Los compañeros y compañeras de nuevo realizaron fuertes bloqueos de carreteras los días 11, 12 y 13 de noviembre, pero esta vez ni siquiera fueron recibidos oficialmente por los diputados, salvo algunos de bancadas minoritarias que expresaron su solidaridad. Nuestra percepción es que esta lucha campesina está en peligro de llegar a un callejón sin salida. Las leyes que son objeto de la lucha, en especial la de Desarrollo Rural, afectan aspectos estructurales de la sociedad guatemalteca y los intereses básicos de la oligarquía que controla el país. El gobierno y las clases dominantes no están dispuestos a que se repita el triunfo de agosto contra la “Ley Monsanto”, claramente han dicho que no permitirán que los diputados trabajen bajo la presión de acciones de hecho. Al parecer ya han definido la fórmula: represión en las carreteras y calles, e indiferencia total en el Congreso, hasta vencer el movimiento por cansancio.

Es momento de que el movimiento campesino reflexione y defina un cambio de táctica. Falta incorporar a otras organizaciones campesinas de peso para lograr una mayor fuerza; por ejemplo, hasta donde sabemos no estuvo presente Codeca, que ha realizado importantes luchas por la nacionalización de la industria eléctrica. El conjunto de leyes en cuestión puede ser parte de un plan general de lucha, pero convendría plantear una a la vez, tal como ha sucedido en los hechos, pues la que estuvo en el centro esta vez fue la de Desarrollo Rural, y como sucedió en agosto con la “Ley Monsanto”. En resumen, frente único de todas las organizaciones indígenas y campesinas, y una nueva táctica; esto implica logar la solidaridad de otros sectores como estudiantes universitarios, y los trabajadores públicos que también se están movilizando contra el gobierno.

En el caso de los trabajadores de salud, desde inicios de año se han sucedido las luchas contra la crisis crónica de los hospitales y centros de salud. El desastre financiero del gobierno de Pérez Molina ha causado una debacle en el sistema de salud pública que ahora incluye salarios atrasados por varios meses de cerca de 18,000 trabajadores. El principal sindicato de salud, dirigido por el Frente Nacional de Lucha, planteó en las última semanas que el Congreso apruebe los Q 4 mil millones en bonos que solicita el gobierno para poder cumplir sus obligaciones, al igual que un mayor presupuesto para el área de salud en el presupuesto gubernamental de 2015. En esto coincide con el gobierno, pero el FNL no debe claudicar ante Pérez Molina.

Lo que no han señalado los compañeros trabajadores de la salud es que la crisis financiera del gobierno se debe en el fondo a la negativa histórica de la oligarquía a pagar impuestos, y a las políticas neoliberales (el TLC con Estados Unidos entre otros) que erosionan los ingresos fiscales del gobierno mediante exenciones de impuestos. La lucha de los trabajadores públicos debe incluir la demanda de crear impuestos directos a la oligarquía, por ejemplo a las ganancias de los bancos y financieras, el cese de los privilegios fiscales a maquilas y empresas de exportación, el aumento de las regalías a las empresas mineras y la revisión de los tratados de libre comercio.

Ante todo, es indispensable la unidad de todos los sectores en lucha contra el gobierno: campesinos, indígenas y trabajadores del Estado en un frente único con un mismo plan unitario de lucha.