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Ya salio El Socialista Centroamericano No 146.-

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EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA CORTE SUPREMA LAVAN LAS MANOS ENSANGRENTADAS A PÉREZ MOLINA Y SUS MINISTROS

El 9 de octubre recién pasado diputados del partido de oposición Libertad Democrática Renovada (LIDER) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público  contra el presidente Otto Pérez Molina y el ministro de defensa Ulises Anzueto por considerarlos responsables intelectuales de la masacre ocurrida el pasado 4 contra comunitarios indígenas de Totonicapán. En el memorial que presentaron se les involucra, por ser parte de la cadena de mando, en los delitos de ejecución extrajudicial, ejecución judicial en grado de tentativa, lesiones, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y violación a la Constitución.

 

El MP está a cargo de la investigación de los sucesos del 4, y como resultado de sus diligencias ya fueron capturados un oficial y ocho soldados como presuntos autores intelectuales. En el caso de Pérez y Anzueto, ambos gozan de inmunidad por los cargos que ocupan en el gobierno, y el caso debe se resuelto mediante un antejuicio. Como el MP no tiene competencia en estos casos, el memorial debía ser trasladado a la Corte Suprema de Justicia, cuyo pleno deberá rechazarlo o enviarlo al Congreso para que en él se integre una comisión pesquisadora que investigará el caso.

En efecto, el día15, a través del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal el memorial fue trasladado a la CSJ. Como era de esperarse, la Corte rechazó la solicitud de antejuicio contra los funcionarios, al considerar que no existió relación de causalidad entre las acciones y las instrucciones de los funcionarios. Naturalmente, Pérez Molina no pudo más que sentirse aliviado y satisfecho.

La actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz, tiene un historial de participación en entidades de defensa de los derechos humanos, y cuando fue electa como jefa del Ministerio Público buena parte de lo que se conoce como sociedad civil yde la izquierda respiraron aliviados porque tendrían aliados en tan importante dependencia. Pero recordemos que las personas no hacen la institución ni las estructuras gubernamentales. En todos los países el MP es uno de los pilares de la represión legalizada de los gobiernos contra las clases oprimidas. Hay una lógica institucional y de poder a la que Paz y Paz y sus colaboradores no pueden escapar. En el mismo MP, a pesar de la presencia y labor de Paz y Paz, aún subsisten estructuras mafiosas que son capturadas y permeadas por el crimen organizado y la inteligencia militar. Ya se rumora que cuando ella finalice su período, su cargo será ocupado por un ex militar allegado a Pérez Molina.

En el caso específico que tratamos, la jefatura del MP no pudo sustraerse a la lógica de funcionamiento que permitió fácilmente a Pérez Molina y su ministro de defensa evadir sus responsabilidades en la masacre del 4 de octubre.

Pero por otro lado, el mismo MP está siguiendo lo que llama la segunda fase de las investigaciones del caso, que pretende ubicar a los manifestantes que agredieron a los soldados, y enviarlos a prisión por agresión física contra los efectivos del ejército y por daños a bienes del Estado, por la quema de un camión militar. Estos delitos implicarían prisión de uno a tres años. Esto fue lo que declaró Javier Monterroso, secretario privado del MP y estrecho colaborador de Paz y Paz.

Las investigaciones de esta fase en Totonicapán están causando inquietud y molestias en la población. Los dirigentes comunitarios manifestaron que tratan de mantener en calma la situación y que se sienten provocados. Esta acción del MP es inadmisible, y revela que más allá de sus jefes coyunturales, el MP es una institución represiva, parte de un Estado represivo y en ningún momento los trabajadores, campesinos y oprimidos deben depositar su  confianza en ella.

Manuel Baldizón, ex candidato presidencial y dirigente del Partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), ha aprovechado la coyuntura para presentarse ante el pueblo como el abanderado de las luchas democráticas de los indígenas, iniciando movilizaciones contra el gobierno, denunciado a la Corte Suprema de Justicia de negar el acceso a la justicia. Nadie debe engañarse: se trata de una maniobra política que pretende capitalizar el justo descontento y el rechazo de la población a la masacre de Totonicapán.

La izquierda, los sindicatos y las organizaciones campesinas, populares e indígenas de Guatemala, debemos hacer un frente común que exija el procesamiento al presidente Otto Pérez Molina, la destitución de los ministros responsables de la masacre, la captura y castigo de quienes ejecutaron los crímenes, y que el Estado indemnice a las familias de las victimas. Ni un solo asesinato más!!

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