio indignada lo que ocurría, y al día siguiente se volcaron a los recintos universitarios a protestar. La UNA, UCA, UNI y UPOLI fueron los principales focos de lucha de los estudiantes universitarios que retomaron las tradiciones de lucha heredadas de la revolución, poco a poco fueron aflorando ciertas características propias de la tradición estudiantil en Nicaragua. Se realizaron piquetes, barricadas y tomas en dichas universidades, se asomaron consignas de la lucha contra la dictadura, hasta hace poco en manos exclusivas y patentadas por los sandinistas como: “que se rinda tu madre” “el pueblo unido, jamás será vencido” “abajo la dictadura” “que viva Sandino” “patria libre o morir” fueron las consignas que se han enarbolado en estas jornadas de lucha.

Las protestas fueron fieras, y de apoco el fuego que levantaron los estudiantes se fue propagando por todo el país. Monimbó, mítico bastión revolucionario se insurrecciona en apoyo a los estudiantes y en contra de la represión. Fue el viernes 19 de abril que todo llegó a la cúspide, la policía entra a balazos a la UNI violando la autonomía universitaria, y persigue a los protestantes hasta la catedral de Managua, a punta de morterazos y balas, lograron llegar a las puertas de la catedral, y por algún tiempo la atacaron a morterazos. El telón se había abierto para una masacre, más cuando fueron los barrios populares los que se insurreccionaron en contra de la represión del régimen, que reprimió a balazo limpio cualquier foco de protesta.

Por toda Managua y las principales ciudades de la franja Occidental de Nicaragua se producen focos insurreccionales, y un elemento claro que ayuda a que la Policía no barra con las universidades es el apoyo popular, y sin duda que los sectores marginados por el sistema se radicalizan, no es fortuito que la UPOLI no cayese, todos los barrios marginados y su juventud desclasada salió a defender la UPOLI, columnas de jóvenes le cerraron la entrada a la Policía a la universidad en una especie de odio subconsciente contra el régimen y con su experiencia combativa se transformaron en un escudo que no permitió que la Policía barriese con la última universidad en pie de lucha. De estos jóvenes no se habla, y cuando son mencionados se quieren satanizar, sin embargo, fueron ellos los que salieron mortero en mano a defender a los estudiantes que estaban a punto de ser masacrados. El día que su pueblo los necesitó dieron la cara con el pecho de frente, son estos los que las estadísticas nunca reflejaran, fueron recogidos por sus compañeros y enterrados bajo el llanto de su familia.

En la UPOLI rápidamente comienzan a concentrar muchos estudiantes que fueron desplazados de la UNI, UNA y de la UNAN, estudiantes que desarticularon dando todos los días libres. La multitudinaria marcha del lunes les ha dado un poco de vida a los estudiantes de la UPOLI, pero el desgaste de cruentas luchas comienza a hacer meya en los estudiantes que aún no ven el cambio radical en la situación política del país, sin embargo, se mantienen en pie de lucha.

Después de la marcha del lunes 22 y del sábado 28 de abril, el gobierno no sienta cabeza del desprestigio, y de a poco a cedido espacios para ir al dialogo en las alturas, dejando desplazados y fuera de contexto a los estudiantes atrincherados en la UPOLI, quienes creen que la guerra contra el orteguismo se decidirá en su recinto. Cuando la realidad nos indica el rápido flujo de los hechos hacia las movilizaciones masivas y la lucha democrática en las calles. No es fortuito que esta generación no vea la perspectiva, ya que el Orteguismo no les ha permitido esta experiencia.

El gobierno ha sido muy audaz al no mandar a llamar a retornar a clases en los recintos, temen una insurrección de los estudiantes producto de la indignación por la masacre que realizó el Gobierno. La táctica es que se pase la cólera inicial y se pase al terreno de la negociación, aprovechando lo reacio que están los estudiantes a las organizaciones políticas tradicionales que confunden con todo tipo de partido.  

Por Sebastián Chavarría Domínguez

La situación en Nicaragua sigue siendo excepcional. Hasta hace pocos días el régimen bonapartista de Daniel Ortega mantenía un control absoluto de la situación, pero las reformas inconsultas y unilaterales del Reglamento de la Ley de Seguridad Social, que se plasmaron en el Decreto Ejecutivo No 03-2018, produjeron un verdadero estallido social, cuyo pivote fundamental son los jóvenes universitarios y de los barrios.

Este levantamiento era impensable, pero ahora es real. Los barrios de clase media suenan las cacerolas, se suman a la protesta, mientras la lucha real se produce en los predios universitarios y en los barrios populares.

La lucha y los oportunistas

Dos dinámicas diferentes se han producido en los últimos 3 días. Por un lado, después de la paliza que la Juventud Sandinista-19 de Julio (JS-19) les propinó a los estudiantes de la UCA, se produjo una rebelión generalizada en todos los departamentos, se produjeron mítines espontáneos, movilizaciones, barricadas, enfrentamientos callejeros, brutal represión policial que ha producido mas de 10 estudiantes muertos, etc. Por el otro lado, los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), como buenos oportunistas carroñeros, pretenden aprovechar la situación para su propio beneficio, se rasgan las vestiduras, llaman a defender el derecho de libre movilización, pretendiendo usurpar, al menos a nivel de los medios de comunicación, la conducción de la actual lucha, como si los estudiantes hubiesen salido a las calles en defensa de las posiciones del COSEP.

El divorcio momentáneo entre el COSEP y las reformas al Reglamento de la Ley de Seguridad tiene un enorme trasfondo: El gobierno tiene una ingente necesidad de recursos financieros, y siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha amenazado con quitar algunas exoneraciones. Por su parte, los empresarios no se oponen a las reformas a la seguridad social, sino que quieren negociar con el gobierno una nueva reforma tributaria que no les quite los privilegios fiscales. Es así que hemos visto, en la jornada del día 20 de abril, al Grupo Pellas y el Banco LAFISE sacar a sus empleados a sumarse a la protesta en curso.

Llamados a reanudar el dialogo

Incluso, para presionar al gobierno, el COSEP ha convocado a una marcha nacional para el día lunes 23 de abril, a las 3pm, saliendo de la rotonda de Metrocentro, en Managua. El COSEP, ANCHAM y CONAPYME han hecho un nuevo llamado público al gobierno para reanudar el dialogo y establecer consensos. De manera increíble, los empresarios quieren cabalgar sobre la movilización popular, aprovechándose de la sangre derramada.

La noche del 20 de abril, después de una escalada represiva en todo el país con el objetivo de ablandar la resistencia de los jóvenes, Rosario Murillo anunció que el gobierno estaba dispuesto a reanudar el dialogo con los empresarios del COSEP. Al día siguiente, el 21 de abril, en una aburridísima comparecencia de más de una hora en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Daniel Ortega prácticamente no dijo sobre la represión, los muertos y heridos, solo reafirmó que estaba dispuesto a dialogar.

La lucha se mantiene

Pero ni a intensa represión del día 20 de abril, ni los llamados a reanudar el dialogo por parte del COSEP y su aceptación por el gobierno, han calmado los ánimos. La lucha se mantiene en todo el país, especialmente en Managua. La solidaridad con los estudiantes es casi general, las fuerzas de choque de la JS-19 se han tenido que replegar.

El Ejercito ha salido de sus cuarteles para resguardar edificios públicos, como la alcaldía de Managua, que estuvo a punto de ser incendiada, pero no está siendo utilizado todavía para reprimir a las masas en lucha. El rol represivo lo desarrollan intensamente las tropas antimotines de la Policía Nacional, las que han violentado la autonomía de las universidades, y disparan sus armas contra los estudiantes refugiados en la Catedral de Managua, etc. La lista de detenidos continúa aumentando, pero no brindan información al respecto.

La Iglesia Católica exige la derogación de las reformas

El panorama se complica aún más para el gobierno: la Iglesia Católica ha superado sus divisiones internas, y finalmente se ha pronunciado exhortando al gobierno a “escuchar el grito de los jóvenes nicaragüenses y la voz de otros sectores que se han pronunciado al respecto de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y derogar las reformas a las políticas de dicho Instituto publicadas recientemente en la Gaceta (Decreto Presidencial 03-2018). Una decisión unilateral siempre trae consigo la inestabilidad social. Rectificar las decisiones tomadas es signo de humanidad, escuchar es camino de sensatez, buscar a toda costa la paz es sabiduría. Por tanto, una vez más invitamos a los autores de dichas reformas a plantearse el diálogo como posibilidad para solucionar este conflicto que puede agravarse si no se toman decisiones acertadas para todos y a tiempo que nadie perturbe y obstaculice la posibilidad de este diálogo. La máxima expresión de esta arbitrariedad es el cobro del 5% a los jubilados que con su esfuerzo han cotizado durante muchos años”.

Monseñor Silvio Báez Ortega, obispo auxiliar de Managua, un feroz crítico del gobierno, pronunció un discurso en la Catedral de Managua, en solidaridad con los estudiantes, llamándolos la “reserva moral de la nación”.

El COSEP endurece posiciones

Debido a la desconfianza generalizada en torno al oportunismo de los empresarios del COSEP, y como una necesidad de dotarse de respaldo popular, emitieron un comunicado en el que expresaron su “total respaldo a todos los jóvenes y a la población en general, que se han movilizado y manifestado pacíficamente en defensa de sus principios y derechos. Dado que la crisis va más allá del descontento de reformas del Sistema de Pensiones, demandamos urgente al gobierno de la República a: Cesar de inmediato la represión de la Policía Nacional y de las fuerzas de choque afines al gobierno y garantizar el derecho a la libre movilización pacífica. b. Liberar de forma inmediata a los ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a expresarse libre y pacíficamente. c. Restablecer y garantizar la irrestricta libertad de prensa y expresión. No podemos ir a un diálogo si no se cumplen estas mínimas condiciones para establecerlo, el cual debe partir de una agenda amplia en la que se incluyan los temas de interés nacional con la participación de representantes de Jóvenes, Sectores Académicos y la Conferencia Episcopal”.

La propuesta de detener la represión, restablecer las libertades e incluir en cualquier dialogo a los jóvenes (¿qué están luchando?) pretende disolver la desconfianza de estos hacia los empresarios, pero refleja también las enormes contradicciones con el gobierno sandinista, y el rejuego de posiciones antes de sentarse en una mesa de negociaciones.

No caer en la trampa

No hay duda que los empresarios del COSEP ya tienen una política definida para neutralizar la lucha de los jóvenes, y arrastrarlos a la mesa de negociaciones, apoyándose en los sectores de clase media que están luchando y que por su naturaleza de clase tienden a ser más conciliadores. Por esta razón, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a no asistir a la movilización convocada por el COSEP, porque bajo la careta de oposición al gobierno, en el fondo persigue el objetivo de montarse y manipular la heroica lucha de los jóvenes.

Cualquier sector en lucha puede y debe negociar, pero nunca a costa de los objetivos centrales de la lucha. Debemos denunciar cualquier dialogo o arreglos de cúpulas, entre el gobierno y los empresarios del COSEP.

El gobierno de Daniel Ortega ha llegado al extremo de volver la mirada hacia el COSEP, dándole la espalda a los miles de jóvenes que están luchando en toda Nicaragua.

Cualquier dialogo debe tener condiciones mínimas: cese inmediato de la represión; libertad de todos estudiantes detenidos, no utilización de las fuerzas de choque del partido FSLN; derogación inmediata del Decreto Ejecutivo No 03-2018; investigación sobre los estudiantes asesinados, castigo a los culpables e indemnización a los familiares; y, sobre todo, cualquier negociación debe tomar en cuenta a los jóvenes en lucha, la cual debe ser publica, con los medios de comunicación presentes, a través de una cadena de radio y televisión, para que el pueblo se enteré de los temas que se discuten.

Ninguna reforma a la seguridad social se puede aprobar sin discusión democrática, la cual debe contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores. De igual manera, el único camino viable para obligar al gobierno a retroceder, es organizar el Paro Nacional, que logre sumar a los trabajadores y demás sectores populares.

Por Victoriano Sánchez

La crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es una realidad que nadie puede negar. Esta crisis se ha acumulado en el tiempo, y tiene sus orígenes en diversas causas que se combinan: quiebra del INSS durante la revolución (1979-1990), el recargo de pensiones para viudas y lisiados de guerra (estas personas no cotizaron al INSS), privatización parcial de la seguridad social a partir de 1990, debilidad y atraso de la economía, etc. A lo anterior habría que agregar que el actual gobierno sandinista no ha manejado correctamente los fondos del INSS, invirtiendo discrecionalmente en proyectos inmobiliarios que son manejados por la burguesía sandinista. En pocas palabras, el INSS ha sido utilizado para financiar a los allegados al gobierno, perjudicando las pensiones y la atención medica de los asegurados.

Silencio sobres las previsionales

Un factor que desangra al INSS es la privatización parcial de los servicios y la creación de empresas previsionales. Una gran parte de estas empresas, como SERMESA, pertenecen a la burguesía sandinista. Una gran parte de los recursos del INSS se drena a través de estas empresas previsionales. La privatización parcial es lo que mas daño ha causado a las finanzas del INSS

La larga lucha por la pensión reducida

Durante muchos años, los adultos mayores que no lograron completar las 750 cotizaciones para obtener la pensión, marcharon por las calles, demandando que se cumpliera el otorgamiento de la pensión reducida, que estaba contemplado en el Reglamento de la Ley de Seguridad Social.

El viernes 14 de junio de 2013, Porfirio García, presidente de la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM), anunció la decisión de tomarse las inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y las otras sedes de las cabeceras departamentales. Esta acción generó un movimiento de solidaridad conocido como “#OcupaINSS” que fue violentamente reprimido por el gobierno.

Para separar a los “viejitos” de la solidaridad de los grupos opositores, el gobierno sandinista terminó cediendo y publicó el Decreto 28-2013, Publicado en La Gaceta No. 135 del 22 de Julio del 2013, otorgando pensiones reducidas, bajo los siguientes criterios: a) Desde 250 hasta 400 semanas cotizadas: C$ 1,200.00; b) Desde 451 hasta 600 semanas cotizadas: C$ 2,000.00; c) Desde 601 hasta 749 semanas cotizadas: C$ 2,800.00. Estos montos fueron ajustados posteriormente.

En mayo del 2015, la Asamblea Nacional, a instancias de la UNAM, aprobó la Ley No 900, Ley de Pensión Reducida por Vejez para las Personas aseguradas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, convirtiéndose en un derecho adquirido.

Para finales del 2017, el INSS había otorgado 49,4751 pensiones reducidas, equivalentes al 24,7 % del total de pensionados, acumulando un gasto de 1,632,327,626.07 millones de córdobas (U$ 52,665,729 dólares). El reclamo por la pensión reducida era justo, pero al aumentar la cantidad de pensionados, aceleró la crisis financiera del INSS. Los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y el Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestaron su desacuerdo con tal medida, tachándola de “populista”.

La reforma “consensuada” del 2013

La crisis financiera del INSS fue motivo de análisis por parte del FMI, quienes hicieron las respectivas recomendaciones neoliberales de aumentar las cotizaciones, reducir el monto de las pensiones y beneficios y, por supuesto, aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años.

Aprovechando las vacaciones del fin del año 2013, el gobierno de Daniel Ortega, después de negociar con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), basado en la famosa política de “diálogos y consensos”, emitió el Decreto No 39-2013, publicado en La Gaceta del 20/12/2013, que reformó el Reglamento de la Ley de Seguridad Social, reduciendo la base de cálculo de las pensiones, del 40% al 37%; aumentando gradualmente el monto de las cotizaciones patronales del 6 hasta llegar al 10% en enero del 2017, para el trabajador el aumento llegó al 4%; cada año se elevaría la base del monto máximo cotizable, etc.

Esta reforma “consensuada” dio un respiro a la crisis financiera del INSS, pero afectó a los trabajadores en dos puntos centrales: aumento de la cotización (en régimen obligatorio y facultativo) y la rebaja en la base de cálculo para las futuras pensiones.

José Adán Aguerri, el presidente del COSEP, un verdadero super ministro sin cartera, se mostró satisfecho, aunque un tanto preocupado: “Otros temas que fueron planteados por COSEP sin alcanzar todavía consenso, fueron medidas para estimular la formalización; la regulación de las pensiones reducidas que permitiera, bajo una fórmula técnica y no un criterio político, normar su metodología de cálculo; y el tema de las víctimas de guerra, las cuales se han incrementado de 19,073 en el año 2007 a 31,610 en el año 2012, proponiendo una fecha tope para nuevos ingresos”. (La Prensa 14/01/204).

Sin lugar dudas, el COSEP presionaba para reducir aun mas la pensión reducida. El ingreso masivo de “victimas de guerra” es un mecanismo encubierto para otorgar pensiones o beneficios a la clientela política del FSLN, especialmente a los cuadros de la vieja guardia que tienen una situación material deplorable.

Como era de esperarse, la reforma del 2013 resultó insuficiente, lo que ha sido aprovechado por el diario La Prensa y la oposición derechista para montar una campaña mediática sobre el deterioro de las finanzas del INSS.

La reforma unilateral del 2018

Después de varias reuniones, al parecer los empresarios del COSEP no llegaron a un consenso con el gobierno sandinista, sobre los pasos a seguir. Sería el primer gran fracaso de la política de “diálogos y consensos”.

El día 16 de abril del año 2018, Roberto López, presidente del INSS, de manera unilateral dio a conocer la nueva propuesta del Consejo Directivo (con el voto en contra del delegado del COSEP): reducción de la base de cálculo de las pensiones del 37% al 30%, aumento de la cotización patronal hasta 13,5%, para el trabajador el aumento seria hasta el 4,75%; el seguro facultativo aumentaría hasta el 22,25% para el régimen integral, y 14% para el régimen facultativo de invalidez, vejez y muerte (no incluye atención medica); introduce una deducción del 5% del monto de las pensiones para atención medica de los jubilados (esta disposición es nueva y al parecer tendría efecto retroactivo), etc.

Como se puede apreciar, nuevamente se trata de un golpe contra los trabajadores.

Reclamos del COSEP y ANCHAM

En un extenso comunicado, el COSEP declaró: “(…)el proceso seguido ante las  reformas al INSS representan para el sector privado una señal política sobre temas económicos que provocan desconfianza, y cuestionan la continuidad del modelo de dialogo y consenso constitucional vigente (…) rechazamos en forma categórica la decisión adoptada por el Consejo Directivo del INSS por cuanto las medidas no constituyan una reforma integral que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del INSS (…)”

Por su parte, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) expresó “su extrema preocupación por las resoluciones 1/317 y 2/317 del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) del 16 de abril del 2018, a través de las cuales de forma unilateral se incrementan las cotizaciones de los trabajadores, el sector privado y el Estado, y se crea una nueva cotización para los jubilados, afectando  los ingresos de miles de nicaragüenses en la economía formal y la competitividad del país (…) Hacemos un llamado al diálogo y al consenso en un tema tan trascendental para los y las nicaragüenses. Hoy es más importante que nunca una consulta sectorial incluyente, apoyada por todos los sectores económicos y productivos del país (…)”

Deterioro económico y presiones sobre el gobierno sandinista

Esta es la primera vez que los empresarios se quejan que se ha roto el modelo de diálogos y consenso. El gobierno sandinista esta aquejado por un deterioro de las finanzas (reducción de petrodólares) y de la economía (amenaza de la NicaAct), aunado a lo anterior están las presiones de Estados Unidos para reformar el régimen político, lo que implica una mayor apertura democrática precisamente en momentos en que crece el descontento social

La crisis financiera del INSS es uno de los puntos más álgidos de este proceso. El gobierno debe encontrar soluciones inmediatas. No obstante, rechaza aumentar la edad de jubilación y aumentar el numero de cotizaciones, descargando la mayor parte de la crisis sobre los trabajadores y pensionados.

Aunque Daniel Ortega todavía no ha publicado el decreto ejecutivo, avalando la ultima reforma al INSS, su esposa Rosario Murillo ya justificó la decisión debido a que “en todos los sistemas del mundo la seguridad social es un costo compartido, donde todos los protagonistas deben hacer esfuerzo para asegurar sostenibilidad y estabilidad a largo plazo".

Lo peor es que Rosario Murillo ha llamado a sus bases a movilizarse para defender la ultima reforma, pero lo que persigue en realidad es evitar que se generen movilizaciones espontaneas de rechazo a dicha reforma, para evitar incidentes como los que se produjeron durante el incendio de la reserva Indio-Maíz.

¿Hasta dónde llegará el gobierno sandinista en su divorcio temporal con los empresarios?  ... pronto lo sabremos!

Aportación patronal es deducible al IR

Los empresarios del COSEP no avalaron esta última reforma, porque ellos querían negociar una nueva reforma fiscal que los beneficiara aún más.

Poca gente conoce que el artículo 39, numeral 5, de la Ley de Concertación Tributaria vigente desde diciembre del 2012, estableció que “Son deducibles los costos y gastos causados, generales, necesarios y normales para producir la renta gravable y para conservar su existencia y mantenimiento, siempre que dichos costos y gastos estén registrados y respaldados por sus comprobantes correspondientes. (…) 5. Las cotizaciones o aportes de los empleadores a cuenta de la seguridad social de los trabajadores en cualquiera de sus regímenes del Impuesto sobre la Renta”.

En pocas palabras, el aumento de las cotizaciones patronales al INSS son deducibles del IR anual, los empresarios en realidad no se han sacrificado en nada. Lo que gastan por un lado es reembolsado por el otro.

Objetivo logrado

Las dos reformas (2013 y 2018) al INSS golpean únicamente a los trabajadores y pensionados. Aunque no se aumentó formalmente la edad para jubilarse, en los hechos los trabajadores deberán trabajar más tiempo para aspirar a una pensión decente. El objetivo de lograr que menos personas se jubilen, ha sido logrado.

Por Aquiles Izaguirre

A inicios de marzo, la vicepresidenta de la Republica Rosario Murillo pondría en la palestra pública, uno de los mensajes más polémicos del año. Pero ¿que causó tanto revuelo? La convulsión fue provocada porque anunciaba la intención del gobierno de abrir un debate nacional sobre el uso y regulación de las redes sociales, la noticia trascendió las fronteras nacionales: “Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta, apareció en la cadena diaria de televisión y dijo que estaba en conversación con el presidente de la Asamblea Nacional para revisar el uso de las redes sociales en ese país. Murillo aseguró que las redes están afectando a los nicaragüenses debido a “falsas informaciones” y a la falta de convivencia entre las familias.” (Republica 18/03/18)

No solo en Nicaragua.

Pero este polémico tema no sólo fue planteado por el gobierno de Nicaragua, no hace mucho, el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras dio un golpe fuerte a la libertad de expresión sacando una ley que regularía y penalizaría los “mensajes de odio” que se vierten en las redes sociales. Pero ¿Por qué hay una tendencia a regular las redes sociales? La respuesta radica en que, con el desarrollo de la tecnología, el capitalismo ha llevado los medios de comunicación a niveles imaginados. Y es que en pleno siglo XXI cuando los grandes medios de comunicación son profundamente criticados por verter las noticias de manera sesgada y parcial, respondiendo a los intereses políticos y económicos de su agente. Es aquí donde las redes sociales han demostrado su capacidad de comunicar en un mundo dinámico y cambiante, donde se pone en tela de juicio toda información que nos llega a nuestras manos.

A pesar de que las redes sociales pueden ser utilizadas de forma banal e inapropiada, se han utilizado como plataformas de comunicación en procesos de luchas sociales. Sirviendo, como herramientas de comunicación para los estudiantes chilenos que luchaban por la gratuidad de la educación, asimismo fueron utilizadas como herramientas de comunicación fidedigna en respuesta a la prensa burguesa en Honduras, sólo por mencionar un par de ejemplos.

En un mundo de profundas injusticias y de condiciones de pobreza en las que nos encontramos, son las redes sociales una herramienta poderosa de comunicación, Vladimir Cortés, oficial adjunto del Programa de Derechos Digitales de la oficina de Artículo 19, valora la iniciativa que promueve el gobierno en Nicaragua: “Nosotros advertimos el riesgo que puede existir de que eso se convierta en un instrumento de censura o de persecución de periodistas” (La Prensa 25/03/18)

Los riesgos de legislar la materia

Los peligros de regular las redes sociales son grandes: “Hemos observado tanto en el caso mexicano como en otros países de América Latina y Centroamérica esta idea de querer regular cuestiones negativas entre comillas de las redes sociales… Nosotros advertimos el riesgo que puede existir de que eso se convierta en un instrumento de censura o de persecución de periodistas. (…) Realmente vemos con preocupación lo que sucedió en el caso de Honduras, donde también se aprobó una ley que regula los mensajes de odio y discriminación en redes sociales e internet. Una medida desproporcional que busca regular contenidos que pone en riesgo la libertad de expresión de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores en general. Lo mismo sucede en el caso de México.” (Idem)

Como vemos, hay muchos peligros cuando el Estado avanza en regular la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que una preocupación legítima por abusos que se cometen en las redes sociales, se puede convertir rápidamente en una herramienta de persecución y censura institucionalizada. Es por esto, que no debemos permitir, que nos impongan una ley mordaza. Debemos exigirle al gobierno que abra un debate, pero un debate que trascienda el tema de la penalización, que se hable de la educación y como esta sirve para evitar tener que penalizar conductas, que se estudie el papel de los mismos medios de comunicación, tanto privados como públicos, que en muchos casos no educan y promocionan conductas lascivas con el objetivo de comercializar productos. Basta con escuchar la Radio Ya para darse cuenta que en sus espacios comerciales incitan al acoso callejero, en aras de vender mensajitos con la palabra piropo. De ante mano, debemos cortar con esa concepción policiaca del Estado.