Por Diego Lynch

Una vez más, las ya conocidas y amañadas negociaciones del salario mínimo en Nicaragua se encuentran estancadas y los únicos que sufren son los trabajadores. Desde fines del año pasado, tanto el Gobierno como los sindicatos oficialistas y la Empresa Privada han tratado de llegar a un acuerdo sobre un aumento en el salario mínimo, aumento que según la Ley debe de ser discutido cada seis meses (dos veces al año).

Los Sindicatos oficialistas, entre ellos la Central Sandinista de Trabajadores (CST), solicito que el aumento fuese de un 18% y un 20% para el campo, lo cual al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) quienes en un principio proponían un 9%, no le a parecido y le ha venido dando largas a las reuniones, para de esta forma desgastar a los trabajadores y que tarde o temprano terminen aceptando las raquíticas propuesta que proponen estos empresarios.

Gobierno no da la cara

Según la legislación Nicaragüense, de no existir un consenso de las tres partes que integran esta comisión (Sindicatos, Gobierno y Empresa Privada), el salario mínimo podrá ser determinado por dos de ellas siempre y cuando haya un consenso entre ambos. El Frente Sandinista (Gobierno de turno), quienes han pregonado en sus discursos ser los defensores de los Trabajadores y de sus Derechos Laborales, no han sido enérgicos en esta lucha, lejos de acordar un aumentos con los sindicatos, han continuado con sus negociaciones con el COSEP y se han convertido en los defensores de la empresa privada, esto a causa de que las grandes familias del partido gobernante (Ortegas, Arce entre otros) se han convertido en empresarios y son dueños de algunas de las empresas más reconocidas del país como AGRICORP.

En la última reunión, los sindicatos oficialistas redujeron su  propuesta de incremento de un 18% a un 15%, en cambio la Empresa Privada solamente propone un incremento del 4%, lo  cual es una burla y una ofensa para todos los trabajadores. El salario mínimo actual es de C$2,423.4 córdobas, lo que equivale a unos U$115.4 dólares, y con el aumento propuesto por los Sindicatos Oficialistas, un obrero agrícola no cubriría ni el 18% de la canasta básica, y de aumentarse en un 100% el salario mínimo, este apenas cubriría el 36% de la canasta básica (Luis Barbosa, Dirigente de la CST; La Prensa, jueves 7 de Enero del 2010).

Según declaraciones de Jeaneth Chavez, Ministra del Trabajo, luego de esta propuesta hecha por los Sindicalistas, los Empleadores tienen 8 días para reflexionar y buscar un acuerdo para una próxima reunión. (La Prensa, 21 de Enero del 2010).

Aumento justo e inmediato

Desde El Socialista Centroamericano, exigimos que el incremento al salario mínimo sea equitativo y justo, que cubra la canasta básica y sea nivelado al salario de toda Centroamérica; que la Ministra del trabajo no siga dando plazo a la empresa privada y que inmediatamente el Gobierno llegue a un acuerdo bipartito con los trabajadores; que los Sindicatos no se dejen manipular por dirigentes afines al gobierno, recordemos que estos también son empresarios que se disfrazan de defensores de los derechos de los trabajadores y manipulan a los obreros y los engañan con migajas. Hacemos un llamado a todos los sindicatos afines o no al gobierno, a los estudiantes y a los trabajadores de la Empresa Privada a que apoyen esta lucha y terminemos con el hambre y la miseria que viven todos  los trabajadores.

Por un salario mínimo justo y equitativo!

Aumento Ya!

Por Adriana Living

En una de sus clásicas maniobras, el FSLN en Septiembre de 2009 lanzó su campaña para imponer una Reforma Fiscal: “Concertación Tributaria” lanzando un anzuelo a la burguesía. La burguesía intentó oponerse, pero finalmente negoció con el Gobierno.

Déficit Presupuestario…

La necesidad de la reforma parte del hecho de que el Gobierno Sandinista desde Julio del 2009 daba señales inequívocas de sufrir un fuerte Déficit Fiscal: el Presupuesto General de la República para el Año 2010 no daba…. Es decir, que los ingresos del Estado (constituido en su grueso por tributos) no sería capaz de cubrir el Presupuesto de Egresos (gastos corrientes –salarios de empleados públicos y manutención del Estado- y gastos de capital –inversión en infraestructura-).

Esto no es nada nuevo, cada año se declara Déficit Fiscal. Esta “situación natural” los Gobierno de turno la han resuelto de una manera pragmática: por medio de préstamos a los organismos internacionales (léase FMI, BID y Banco Mundial); así como los acuerdos bilaterales con países donantes, especialmente el Grupo de Apoyo Presupuestario -GAP- (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, Japón, la Unión Europea y organismos multilaterales).

Esta situación cambió coyunturalmente a raíz del fraude electoral en las pasadas elecciones municipales de Noviembre de 2008. Ya en el primer semestre del 2009, el GAP anunció el retiro de fondos por el orden de los 93 millones de dólares (La Prensa 1/04/2009)

Si a esto le sumamos la reducción en las recaudaciones a raíz de la disminución de la actividad económica fruto de la crisis, tenemos que el FSLN se enfrentaba a un coctel presupuestario altamente peligroso: es ahí donde lanza su proyecto de “Concertación Tributaria” a fin de obtener, según sus propias palabras cerca de 140 millones de Dólares. (El Nuevo Diario 17/09/2009).

Pactando con “El Diablo”

Si bien es cierto el FSLN mantiene un discurso estridente en contra del imperialismo y sus organismos secuaces (FMI, BM, BID, etc.); en los hechos mantiene una “cordial relación” con ellos; y en los tres años de gobierno ha cumplido sacrosantamente sus directrices. El discurso se estrella contra una realidad más pueril: seguir los lineamientos económicos de la agencia imperialistas, sin diferenciarse cualitativamente de los anteriores gobiernos, que ellos mismos (el FSLN) peyorativamente llaman “Gobierno Neoliberales”.

Ante la crisis presupuestaria, no ha habido excepción a esa regla; ante el Déficit el Gobierno Sandinista corrió a refugiarse en las “faldas” del todopoderoso FMI, negociando el Programa Económico impuesto, sin mayores reservas que presentar los logros de su administración que siempre ha sido de corte neoliberal, incluso enviado a Washington una comisión de alto nivel.

El resultado fue el esperado: el “pacto con el diablo” (como le llama propagandísticamente al imperialismo) se había consumado y según Ortega: “(…) nos permite contar con lo que aprobó el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 37 millones, con lo que aprobó el BID de 40 millones y 10 millones que había aportado la Unión Europea, eso nos da la oportunidad, la posibilidad de despejar un poco el camino de cara al 2010 para que podamos continuar desarrollando los programas de gobierno, los programas con la población, los programas que tiene que desarrollar el Ejército de Nicaragua y todas las instituciones, programas que no se podrían desarrollar si se ha impuesto el primer escenario, escenario terrorista. Si no se hubiese aprobado la reforma fiscal y por lo tanto no se aprueba el presupuesto entonces sencillamente aquí hubiésemos entrado a una situación de mayor crisis” (www.elpueblopresidente.com 5/12/2009)

Negociando con “los chingastes”

Noviembre del 2009 fue un ajetreado mes para la burguesía y el Gobierno, que se apresuraron a “cocinar” la Reforma,  de tal manera que no fuesen los grandes capitales los que pagaran el grueso del costo económico del fraude electoral.

Del humo blanco logrado entre el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), se destacan: “el Impuesto sobre la Renta, IR; el Impuesto Selectivo de Consumo, ISC, y las Exoneraciones, expresó el presidente del Cosep. Comentó que lo que pretendía este sector era amortizar de manera posible el impacto que tendría la Ley Concertación Tributaria, que proponía originalmente el gobierno.” (El Nuevo Diario.- 28/11/2009), José Adán Aguerri presidente del COSEP, dejó claro que el Gobierno “cocinó” las reformas: “Los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Consejo Superior de la Empresa Privada ya habían consensuado una serie de medidas, todas conceptuales y estábamos de acuerdo con ellas, lo que faltaba es que fueran escritas en la Ley.” (Ídem)

¿Quién paga los platos rotos?

Si bien la Reforma Fiscal conduce a que la burguesía pague más en concepto de impuestos, es evidente que del proceso de negociación con el Gobierno se puede decir que le salió “barata”, y que la Reforma fue redirigida para que parte del botín lo ponga la clase media asalariada y las pequeñas y medianas empresas.

Esto dado que el grueso de la Reforma se centra en fijar un impuesto del 1% en concepto de pago Definitivo de I.R., lo que afectará a las empresas con menor poder económica, es decir la pequeña y mediana, que dicho sea de paso constituye un sector bastante amplio: la pequeña burguesía comercial dedicada a la prestación de servicios y venta de bienes en cantidades reducidas.

Por otro lado, se impone retención de hasta el 10% a cuenta del I.R. sobre los intereses que generan las cuentas de ahorro en el Sistema Bancario, atentando directamente contra la clase media que es la única capaz de darse el “lujo” de ahorrar.

Algunos de los “logros” de la burguesía para reducir el impacto fueron: A) No se trastocó el sistema de exoneraciones fiscales, es decir, los millones de córdobas que la burguesía se ahorra con estas medidas permanecerán intactas; B) Las retenciones a las transacciones en las Bolsas Bursátiles solo fueron aumentadas en medio punto porcentual (pasando a 1.5%, hasta un máximo de 2%); con lo que el negocio de la intermediación de materias primas agropecuarias (ganado, granos, etc.) casi no fue trastocas; y C) Que no el ISC no fuese acreditable cuando se trate de operaciones exoneradas.

Las otras ofensivas tributarias

La crisis macro del gobierno que se tradujo en la Reforma Fiscal, no es la única crisis. En los últimos dos años, el Gobierno ha tenido ofensivas particulares para “rescatar” del desastre financiero a instituciones específicas del Estado. En tales casos, el Gobierno se ha “lanzado las trancas” legislando en materia tributaria por medio de Decretos Ejecutivos dictados por Ortega.

La primera de estas ofensivas se vivió en le primer semestre del 2008, cuando el Presidente mediante los Decretos 10 y 20, ambos del 2008; dictó el valor de la Tasa por Aprovechamiento de Aguas Nacionales; gravando con 12 córdobas por metro cúbico de agua extraído por medio de pozos particulares. Esta directriz buscaba y sigue buscando obtener recursos para evitar el colapso de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) que a la fecha se encuentra en quiebra técnica.

La segunda ofensiva se dio a raíz del Decreto 14-2009, por medio del cual Ortega aumentó de forma ilegal los costos (Tasas) por los Servicios prestados en el Registro Público de la Propiedad y Mercantil. Con esto el Gobierno logró aumentar los ingresos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien es rectora de dichos Registros Públicos. La necesidad de tal medida se origina en que organismos multilaterales y otros países que prestaban ayuda directa a la CSJ, la congelaron o retiraron a raíz de una serie de fallos políticos de dicho organismo.

La más reciente de estas ofensivas, se dio a inicios de este año, cuando se promulgó el Decreto Ejecutivo  95-2009 por medio del cual elevó en un 1% el aporte Patronal de la Seguridad Social, es decir que los empleadores deberán pagar 1% más sobre su planilla salarial Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), mismo que ha sido utilizado históricamente como “Caja Chica” de los gobiernos de turno (este incluido), lo que ha devenido en que a la fecha se encuentre en quiebra técnica.

Una verdadera Reforma y la ruptura con el FMI

Las ofensivas tributarias del Gobierno no son medidas progresivas o “revolucionarias” en contra de la burguesía, todo lo contrario, reflejan el alto grado de entendimiento que el Gobierno maneja con los empresarios nacionales y con el imperialismo y sus organismos financieros. Aunque el FSLN se rasgas las vestiduras con retórica populista y anti-imperialista, en los hechos juega bajo sus reglas, como un gobierno burgués más… y aún peor, siguiendo a la letra las recetas neoliberales.

El fraude electoral y la crisis financiera no deben ser pagadas por los trabajadores y asalariados, sino por la burguesía, debemos exigir una reforma tributaria real: que grave a la gran burguesía, y no los trabajadores.